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Evolución de las disposiciones legales. Aspectos descriptivos

Luego de entrar en vigencia la Constitución Provincial de 1824, durante los años sucesivos se gestaron algunas leyes específicas referidas a una mejor organización de la Administración de Justicia local.

Así fue que, durante el Gobierno de Pedro Juan Ferré, a través de una ley, se estableció la Justicia de Paz y de primera instancia en la Capital, sustituyéndose a los antiguos Alcaldes de Barrio(1).

(1) El Alcalde de Barrio era un funcionario designado por el Poder Ejecutivo que complía funciones de auxiliar del Juez de Policía. Entre sus principales prerrogativas figuraban: evitar la vagancia urbana, reprimir el deambular de menores por las calles, controlar el tránsito de personas, obligar a los padres para que envíen sus hijos a la escuela, arrestar a ebrios callejeros, controlar las pulperías, prohibir el juego de naipes en lugares públicos, prohibir el porte de armas en la ciudad, etc. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R.L., Corrientes.

Entre las diversas nuevas disposiciones, esta ley establecía que los jueces que no cumpliesen su función de administrar Justicia acorde a la ley, serían multados, la primera vez y, la segunda, deportados del país. Además, contra aquellas personas que dificultasen el accionar de la Justicia con “consejos, empeños o manejos subterráneos”, el Gobierno actuaría pero, “respetando su vida y su fortuna”.

En Diciembre de 1830 la Legislatura, que se caracterizaba por tener amplias facultades, decide modificar algunas disposiciones sobre Administración de Justicia que fueron dictadas en la Constitución de 1824.

Así, se decidió que las sentencias emanadas del Alcalde Mayor podían ser apeladas ante una Comisión eventual de tres ciudadanos, elegidos a la suerte de una lista y recusables por las partes. Además se estableció el recurso de súplica en las causas de Hacienda contra el Fisco que resolviera el Poder Ejecutivo, derogándose el artículo 13, Sección Octava de la Constitución Provincial. En l834 esto quedó sin efecto y se restableció la disposición constitucional de 1824(2).

(2) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes” (1929), p. 222, tomo tercero, años 1831-1837, Corrientes. Imprenta del Estado. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

En el año 1832, y en ejercicio de las amplias facultades que disponía el gobernador Pedro J. Ferré, que tenía por objeto combatir el lento accionar del proceso penal y evitar la morosidad temporal de las causas, se implementaron nuevas medidas cuyos resultados finales no modificarían las falencias del sistema.

Por ejemplo, se determinó el procedimiento en la sustanciación de las causas criminales donde los reos apareciesen convictos y confesos, determinándose pasara una sola vista al Fiscal, previa aprobación del Alcalde Mayor, para que la sentencia sea ejecutada.

El texto del decreto rezaba, “...para que de este modo los tribunales no se sentirán trabados de engorrosos expedientes, los daños de los ciudadanos serán reparados con mayor prontitud, la vindicta pública quedará mejor satisfecha al advertir colmado el celo de los legisladores, y escarmentada la proterva audacia de los díscolos(3).

(3) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes” (1929), pp. 113 y 114, tomo tercero, años 1831-1837, Corrientes. Imprenta del Estado. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

La Legislatura del 10 de Enero de 1835 y con el espíritu de controlar a los magistrados judiciales en su administración, aprobó una ley que lesionaba los principios republicanos de independencia del Poder Judicial.

Con ella se autorizaba al Poder Ejecutivo a velar sobre la recta Administración de la Justicia ordinaria y de comisión, por lo que podría amonestar a los jueces. Se ordenaba también la posibilidad de realizar una instrucción sumarial de testigos respetados, los que testimoniarían sobre los actos y conductas del juez.

Estas actuaciones debían ser remitidas a la Legislatura y si de ello surgía una irregularidad del proceder del magistrado, se devolvían las actuaciones al Poder Ejecutivo para que canalice ante el Juzgado correspondiente y siguiese la causa un trámite ordinario. Cuando existía peligro que quedase la cuestión impune y no revestía gravedad, el gobernador podía resolver la cuestión “breve y sencillamente”.

La presente situación, que perjudicaba a la independencia de la Justicia, se subsanó durante el Gobierno de Pedro J. Ferré de 1839-1842, cuando en 1840 se estableció que todas las causas civiles y penales serían resueltas exclusivamente por el Poder Judicial.

Como complemento de la organización judicial en estos años, se creó también el recurso de apelación en lo contencioso administrativo y se fijó para los Alcaldes de primera instancia y el Alcalde Mayor una remuneración anual de doscientos pesos; ambas disposiciones datan de l835.

También se determinó que funcionalmente los Tribunales diesen curso a las causas civiles y criminales todos los días, excepto los de precepto religioso y las fiestas cívicas(4).

(4) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes” (1929), p. 327, tomo tercero, años 1831-1837, Corrientes. Imprenta del Estado. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Se reglamentó el cobro de las costas de los abogados, los que podían reclamar a las partes litigiosas los honorarios que les correspondiesen, en cualquier estado del expediente. Como antes de la terminación del litigio no se sabía qué parte debía abonar las costas, se cobraba a cada una las que haya causado(5).

(5) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes” (1929), p. 255, tomo cuarto, años 1838-1841, Corrientes. Imprenta del Estado. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)”(2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

En 1838, durante el Gobierno de Genaro Berón de Astrada, se sancionó una nueva Constitución pero, por la vorágine de los sucesos políticos que trágicamente soportó la provincia de Corrientes, la nueva Carta Constitucional no llegó a entrar en vigencia.

En ella se organizaba la Justicia de la siguiente manera: un Superior Tribunal de Justicia, un Juez de alzada, dos Alcaldes de primera instancia y Jueces inferiores (Secc. VII - Art. 7). Para ser miembro del Superior Tribunal se exigía ser ciudadano de origen, vecino de la provincia, tener treinta años como mínimo y haber ejercido previamente algún cargo público (Secc.VII - Art. 10). En este proyecto se hizo mención por primera vez de un precepto trascendente, al disponer que “toda sentencia pronunciada por los Tribunales en todos los ramos deberá ser fundada” (Secc. VII - Art 21).

El gobernador Pedro J. Ferré, en 1842, después del triunfo de Caá Guazú (28 de Noviembre de 1841) y durante el traslado del Ejército correntino, comandado por el general José María Paz a la provincia de Entre Ríos, creyó propicio que la Legislatura correntina tratase un cambio en la Administración de Justicia.

El 2 de Agosto 1842, la Legislatura aprobó un Reglamento Provisorio de Justicia, dividido en ocho Secciones, tituladas de la siguiente manera: Magistratura Judicial, Jueces de Paz, Jueces de primera instancia, Juez de primera instancia de lo Civil y Comercial, Juez de primera instancia del Crimen, Alcalde Mayor, Cámara de Justicia y Disposiciones Generales.

