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Renuncia del gobernador Cabral. Miguel Goyena, interventor

Por fin, la provincia que fue Intervenida totalmente, haciéndose cesar a todos los integrantes de sus Poderes, no fue la de Buenos Aires, cuyo Gobierno llegó a un acuerdo con el presidente Avellaneda, sino la de Corrientes, que fue declarada rebelde e Intervenida por decreto del 3 de Julio de 1880, refirmado por ley del 17 de ese mismo mes(1).

(1) Citado por Antonio Emilio Castello, "Corrientes, Tejedor y la Revolución de 1880 (2002). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

La provincia de Buenos Aires fue Intervenida luego de la revuelta y el interventor designado fue el general José María Bustillo, quien dispuso la disolución de la Legislatura local y el llamado a nuevas elecciones. Luego de tomadas estas decisiones, entregó el mando al vicegobernador José María Moreno.

¿Por qué a Moreno?

Porque éste había concertado un “pacto de caballeros” con el presidente Avellaneda que, supuestamente, ponía a salvo el honor de Buenos Aires. Lo establecido ese 29 de Junio era lo siguiente:

1.- La renuncia “voluntaria” de Tejedor.
2.- Moreno se haría cargo del Gobierno “sin condiciones”, aunque el estado de sitio y la Intervención a cargo de Bustillo seguiría, “a objeto de moderar los excesos de la prensa hasta una completa pacificación”.
3.- Se desarmaría y licenciaría a los voluntarios porteños, disolviéndose a los rifleros y bomberos, estando el desarme a cargo del general Mitre.
4.- Las tropas nacionales deberían volver a sus Cuarteles de Buenos Aires, “sin aparato”, para no lesionar el amor propio porteño.
5.- No habría procesos políticos ni militares, ni se perseguiría a nadie por sus opiniones o actitudes durante el conflicto. Pero, lamentablemente, nada se decía, en este pacto, acerca de Corrientes.

Posiblemente Mitre, Tejedor y Moreno pensaron que quedaba comprendida esa provincia en el “olvido general” estipulado. Y no fue así.

Mientras tanto, Roca, que se encontraba en Rosario y no había intervenido en el “pacto de caballeros”, por intermedio de Dardo Rocha logró que el Congreso, reunido en Belgrano, aprobara las actas electorales de Córdoba y La Rioja y dejara cesantes a los Diputados opositores a él y a algunos simplemente neutrales.

Esto se decidió en el mayor secreto, el 24 de Junio, siendo ignorado por el presidente Avellaneda y el vicegobernador Moreno cuando hicieron el pacto, el 30 de ese mes. La excusa, para dejar cesantes a esos Diputados, fue que “han abandonado sus puestos por un error lamentable”.

Los legisladores cesantes, que se habían quedado en Buenos Aires, por ser tejedoristas, eran Manuel Quintana, Bartolomé Mitre, Rufino de Elizalde, Manuel Montes de Oca, Norberto Camilo Quirno Costa, Juan Agustín García, Delfin Huergo, Martín de Gainza y José María Gutiérrez, por la provincia de Buenos Aires; y Juan Manuel Rivera, José Miguel Guastavino, Manuel Florencio Mantilla, Eudoro Díaz de Vivar, Pedro R. Fernández y Avelino Verón, por Corrientes.

Pero también fueron alcanzados por la medida, Juan Bautista Alberdi, por Tucumán, y Vicente Gregorio Quesada, por Buenos Aires, que no se habían trasladado a Belgrano para no comprometerse. En total fueron cesanteados cuarenta y un Diputados.

Sin saber sobre estas cesantías, Carlos Tejedor presentó su renuncia al 30 de Junio, cumpliendo con el “pacto de caballeros”. Moreno se hizo cargo del Ejecutivo Provincial bonaerense el mismo día y comunicó a Belgrano el “pleno acatamiento a los Poderes Públicos de la Nación”, ordenando, además, el desarme de las milicias porteñas y la quita de la organización militar a la Policía.

