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Participación de la Policía de la provincia de Corrientes en la lucha antisubversiva

Adrián Sosa, Jefe de la Policía de la provincia de Corrientes (1975-1976) afirmó -en sede judicial- en relación a detenciones producidas en el mes de Febrero del año 1976 que “según referencias que tuvo del teniente coronel Aguiar -a cargo en ese entonces del Area de Seguridad 231- habrían participado en el operativo de detención Diego Manuel Ulibarrie y Carlos Pereda -fallecido- quien estaba como Jefe de Turno en la Policía de la provincia, no recordando otros nombres”.

Declaró además que “no dio mayor trascendencia al hecho en ese momento porque, cuando se reintegra a la Jefatura, ya no estaban alojados allí (se refiera a los desaparecidos), porque fueron derivados al Regimiento 9 de Infantería como era habitual en ese entonces”, aunque infiere saber “de la participación del inspector general (R) de la Policía de la provincia de Corrientes Luis Munilla y del inspector general (R) de la Policía de la provincia, Alejandro Jesús Martínez”(1).

(1) Material extraido textualmente de la obra de Carlos Alberto Cassarino y Arturo César Helman. “El Golpe de Estado de 1976 en Corrientes”, Serie La Memoria Nro. 2: “La Represión en la Capital”.

Del legajo personal se puede deducir que Diego Manuel Ulibarrie trabajaba dentro de lo que podría denominarse Grupo de Tareas empleado en la lucha antisubversiva, bajo la órbita del Area Militar 231.

Es demostrativo de ello las felicitaciones que obran como antecedentes a fs. 109 vta. (09/diciembre/76) por lo que el “Interventor Militar de la Jefatura de Policía, Eduardo A. Cardozo, Mayor Interventor, felicita al causante por su eficiente desenvolvimiento en las funciones del servicio y destaca su coraje y decisión en los momentos difíciles evidenciado el día 6 de Noviembre /76 con motivo de un encuentro armado con elementos subversivos en el que fue abatido un peligroso delincuente subversivo”.

Se agrega -en la misma foja- el “Jefe del Regimiento de Infantería de Corrientes, Félix Roberto Aguiar, Teniente Coronel” señala que “el causante ha puesto de manifiesto gran capacidad policial en las operaciones contra la delincuencia subversiva, evidenciando perspicacia en la investigación, gran decisión en la acción, valor personal y condición de mando en actuaciones críticas”. Calificación Sintética: Sobresaliente.

Las correspondientes notas de felicitaciones se hallan agregadas a fs. 290 y 319. La primera de las notas es temporalmente cercana al hecho del que informa el diario “El Litoral” de la Ciudad de Corrientes, del 7 de Noviembre de 1976, que dice textualmente:

“Los sediciosos, ante la presencia de las fuerzas de seguridad que participaron del operativo -Ejército, Prefectura, Gendarmería y Policía Provincial- comenzaron a disparar sobre los efectivos” y, en otro párrafo, señala:

“Concluido el operativo, los periodistas fueron convocados a la sede del Comando de la VII Brigada, donde el titular de la misma, general Cristino Nicolaides, entregó el comunicado informativo de la acción desarrollada momentos antes”. El Informe oficial señalaba que “fuerzas conjuntas de la Subzona 23 de Ejército y Policía, tuvieron un enfrentamiento con delincuentes subversivos en la Ciudad de Corrientes”.

En referencia específicamente al elogio que contiene la misiva de fs. 290, va más allá de un solo hecho, dado que utiliza el plural “las operaciones contra la delincuencia subversiva”, y también reseña la “perspicacia en las investigaciones”, lo cual da cuenta de una tarea continua, no un solo acto o hecho en particular aislado o circunstancial.

Por otra parte, la nota referida hace expresa mención a las “condiciones de mando en situaciones críticas” del imputado Ulibarrie, lo cual reafirma el hecho de que el mismo era un oficial con personal a su cargo.