Se proclamaba al Poder Judicial absolutamente independiente y conformado por Jueces de Paz, de Primera Instancia, Alcalde Mayor y Cámara de Justicia. Respecto a la Justicia de Paz, los magistrados continuaban conociendo verbalmente todas las causas que no excedieran los 25 pesos, cuya sentencia se apelaba ante los jueces de Primera Instancia (Art. 2).

Desde la aprobación del presente Reglamento, los Alcaldes dejaron de llamarse así para denominarse Jueces de primera instancia. En la Capital, el Alcalde -que se ocupaba en materia criminal- pasaria a ser Juez de primera instancia en esa materia, mientras que el otro, que se abocaba al fuero Civil y Comercial, correspondía el de Juez de primera instancia en estas áreas (Art. 3).

El Juez de primera instancia en lo Civil y Comercial tenía competencia en los casos de veinticinco a cien pesos, procediendo verbalmente; en las causas cuyos montos comprendiesen de ciento uno a quinientos pesos, el procedimiento era por escrito. Las causas de quinientos uno a mil o más pesos también eran por escrito, con apelación al Alcalde Mayor y la Cámara de Justicia (Arts. 7 al 10).

Respecto al Juez de primera instancia del Crimen, a éste debían abocarse todas las causas criminales y de contrabando. Cuando el litigio estaba ligado al contrabando, el inicio de la causa debia comunicarse al Poder Ejecutivo, mientras que los litigios criminales había que hacerlo ante la Cámara de Justicia (Art. 24). Cuando la sentencia establecía pena corporal o muerte, la Cámara de Justicia debía expedirse por unanimidad.

La figura del Alcalde Mayor, regulada en la Sección VI, adquiría preponderancia, ya que su función consistía en intervenir en todas las causas de hacienda e intestato, exceptuando las de contrabando (Art. 27).

Aquellas causas que no superasen quinientos pesos se harían verbalmente y las comprendidas entre quinientos uno y mil pesos se sustanciarían por escrito. Finalmente aquellas causas que superaban este último monto se hacían por escrito hasta agotar las tres instancias: Alcalde Mayor, Juez de primera instancia y Cámara de Justicia.(Arts. 27, 28, 29).

En estas causas existía una última instancia que es el recurso extraordinario de nulidad e injusticia notoria, que se interponía ante la misma Cámara. La Cámara de Justicia conocía y resolvía todas las causas, cualesquiera sea su naturaleza y valor, que estuviesen pendientes por nulidad e injusticia notoria (Art. 47). Este Cuerpo se reunía generalmente los días martes y viernes, cuatro horas por la mañana y dos por la tarde (Art. 41).

La conciliación de las partes en materia Civil y Comercial eran constantemente instadas por la Judicatura, la que se podría dar en cualquier estado del proceso, todo ello para simplificar la resolución de los pleitos y el lento proceder de la Justicia.

El mismo día que la Legislatura aprobó el Reglamento de Justicia (2 de Agosto de 1842), por ley separada, estableció inmediata y provisoriamente el funcionamiento de la Cámara de Justicia hasta la erección del Superior Tribunal, el que tendría que estar compuesto por un Presidente y dos “hombres buenos”, y que los debía nombrar el gobernador.

El artículo Noveno de la citada ley rezaba:

La Cámara de Justicia inviste todas las demás facultades y prerrogativas otorgadas a las antiguas Audiencias de América por las leyes generales de su institución, que se declaran vigente en todo cuanto directa o indirectamente no se opusiere a la presente ley y demás de la provincia(6).

(6) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes” (1936), p. 17, tomo quinto, años 1842-1846, Corrientes. Imprenta del Estado. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R.L., Corrientes.

Dos meses después la misma Legislatura decidió dejar en suspenso provisoriamente la aplicación del nuevo Reglamento de Administración de Justicia, debido a la disminución notoria de personas capaces que pudiesen cubrir los cargos judiciales, ya que los sucesos políticos absorbían los mayores esfuerzos físicos y mentales de todos los correntinos, además de destinarse hasta el último centavo del Erario Público a la lucha contra los ejércitos de Juan Manuel de Rosas(7).

(7) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes” (1936), pp. 96 y 97, tomo quinto, Años 1842-1846, Corrientes. Imprenta del Estado. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

El gobernador Joaquín Madariaga (1843-1847), luego de casi cuatro años en el Gobierno, y agotados sus esfuerzos en la estrategia de la lucha contra Juan Manuel de Rosas, en colaboración con el Secretario, Gregorio Valdez, presentó en al Cuerpo Legislativo un proyecto de cambio del funcionamiento de la Judicatura local.

El segundo Reglamento específico que se referirá a la Administración de Justicia correntina se sancionó por ley el 6 de Julio de 1847. Se dividía en ocho Secciones: Magistratura Judicial, Jueces de Paz, Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Juez de Primera Instancia del Crimen, Alcalde Mayor, Cámara de Justicia y Disposiciones Generales. El nuevo Reglamento afirmaba la independencia absoluta del Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo y Poder Legislativo (Art. 1), dejando de lado todo fuero personal, eclesiástico o militar.

Respecto a la Sección referida a los Juzgados de Paz establecía que conocerían verbalmente todas las demandas que no superasen los cien pesos (Art. 3) En caso de delitos criminales, los Juzgados de Paz actuarían como sumariadores para remitir luego al Juez de primera instancia en lo Criminal a las actuaciones y al reo.

En materia Civil se les imponía obligatoriamente intentar siempre una conciliación entre las partes y, si ésta procedía, se concluía el litigio con un Acta de acuerdo (Art. 5). En caso de no mediar acuerdo, se debia proceder con las formalidades del juicio: oir a los litigantes, recavar las pruebas necesarias y dictar sentencia (Art. 6).

Estas sentencias podían ser apeladas verbalmente, o por escrito ante el Juez de primera instancia, dentro de los cinco días posteriores a la notificación respectiva. El apelante debía enriquecer la apelación dentro de los quince días posteriores a la notificación judicial, cuando la causa tenía su origen en el Departamento de asiento del Juzgado de primera instancia que actuaba como instancia de apelación; o a los treinta días si se hallaba en otro Departamento (Art. 10).

Cuando actuaban como conciliadores los Jueces de Paz no podían ser recusados. Al procederse a la recusación, debía entender en la causa el Juez del domicilio del demandante y, si éste estaba impedido, el inmediato a él (Art. 14).

Los Jueces de Paz estaban obligados mensualmente a pasar al Juzgado de primera instancia dos informes específicos: primero, el de las causas originadas en el mismo, que se hubiesen conciliado o concluído y, segundo, elevar la nómina de personas que hubiesen fallecido dejando hijos menores de edad (Arts. 16 y 17).