Enterado Moreno de lo que había ocurrido con los legisladores de su provincia, protestó ante el presidente de la República y, éste, le prometió interceder ante el Congreso para que los reincorpore pero, pasó el tiempo, y eso no sucedió. Un pedido similar a Roca, tuvo menos éxito, pues éste no quería saber nada de tener ese grupo opositor en el Congreso cuando asumiera.

Para colmo, el 11 de Agosto, las dos Cámaras Nacionales votaron la disolución de la Legislatura de Buenos Aires. Ante esta medida, contraria a lo que él había pactado, Avellaneda presentó su renuncia a la Presidencia y se retiró a su casa de Buenos Aires, pero la Asamblea Legislativa le rechazó la dimisión el 13 de Agosto y el presidente, luego de permanecer varios días en cama, aquejado de un extraño abatimiento, volvió a reasumir en Belgrano el día 16 y, lo primero que hizo, fue vetar la ley de disolución de la Legislatura porteña, pero el Congreso insistió en ella, el 21 de Agosto, y no tuvo más remedio que acatarla.

Por fin, el interventor Bustillo convocó a elecciones para el 26 de Septiembre, para formar una nueva Legislatura y, al darse cuenta José María Moreno de que no se lo consultaba, ni tenía en cuenta, abandonó la Gobernación el 1 de Septiembre.

Bustillo asumió plenamente el Ejecutivo Provincial y convocó a elecciones para reemplazar a los Diputados Nacionales cesantes. Realizados estos comicios, los electos fueron del Partido Autonomista Nacional (PAN) y asumieron el 8 de Octubre.

Antes de esa fecha, los que ya estaban en sus bancas, más los miembros del Senado Nacional, el 20 de Septiembre, convirtieron en ley la Federalización de la Ciudad de Buenos Aires, siendo promulgada inmediatamente por el Poder Ejecutivo Nacional.

De esta manera se concretaba el lema sostenido en su campaña electoral por Roca: “La ciudad de Buenos Aires para toda la Nación”.

Mientras todo lo anterior ocurría en Buenos Aires, Corrientes también fue Intervenida por decisión del P.E.N. El 3 de Julio de 1880, por decreto en el que los ministros, de Hacienda, Santiago S. Cortínez; de Guerra y Marina, Carlos Pellegrini; y del Interior, Benjamín Zorrilla refrendaron la firma presidencial, el Ejecutivo declaró Intervenida a Corrientes, rebelde su Gobierno, movilizadas sus milicias y establecido el estado de sitio en su territorio y en el de Santa Fe y Entre Ríos.

Basó estas medidas en la usurpación de facultades que implicaba el hecho de alistar tropas, en el apoderamiento del telégrafo y en la complacencia evidenciada ante las milicias de Entre Ríos que se sublevaron, a las cuales no se intentó desarmar. Mencionó, además, el adueñamiento de las Aduanas y la invasión de Entre Ríos por fuerzas correntinas, extralimitaciones éstas que, más tarde, fueron tachadas de inexactas. De Comisionado actuaría el ministro de Justicia e Instrucción Pública, Miguel Goyena. Los considerandos del decreto fueron:

Departamento del Interior

Belgrano, Julio 3 de 1880

Contrariando prevenciones repetidas del Gobierno de la Nación, el Gobierno de Corrientes movilizó la Guardia Nacional de esa provincia, la llevó a los cuarteles y formó un Ejército cuyo número se estima en nueve o diez mil soldados que han sido situados sobre las fronteras de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, usurpando así facultades que son inherentes al presidente de la República, según lo establece el artículo 86, inciso 17, de la Constitución Nacional;
Por los documentos que se mandan publicar en esta misma fecha, se ve que el Gobierno de Corrientes, alegando pretextos injustificables, se apoderó de los Telégrafos Nacionales, reglamentó su servicio, percibió su renta y cambió sus empleados, constituyéndose por estos actos en rebelión contra las leyes y autoridades de la Nación;
En esos mismos documentos se ve que dicho Gobierno se ha apoderado de las Aduanas Nacionales situadas en el territorio de la provincia de Corrientes, contra el texto del artículo 9 de la Constitución y de las leyes de la Nación y apartado de las funciones que desempeñan a los empleados del Poder Ejecutivo Nacional, cuyo nombramiento y remoción corresponden al presidente de la República, según lo establece el inciso 10 del artículo 86 de la Constitución;
Movilizada la Guardia Nacional de la provincia de Entre Ríos, en cumplimiento de órdenes del Poder Ejecutivo de la Nación, se sublevó en Concordia una pequeña parte de ella y, asesinando a su Jefe, se incorporó a las Fuerzas de Corrientes, llevándose las armas que la nación había puesto en sus manos, sin que el Gobierno de aquella provincia hubiese procedido a desarmarlos y ponerlos a disposición del Gobierno Nacional;
Finalmente, después de muchos avisos y prevenciones hechas por todos los medios de que ha podido disponer el Gobierno de la Nación y a pesar de ellos, las Fuerzas de Corrientes han invadido la provincia de Entre Ríos, produciendo por este acto la guerra civil que el Gobierno de la Nación está en el deber de reprimir, según el artículo 109 de la Constitución;
Por las consideraciones arriba expuestas y en uso de las facultades que inviste,
El Presidente de la República,
En Acuerdo General de Ministros,

Ha acordado y decreta:

Art. 1.- Decláranse en Estado de Sitio las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.
Art. 2.- Queda Intervenida la provincia de Corrientes y declarado rebelde su Gobierno.
Art. 3.- Nómbrase Comisionado para intervenir en Corrientes a Su Excelencia, el Señor Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, doctor don Miguel Goyena.
Art. 4.- Movilízase la Guardia Nacional de la provincia de Corrientes y queda a las órdenes del Interventor nombrado.
Art. 5.- Expídanse las instrucciones acordadas, dense las órdenes del caso, publíquese e insértese en el Registro Nacional.

AVELLANEDA
B. Zorrilla, Santiago S. Cortínez, C. Pellegrini

El Gobierno Nacional acusaba al Gobierno correntino de apoderarse de las Aduanas situadas en su territorio y de haber removido a sus empleados, cosa que solamente podía hacer el presidente de la República según el inciso 100 del artículo 860 de la Constitución.

Más adelante hacía alusión a la sublevación de los efectivos de la Guardia Nacional de Concordia, al asesinato de su jefe y a su incorporación a las tropas de Corrientes, sin que el Gobierno de esta provincia hubiera procedido a desarmarlos y ponerlos a disposición del Gobierno Nacional.

Y terminaba diciendo:

Finalmente, después de varias comunicaciones y prevenciones hechas por todos los medios de que se ha podido disponer y, a pesar de ellas, las Fuerzas de Corrientes han invadido la provincia de Entre Ríos, produciendo con este acto la guerra civil, que el Gobierno de la Nación está en el deber de reprimir, conforme con lo prescripto por el artículo 109 de la Constitución”.

También se decretó el estado de sitio en todo el Litoral, y se encomendó la Intervención al ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, doctor Miguel Goyena, quien recibió amplias instrucciones: disolución del Gobierno correntino; sometimiento total de la rebelión; desarme y disolución de las Fuerzas movilizadas por Corrientes; y entrega de su armamento al Gobierno Nacional.

Las instrucciones que se le impartieron eran parcas en detalles: prescribiósele que disolviera el Gobierno, sometiera a los rebeldes; y se incautara de las armas(2).

