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Primeras intervenciones federales a la provincia de Corrientes.

“La soberanía de estos pueblos hermanos acaba de ser bárbaramente allanada de una manera que no tiene precedentes ni en tiempos de la tiranía que Entre Ríos y Corrientes derrocaron”

(Justo José de Urquiza al gobernador Evaristo López, en referencia al avasallamiento de los poderes del Estado Nacional, 28 de Noviembre de 1867. Archivo privado de la Sra. María Turiot de López)

- Conflictos y resistencias en el federalismo argentino a fines del siglo XIX

Es abundante y conocido en el campo de la doctrina del Derecho Público Provincial de Argentina el análisis pormenorizado de la Intervención Federal a las provincias por parte del Estado federal de acuerdo a lo establecido por el artículo 6to. de la Constitución Nacional(1).

(1) Material extraído del Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi. Abogado y Magister en Ciencias Políticas (UNNE). Las principales actividades académicas actuales se focalizan en la docencia universitaria con el cargo de Titular por concurso de la materia Historia Constitucional Argentina de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Realiza actualizaciones y perfeccionamiento en el área de la historia constitucional argentina e historia política correntina.

No es objeto de este capítulo aunar sobre aquel tema desde la estricta visión doctrinal ya analizado suficientemente, sino puntualizar la aplicación de dicha Institución en la vida política de la provincia de Corrientes en el siglo XIX. Merece puntual referencia en este marco la presencia de Corrientes en aquellas primeras décadas de la instrumentación del citado artículo 6to. de la Constitución Nacional, las que fueron sustanciales para la construcción institucional argentina.

Aquel protagonismo tiene sus causas y consecuencias fuertemente vinculadas a las intervenciones realizadas por el Estado federal argentino. Allí radica el análisis de esta cuestión puntual.

- Concepto y origen de la Institución

El actual artículo 6to. de la Constitución Nacional de la República Argentina deriva directamente de los principios incorporados en el constitucionalismo argentino en 1853 y su primera reforma, en 1860.

La intervención del Gobierno federal a las provincias es un acto complejo por el cual limita o suspende la autonomía provincial con el objetivo de “garantir la forma republicana de gobierno, o repeler las invasiones exteriores, y a requisición de las autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubieran sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia”.

Si bien la medida es de excepcionalidad, en la historia institucional argentina su práctica ha servido para la manipulación política, subsanando cuestiones partidarias más que constitucionales.

La jurisprudencia ha determinado -a partir del año 1893- que la naturaleza del acto interventor es política; la Corte Suprema de Justicia afirmó que es un acto político por su naturaleza(2).

(2) Cullen c/ Llerena, Fallos 53:420 (1893). // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

La intervención federal es un acto de naturaleza política, con una serie de dificultades para su instrumentación, debido a que nunca fue debidamente reglamentado. Esto ayuda a que su aplicación se pudiese animar al servicio de la manipulación de las autoridades del Gobierno Nacional.

La doctrina ha dividido a las intervenciones en dos tipos: represiva y protectora. Represiva es la que encuadra en la primera parte del artículo 6to. cuyo objeto es “garantir la forma republicana de gobierno”.

Fue una incorporación de la reforma constitucional de 1860, y encuadra en la posibilidad de sustituir total o parcialmente a las autoridades locales(3).

(3) Miguel Angel Ekmekdjian. “Tratado de Derecho Constitucional” (2000), tomo I, segunda edición, pp. 369-374, Buenos Aires. Ed. Depalma. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

La protectora es la que se configura para sostener y restablecer a las autoridades locales en caso de sedición interna o repeler invasiones externas. Se excluye toda posibilidad de sustitución o reemplazo de autoridades locales(4).

(4) Germán J. Bidart Campos. “Intervenciones Federales en las Provincias” (1974), tomo 154, pp. 878-882, Buenos Aires. Ed. La Ley. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

El proyecto constitucional de 1853 establecía que el Gobierno federal intervenía en el territorio de las provincias al solo efecto de establecer el orden. La causal de “garantir la forma republicana de gobierno” configuró la causa y fundamento para sustituir las autoridades locales.

- Evolución de la doctrina y la jurisprudencia

En la referencia evolutiva de esta Institución focalizamos nuestro análisis puntualmente sólo en la doctrina y la jurisprudencia considerada en la segunda mitad del siglo decimonónico, ámbito de interés del presente estudio.

Esto dará la perspectiva de cómo y de qué manera de pensaba y analizaba la facultad del Gobierno federal de intervenir en provincias durante aquellas décadas cruciales para la construcción del Estado argentino. La doctrina y jurisprudencia de referencia ha evolucionado así como los mecanismos de análisis. Los factores políticos del constitucionalismo actual son diferentes.

Es conveniente considerar que durante la segunda parte del siglo XIX se han realizado intervenciones de dos naturalezas diferentes a las provincias argentinas: las que estuvieron dentro del marco constitucional y aquéllas que fueron actos arbitrarios de ocupación.

Cabe recordar que después de la batalla de Pavón (17 de Septiembre de 1861) el intervencionismo de las fuerzas nacionales para desalojar Gobiernos locales fue una constante(5).

(5) Ricardo Mercado Luna. “Los Coroneles de Mitre” (1974), Buenos Aires. Ed. Plus Ultra. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

Pero la auténtica institución normativa es aquélla que establece la Constitución Nacional de 1853 en su artículo Sexto, y a la que nos abocaremos en este análisis.

El primer antecedente de la Intervención Federal a las provincias en la Constitución argentina es la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica que en su artículo IV, sección IV dice:

“Los Estados Unidos garantizarán a cada Estado de esta Unión una forma republicana de gobierno y protegerán a cada uno de ellos contra toda invasión; y cuando lo solicitare la Asamblea Legislativa o el Ejecutivo (si no se pudiere convocar la primera), le protegerá contra desórdenes internos”.

Este es el antecedente más antiguo y directo de la Institución, pero en cambio no fue incorporado como tal en la Constitución argentina, sino con sustanciales cambios. La Constitución norteamericana utiliza el término “proteger”, a diferencia de la argentina que usa el de “intervenir”; verbos sustancialmente diferentes y con significados e interpretaciones distintos. Allí apreciamos la primera y elemental diferencia en la analogía constitucional.

En la historia constitucional argentina se manifiestan dos antecedentes definidos: el primero en el Pacto Federal de 1831 en su artículo decimotercero expresa una protección común entre las partes firmantes:

“Si llegare el caso de ser atacada la libertad e independencia de alguna de las tres provincias litorales por alguna otra de las que no entran al presente en la federación, o por otro cualquier poder extraño, la auxiliarán las otras dos provincias litorales, con cuántos recursos y elementos estén en la esfera de su poder”(6).

(6) Emilio Ravignani. “Asambleas Constituyentes Argentinas” (1939), tomo VI, segunda parte, pp. 207 ss., Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras. Ed. Talleres S. A. - Casa Jacobo Peuser Ltda. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

Más adelante, en 1852, el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos establecía en su artículo decimocuarto lo siguiente:

“Si, lo que Dios no permita, la paz interior de la República fuese perturbada por hostilidades abiertas entre una u otra provincia, o por sublevaciones armadas dentro de la misma provincia, queda autorizado el encargado de las Relaciones Exteriores para emplear todas las medidas que su prudencia y acendrado patriotismo le sugieran para restablecer la paz sosteniendo las autoridades legalmente constituidas; para lo cual los demás gobernadores prestarán su cooperación y ayuda en conformidad con el Tratado del 4 de Enero de 1831”(7).