Los Jueces de primera instancia eran: uno en lo Civil y Comercial y, otro, en lo Criminal, todos con sede en la Capital; a estos debía agregarse un Juez de primera instancia en lo Civil y Comercial situado en Goya(8).

(8) Por ley del 30 de Diciembre de 1844, se había creado el Juzgado de primera instancia en lo Civil de Goya, cuya jurisdicción comprendía los Departamentos de San Roque, Yaguareté Corá (Concepción), Santo Tomé, La Cruz, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá, Pay Ubre (Mercedes) y Esquina. Por la misma ley se suprimieron los Juzgados ordinarios de Saladas y San Roque. “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes” (1936), tomo quinto, años 1842-1846, Corrientes. Imprenta del Estado. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R.L., Corrientes.

En caso que la naturaleza de la litis sea dudosa (Civil o Comercial), se debía recurrir a cuatro vecinos quienes, junto al Juez, debían resolver si correspondía al fuero Civil o al Mercantil (Art. 25).

A igual que en la Justicia de Paz, no se admitía la litis sin el previo juicio de concordia. Se facultaba a los jueces el detener a las personas por causas civiles, orden ésta que debía cumplir el Jefe de Policía quien podía utilizar todos los medios a su alcance, incluyendo el allanamiento de la habitación en caso de resistencia (Art. 34); también podían proceder con prisión o impartiendo multas a la parte que verbal o en forma escrita haya injuriado a la persona del magistrado.

Los Jueces de primera instancia podían conocer verbalmente en las causas de valor hasta mil pesos y, por escrito, cuando la suma era mayor (Art. 41). También sus sentencias podrían ser apeladas dentro de los cinco días por el Juez de Alzada.

El orden de prelación de leyes aplicables establecía en primer lugar a los Códigos patrios, luego los Códigos vigentes de Indias, de ambas recopilaciones, y las Partidas –en igual orden- se aplicaban en materia criminal.

En lo que respecta a la legislación mercantil la prelación era: en primer lugar las leyes patrias, para luego proseguir con las Ordenanzas de Bilbao, el Código de Comercio español de Mayo de 1829, el Código de Indias, las Recopilaciones y las Partidas.

Respecto al Juez de primera instancia en lo Criminal, cabe decir que tenía jurisdicción en todo el territorio de la provincia (Art. 67); si éste era recusado, la causa pasaba al Juez civil. Las causas criminales se iniciaban por acusación de parte o del acusador público (Art. 70).

Ningún ciudadano podía estar preso, salvo que sea encontrado in fraganti delito o por semiplena prueba, en virtud de orden escrita de juez competente que debía ser ejecutada por el Jefe de Policía (Art. 74). En todos los casos en que se dictaminaba -por la gravedad del delito- pena de muerte, presidio o destierro, la Cámara de Justicia y el Alcalde Mayor debían expedirse al respecto (Art. 80).

En el caso especial del delito de contrabando, el Juez de primera instancia en lo Criminal actuaba cuando el monto de la causa superaba los cien pesos; si no alcanzaba esa suma, se procedía sumariamente a través del Colector General (Art. 81).

Este Reglamento de Administración de Justicia creó la figura del Alcalde Mayor cuyo papel adquirirá una importancia relevante.

Entre sus principales funciones se hallaban las de presidir la Administración de Justicia de toda la provincia (Art. 87); la de conocer todos los recursos de apelación en jurisdicción Civil y Criminal (Art. 90); la de intervenir en los casos de sentencias criminales que implicase pena de muerte, presidio o destierro, donde el Alcalde Mayor debía nombrar a los miembros de la Cámara de Justicia la que, una vez conformada, debía resolver sobre la cuestión.

En el fuero Civil intervenía en las causas de disenso matrimonial, por ejemplo la tenencia de los hijos, siempre y cuando la Cámara no estuviese conformada (Art. 96). En las apelaciones en materia comercial, el Alcalde Mayor procedía con dos comerciantes, sacados a la suerte (Art. 97).

Las causas civiles y comerciales podían ser apeladas ante la Cámara de Justicia, la que se constituía para tal fin (Arts. 100 y 101). Finalmente, el Alcalde Mayor actuaba como última instancia en todas las causas civiles y de comercio apeladas ante los Jueces de Paz de la provincia (Art. 99).

La estructura del Poder Judicial se completó con la Cámara de Justicia, la que no tenía carácter permanente ya que se la conformaba eventualmente cuando se planteaban los últimos recursos (Art. 103). Esta debía conocer todos los recursos del Alcalde Mayor y en las instancias de súplica de las sentencias criminales que le hubieran consultado (Art. 107); la Camara de Justicia estaba compuesta por tres funcionarios quienes sólo podían ser recusados con justa causa debidamente probada.

En Mayo de 1847 una Comisión Legislativa presentó un proyecto de nueva Constitución, el que no llegó a convertirse en ley como consecuencia de la caída del Gobierno de Joaquín Madariaga, poco después de la batalla de Vences (27 de Noviembre de 1847).

El triunfo de las tropas rosistas sobre el ejército de Madariaga disolvió todo vestigio del Gobierno derrotado.

El nuevo orden político intentó reestructurar un nuevo estado de derecho.

El próximo intento organizativo de Administración de Justicia se hizo presente al poco tiempo. Dos años después del anterior, en 1849, la Legislatura de aquel año designó una Comisión Especial para estudiar la reforma judicial, la que estuvo conformada por Tiburcio Fonseca, Ramón de Galárraga y Pedro C. Parras. Según Manuel V. Figuerero, quien había confeccionado el nuevo Reglamento fue Pedro Celestino Parras, uno de los profesionales más competentes de la época.

Este Reglamento fue publicado en forma de folleto por la Imprenta del Estado en el mismo año de su sanción(9).

(9) Manuel Vicente Figuerero. “Bibliografía de la Imprenta del Estado en Corrientes. Desde sus orígenes en 1820 hasta su desaparición en 1865” (1919), p. 175, Buenos Aires. Imprenta y Casa Editora Coni. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R.L., Corrientes.

Luego de dos meses y medio de estudio se presentó el bosquejo redactado y se trató en la Legislatura a fines de Mayo y principios de Junio de 1849.

El escrito justificaba en sus preliminares el hecho de su aparición y daba a conocer las razones de esta nueva modificación en la reglamentación de la Administración de Justicia a tan escaso tiempo de haber sido estructurada la anterior. La exposición se fundamentaba en que los cambios introducidos en el Reglamento de Justicia de 1847 fueron dados a la luz en momentos de convulsiones y revoluciones políticas.