Las declaraciones prestadas por algunos oficiales jefes de la Policía de la provincia de Corrientes resultan contradictorias, contribuyendo a demostrar que no existía una regla común y fija para todas las detenciones, sino que variaban de acuerdo a las “órdenes superiores”, especialmente de quienes daban las órdenes en la lucha antisubversiva y todo lo relacionado con al Area Militar 231 .

Esto es contradicho por el testimonio del inspector general (R) de la Policía de la provincia de Corrientes Luis Munilla, en testimonial prestada el 27 de Febrero de 1987 (fs. 198 y vta. Expte. Nro. 293/85), cuando explica -al ser consultado sobre Ayala, Barozzi y Romero- que “si en realidad hubieran estado detenidos, tienen que estar en los Libros correspondientes, por norma dispuesta en la Policía que siempre se cumplió; nadie entra en el aire”, y respecto a los detenidos a disposición del Area Militar 231, señaló que “por lo general los detenidos quedaban alojados en la Jefatura de Policía en un sector especialmente destinado en la Jefatura Central, pero en situaciones en las que la autoridad militar lo disponía podían ser llevados hasta la sede del Regimiento 9 de Infantería pero siempre volvían a la Jefatura; siempre para tales medidas existían notas, etc.”.

En el testimonio prestado en fecha 3 de Marzo de 1987 por el inspector general (R) de la Policía de la provincia de Corrientes, Alejandro Jesús Martínez, en el Expte. Nro. 293/85 del Juzgado Federal de primera instancia de Corrientes (fs. 209/210), cuya copia luce a fs. 1725/1726 de los autos principales de esta causa, explica que “quienes se encontraban directamente en contacto con el Area de Seguridad 231 eran el Departamento Judiciales -a cargo de Munilla Barros- y el Departamento Operaciones, a cargo de Sebastián Vallejos” y, al ser preguntado para que diga a qué Departamento interno de la Policía de la provincia pertenecía Diego Manuel Ulibarrie contesta que “Ulibarrie dependía de algunos órganos internos del Departamento Operaciones, quien siempre actuó en la mayoría de los operativos policiales”.

En otro segmento de su declaración expuso que los detenidos en operativos conjuntos del Área Militar 231 eran retirados inmediatamente por personal militar “antes de que se asienten en los Libros, es decir, que se registren los nombres y datos personales de los detenidos”.

De las declaraciones prestadas ante la instrucción e incorporadas por lectura de José Pedro Almirón (fs. 58/60), Jorge Hugo Trainer (fs. 74/76), Gladys Mirtha Meza Herrero de Trainer (fs. 78/79 vta.), Miguel Angel Miño (fs. 130/131 vta. y fs. 1653/1654), Zoilo Pérez (fs. 133/134 vta.), José Arnaldo Gómez (fs. 245/246 vta.), Rogelio Domingo Tomasella (fs. 215/216), Martha Angélica Alvarez (fs. 852/858), Hugo Bernardo Midón (fs. 946/950), Ramón Félix Villalva (fs. 973/975), se puede discernir que tienen como común denominador haber estado detenidos por razones políticas, siendo todos ellos alojados en la Alcaidía de la Jefatura de Policía.

Incluso hubo participación de fuerzas policiales en los procedimientos de detención (José Pedro Almirón, Jorge Hugo Trainer, Miguel Ángel Miño, José Arnaldo Gómez, Hugo Bernardo Midón, Ramón Félix Villalva).

En el caso particular de Hugo Bernardo Midón, su detención se produjo durante el Gobierno constitucional de María Estela Martínez -Diciembre de 1975- sosteniendo haber sufrido interrogatorios con golpes y aplicación de picana eléctrica en un lugar situado en el segundo piso de la Jefatura de Policía.

Asimismo, de los dichos formulados en el Juzgado de Instrucción por Rosa Emilia Dolinski (fs. 1201/1202) y Florentino Ramón Duque de Arce (fs. 1203/1204), se desprende que fueron detenidos el día 8 de Marzo de 1976, días antes del golpe de Estado producido el día 24 de ese mes y año, y que también pasaron por la Jefatura de Policía de la provincia de Corrientes.

Inclusive en su testimonio Duque de Arce manifiesta que sufre una golpiza y que estando en la Jefatura de Policía advierte que había en su misma situación más o menos quince personas.