(7) Emilio Ravignani. “Asambleas Constituyentes Argentinas” (1939), tomo IV, segunda parte, p. 308, Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras. Ed. Talleres S. A. - Casa Jacobo Peuser Ltda. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

Estos dos artículos incorporados en aquellos dos Pactos preexistentes, si bien no refieren precisamente la Institución de la intervención federal propiamente dicha como se la conoce en el constitucionalismo posterior, manifiestan claramente la voluntad de las provincias soberanas de otorgar y preservar la defensa de las instituciones en cada una de ellas, y consolidar la protección común entre aquellos Estados que pretendían conformar un Estado federal.

Desde el momento que la Constitución Nacional fue aprobada en 1853, el artículo que describía la intervención federal a las provincias generó polémicas y debates en los ámbitos políticos.

Pero fue la disputa intelectual sostenida entre Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi cuando la cuestión adquiró notable dimensión, ya que aquellos titanes intelectuales polemizaron y discreparon sobre el tema.

Inicialmente el proyecto de constitución alberdiano en su artículo quinto decía: “Interviene sin requisición en su territorio al solo efecto de restablecer el orden perpetuado por la sedición”. Pero el análisis de los constituyentes de 1853 dieron otra redacción al mismo por lo que quedó de la siguiente manera:

“El Gobierno Federal interviene con requisición de las Legislaturas, o sin ella, en el territorio de cualquiera de las Provincias, al solo efecto de restablecer el orden público perturbado por la sedición, o de atender a la seguridad nacional amenazada por un ataque o peligro exterior”.

Redactado de esta forma el artículo dio lugar a distintas interpretaciones, por lo que la Convención Constituyente de 1860 modificó con los términos que mantiene actualmente.

La redacción de 1853 dio lugar a dos interpretaciones en las voces de aquellos dos hombres públicos. Sarmiento sostenía que toda intervención debería resolverse a solicitud de la Legislatura provincial, y sólo cuando ésta esté imposibilitada se abre la vía del gobernador, y en la imposibilidad de ambos recién se podría intervenir sin requerimiento.

Sarmiento sostenía que la intervención por requerimiento es la regla, y la excepción cuando el pedido de la provincia no existe. Romper esta regla sería destruir el federalismo y entronizar lo arbitrario.

Refutando a esto, Alberdi sostenía que el texto constitucional asimila los casos de requerimiento y de no requerimiento frente a las sediciones y no establece diferencia entre el de la Legislatura y el gobernador.

Aquellas posturas distantes entre Sarmiento y Alberdi se manifestaron rápidamente por medio de sus publicaciones, y así el sanjuanino -desde su exilio en Chile, a los pocos meses de sancionarse la constitución de 1853- publicó “Comentarios a la Constitución de la Confederación Argentina”.

En su capítulo VII analiza la Intervención Federal a las provincias cuestionándola, y preguntándose:

“¿No será de temer que el Ejecutivo Nacional vea la sedición sólo donde hay la oposición a su sistema o un obstáculo a su mira de partido, o una resistencia a influencias personales sin salir de los límites del Derecho y de la independencia provincial? ¿Qué requisitos constituyen la sedición en una provincia, para que su existencia sea verificada por el Gobierno federal, colocado a trescientas o cuatrocientas leguas del teatro del suceso?”(8).

(8) Domingo Faustino Sarmiento. “Comentarios de la Constitución de la Confederación Argentina” (1853), p. 196, con numerosos documentos ilustrativos del texto, Santiago de Chile. Imprenta de Julio Belin y Cia. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

El temor de Sarmiento se hizo realidad en distintas oportunidades en la historia política argentina ya que fue instrumento para desalojar injustamente Gobiernos provinciales que no eran afines al nacional. Pero también es necesario recordar que cuando Sarmiento ocupó la presidencia de la República no fue él quien aplicó de la mejor manera su doctrina ya que intervino en cinco oportunidades a las provincias y cuatro fueron por decreto.

Contrariamente, Alberdi responderá sobre este tema al sanjuanino en el Apéndice de su obra “Elementos de Derecho Público Provincial Argentino”:

“La Constitución argentina, mucho más unitaria que la de Estados Unidos, obligando a cada provincia a constituirse, señalándole bases para ello y dando a la Nación el poder de revisar y rechazar las Constituciones locales, hace de éstos una consideración para la federación (como en otra parte lo reconoce el autor)… Eso naturalmente, da a la Intervención argentina mayor extensión de la que tiene la de Estados Unidos; y por eso es que la primera puede ser ejercida sin requisición y la segunda no.
“Por la Constitución Argentina, el Gobierno nacional es guardián y sostenedor de la Constitución federal y de las Constituciones provinciales cuando corren peligro; mientras que los Estados Unidos -que no se mezclan en la constitución local de cada Estado- sólo intervienen en su sostén y defensa cuando lo requiere el Estado amenazado; siendo diferente los sistemas de intervención en ambas Constituciones, el comentario de uno no puede ser aplicado al otro”(9).

(9) Juan Bautista Alberdi. “Organización de la Confederación Argentina” (1858), tomo I, p. XCVII. Nueva edición oficial corregida y aumentada por el autor. Bezanson, Imprenta José Jackin. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

Cabe aclarar que a propuesta de la provincia de Buenos Aires, en la Convención Constituyente de 1860 se reformó la condición por la cual las Constituciones provinciales debían ser revisadas por el Congreso Nacional por lo que el principal argumento alberdiano citado anteriormente se debilitó.

El planteo de Alberdi y su postura sobre la cuestión en la Constitución de 1853 fueron coherentes ya que el ligamen construido con la aprobación de las Constituciones locales por el Congreso Nacional, otorgaba facultad suficiente para que éste velara sin requerimiento de las provincias para poder intervenirlas.

Pero con la quita de aquella condición en la Convención Constituyente de 1860 el fundamento se debilitó. A partir de allí se fortalece el planteo sarmientino.

Respecto a aquella disputa, Luis Sommoriva hace referencia de la misma de la siguiente manera:

“Los antagonistas anticiparon en la controversia ideas que habían de ser vitales para los partidos en lucha. A los hombres del Estado de Buenos Aires les convenía que el Gobierno Federal fuese lo más limitado posible, débil y pobre; los hombres de la Confederación Argentina pugnaban porque fuese lo más amplio posible, fuerte y rico.
“Las tesis adversas encontraron, pues, campo propicio para extenderse y llegaron a constituir doctrina en el Estado y la Confederación: tesis contradictorias, doctrinas incompatibles, que adueñándose de los corazones harían derramar sangre en los campos de batalla”(10).

(10) Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1929), tomo I, p. 9, Buenos Aires. Ed. El Ateneo. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

La reforma constitucional de 1860 modifica sustancialmente la figura de la Intervención Federal ya que incorpora una causal más que es “para garantir la forma republicana de gobierno” con el sentido de profundizar las autonomías pero, la experiencia determinó que será utilizada por el Gobierno federal para la sustitución y reemplazo de Gobiernos locales.

Previo a la reforma constitucional de 1860 se desarrolló un fluido debate en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. En esa oportunidad Rufino de Elizalde manifestó que el término “intervención” no era el adecuado en ocasiones cuando se declara el estado de sitio, por lo que se debía armonizar la “intervención” con el “estado de sitio”.

El propio Sarmiento, partícipe de la Legislatura de Buenos Aires en esos momentos, expresó que la cuestión de la Intervención Federal a las provincias ha sido el que presentó la mayor cantidad de dificultades para su interpretación(11).