Los Reglamentos de Justicia de 1847 y 1849 no establecieron la fundamentación de las sentencias, ni tampoco dieron carácter letrado a la magistratura, aspectos ambos que los próximos Reglamentos llenarán estos vacíos.

El nuevo texto del año 1849, al decir del historiador Abelardo Levaggi, es más elaborado que los anteriores, alejándose por su método y contenido de los Reglamentos tradicionales para estar más acorde a los códigos modernos de la época(10).

(10) Abelardo Levaggi. “Orígenes de la Codificación Argentina: los Reglamentos de Administración de Justicia” (1995), p. 194, Buenos Aires. Universidad del Museo Social Argentino. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)”(2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Respecto a los movimientos políticos que generaron cambios en las Instituciones constitucionales y jurídicas en la provincia toda, podemos afirmar que no fueron radicalmente revolucionarios, en el sentido estricto de la palabra, porque no generaron ninguna ruptura del orden jurídico anteriormente existente. Sino, más bien, que las guerras civiles que se gestaron en la provincia de Corrientes, generaron un reacomodamiento jurídico a las nuevas circunstancias. Estas reformas no conciben una ruptura del orden jurídico, aunque exista gran violencia en el proceso.

En las revoluciones como en las reformas se produce el fenómeno que Helmut Coing llama “nuevos comienzos”, los cuales consisten en dotar de nuevos contenidos a una institución o a un conjunto de ellas, basándose, aunque sea parcialmente, en la tradición jurídica local(11).

(11) María del Refugio González (compiladora). “Historia del Derecho (Historiografía y Metodología)” (1992), pp. 34 y 35, México. Instituto Mora. U.NA.M. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Cabe aclarar que, durante las décadas que Corrientes enfrentó a Juan Manuel de Rosas, se sucedieron acontecimientos que modificaron constantemente el mapa político interno; se suplían las autoridades, cambiaban las alianzas, se modificaban las leyes.

Esa inestabilidad institucional y los violentos cambios fueron causales de la diversidad de medidas que se aplicaron en la legislación que daba marco a la Administración de Justicia local de entonces.

Por ley del 31 de Mayo de 1849, comenzó a regir un nuevo Reglamento de Justicia en la provincia de Corrientes, el que estableció que el Poder Judicial será ejercido en la provincia por Jueces Pedáneos, Jueces de Paz, Jueces de primera instancia en lo Civil, Criminal y Mercantil, Juez de Alzada y un Superior Tribunal de Justicia (Art. 5).

Los Jueces Pedáneos entenderían las demandas de hasta veinticinco pesos metálicos, en los casos de injurias verbales leves sin lesiones (Art. 9); en materia criminal, el Juez Pedáneo sólo podía apresar al sospechoso para inmediatamente derivarlo al Juez de Paz. Todo el procedimiento era oral (Art. 11).

Los Jueces de Paz conocerían las demandas civiles y comerciales que no excedieran los cien pesos metálicos, mientras que en materia penal se abocarían sólo a las raterías y hurtos simples cuya cantidad no pasase de tres pesos plata. En casos de delitos mayores debían comunicarlos al Juez del Crimen (Art. 23).

También podían determinar penas correccionales de arresto y servicio público sin prisión (Art. 21) y podían atender en apelación las sentencias de los Jueces Pedáneos (Art. 28), prohibiéndose todo alegato por escrito (Art. 141).

Los Jueces de primera instancia en lo Civil tenían asiento en la Capital y en la Villa de Goya y conocían causas cuyo monto excedieran los cien pesos metálicos; también atendían causas de Hacienda, intestados y controversias sobre tierras públicas y particulares (Art. 46). Tenían facultad para poner presos a los litigantes en casos precisos (Art. 47).

Resolvían las apelaciones de los fallos de los Jueces de Paz, las que se hacían exclusivamente en forma oral y a través de una audiencia de parte. Respecto a los juicios ordinarios que correspondía resolver el Juez Civil de primera instancia y que superaran el monto de cien pesos, debía tramitarse por escrito.

Había sólo un Juez de primera instancia en lo Criminal con asiento en la Capital que tenía competencia sobre toda clase de delitos comunes y también en contrabando que no pasase el monto de veinticinco pesos metálicos (Art. 60) Tenía a su cargo la inspección de las Cárceles Públicas observando lo concerniente a la seguridad, limpieza y asistencia de las mismas.

El presente Reglamento de Justicia separaba claramente la jurisdicción de los Tribunales de materia Civil y los Comerciales. Creó el Juzgado de primera instancia Mercantil cuya competencia serían todos los litigios originados entre comerciantes y cuyos montos sean mayor de cien pesos; los pleitos de menor cuantía a la suma citada, correspondía resolver los Jueces de Paz (Art. 68), pero la apelación a estos últimos lo resolvía un Juzgado Mercantil. Como legislación de fondo se usaron las Ordenanzas de Bilbao (Art. 69)(12).

(12) Por ley del 23 de Febrero de 1854 y del 3 de Febrero de 1855 se suspendió la vigencia de las Ordenanzas de Bilbao, aplicándose interinamente el Código de Comercio español de 1829, hasta que la Nación sancione el propio. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R.L., Corrientes.

También se conformó la figura del Juez de Alzada que debía conocer los recursos de apelación de las tres jurisdicciones: Civil, Criminal y de Comercio (Art. 81). El Superior Tribunal de Justicia debía abocarse a los últimos recursos de apelación, súplica, nulidad o injusticia notoria (Art. 92). El máximo Cuerpo estaba compuesto de tres miembros nombrados por el Poder Ejecutivo con aprobación de la Legislatura (Art. 94).

En el articulado del Reglamento en estudio se regulaba el procedimiento en los juicios de objetos particulares, juicio ejecutivo, juicio ordinario, juicio de despojo. Es conveniente mencionar el capítulo referido al Juicio de Arbitros que consistía en que las partes debían elegir uno, dos o tres árbitros para resolver la cuestión en materia civil o comercial (Art. 230).

El compromiso para el arbitraje debía hacerse ante tres testigos y escribano público (Art. 233). El fallo podía apelarse ante el Juez de Alzada si no excedía la suma de quinientos pesos (Art. 237), y si el monto era superior a esa suma la apelación correspondía a la Cámara de Apelaciones (Art. 239).

Mientras estuvo vigente este Reglamento de Justicia, la Legislatura lo fue modificando parcialmente. Tal es el caso, por ejemplo, de los artículos 195 al 201 sobre causas de intestados sin herederos legítimos (ley del 14/2/1851) o los artículos 70 y 72 sobre conjueces (ley del 30 de Julio de 1851).