(2) Zorrilla. Nota al comisionado Goyena (Julio 3 de 1880), en: “Senado”, sesión de Septiembre 25 de 1880. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIV: “Decapitación de Buenos Aires”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Por ley del 17 de Julio se refirmó esta decisión y se confirmó a Goyena. Este procedió vigorosamente. Con fuerzas que se le unieron en Rosario y Paraná, desembarcó con algunos batallones en el puerto de Goya la noche del 15 de Julio e intimó rendición a Raymundo Fernández Reguera, cuya gente se dispersó antes del desarme.

El 16 de Julio, rendida la guarnición de esa localidad -al ser tomada por sorpresa- dio a conocer el decreto de Intervención a la provincia, exhortando al pueblo para que depusiera las armas y acatara la autoridad presidencial.

Ante esta situación, que provocó sorpresa en las autoridades provinciales, el doctor Felipe José Cabral dio un Manifiesto al pueblo de Corrientes y de la República, en el que comenzaba comunicando las noticias llegadas de Buenos Aires, que indicaban que esa provincia había acatado la autoridad del presidente de la Nación y había conseguido el reconocimiento de sus autoridades.

También informaba que se había declarado en rebeldía al Gobierno de Corrientes, la toma de Goya por las Fuerzas nacionales y que las graves medidas adoptadas por el Gobierno General, contra el de la provincia, no habían sido comunicadas oficialmente.

Consideraba que el decreto, que declaraba la rebeldía de su Gobierno, debía haber sido el producto de informes apasionados e inexactos transmitidos al presidente y que habían predominado en su espíritu por la incomunicación en que se encontró Corrientes durante los últimos sucesos.

En consecuencia, decidía dar una explicación sobre su conducta, y aseguraba que los actos que se le imputaban para declarar su rebeldía eran “de todo punto, inciertos”.

Después se transcribían los considerandos del decreto de Intervención de la provincia; procedía a explicar y justificar cada una de las acusaciones que se hacían de él; y luego les oponía el artículo 140 de la ley nacional, que definía y calificaba el delito de rebelión en el que ninguna de aquellas presuntas causas estaban encuadradas.

Aunque antes elevó un alegato al presidente de la República, protestando de la obediencia que el Gobierno correntino siempre había guardado a las autoridades nacionales y solicitándole reviera la medida tomada contra él, agregando una reflexión muy cierta:

El presidente de la Nación es hijo de una noble provincia, interior y pobre, como la de Corrientes, y sabe perfectamente cuán difícil es, a estos pueblos, reparar los desastres que su resolución nos prepara; y, mientras tanto, la provincia de Buenos Aires que, por sus felices condiciones, tiene los medios de conseguirlo en poco tiempo, que presidió la resistencia, que se alzó públicamente en armas, que dio batallas, etc., ha obtenido el reconocimiento de sus Poderes Públicos, el respeto de su autonomía e instituciones locales”.

Por último, anunciaba su renuncia, y la delegación que hacía del Gobierno en el presidente de la Cámara Legislativa, Nicolás Ferré.

Conocido el desenlace de los acontecimientos de Buenos Aires, el doctor Cabral no quiso pedir un sacrificio inútil al pueblo y se ausentó al Paraguay, acompañado por un grupo de amigos.

Enterado Goyena de que el gobernador había huido al Paraguay, encomendando el cargo al presidente de la Legislatura, así como de que éste acataba al Gobierno Federal, resolvió que el teniente coronel Rufino Ortega ocupase la Capital y detuviese preventivamente a las autoridades.

Ferré había abierto negociaciones con el interventor, pero éste no le respondió, porque consideraba rebeldes a todas las autoridades provinciales -sin excepción- y, además, envió, el 20 de Julio, Fuerzas a la Capital al mando del citado teniente coronel Rufino Ortega, con órdenes de prender al gobernador y a los ministros, y extender su acción a los Departamentos vecinos.

Al llegar Ortega a la Capital, en dos barcos de guerra, Ferré se retiró a Empedrado con mil hombres armados y, desde allí, abrió comunicaciones nuevamente con Goyena, expresándole su acatamiento a la autoridad nacional y pidiéndole instrucciones.