(11) Alfredo Galletti. “Historia Constitucional Argentina” (1987), tomo II, p. 557, La Plata. Librería Editora Platense S.R.L. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

Tanto Alberdi como Sarmiento gestaron aportes importantes para la construcción del federalismo argentino. El tucumano en su escritos y especialmente en su obra “Bases y Puntos de Partida para la Constitución del Gobierno de la República Argentina”, busca explicar la combinación de los dos grandes problemas (la autonomía y el poder de intervención), el grado de interrelación entre Estado-Nación y Provincias, analizando los orígenes y causas de la descentralización, explicando los inicios de la centralización argentina, las razones de no aplicación de una federación pura sino de un sistema mixto, entre otros temas.

El sanjuanino, especialmente en su participación en la reforma constitucional de 1860, especialmente en su defensa de los derechos de la provincia de Buenos Aires ante el Estado federal, bregó por una mayor autonomía provincial.

En la historia política argentina es difícil precisar correctamente la dicotomía entre unitarios y federales o la de porteños y provincianos, pues dichas características requieren de puntuales distinciones que, al no precisarlas, pueden generar dificultades de interpretación y aplicación(12).

(12) Antonio María Hernández. “Federalismo y Constitucionalismo Provincial” (2009), p. 31, Buenos Aires. Ed. Abeledo Perrot. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

El Estado federal, a partir de 1860, inició una transfiguración y pasó a convertirse en una estructura más vinculada al Puerto que a las provincias. Buenos Aires, con la pérdida de su Aduana -ya que ésta se nacionalizó- buscaba bajo todos los aspectos no debilitarse aún más, por lo que aquella postura daba lugar a defender fuertemente su autonomía y a no otorgar un consolidado poder político y económico al Estado Nacional recién creado.

Pero, paradójicamente, aquella manifestación de autonomía, después de la batalla de Pavón comenzó a mutar, y es así que el dominio de Buenos Aires se confunde con el Gobierno Nacional y lo absorbe, por lo que las directivas y políticas de allí en más estuvieron más vinculadas a la ciudad-puerto que a las provincias. Esta línea rectora se hizo constante y perdura hasta la actualidad enraizándose con el transcurrir del siglo XX.

Un delgado hilo sostenía el equilibrio alcanzado en la aplicabilidad de las Intervenciones Federales sin que ésta no afectase la esencia del federalismo originario de las provincias. Pareciera ser que la Institución se había transformado para los que administraban el Estado argentino en una verdadera “espada de Damocles”, aquella que Timeo, discípulo de Isócrates, describió que, pendiente de un crin de caballo, la espada amenazaba caer sobre la cabeza del que ocupaba el cetro del poder.

A fines del siglo XIX opiniones respetadas consideraban lo complejo del manejo de la sexta cláusula constitucional:

“La cuestión de la Intervención Nacional en los Gobiernos provinciales ha sido considerada como la más difícil de las que sugiere la forma de Gobierno federal. Prohibirla del todo, era condenar a las provincias a debatirse en perpetuas revoluciones. Autorizarla en todos los casos, con requisición o sin ella, era anular el sistema federal; autorizar la autoridad discrecional del presidente, poner en sus manos los medios de derrocar los Gobiernos provinciales que no secundasen sus miras”(13).

(13) Agustín Vedia. “La Intervención del Gobierno Federal a la Provincias” (1893), p. 270, artículos de “Tribuna” con prólogo del diputado nacional, doctor Ramón T. Figueroa, Buenos Aires. Imprenta de Obras de J. A. Berra. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

La reforma de 1860 no subsanó la totalidad de los inconvenientes interpretativos, por lo que doctrina y jurisprudencia prosiguieron comentando la cuestión. Se plantearon varios interrogantes como el que la Corte Suprema de Justicia consideró a través de las décadas.

En 1893 la máxima autoridad judicial nacional estableció en el fallo “J. M. Cullen c/Baldomero Llerana”:

“La Intervención Nacional en las provincias, en todos los casos en que la Constitución la permite o prescribe, es un acto político por su naturaleza, cuya verificación corresponde exclusivamente a los poderes políticos de la Nación(…) Todos los casos de intervención a las provincias han sido resueltos y ejecutados por el poder político, esto es, por el Congreso y el Poder Ejecutivo, sin ninguna participación del Poder Judicial”(14).

(14) Corte Suprema de Justicia. Fallos 53:540. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

Este criterio limita el campo de control de constitucionalidad. Es una cuestión política ajena al Poder Judicial, por lo que éste no toma parte ni juzga respecto a la cuestión.

Posteriormente, en el siglo XX, la Corte Suprema trata el tema, pero refiriéndose sobre quién decide la Intervención Federal. En el caso “Fernando Orfila s/Recurso de habeas corpus a favor de Alejando Orfila” en el año 1929 sostuvo:

“Este poder del Gobierno federal para intervenir en el territorio de las provincias ha sido implícitamente conferido al Congreso. Es a éste a quien le corresponde decidir qué género de gobierno es el establecido en el Estado, si es republicano o no, según las normas de la Constitución, si está asegurada o bastardeada la Administración de Justicia, si existe régimen municipal, si se imparte la educación primaria para enunciar todas las condiciones generales y especiales expresadas en el Art. 5”.

En la reforma constitucional de 1994 (Art. 75 - Inc. 31) señala que corresponde al Congreso: “Disponer la Intervención Federal a una provincia o a la Ciudad de Buenos Aires. Aprobar o revocar la intervención decretada durante su receso, por el Poder Ejecutivo”.

El grado de aplicabilidad de las Instituciones que forman el federalismo argentino ha sido fuente de conflictos permanentes en la historia constitucional local del siglo XIX, y lo es aún en la actualidad.

El “talón de Aquiles” de la construcción del Estado Nacional argentino ha sido la relación Provincias-Estado Nacional, y el frágil equilibrio entre ambos en materia política, económica y financiera.

Conflictos pendientes que perduran desde los prolegómenos del Pacto Federal de 1831 cuando acertadamente el delegado correntino Pedro Ferré vaticinó que no se puede construir un estado federal en lo político sin considerar y hacer partícipe un fuerte federalismo económico.

Desde la perspectiva política, la cláusula constitucional referida a la Intervención Federal a las provincias ocupa un lugar destacado. A partir de la sanción de la Constitución de 1853 la interpretación de la aplicabilidad, tanto en la oportunidad como en los métodos, generó diversidad interpretativa.

Desde los orígenes mismos de entrar en vigencia el artículo Sexto de la Constitución argentina fue gestora de interesantes debates. La discusión que sostuvieron Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento gestó un debate en sus obras escritas que dieron cabal dimensión de la importancia de la Institución, cada uno con sus argumentos y razones para sostenerlos.

Más adelante la Corte Suprema de Justicia establecerá en el caso “J. M. Cullen c/Baldomero Llerena” (7 de Septiembre de 1893) estableciendo que la Intervención Nacional a las provincias no es materia judiciable; es un acto naturalmente político.

El estudio de esta Institución a fines del siglo XIX adquiere importancia por los momentos de formación del Estado nacional argentino. La aplicabilidad de esta Institución adquirirá notable trascendencia ya que políticamente también podía utilizarse para modificar o cambiar Gobiernos de provincias, afectando directamente sus autonomías, como ocurrió en diversas oportunidades.

En un Estado federal en formación, como fue la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX, las Intervenciones por parte del Gobierno Nacional adquirieron notable trascendencia en el mapa político de entonces.