Diversas Administraciones fueron modificando este Reglamento de Justicia a través de la sanción de leyes puntuales. Por ejemplo se procedió a la aplicación de penas en algunos delitos, como por ejemplo los referentes a “vagos” y “conchabados”, creándose una competencia particular de un Juez (de Vagos) que resolvía sobre la cuestión(13).

(13) Dardo Ramírez Braschi. “El Juez de Vagos. Elementos para el Estudio de la Historia de la Administración de Justicia en Corrientes” (2001), Corrientes. Primer Congreso de Historia de Corrientes. 2 y 3 de Mayo de 2001. Ed. Moglia S.R.L., Corrientes. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R.L., Corrientes.

Es interesante hacer aquí una breve retrospección temporal e indicar la legislación desde el año 1824 en adelante sobre penas y castigos por el delito de robo y compararlo con la Reglamentación de mediados del siglo XIX, observándose cómo adquiere importancia la práctica contínua de determinados delitos(14).

(14) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes” (1929), pp. 379 y 420, tomo Primero, Corrientes. Imprenta del Estado. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R.L., Corrientes.

Por ejemplo, en 1831 se había facultado al Poder Ejecutivo legislar sobre robos y asesinatos dejando a su arbitrio la pena a aplicar(15).

(15) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes” (1929), p. 17, tomo Tercero, años 183l-l837, Corrientes. Imprenta del Estado. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R.L., Corrientes.

Este sesgo en la legislación no contradice los intentos que, en varias oportunidades, surgieron para legislar específicamente y codificar todo lo referente a la materia penal, principio que luego quedará manifestado explícitamente en la ley desde el año 1857(16).

(16) Archivo General de la Provincia de Corrientes, Hemeroteca, periódico “La Opinión” del 5 de Junio de 1857. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Las modificaciones en el proceso o en la estructura judicial que estableció por ley la Legislatura, tenían efecto sólo a partir de su publicación respectiva, las que se realizaban en los periódicos autorizados para tal fin a través de una sección denominada “Publicación Oficial” donde se ponían en conocimiento de la ciudadania no sólo las leyes sino también decretos, acordadas del Superior Tribunal de Justicia, edictos judiciales, sentencias, etc.

Varias de aquellas atribuciones para reglamentar y aplicar específicamente los delitos, surgieron a raíz del estado de emergencia en que vivía la provincia, por lo que en algunas oportunidades la Legislatura otorgó facultades extraordinarias al gobernador Pedro J. Ferré y a otros titulares del Poder Ejecutivo.

En el caso particular de Ferré, esas facultades extraordinarias fueron derogadas posteriormente por ley del 2 de Enero de l834, para ser otorgadas nuevamente por ley del 23 de Noviembre de l835.

Idéntica situación se registró con la cesión de la Suma del Poder Público a Ferré por el término de un año, a través de la ley del 25 de Noviembre de l839. A pesar de aquellas atribuciones que, "son siempre un mal, aunque alguna vez sea necesario(17), éstas sirvieron para el control de los delitos en la campaña.

(17) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes” (1929), p. 13l, tomo Cuarto, años 1838-1841, Corrientes. Mensaje del gobernador Pedro Ferré al Congreso General, el 22 de Diciembre de 1840. Imprenta del Estado. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes. Las Facultades Extraordinarias y la Suma del Poder Público al titular del Poder Ejecutivo fue estudiado pormenorizadamente, así como su uso y trascendencia en el Derecho Público correntino. Ver: Dardo Ramírez Braschi, “Otorgamiento y Ejercicio de las Facultades Extraordinarias y la Suma del Poder Público en el Derecho Público Correntino. (1821-1853)”. Inédito.

Luego de entrar en vigencia la Constitución Nacional de 1853, la principal transformación jurídica en la provincia emergió del Gobierno de Juan Gregorio Pujol (1853-1859) con la nueva Constitución de 1856, que suplantó definitivamente los postulados del año 1824.

Si bien en el ínterin de más de tres décadas existieron disposiciones procesales y legislación referente a la organización judicial, recién en la Constitución de 1856 se dieron algunos aspectos novedosos.

Al decir de Hernán Gómez, con esta nueva Constitución no se modificó, en líneas generales, la organización judiciaria de la ley de 1849, “pero dio pie a una serie de interesantes innovaciones conforme a los ideales de rapidez, baratura y honestidad de la Justicia y de respeto de los derechos individuales que el articulado de la Constitución consignaba perentoriamente(18).

(18) Hernán Félix Gómez. “Instituciones de la Provincia de Corrientes” (1999), p. 210, segunda edición, Corrientes. Amerindia Ediciones. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

También durante la Administración de Juan Gregorio Pujol se aprobó la ley del Régimen Municipal con la característica que otorgaba a los Municipios jurisdicción de Justicia, estableciéndose que era atribución municipal la Justicia Ordinaria en primera instancia, facultando a las autoridades locales al nombramiento de los Jueces de paz de Capital y Goya (Art. 30).

Las Juntas Municipales creadas debían conocer y resolver en las causas civiles y mercantiles siempre que su valor no excediese los cien pesos metálicos (Art. 34). El Ayuntamiento quedaba sujeto a la Cámara de Justicia en lo que correspondía a la Administración de Justicia (Art. 35)(19).

(19) Archivo General de la Provincia de Corrientes. Hemeroteca, periódico “El Comercio” del 3 de Mayo de 1855. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Esta ley -al decir del historiador Hernán Gómez- otorgaba a los Municipios una enorme suma de atribuciones que complicó muchas veces el cumplimiento local de la misma(20) Tiempo después fue modificada.

(20) Hernán Félix Gómez. “Instituciones de la Provincia de Corrientes” (1999), p. 233, segunda edición, Corrientes. Amerindia Ediciones. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Cabe observar que durante la Administración Pujol se creó una Biblioteca Jurídica para consulta de los miembros del Poder Judicial, siendo de notoria utilidad debido a que casi en su totalidad los magistrados eran legos y necesitaban de la consulta permanente de leyes, códigos y bibliografía doctrinaria(21).

(21) Federico Palma. “Bibliotecas y Librerías Correntinas” (1958), p. 24, Corrientes. Asociación de Maestros de Corrientes. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

El gobernador elevó a la Legislatura un proyecto de ley para que sea abolida para siempre en todo el territorio de la provincia la pena de azote, tanto en los delitos civiles y militares, como así también se aplicaba esta pena como vía de corrección en las escuelas públicas y privadas a los niños que acudían a las mismas.

También eran pasibles de azote los empleados domésticos, de ambos sexos, en casas particulares(22).

(22) Archivo General de la Provincia de Corrientes, Correspondencia Oficial, tomo 143, foja 11. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)”(2008). Ed.Moglia S. R. L., Corrientes.