En total, durante los años 1975, 1976 y 1977 pasaron por la Alcaidía de la Policía Provincial de Corrientes alrededor de 200 militantes, de toda la provincia, de esto dan cuenta diferentes testimonios en los juicios de “lesa humanidad” que ya se hicieron y varios que están en etapa de instrucción.

Todos estos testimonios son de la causa caratulada: “ULIBARRIE, DIEGO MANUEL p/ Sup. privación ilegítima de la libertad y desaparición forzada de personas”, expediente Nro. 541/08.

- Represores y cómplices

Según el decreto 140 del 13 de Abril de 1976, que aprueba la Resolución interna de la Policía Provincial Nro. 184/76, se ascendió a grado superior al personal siguiente:

* a Sargento al cabo primero Víctor Prado (del Centro de Instrucción);
* a Cabo Primero a los cabos Lino Alberto Mora (Comisaría 4ta.), Aureliano Vallejos (Departamento Judicial), Román de Jesús Mancedo (Departamento Judicial);
* a Cabo a los agentes Juan Carlos Salinas (Departamento Judicial), León Valenzuela (Comisaría 2da.), Paulino Pavón (Comisaría 2da.).

Da la casualidad que los operativos contra los militantes Bustos y Beláustegui se dieron a fines del año 1975, en jurisdicción de la comisaría Segunda, donde estas personas fueron ascendidas y, según consta en las fotos de los periódicos, la participación de agentes policiales de la provincia tuvo gran protagonismo, así como en la detención de Ayala, Barozzi, Romero y Saravia -que se registró el 16 de Febrero de 1976- donde los agentes del Centro de Instrucción -según relatan los propios policías- tomaron las huellas de estos desaparecidos.

También el 19 de Julio de 1976 es ascendido a Comisario Principal -por decreto 1108/76- el personal técnico administrativo; y el doctor Otto Wichmann, Jefe de Sanidad de la Policía, “por los valiosos servicios prestados a la Institución por su verdadera vocación de servicio...”, al cual varios testigos aseguran haber sido atendidos por este médico inmediatamente después de las sesiones de tortura.

En Febrero de 1977 se vuelven a registrar ascensos a personal de comisarías y dependencias policiales, por los “valiosos servicios prestados a la institución...”, tal es así el caso de Laureano Acuña a Suboficial Superior (Comisaria 3ra.) y a Sargento Primero Andrés Vera (Operaciones Policiales D-3);

* a Sargento a Ponciano Gómez (Comisaría 1ra.), Mariano Villanueva (Brigada de Investigaciones), Dalmasio Gómez (Comisaría 3ra.), Oscar Ledesma (Departamento de Logística), Isaac Suárez (Guardia de Caballería), Silvano Machuca (Brigada de Investigaciones).

También da la “casualidad” que estos ascendidos son después de las detenciones y muertes (sin bajas para la Policía y el Ejército) del supuesto enfrentamiento del 6 de Noviembre de 1976, donde es asesinado el militante montonero Osvaldo Colombo y se produce la detención y posterior desaparición de por lo menos dos militantes que estaban con él.

Los Jefes de Policía que estuvieron durante la dictadura cívico-militar en la Policía de Corrientes fueron:

* inspector general Adrián Sosa (1975-1976)
* mayor Eduardo Antonio Cardozo (1976-1977)
* coronel Juan Carlos Ibarrola (1977-1979)
* coronel Osvaldo H. Pérez Bataglia (1979)
* teniente coronel Rodrigo Erasmo R. Barrios (1979-1982)
* teniente coronel Francisco M. Argañaraz (1982-1983)

Si bien no hay prueba fehaciente de la participación de estos agentes policiales en las referidas redadas y operaciones conjuntas del Ejército y la Policía, llama la atención que inmediatamente después de los hechos les correspondan un ascenso.

Si no participaron por lo menos fueron testigos y, en cuanto a los Jefes de Policía, posiblemente hasta sepan (conjuntamente con sus subalternos) qué hicieron con los cuerpos de los militantes desaparecidos.

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