La debilidad de los marcos administrativos locales, que muchas veces terminaban en rebeliones o sediciones, se configuró en excusa y argumento para aplicar la medida, transformándose a veces en factor de manipulación del poder político nacional para así controlar a la oposición política provincial.

En su mayoría aquellas intervenciones procedían ante Gobiernos locales de otras agrupaciones políticas ajenas al Gobierno Nacional. Alcanza con observar los distintos casos.

A partir del precario avance organizativo alcanzado con la Constitución de 1853, la Intervención Federal a las provincias se constituyó en herramienta política del poder central, cuya utilización estuvo arraigada inicialmente por las dificultosas relaciones entre aquéllas y la Nación, por lo que las primeras se rebelaban y la segunda intervenía.

En ocasiones esas rebeliones fueron vestigios de defensa genuina del federalismo; otras; en cambio, fueron generadoras de mezquindades de agrupaciones políticas locales que atropellaban los frágiles equilibrios republicanos en las provincias en las que actuaban.

La doctrina y la jurisprudencia han alcanzado los conceptos e interpretaciones actuales sobre la cuestión basándose en los sedimentos fuertemente consolidados en el siglo XIX y, como lo afirmamos, la intensidad de institucionalizar y aplicar el federalismo ha sido uno de los conflictos que hizo de la Intervención Federal una de las cláusulas constitucionales más debatidas al momento de su aplicabilidad.

El federalismo argentino tiene particularidades definidas y el tema que estamos analizando es una de sus singularidades más pronunciadas. Allí radica su importancia.

- Sostener y restablecer autoridades o remoción de Gobiernos locales

Uno de los pilares fundamentales en el estudio de la historia constitucional argentina es el análisis y explicación del sistema federal, su intensidad y sus efectos en la relación de los Estados locales con el poder central. Esto ha sido un tema que preocupó también desde un principio a la doctrina.

La inestabilidad institucional y las sublevaciones políticas en las provincias por la defensa de las localías, dieron marco y justificación a la doctrina a justificar la Intervención Federal como un remedio constitucional para salvaguardar el orden jurídico general. Así, por ejemplo, Julián Barraquero, en 1879, en su tesis dirigida por José Manuel Estrada manifiesta la necesidad de una reglamentación de la Intervención Federal pero no su eliminación:

“Lo que ha querido la Constitución al poner en manos del Poder Federal la facultad de intervenir ha sido que las provincias argentinas no sean asoladas por invasiones vandálicas como las de Quiroga, Aldao, Peñaloza y otros tantos caudillos que han deshonrado nuestra patria”(15).

(15) Julián Barraquero. “Espíritu y Práctica de la Constitución Argentina” (1889), p, 147, Buenos Aires. Referenciado por José Carlos Chiaramonte. “Usos Políticos dela Historia (Lenguaje de Clases y Revisionismo Histórico)” (2013), p.112, Buenos Aires. Ed. Sudamericana. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

Lucio Vicente López, desde la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, publica su obra “Curso de Derecho Constitucional”, sosteniendo que la Intervención Federal aseguró la estabilidad institucional del país y la continuidad de la Unión federal(16).

(16) Lucio Vicente López. “Curso de Derecho Constitucional” (1891), p. 49, extractos de las conferencias dadas en la Universidad de Buenos Aires. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

La Intervención Federal a las provincias no implica necesariamente la sustitución de las autoridades locales(17).

(17) Angélica Gelli. “Constitución de la Nación Argentina comentada y acordada” (2008), tomo I, p. 64, Buenos Aires. Ed. La Ley. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

Originariamente, y en el transcurrir de las décadas del siglo XIX hasta la Ley del Congreso Nacional del año 1883, las autoridades provinciales no eran sustituidas o reemplazadas directamente por las nacionales.

Se enviaba un Comisionado Federal con facultades mediadoras, pero acompañado generalmente de columnas militares.

Desde luego que al utilizar políticamente esta medida, el Gobierno federal, en desmedro de las autonomías provinciales, y apoyando la fracción política partidaria aliada, en ocasiones sostenía a las autoridades y en otras las sustituía solapadamente, como es el caso de la Intervención Militar a Corrientes de 1868 -la que estudiaremos más adelante-; o colaborando con los sediciosos que pretendían hacerse del poder, aún sin estar formalizada una Intervención de acuerdo a lo establecido en el artículo 6to. de la Constitución Nacional, se enviaban tropas nacionales apoyando sediciones locales tal como se registró en Mayo y Junio de 1868 en la provincia de Corrientes, contrariando el principio constitucional de sostener y restablecer las autoridades. En este caso formó parte de la destitución de las mismas.

Durante las primeras décadas de vigencia constitucional no se sustituyeron total o parcialmente los Gobiernos locales. Fue la voluntad del Congreso Nacional la política sustitutiva. Primeramente, fue la Ley 1282 de Intervención Federal a la provincia de Santiago del Estero, en 1883, sustituyendo parcialmente a las autoridades provinciales.

Pero va a ser en el siglo XX cuando se remplacen totalmente todas las autoridades de una provincia, establecido por la Ley 4307 del año 1904, por el cual el Gobierno federal interviene toda autoridad provincial de la provincia de San Luis(18).

(18) Juan Vicente Sola. “Intervención Federal en las Provincias” (1982), Buenos Aires. Ed. Abeledo Perrot. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

Podría decirse que la Corte convalidó indirectamente el poder de Intervención Federal del que hicieron uso y abuso los poderes nacionales, principalmente el Ejecutivo.

En este sentido se avanzó por dos caminos: por un lado se debilitó la precaria estructura federal y, por el otro, se acrecentó el poder presidencial al legalizarse la irrupción de las soberanías provinciales. En los hechos, también sirvió para legitimar las diferentes concepciones y usos sobre la intervención federal.

- Corrientes y la rebeldía como defensa de su autonomía

Indagando en los momentos originarios de la construcción del Estado argentino nos encontraremos con el constante protagonismo político institucional de la provincia de Corrientes.

Desde antes de su primera Constitución provincial de 1821 su compromiso estuvo entre las primeras, y después de asumir su potestad soberana como provincia autónoma, sus inquietudes organizativas fueron conocidas en cada espacio de la región del Río de la Plata.

Si observamos detenidamente aquellas primeras décadas, Corrientes será una “provincia rebelde”, sus hombres generarán propuestas que, equivocadas o no, se transformarán en pilares de la construcción política argentina.

Desde la Constitución de 1853 hasta la actualidad Corrientes fue la provincia que ha tenido el mayor número de Intervenciones Federales. En las diecinueve ocasiones que aquello ocurrió fue fundamentada a raíz de sediciones, guerras intestinas, fraudes electorales, irregularidades institucionales, etc. Cualquiera sea su causa, todo ello fortalece su característica de provincia insurrecta con el Gobierno federal creado en 1853.

Desde un primer momento las alianzas y enfrentamientos entre Corrientes y Buenos aires fueron disparadores de aquella rebeldía. Criterios políticos, económicos y geográficos colocaban a Corrientes en una situación no ventajosa.

La rebeldía correntina es ancestral. Desde los movimientos comuneros en la Ciudad de Vera en los años 1732 y 1764, hasta las constantes revueltas en el período de la Organización Nacional, estuvo aquélla presente en el escenario político vernáculo. Resistencias necesarias a veces, perjudiciales otras, pero todas en un contexto de lucha y construcción política.