Según la prensa de la época, ya se tornaba indispensable dictar un Código Penal con el fin de unificar criterios en las sentencias con una escala de penas, teniendo en cuenta, además, la imposibilidad de aplicar algunas sanciones debido a la realidad local distinta a la europea(23).

(23) Archivo General de la Provincia de Corrientes, Hemeroteca, periódico “La Opinión” del 5 de Junio de 1857. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed.Moglia S. R. L., Corrientes.

En materia Comercial, para agilizar las causas, se creó, por decreto del 6 de Abril de 1856, un Juzgado de Comercio en Restauración (hoy Pasos de los Libres) quedando comprendidos en su jurisdicción los pueblos situados sobre la costa del río Uruguay y los Departamentos de Curuzú Cuatiá y Mercedes.

Por ley del 18 de Agosto de 1857 se suprimieron los Juzgados de Comercio de primera instancia y se creó el Tribunal de Comercio compuesto por un prior y dos cónsules; todos debían ser comerciantes.

Las cuestiones mercantiles, hasta la cantidad de quinientos pesos moneda metálica, concluían definitivamente y sin apelación en el Tribunal consular de primera instancia, previo juicio de concordia ante el Juez avenidor; los que excedían la citada suma, hasta un mil inclusive, lo trataba el Juez de Alzada y, sólo pasando esta última instancia, se interponía recurso ante la Cámara de Justicia.

Debido a que aún el Código de Comercio nacional no se había aprobado y, mientras ínterin no se lo promulgaba, se adoptó para los Tribunales de Comercio de la provincia el Código español de 1829(24).

(24) Registro Oficial de la Provincia de Corrientes, p. 9, año 1855, Buenos Aires. Imprenta Especial para Obras de Pablo E. Coni, año 1874. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed.Moglia S. R. L., Corrientes.

Como medida organizativa, el Poder Ejecutivo propuso un Registro de todos los abogados y personas prácticas en Derecho del foro local para habilitarlos con el uso de sus firmas en los escritos ante los estrados judiciales. También se estableció que todas las Oficinas de los Tribunales de la Capital, las Escribanías y el Archivo funcionasen en el edificio del Cabildo(25).

(25) Memoria del Poder Ejecutivo a la Honorable Cámara Legislativa correspondiente al año 1858. Corrientes. Tipografía de “La Opinión”, año 1859. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed.Moglia S. R. L., Corrientes.

Los Tribunales trataban los asuntos contenciosos todos los días hábiles de 9 a 14, desde el 1 de Abril hasta el 1 de Octubre y, desde las 7 hasta las 12, desde el 2 de Octubre al 31 de Marzo inclusive(26).

(26) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes” (1936), pp. 270 y 271, tomo Octavo, Acordada del Superior Tribunal de Justicia del 11 de Septiembre de 1858, Corrientes. Imprenta del Estado. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed.Moglia S. R. L., Corrientes.

Para subsanar el tema de las vacantes en los Juzgados, fue necesario elegir anualmente una lista de “insaculables”, es decir, ciudadanos que cuando los Jueces electos en los cargos judiciales se ausentasen o renunciasen -sean inhibidos o recusados- lo cubriesen aquéllos incluidos en la citada lista; por tal razón al iniciarse el período anual, la Legislatura nombraba una nómina de ciudadanos que podian ser elegidos por el Poder Ejecutivo en caso de producirse la vacante.

Esta práctica. que procedía de años atrás, seleccionaba generalmente veinte o treinta ciudadanos para la jurisdicción de Capital y diez para la jurisdicción de Goya.

En ocasiones no siempre se cumplía con lo ordenado por el procedimiento penal, sobre todo por los Jueces de Paz de los Departamentos. Para poder garantizar el debido proceso y los derechos de la persona sospechada del delito, las altas autoridades judiciales, en 1858, exigieron específicamente a todos los Jueces de Paz de la provincia el exhaustivo y fiel cumplimiento de los artículos 24, 25 y 26 del Reglamento de Administración de Justicia, que se referían a la intervención de aquéllos en realizar el Sumario correspondiente para luego elevar inmediatamente las actuaciones y derivar al reo al Juez del Crimen de primera instancia de la respectiva jurisdicción(27).

(27) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes” (1936), pp. 272 y 273, tomo Octavo, Acordada del Superior Tribunal de Justicia del 16 de Septiembre de 1858, Corrientes. Imprenta del Estado. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed.Moglia S. R. L., Corrientes.

En aquellos días, uno de los inconvenientes más graves consistía en la falta de hombres formados en el Derecho. En tal sentido el gobernador Pujol había informado a la Legislatura:

...porque servida como hasta aquí (la Justicia), por hombres de muy buenas intenciones, es verdad, pero sin práctica alguna y sin ningún conocimiento del Derecho, quedan sujetos los asuntos a interminables demoras, a la inversión de las tramitaciones y, en fin, a los embarazos que origina la falta de jueces que tengan conocimientos profesionales(28).

(28) Archivo General de la Provincia de Corrientes, Hemeroteca, Memoria del Poder Ejecutivo a la Honorable Legislatura, periódico “La Opinión” del 3 de Febrero de 1858. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed.Moglia S. R. L., Corrientes.

Meses después, en otro Informe a la Legislatura, el mismo Pujol describía la situación y el aspecto de la Justicia de entonces:

Sigue hasta hoy lamentablemente la falta de letrados con qué dotar las Magistraturas judiciales para que ellas sean desempeñadas con toda la inteligencia y conocimiento del Derecho que la buena Administración de Justicia exige. Esto causa en verdad perjuicios al público, pero perjuicios que por hoy son imposibles evitar del todo.
Me he anhelado constantemente por colocar al frente de los Tribunales a aquellos ciudadanos más probos e ilustrados, y de este modo se ha obtenido hacer menos sensible ese mal.
No obstante no ha sido posible evitar quejas, que si bien pueden algunas veces ser efecto del despacho o la mala fe de los litigantes, pueden también otras ser fundadas en razón y justicia(29).

(29) Archivo General de la Provincia de Corrientes, Hemeroteca, Memoria del Poder Ejecutivo a la Honorable Legislatura, periódico “La Opinión” del 3 de Febrero de 1858. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed.Moglia S. R. L., Corrientes.

El problema de la escasez de profesionales del Derecho subsistirá hasta la década de 1870 cuando varios correntinos terminarían sus carreras universitarias en Buenos Aires o Córdoba(30).

(30) Mensaje del Poder Ejecutivo a la Honorable Cámara Legislativa de la Provincia, p. 5, Corrientes. Imprenta de “El Argos”, año 1874. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed.Moglia S. R. L., Corrientes.