La orden que recibió fue que volviera a la ciudad de Corrientes con sus Fuerzas y acatara la intimación del teniente coronel Ortega, lo que efectuó Ferré el 28 de Julio, con un grupo de personajes importantes y doscientos cincuenta soldados solamente pues, comunicó que el resto había desertado.

Por su parte, el vicegobernador Juan Esteban Martínez no se presentó al interventor y emprendió la retirada hacia el norte, con el propósito de pasar al Paraguay. Iba acompañado por una reducida columna, pues el resto de las Fuerzas había sido licenciado cuando iba a cruzar el río Corriente; antes de hacerlo, Martínez les cambió el armamento de precisión por otro anticuado, presentándose, la mayoría de ellos, a las autoridades nacionales en Goya.

Se supo luego que, el 23 de Julio se habían desbandado -en Curuzú Cuatiá- los secuaces del vicegobernador, quien logró fugar de la provincia con varios de sus adictos, después de librar la acción de Tacuara Cuarendí (contra un destacamento que lo picaba), cerca de Caá Catí, el 31 de Julio. El encuentro armado fue con tropas de Ortega, que habían sido enviadas a los Departamentos del Alto Paraná, al mando del comandante Paiva.

Mientras tanto, las tropas de la zona del río Uruguay también prestaron acatamiento al Gobierno Nacional.

Pacificada entonces la provincia, Goyena ordenó el retorno de las Fuerzas que habían llegado desde distintos puntos del país, quedando solamente el coronel Manuel Obligado, con el 4 de caballería, y las milicias correntinas a sus órdenes.

"De esta manera, terminó con pena y sin ninguna gloria, esta insensata Intervención de Corrientes, por obra del Gobierno liberal, en acontecimientos que tuvieron por centro a la provincia de Buenos Aires y que, desde antes de comenzar, ya estaban condenados al fracaso. Otra de las lamentables aventuras políticas que, a lo largo de su historia, contribuyeron al retraso de la provincia"(3), señala Castello.

(3) Citado por Antonio Emilio Castello, "Corrientes, Tejedor y la Revolución de 1880 (2002). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Posteriormente, el interventor federal consideró llegado el momento de normalizar la vida institucional de la provincia e inició esta tarea con la reorganización de la Legislatura, de acuerdo con una resolución de la Cámara de Diputados de la Nación del 24 de Julio.

El pueblo fue convocado para elegir la totalidad de los Diputados, fundándose en que todos los anteriores estaban incursos en el delito de rebeldía contra el Gobierno de la Nación, por las leyes y resoluciones sancionadas, secundando la política del Poder Ejecutivo Provincial.

El 3 de Agosto de 1880, previa consulta con el presidente, el interventor dispuso la libertad de los jefes y oficiales detenidos por una orden general suya, exceptuando a los que aparecían responsables de la ocultación de armas.

Mandó también que se licenciase de la milicia a los jueces y funcionarios judiciales, incluidos por Ortega en la movilización por creer que el Poder Judicial había caducado.

El 7 de Septiembre recibió encargo del ministro Zorrilla de decidir -según su criterio- la subsistencia o disolución de la Legislatura: esto último -decía Zorrilla- “si hay hechos claros que prueben que esa Legislatura ha ayudado y fomentado la rebelión(4).

(4) Zorrilla. Telegrama al comisionado Goyena (Septiembre 7 de 1880), en: “Senado”, sesión de Septiembre 25 de 1880. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIV: “Decapitación de Buenos Aires”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

A los dos días, Goyena pronunció el desconocimiento del Cuerpo. Al aprobar los aumentos policiales y la convocatoria de la milicia, los legisladores habían contravenido preceptos federales y obrado con el objeto de favorecer los planes subversivos de los gobernantes porteños:

En virtud de las referidas circunstancias, la Legislatura se constituyó rebelde, dejando por consiguiente de existir como Poder Político ante la Constitución y la autoridad nacional”. Entre los legisladores figuraban algunos recibidos después de dictarse la mencionada aprobación, los que corrieron igual suerte, “por cuanto en el hecho de haberse incorporado a la Cámara rebelde contrajeron el mismo carácter de ella(5).