Esos incidentes tuvieron diversas dimensiones y puede ser considerada desde múltiples aristas. A veces esta rebeldía política se manifestó en cambios profundos, vía sediciones y movimientos políticos de distinta índole.

Otras veces se manifestó por una decisión de sus autoridades; en otros casos por cuestiones de partidos o grupos ideologizados; y, de última, veces por actitudes de sus hombres.

Las reacciones a estas rebeliones han sido violentas y con consecuencias políticas. Desde la costosa rebelión contra Juan Manuel de Rosas hasta actitudes personales de sus hombres clarifican la presencia del espíritu rebelde, casi indomable de sus conductas. Entre estas reacciones, que parecen ser parte de la naturaleza correntina, caben citar dos ejemplos, de los varios existentes.

El primero de ellos ocurrió en los prolegómenos de la batalla de Caseros, cuando por diferencias con Justo José de Urquiza -que pretendía relegar a las tropas correntinas- el Ejército Provincial se adelantó a los batallones entrerrianos en el cruce a nado del río Paraná, esperándolos en la costa santafesina formados y en perfecta disciplina: “A Urquiza sólo le quedará aceptar con furia el proceder correntino”(19).

(19) Diego Mantilla. “Recuerdos de un soldado correntino” (2005), pp. 85-87, Corrientes. Ed. Moglia. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

Otro ejemplo de estas rebeldías fue la pronunciada por el coronel Santiago Baibiene después de la batalla de Ñaembé. En esta batalla registrada en los campos del Departamento Goya, el 26 de Enero de 1871, tropas nacionales y batallones de Corrientes enfrentaron a las de Ricardo López Jordán, logrando una definitiva victoria sobre el caudillo entrerriano.

Luego de cesar el combate, el parque del ejército jordanista quedó en manos del vencedor. Los batallones correntinos bajo la comandancia de Santiago Baibiene mantuvieron distancia con las tropas del Estado Nacional y al otro día del cese del fuego, el gobernador se reunió con sus hombres ante el armamento tomado por el coronel Julio Argentino Roca, y los arengó: “Correntinos, estos cañones y armas los habéis conquistado con vuestro valor y nos pertenecen; si el Gobierno Nacional los pide, lo resistiremos”(20).

(20) Domingo Faustino Sarmiento. “Obras Completas” (2001), tomo XXXII: “Práctica Constitucional”, segundo volumen, p. 126. Universidad Nacional de La Matanza. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

Las causas de aquella rebeldía se halla en la manera de percibir la acción política, en los valores ancestrales de la herencia hispano-guaraní que forjó valores únicos, casi irrepetibles en la construcción cultural, donde el coraje, la hombría de bien, la palabra empeñada y la lealtad a los principios hicieron que el correntino no se encuentre conforme en numerosas ocasiones con el devenir político institucional que se estaba construyendo en el siglo XIX.

No es inútil recalcar que la eterna disconformidad política con Buenos Aires -de la que alguna vez será una aliada casi quijotesca- será la fuente de su rebeldía.

En la descripta existencia correntina adquirirá relevancia sustancial su ubicación geográfica, bordeada por los ríos Uruguay y Paraná y, a su vez, el estar ubicada entre asunceños y porteños. La conducta dubitativa de Corrientes tiene mucho que ver con esta cuestión.

También durante el siglo XIX la hegemonía manifestada por Buenos Aires en las imposiciones políticas y económicas fue moldeando bastiones de disconformismo notorios.

A pesar de los lentos y costosos avances por la consolidación institucional del país, el predominio porteño no se debilitó; al contrario, se fortaleció bajo otras investiduras.

A partir de 1860 la “ciudad tentacular”(21) ya no contaba con su ancestral fuente de riqueza, ya que las Aduanas se habían nacionalizado. Pero se visualizará que paulatinamente se producirá una mutación en el Estado Nacional que irá adquiriendo con las décadas modismos políticos, institucionales y económicos que eran propios del Buenos Aires de principios del siglo XIX. Se manifestó una mutación de las actitudes del Puerto que hace suya el Estado Nacional administrado desde Buenos Aires.

(21) Nominación que le da Manuel Gálvez a Buenos Aires en su libro “Diario de Gabriel Quiroga”. Otros autores también apodaron a la ciudad-puerto con otras identificaciones, como el caso de Exequiel Martínez Estrada que la denomina “La Cabeza de Goliat”, título de una de sus obras. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

De ahí en más el devenir del tiempo se encargará de lo que se manifestará notoriamente en las décadas posteriores: la existencia de un Estado federal en lo formal, pero con conducta y predominio de Buenos Aires. Muchas de las rebeldías correntinas tienen que ver con esto.

En los andamiajes originarios de la construcción estadual, uno de los retos fundamentales a resolver será el orden federal y las relaciones entre las Provincias y el Estado Nacional.

La atmósfera política institucional después de la batalla de Caseros y la necesidad imperiosa de crear las pautas fundantes para el Estado aceleraron las mutuas exigencias de las provincias originarias para alcanzar la Constitución escrita. Entre los retos fundamentales estaba marcar y precisar la intensidad del federalismo, demarcar las competencias y construir las jurisdicciones.

Para lograr aquel acuerdo las provincias establecieron derechos que por su naturaleza soberana le correspondían y dieron facultades al nuevo Estado federal creado. La conjunción de derechos delegados, no delegados y concurrentes fueron diagramados en sus perfiles jurisdiccionales en la Convención de 1852-1853.

Entre los poderes delegados por las provincias al Estado Nacional está la Intervención Federal que éste puede realizar a aquéllas en las condiciones y requerimientos que establecía el artículo 6to. de la Constitución Nacional.

- Intervenciones militares y políticas en Corrientes

Si bien durante las décadas de 1850 y 1860 la provincia de Corrientes ha sido campo fértil para rebeliones y sublevaciones, en todas ellas no tuvieron participación formal los mecanismos constitucionales del artículo Sexto de la Constitución Nacional.

Esto no significa que los movimientos políticos locales carecieran de ayuda o colaboración del Gobierno Nacional, tanto para el oficialismo como para la oposición. En algunas oportunidades la protección nacional llegaba a través de la declaración del estado de sitio, como ocurrió durante el Gobierno de Juan G. Pujol, cuando el presidente Justo José de Urquiza protegió a la Administración correntina contra los intentos de Nicanor Cáceres.

En dos oportunidades, cuando este intentó generar desestabilizaciones, el Gobierno constitucional correntino pudo mantener sus instituciones sin incursión directa del Gobierno Nacional.

Inicialmente, en Septiembre de 1854, se establece el estado de sitio a la provincia de Corrientes a través del Decreto del 1 de Septiembre de ese año, razón por la cual se suspendieron las garantías constitucionales en la provincia.

El presidente Urquiza decretó por treinta días la medida de emergencia, otorgándole al mismo gobernador Pujol facultades para establecer la paz pública. También otorgaba facultades militares al general José Miguel Galán para intervenir y hacer cumplir militarmente las disposiciones del Poder Ejecutivo(22).

(22) Decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 1 de Septiembre de 1854. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

Observamos que ante los movimientos de sedición iniciados por Cáceres se impone el estado de sitio en salvaguarda del estado de derecho y se toman todos los recaudos para mantener y sostener la autoridad del gobernador Juan Pujol. Esta ha sido la primera intervención formal del Gobierno Nacional en las cuestiones internas de Corrientes después de 1853.