Es el gobernador José María Rolón quien se queja de otra grave causa de dilatación en la aplicación de sentencias. La Ciudad de Corrientes concentraba pocos habitantes y con el correr de los siglos se fueron tejiendo interrelaciones clánicas entre las distintas familias que conformaban su núcleo social, generando que entre pocos habitantes existan muchas afinidades, parentescos y amistades, fundándose reiteradas inhibiciones por quienes tenían que juzgar(31).

(31) Archivo General de la Provincia de Corrientes, Hemeroteca, Mensaje del gobernador a la Honorable Cámara Legislativa de la Provincia, periódico “La Unión Argentina” del 1 de Diciembre de 1860. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)”(2008). Ed.Moglia S. R. L., Corrientes.

Entre las escasas modificaciones en materia judicial que introdujo el Gobierno de Rolón podemos citar la ley del 5 de Enero de 1861, que suprimirá el Juzgado de Alzada, estableciendo que las apelaciones se harían directamente ante la Cámara de Justicia(32).

(32) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes” (1861), pp. 3 y 4, Corrientes. Imprenta de A. Sánchez Negrete, año 1886. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed.Moglia S. R. L., Corrientes.

Con posterioridad a la batalla de Pavón (1861), las estrategias políticas y las estructuras estaduales provinciales se manejaron con un nuevo marco histórico: la definitiva homogeneización y digitalización de la política argentina desde la Ciudad de Buenos Aires. Corrientes, perdida en una amnesia política y olvidando sus luchas pasadas, acuerda con los intereses del puerto y sus decisiones son consecuentes con aquél.

El Gobierno porteño y un sector local correntino derrocan al Gobierno constitucional de José María Rolón, sucediéndose luego una serie de cambios institucionales(33).

(33) Debido a los enfrentamientos internos del país, recién en 1863 se conforma la primera Corte de Justicia de la Nación, integrada por Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, Francisco Delgado y José Barros Pazos y, como Procurador General de la Nación, se nombró a Francisco Pico. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed.Moglia S. R. L., Corrientes.

En 1862, con una Administración gubernamental afín con la nacional, se aprobó un nuevo Reglamento de Justicia. Este mantuvo las líneas estructurales del anterior, pero no fue tan extenso como el dictado en 1849.

Inicialmente, estableció el orden de aplicación de las leyes, incluyendo leyes españolas como las Reales Cédulas de la Corona española que habían sido comunicadas a la Audiencia antes de 1808, y las Ordenanzas de Bilbao, que habían incorporado la legislación indiana como la Recopilación de Indias, la Nueva Recopilación y la Novísima Recopilación (Art. 1)(34).

(34) La Ley Nacional 48 del año 1863 de organización y competencia de la Justicia Federal, estableció el siguiente orden de prelación: 1ro..- la Constitución Nacional; 2do..- las leyes que haya sancionado o sancione el Congreso; 3ro..- los tratados con naciones extranjeras; 4to..- las leyes particulares de las provincia; 5to..- Las leyes generales que hayan regido anteriormente a la Nación; y 6to..- los principios del Derecho de Gentes. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed.Moglia S. R. L., Corrientes.

Cuando la legislación nacional omitía o callaba, autorizaba a aplicar el Derecho Romano y Códigos extranjeros, pero como razón escrita (Art. 3).

La provincia será dividida en Secciones Judiciales, presididas por un Juez de primera instancia. Cada Departamento estará a cargo de un Juez de Paz y, a la vez, cada uno de los Departamentos fue dividido en distritos que quedarían bajo la supervisión de Jueces Pedáneos (Art. 5).

Respecto a las apelaciones, dejó de existir el Juez de Alzada, por lo tanto todos los planteos de última instancia serían resueltos, de ahora en más, por la Cámara de Apelaciones o el Superior Tribunal de Justicia, el que quedó conformado por tres Magistrados (Art. 45).

El nuevo Reglamento de Justicia suprimió el Tribunal de Comercio y limitó el proceso Civil a dos instancias y el Criminal a tres. Este Reglamento rigió varios años, con algunas modificatorias.

El gobernador José Pampín, en su Mensaje a la Legislatura a fines de 1862, describe la siguiente situación de la Judicatura local y las repercusiones de la aplicación del nuevo Reglamento de Justicia:

La nueva ley reglamentaria de procedimientos judiciales sancionada en el presente año está ya en ejecución con general aceptación de los magistrados, del público y de los causídicos que han visto en ella el término de muchos y perjudicialísimos abusos que afectaban sobremanera de crédito y dignidad del foro de Corrientes...(35).

(35) Archivo General de la Provincia de Corrientes, Hemeroteca, periódico “La Libertad” del 21 de Diciembre de 1862. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed.Moglia S. R. L., Corrientes.

Debido a la escasez de letrados disponibles para ocupar los estrados judiciales en la campaña, y la lógica improvisación de los Jueces de Paz y Pedáneos que se derivaba de esa situación, por iniciativa del doctor Gonzalo Figueroa, abogado del foro correntino, se elaboró una serie de formularios que servirán de norma en el procedimiento judicial provincial, sobre todo en las diligencias que debían realizar los jueces de campaña ante los magistrados superiores.

El conjunto de modelos judiciales fue aprobado por el Superior Tribunal de Justicia y publicado en 1863. El escrito pudo llegar así a cada funcionario judicial(36).

(36) Formulario para los procedimientos judiciales de los Jueces Pedáneos y Jueces de Paz, arreglado a lo dispuesto por el Reglamento de Administración de Justicia vigente. Imprenta “El Progreso”, Corrientes, Año 1863. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed.Moglia S. R. L., Corrientes.

Para la época se constituyó en una importante herramienta para el funcionario judicial, agilizadora del normal proceder de los Jueces de campaña. La publicación estaba dividida de la siguiente manera: en una primera parte se refería al modo de proceder en los juicios verbales, tanto los Jueces Pedáneos como los Jueces de Paz.

Respecto a los primeros, establecía que se debían abocar a las demandas que no superasen los veinticinco pesos metálicos y debían resolver las demandas sobre injurias leves; las penas de multa a aplicar no debían exceder de veinticinco pesos y los arrestos no debían superar los diez días.

Respecto a la competencia de los Jueces de Paz, ésta alcanzaba hasta demandas por monto de doscientos pesos, en caso de injurias leves, o que no se registrasen personas heridas o con contusiones de gravedad.

Las multas que impusiese el Juez de Paz no debían exceder los cincuenta pesos metálicos, ni condenar a penas mayores a veinte días de arresto; también intervenían en las causas de “inquilinato” o arrendamiento rural, salvo que el monto de la deuda no superase los doscientos pesos.

Todo el procedimiento se sustanciaba verbalmente: cuando se entablaba la demanda, citaba el Juez a las partes conjuntamente con los testigos, escuchaba al demandante y al demandado, proponía medios de conciliación y, si no lo lograba, pronunciaba su fallo.