(5) Resolución de Septiembre 9 de 1880, en: “Memoria del Ministerio del Interior correspondiente al año 1880, presentada al Honorable Congreso en 1881 por el ministro del ramo, doctor, don Antonio del Viso” (1881), p. 835. Ed. “La República”, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIV: “Decapitación de Buenos Aires”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Realizadas las elecciones el 22 de Septiembre y, reorganizada la Legislatura, su presidente, Rafael Gallino, autonomista, se hizo cargo del P.E. por decreto del interventor del 3 de Octubre, nombrando Ministro General al doctor Luis Díaz.

Verificadas las elecciones del caso, el 3 de Octubre Goyena entregó el Gobierno al presidente de la Legislatura y se retiró de la provincia. El Ejecutivo declaró concluida la Intervención y levantó el Estado de Sitio el 2 de Noviembre y aprobó la conducta del comisionado el 15 de Enero de 1881:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1880

Por cuanto se hallan funcionando regularmente los Poderes Públicos de la provincia de Corrientes y asegurada la tranquilidad en ésa y en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe;
Habiendo desaparecido, por consiguiente, las causas que motivaron el Acuerdo de Gobierno del 3 de Julio, aprobado por ley del 17 del mismo mes del corriente año,
El Presidente de la República
En Consejo General de Ministros

Acuerda:

Art. 1.- Declárase terminada la Intervención Nacional en la provincia de Corrientes.
Art. 2.- Queda levantado el Estado de Sitio para las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.
Art. 3.- En oportunidad se dará cuenta al Honorable Congreso de la ejecución de la ley del 17 de Julio, en cuanto se refiere a las provincias citadas.
Art. 4.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional.

ROCA
A. Del Viso, Bernardo de Irigoyen, M. D. Pizarro, S. Cortínez, Benjamín Victorica

Departamento del Interior

Buenos Aires, Enero 15 de 1881

Visto el precedente informe del Comisionado Nacional para Intervenir en la provincia de Corrientes y resultando que los procedimientos observados están ajustados al decreto del 3 de Julio que ordenó la Intervención, así como a las instrucciones expedidas con la misma fecha al interventor,
El Presidente de la República
En Consejo de Ministros,

Decreta:

Art. 1.- Apruébanse los actos ejecutados por el doctor don Miguel Goyena como Interventor Nacional en la provincia de Corrientes.
Art. 2.- Comuníquese al ex Interventor esta resolución en los términos acordados, dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso, publíquese e insértese en el Registro Nacional.

ROCA
Antonio del Viso, Bernardo de Irigoyen, Santiago Cortínez, Manuel D. Pizarro, Benjamín Victorica

El 16 de Noviembre se realizaron comicios para elegir Electores de gobernador y vicegobernador en los que, en esa ocasión, los que estuvieron de capa caída fueron los liberales y, el Colegio Electoral, reunido el 9 de Diciembre, eligió para ocupar esos cargos a Antonio Bautista Gallino y Angel Soto, ambos autonomistas.

La inestable balanza de la política de Corrientes se inclinaba nuevamente por la divisa colorada. Los autonomistas quedaron dominando en Corrientes, con el auxilio de un regimiento de caballería de línea y otro de infantería.

El Congreso dispensó mediana atención a los asuntos correntinos. La Intervención fue legalizada por la misma ley que prestó asentimiento a la dispuesta en Buenos Aires.

El 25 de Septiembre de 1880 -por llamado del senador nacional Santiago Baibiene- el ministro del Interior relató las gestiones de Goyena. El interpelante pronunció en esa oportunidad un discurso agresivo, que el Senado mandó testar de las actas.

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