Al año siguiente, el 16 de Marzo de 1855, nuevamente Nicanor Cáceres amenaza con otras incursiones militares al Gobierno de Pujol y otra vez se declara el estado de sitio a la provincia otorgándose al gobernador las mismas facultades dadas en la oportunidad anterior, siendo designado para la movilización de tropas militares -en esta oportunidad- el brigadier general Justo José de Urquiza(23).

(23) Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de 16 de Marzo de 1855. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

Después de la batalla de Pavón (21 de Septiembre de 1861) el Gobierno de José María Rolón sufrió las embestidas lógicas del triunfo del liberalismo, por lo que los opositores políticos acrecentaron y formalizaron las alianzas con el mitrismo y trabajaron para la desestabilización del Gobierno constitucional provincial. Esta insurgencia post Pavón contra el Gobierno de Rolón la creemos notoria y abusiva por parte del Gobierno Nacional y de sus aliados liberales locales.

El Gobierno correntino reiteradamente acude pidiendo colaboración a Justo José de Urquiza, pero todos los intentos fueron en vano. El caudillo entrerriano no reacciona ante la solicitud de los que se creían sus aliados.

El abandono de Urquiza también generó inconvenientes a los más allegados colaboradores correntinos, tal el caso de Cayetano Virasoro, afirmando: “porque la desconfianza que infunde una política cuyo fin es para todos desconocido, hace que el crédito de V. E. pierda de día en día, sin que sus amigos tengamos cómo hacer su defensa”(24).

(24) Carta de Cayetano Virasoro a Justo José de Urquiza. Citado en Isidoro J. Ruiz Moreno. “El Misterio de Pavón (las Operaciones Militares y sus Consecuencias)” (2005), Buenos Aires. Ed Claridad. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

Puntualmente, en los últimos meses de 1861, la oposición liberal correntina acude a Mitre para destituir a Rolón. Este derrocamiento tuvo algunas motivaciones locales y otras emergidas desde Buenos Aires.

Luego de los sucesos que sustituyeron a las autoridades constitucionalmente electas, el propio Bartolomé Mitre avala la revolución liberal correntina, expresando que “... manifiesto en nombre mío, felicitándole a nombre del pueblo de Buenos Aires por la gloriosa revolución que ha devuelto sus derechos al benemérito pueblo de Corrientes...”(25).

(25) Carta de Bartolomé Mitre al gobernador correntino José Pampín del 2 de Enero de 1862. Archivo General de la Provincia de Corrientes, Fondo Mantilla, Archivo Pampín, Legajo 17, Carpeta 16. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

Pero analizando las palabras de Mitre, ¿dónde estaba la gloria de una revolución que derrocaba a un gobernador constitucional? La gloria era que se destituía a un gobernador urquicista.

Reafirmando la idea de la ayuda abierta que Mitre brinda a los opositores de provincias, en otra carta datada el 17 de Febrero de 1862 expresa el envío a los liberales correntinos de mil onzas de oro para solventar la citada la revolución(26).

(26) Archivo General de la Provincia de Corrientes, Fondo Mantilla, Archivo Pampín, Legajo 17, Carpeta 16. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

El Gobierno impuesto a consecuencia de la batalla de Pavón, posesionó a los liberales mitristas. Aquellos sucesos no adormecieron completamente las luchas políticas y de poder. Si bien la batalla de Pavón dio un favorable posicionamiento a los liberales correntinos, ayudados por el exilio de los federales, en los departamentos Curuzú Cuatiá y Mercedes continuaron los disturbios y estallaron algunas revueltas entre jefes políticos locales y caudillejos en busca de mayor poder.

Estos disturbios hicieron que el Congreso Nacional declarase por Ley el estado de sitio por sesenta días a la provincia de Corrientes, movilizando milicias nacionales de Entre Ríos y Corrientes(27).

(27) Ley del Congreso Nacional del 12 de Agosto de 1862. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

La situación se subsanó cuando fuerzas gubernamentales -a cargo del Inspector General de Armas Vicente Ramírez- sofoca la rebelión.

Ramírez contó con la colaboración de las fuerzas y decisión política de Nicanor Cáceres, exiliado en Entre Ríos, quien asume nuevamente un rol en su dislocada y ambivalente vida política. La participación del militar urquicista le valió los galardones de General de la Nación otorgadas por el presidente Bartolomé Mitre.

Los sediciosos tenían como objetivo alinear a Corrientes con la política de Mitre y para ello el partido liberal fue pieza necesaria en aquella maniobra. Urquiza abandonó a Rolón a su propia suerte, y entregó Corrientes a los que triunfaron en Pavón.

La política impartida desde Buenos Aires después de la batalla de Pavón generó un tablero hegemónico cuyo epicentro giró en derredor del Puerto porteño. Este “protocentrismo” tomó una forma nacional con la transformación y metamorfosis de la élite gobernante porteña que se confunde en la Administración Nacional a partir de la presidencia de Mitre.

La incursión del mitrismo en la Administración Nacional dio a los intereses portuarios una mayor proyección territorial con la aplicabilidad de todos los elementos que contaría el Gobierno Nacional.

A partir de allí la intensidad de las intervenciones a las provincias se catalizó, al mezclarse fuerzas centrípetas y centrífugas que intercambiaron espacios de atracción y dispersión. Las centrifugas promocionadas por el Gobierno Nacional y las centrípetas impulsadas por los Gobiernos provinciales.

- Intervención militar de 1868

Pero va a ser algunos años después, durante el Gobierno de Evaristo López, en pleno desarrollo de los acontecimientos más intensos de la Guerra contra el Paraguay, que se producirá una intervención militar de fuerzas nacionales en Corrientes con el fundamento de pacificarla y hacerla retornar a los ejercicios republicanos, con la peculiaridad que la intervención militar impuesta por el Gobierno Nacional apoyarían a las tropas que fomentaron la sedición y no al Gobierno constitucional constituido.

El mapa político construido en derredor de la guerra será vital para el futuro de la política de las provincias argentinas.

La guerra contra el Paraguay dará a la provincia de Corrientes un protagonismo relevante en la política local y nacional. Si bien la ocupación paraguaya se inició bajo la Administración de un Gobierno liberal que respondía incondicionalmente a la gestión del presidente Mitre, luego de las elecciones de Diciembre de 1865 el nuevo gobernador estará alineado a la política del urquicismo.

Todo el Gobierno de López estuvo fuertemente vinculado a los sucesos de la guerra contra el Paraguay, ya que la provincia se convirtió -a partir de 1866- en el paso obligado de toda la logística y el aprovisionamiento de los ejércitos aliados que llevaban la guerra al Paraguay.

El territorio correntino, pero sobre todo la capital, se transformó en un punto neurálgico para el desarrollo de la guerra, ya que en derredor de la ciudad se erguían los hospitales de campaña de los ejércitos; su Puerto será muelle obligado de la escuadra brasileña; y los caminos provinciales serán necesarios para el tránsito de ganado vacuno y caballar para abastecer a la tropa aliada.

Pero la guerra trajo como consecuencia también la tragedia del saqueo y la destrucción de bienes, propiedad del vecindario correntino, por parte de las tropas de ocupación. Agravando este cuadro de situación, se registraron importantes brotes de cólera, llegando a conformarse una verdadera epidemia en el verano de 1867.

Este conjunto de hechos hizo de la Administración de Evaristo López una gestión cuya prioridad siempre estará ligada a las consecuencias dejadas por la guerra.

En este contexto y en el marco de las proximidades de las elecciones presidenciales de 1868 -que elegirían sucesor presidencial de Mitre- los intereses nacionales se sumarán al quehacer de la política correntina incrementando la tensión.

Los inconvenientes de inestabilidad política se iniciarán prematuramente en 1866, cuando sectores del liberalismo local intentarán un movimiento sedicioso en algunos Departamentos, especialmente en Bella Vista.

Este movimiento fue sosegado, pero los ánimos exaltados no se aplacaron, a pesar del anuncio del ministro de Gobierno Wenceslao Díaz Colodrero que aseguró al propio Urquiza que los liberales eran una minoría insignificante(28).

(28) Archivo General de la Nación. Archivo Urquiza, Marzo-Mayo de 1867. Carta de Pedro C. Reyna a Justo José de Urquiza, 22 de Marzo de 1867. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

La presencia de fuerzas brasileñas en territorio correntino a causa de la guerra contra el Paraguay, generó interés particular entre las diferentes facciones políticas que intentaban apoderarse del poder provincial.

A pesar de que el Imperio del Brasil no era bien visto por federales y liberales, ambos buscaron ejercitar algún acercamiento con la Jefatura militar brasileña que ésta, prudentemente, observó a la distancia. Pero esta postura distante brasileña fue una hábil estrategia ya que las fuerzas del vecino país necesitaban imperiosamente de las buenas relaciones correntinas, sean federales o liberales(29).

(29) Dardo Ramírez Braschi y José Luis Caño Ortigosa. “La influencia de la presencia militar brasileña en Corrientes durante la Guerra de la Triple Alianza”, pp. 255-259. Anuario de Estudios Americanos, 70. 1, Enero-Junio, 2013. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

En 1867 la atención de la política correntina giraba en derredor de la guerra contra el Paraguay y la próxima sucesión presidencial de 1868; estos dos focos fueron referenciales para que el Gobierno Nacional tomase atención a su estrategia a seguir en la política local.

El clima enrarecido de la política preelectoral por la sucesión presidencial, a lo que se agregó la no convalidación de los pliegos de designación de los diputados correntinos en la Cámara de Diputados de la Nación, llevó a una fuerte rispidez entre los federales urquicistas correntinos y lo liberales mitristas del Gobierno Nacional.

La situación casi incontrolable hizo que referentes liberales de la oposición intentaran por la fuerza tomar el poder político de la provincia. Entre los cabecillas de la sedición figuraban Santiago Baibiene, Daniel L. Artaza, Federico Gauna y Nicolás Gallardo, entre otros, todos bajo la dirección militar del Jefe de la Guardia Nacional en Corrientes, Wenceslao Martínez(30).

(30) Antonio Emilio Castello. “Historia de Corrientes” (1984), pp. 422-426, Buenos Aires. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

Ante la amenaza de los planes de sedición y el avance de los grupos liberales, el movimiento contra el Gobierno constitucional de Evaristo López era inminente, por lo que el gobernador correntino pidió a las autoridades nacionales la instrumentación del artículo Sexto de la Constitución Nacional, lo que fue denegado(31).

(31) Domingo Faustino Sarmiento. “Obras Completas” (2001), tomo XXXII, p. 62. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

Nicanor Cáceres se puso al frente de la defensa del Gobierno de López, pero los sediciosos rápidamente movilizaron sus cuerpos armados y tomaron la capital provincial el 27 de Mayo de 1868, apresando al gobernador y reemplazándolo por el presidente de la Legislatura, Francisco María Escobar(32).

(32) Dardo Ramírez Braschi. “Evaristo López, un Gobernador Federal (Corrientes en Tiempos de la Guerra de la Triple Alianza)” (1997), pp. 59-60, Corrientes. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

A pasar de la toma del Gobierno correntino por los liberales, las tropas de Cáceres resistieron al golpe por un tiempo en algunos puntos de la provincia, interrumpiendo el tránsito de ganado y el aprovisionamiento a los ejércitos situados en el frente paraguayo.

Esto hizo que la crisis política tomase repercusiones inesperadas. La interrupción de las vías terrestres más importantes de aprovisionamiento de ganados al frente de batalla accionaba un importante daño a los liberales correntinos -ahora en el poder provincial- como también al ejército aliado, lo que aceleró la intervención de fuerzas del Ejército Nacional.

La destitución del gobernador López y los sucesos correntinos fueron ejes de un trascendente debate en la Cámara de Senadores del Congreso Nacional. En las Sesiones registradas en la última semana de Julio de 1868 será interpelado -por el caso Corrientes- el ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública de la Nación -a cargo en esos momentos del Ministerio del Interior- situación que generará un acalorado debate.

El senador electo por la provincia de Corrientes, Wenceslao Díaz Colodrero, responsabilizó de la situación al Gobierno Nacional ya que una gran parte de los jefes militares y oficiales participantes en la sedición dependían del presidente, cuando éstos tendrían que haber estado cumpliendo su deber en el frente de batalla en territorio paraguayo y no derrocando Gobiernos constitucionales ni encarcelando e incomunicando a gobernadores(33).

(33) Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación Argentina del año 1868. Ed.1893. Sesión Ordinaria del 25 de Julio de 1868, pp174-175. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

La discusión generó aristas diversas, debatiéndose la naturaleza de la norma constitucional establecida en su artículo 6to. sobre intervención federal a las provincias, y tratándose también la necesidad de una Ley reglamentando el procedimiento para su aplicación.

El senador por Santa Fe Nicasio Oroño expresó que no se debe reconocer autoridad surgida de ninguna rebelión, sin previa intervención formal que deberá averiguar si aquella autoridad tiene por origen la voluntad popular, legalmente representada, por medio de sus poderes legítimamente constituidos.

El discurso de Oroño claramente se opuso al abuso del uso de la Intervención, tomando por base los antecedentes norteamericanos -donde se prefería dejar pasar cualquier desorden que se registrase en los Estados de la Unión, antes que violar sus instituciones- país que entendía que ejercerlo de ese modo hacía imposible dejar de vulnerar la Constitución.

En Estados Unidos, la intervención del poder nacional es restrictiva ya que la regla de aplicación es la no intervención. En cambio en la República Argentina la experiencia ha demostrado lo perjudicial que son las intervenciones para las instituciones locales. En lugar de fundar la paz, han sido el origen del trastorno principal de las instituciones provinciales, y para Oroño, sin duda, las intervenciones nacionales sólo han servido para propósitos electorales.

Para el senador santafesino no había sino dos soluciones a la cuestión: reformar la Constitución dejando a las provincias completamente libradas a sus propios esfuerzos, para defenderse contra las rebeldías; o reglamentar el artículo 6to. estableciendo el procedimiento interventor y los límites correspondientes(34).

(34) Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación Argentina del año 1868. Ed.1893. Sesión Ordinaria del 25 de Julio de 1868, pp174-175. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

El ministro de Justicia, Culto e Instrucción, encargado de la cartera del Interior, defendió la postura del Gobierno Nacional y se opuso a toda reglamentación de las intervenciones federales a las provincias, fundamentando su parecer manifestando que las intervenciones federales han producido efectos beneficiosos salvando los Gobiernos provinciales, alegando que el fundamento para proceder en las provincias intervenidas no provenían de la acción del Gobierno Nacional sino de los malos Gobiernos locales que usurpaban la soberanía de los pueblos, de los Gobiernos que querían transmitir el poder de un pariente a otro.

La interpelación al ministro continuó en la Sesión siguiente, donde es epicentro del debate la situación de la provincia de Corrientes, donde las figuras centrales fueron el senador por Corrientes y el ministro del Poder Ejecutivo Nacional.

El senador Díaz Colodrero reclamó explicaciones al ministro de cómo miembros del Ejército Nacional -que deberían estar en el frente de batalla contra el Paraguay- se hallaban entre los sediciosos que combatían al Gobierno constitucional de Corrientes.

Asimismo, exigió al Gobierno Nacional poner término a las maniobras subversivas. Según Díaz Colodrero el Poder Ejecutivo Nacional tenía conocimiento previo de la rebelión del 27 de Mayo.

Hay que recordar que los jefes y oficiales participantes del motín se presentaron a las 04:00 en el domicilio del gobernador López, deteniéndolo y arrojándolo al calabozo, donde le presentaron una renuncia escrita previamente mientras se lo amenazaba con quitarle la vida, obligándolo a firmar ese papel.

Díaz Colodrero afirmó que la renuncia de López era nula, no sólo por el modo en que se llevó a cabo sino también porque el movimiento militar -a la par que destituyó al Poder Ejecutivo- procedió a disolver la Legislatura para constituir una adicta a sus intereses(35).

(35) Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación Argentina del año 1868. Ed.1893. Sesión Ordinaria del 28 de Julio de 1868, p. 184. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

El ministro planteó que no ha intervenido en la situación porque el gobernador no ha solicitado la intervención; el PEN sólo tenía conocimiento de su renuncia. Agregó además que para la libertad de López, éste debe recurrir a los Juzgados correntinos(36).

(36) Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación Argentina del año 1868. Ed.1893. Sesión Ordinaria del 28 de Julio de 1868, p. 185. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

En reiteradas oportunidades el debate alcanzó fervientes discusiones, lo que hizo que el público en la barra participase con gritos reiteradamente, lo que le dio marco de gran agitación política. El presidente de la Cámara mandó a desalojar a todo el público presente para evitar manifestaciones violentas y enfrentamientos.

Díaz Colodrero refutó estos conceptos al decir que López no tenía o no sabía a cuál Tribunal recurrir para recuperar la libertad, ya que el Juez federal Vicente Saravia había renunciado y la totalidad de los Tribunales locales fueron clausurados por los rebeldes.

El senador amplió la denuncia remarcando la anormalidad de que en el último mes posterior al golpe, se instaló en la capital correntina un batallón de infantería comandado por el general Emilio Mitre, derivado de las filas del frente de guerra contra el Paraguay, manteniendo una inacción ante los hechos sin defensa de las autoridades constitucionales(37).

(37) Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación Argentina del año 1868. Ed.1893. Sesión Ordinaria del 28 de Julio de 1868, pp. 186-187. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

Participó en la sedición contra el gobernador Evaristo López una serie de militares que estaban prestando servicios en las tropas nacionales, entre los que se hallaban -según la denuncia de Díaz Colodrero- los siguientes hombres: “comandante Montenegro, mayor Baibiene, el comandante Romero, el coronel Ocampo, el mayor Acuña y el comandante Cobo”.

En la provincia de Corrientes, durante el año 1868, la situación política revistió carácter grave; la oposición al Gobierno de López venía directamente de grupos políticos de peso político nacional que, con apoyo de algunos oficiales del Ejército, compaginaron un movimiento que estalló el 27 de Mayo de 1868, teniendo como finalidad cambiar el tablero político de Corrientes y, por ende de la Nación con vistas a las elecciones presidenciales en las que debían elegirse electores de presidente y vicepresidente.

En esencia, este movimiento inconstitucional abrirá, nuevamente, en la provincia un período beligerante, que no quedará definitivamente sellado hasta la batalla de Ñaembé, en 1871.

Las intervenciones realizadas u omitidas durante el proceso eleccionario por la carrera presidencial de 1868 no ejercieron influencia visible sobre el resultado final.

La actuación de Arredondo en Córdoba, durante el interinato de Paz, favoreció a Sarmiento con 16 votos; mientras que la intervención en Santa Fe, realizada bajo la dirección de Mitre, le quitó 8 votos, y la intervención en La Rioja -ejercida bajo la misma dirección- pretendió vanamente sustraerle seis votos más. Los doce sufragios urquicistas de Corrientes tampoco hubieran impedido el triunfo de Sarmiento.

No se pudo demostrar un accionar directo del Poder Ejecutivo Nacional en el derrocamiento del gobernador correntino(38) pero sí, en cambio, se manifestó una notoria pasividad en la intervención militar de Emilio Mitre con sus batallones de línea al no restituir la autoridad política y constitucional al gobernador López. Mitre, con su desinterés participativo, hizo que la sedición pueda consolidarse para así reconstruir una nueva Legislatura que eligió en breve tiempo un nuevo titular del Poder Ejecutivo provincial.

(38) León Rebollo Paz. “La Revolución de Corrientes en 1868 (una importante carta del general Mitre a su hermano Emilio)”, pp. 268 y 269, en: Investigaciones y Ensayos, Nro. 13, Julio-Diciembre 1972, Buenos Aires. Academia Nacional de la Historia. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

Las garantías políticas de la autonomía de Corrientes fueron violadas, a pesar de los reclamos de sus Representantes en el Congreso de la Nación. La manipulación política de las intervenciones mostraba claramente las intencionalidades oportunistas, sectoriales y de partido.

- Conclusiones preliminares

Corrientes es la provincia argentina que ha tenido el mayor número de intervenciones federales. Se registró en diecinueve oportunidades, de las cuales 16 fueron por Decreto y 3 por Ley. Las intervenciones pesaron directamente en el Poder Ejecutivo en un 84,2 % de las veces(39).

(39) Mario D. Serrafero. “La Intervención Federal en Argentina (Experiencia y Jurisprudencia)” (2008). International Seminar: Compare High Courts in Federal Countries. Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. // Citado en el Capítulo VII de la tesis doctoral el doctor Dardo Rodolfo Ramírez Braschi.

La Intervención Federal ha sido una institución constitucional cuestionada desde sus orígenes, ya que la misma se debatía entre al aseguramiento -por parte del estado federal- de garantizar el orden republicano en las provincias, y la violación y mengua de los derechos federal provinciales.

Desde que la Constitución Nacional de 1853 la estableció originariamente ha tenido una evolución interpretativa que generó conflictos políticos. La evolución legislativa, jurisprudencial y doctrinal dieron con el tiempo un sentido diferente a lo expresado oportunamente por la Constitución. La valoración terminológica de “sostener y restablecer” fueron determinantes en la evolución interpretativa.

Se configuró una “enmienda encubierta” por parte de la Ley, que determinó la sustitución de autoridades, la jurisprudencia que lo convalidó y la doctrina que lo justificó.

Indirectamente, la Corte Suprema de Justicia convalidó los mecanismos de uso y abuso del poder político por parte de los poderes nacionales en desmedro de los derechos provinciales, por lo que se debilitó el orden federal, para acrecentar proporcionalmente la fortaleza del Poder Ejecutivo Nacional en un sentido centralista.

Las primeras Intervenciones Federales en Corrientes representaron acciones que construyeron una contrareacción, cuestionando el proceder de las autoridades nacionales.

Creemos importante estudiar las primeras intervenciones a Corrientes porque visualizamos -tanto en la política interna como en los debates en el Congreso de la Nación- la dimensión que adquirió aquella problemática, en un momento en la cual se la implementaba y donde Corrientes fue centro de aquella aplicación institucional amparada por la Constitución de 1853 siendo punto de partida para las numerosas intervenciones federales que se instrumentarán en las demás provincias argentinas en el siglo XIX.

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