La Sección Segunda de la publicación se refería a los modos de formalizar los sumarios en causas criminales. Los Jueces de Paz y Pedáneos sólo debían intervenir en materia criminal en la captura del delincuente, debiendo realizar declaración indagatoria sobre el hecho, reconocer el cadáver (si lo hubiese), describir el mismo, dar fe de las heridas producidas, recavar información testimonial y remitir las actuaciones y la persona del reo al Juez de primera instancia en lo Criminal. De ahí en más el procedimiento quedaba en manos de este último.

La Sección Tercera se refería puntualmente al modo de llenar las requisitorias, exhortos y demás diligencias judiciales. Además definía algunas terminologías judiciales como “acordadas” y “requisitorias”. La Cuarta y última Sección hacía mención a los modelos de documentos que más comúnmente se otorgaban en los Juzgados de Paz y Pedáneos.

El doctor Lisandro Segovia, para una mejor comprensión e interpretación del Reglamento de Administración de Justicia del año 1862, elaboró comentarios y notas al mismo, publicándolas en Buenos Aires en 1866(37).

(37) Alberto A. Rivera. “Contribución bibliográfica para el estudio del Derecho en Corrientes” (1991), p. 474, “Revista del Derecho”, Nro. 19, Buenos Aires. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed.Moglia S. R. L., Corrientes.

Cabe aclarar que Segovia no sólo ocupó distintos cargos en la Magistratura correntina durante varios años, sino que también, reiteradamente, el Gobierno le encomendaba realizar proyectos de leyes sobre la Administración de Justicia local como el caso del “Proyecto de Organización y Competencia de los Tribunales” y el “Proyecto de Enjuiciamiento Civil”, ambos publicados en Buenos Aires en 1875(38).

(38) Lisandro Vicente Segovia nació en Empedrado el 11 de Diciembre de 1842, graduándose de Abogado en la Universidad de Córdoba el 20 de Agosto de 1864. A su regreso a Corrientes fue redactor del periódico “La Esperanza”. Fue nombrado Juez de primera instancia en lo Civil y Comercial el 5 de Julio de 1869 pero, al poco tiempo, renuncia, ya que es elegido diputado a la Legislatura Provincial. Fue ministro de Gobierno en 1869 en la Administración de Santiago Baibiene. Posteriormente alternó su vida profesional trabajando en su estudio jurídico u ocupando distintos cargos en la magistratura local. Fue designado para redactar un proyecto de ley de Organización de los Tribunales y de Procedimiento en lo Civil y Comercial. Su papel participativo en la Judicatura de la provincia fue relevante. En 1877 actuó como miembro del Superior Tribunal de Justicia. Además de sus “Comentarios al Código Civil” y otras obras jurídicas, el Poder Ejecutivo provincial le encargó -junto a Contreras y Valenzuela- reunir los documentos que probaran los derechos de la provincia de Corrientes sobre el Territorio de Misiones. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed.Moglia S. R. L., Corrientes.

Recién en 1863 se deja de lado una antigua práctica como lo era la señal de tambor a las almonedas y subastas públicas que se realizaban por mandato judicial, las que se deberán hacer de ahora en más por publicaciones oficiales, edictos o difusión de afiches(39).

(39) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes” (1875), p. 79, año 1863, Corrientes. Imprenta “La Fusión”. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

En 1864 se reforma la Constitución Provincial y en materia judicial se establece la misma organización ya citada por el Reglamento de 1862, salvo la derogación del Tribunal del Consulado el que se sustituye por Juzgados de primera instancia en lo Mercantil.

Se incorporó también la facultad de toda persona para arrestar al delincuente sorprendido en la ejecución de un delito y conducirlo a la autoridad (Art. 15), y se autorizaba el ejercicio de la propia defensa en juicio por cualquier individuo mayor de edad o emancipado (Art 19).

Como en otros años, uno de los principales inconvenientes para el funcionamiento de la Justicia fue la falta de hombres formados en el Derecho para cubrir la totalidad de los cargos de Magistrados.

En 1864 el gobernador Manuel Ignacio Lagraña afirmaba al respecto:

Subsiste la necesidad de proveer con jueces letrados los Tribunales de la Provincia. No obstante, los ciudadanos al frente de ellos han acreditado que, con una decidida contracción, se llega de superar muchas dificultades de su ardua misión(40).

(40) Mensaje del Gobierno de la provincia a la Legislatura al abrirse el período de Sesiones Ordinarias de 1864, Corrientes. Tipografía de “El Progreso”, año 1863. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

En 1865, el Superior Tribunal de Justicia aprobó un Reglamento interno debido a la necesidad de un mejor funcionamiento, el que se puso en vigencia provisoriamente por disposición del gobernador Lagraña.

Trataba temas como días de reunión del Tribunal, elección del presidente del Cuerpo, estilos de audiencia, turnos de los Jueces “semaneros”, accionar del Fiscal, del Relator, del Escribano y de los Procuradores que estaban habilitados(41).

(41) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes” (1877), pp. 45-51, Año 1865, Corrientes. Imprenta de “La Verdad”. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Pero doce años más tarde nuevamente se confeccionará otro Reglamento interno para el funcionamiento del Superior Tribunal de Justicia, siendo aprobado esta vez por ley de la Legislatura Provincial(42).

(42) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes” (1883), pp. 26-33, segundo semestre del año 1877, Corrientes. Imp. y Lit. de Antonio Sánchez Negrete. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Debido a la inestabilidad política y la violencia institucional, la Justicia se debilitó en su accionar y en su autonomía. Así, en Abril de 1867, el Poder Ejecutivo intimó -a través de un decreto- a los miembros del Poder Judicial para que no se hallasen más de 24 horas fuera de las ciudades respectivas donde debían ejercer sus Magistraturas, so pena de ser exonerados de sus cargos(43).

(43) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes” (1885), pp. 76 y 77, año 1867, primer semestre, Corrientes. Imp. y Tip. de Antonio Sánchez Negrete. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

El Juez avenidor cumplió funciones por varias décadas dentro del procedimiento en materia mercantil, ya que eran encargados de la etapa prejudicial de conciliación entre las partes en conflicto, mediando para salvar la cuestión.

Su procedimiento era verbal y en varias oportunidades evitaba el proceso judicial propiamente dicho. Pero, en 1869, se establece que la tarea de avenencia lo harían los mismos Jueces ordinarios de primera instancia en lo Comercial.

El Juez avenidor de Comercio desaparece así con la ley del 1 de Octubre de 1869(44).

(44) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes”, p. 113, año 1869, segundo semestre. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Se intentó también a fines de 1869 modificar la Ley Procedimental de los Tribunales de la provincia, designándose una comisión que trabajaría en la cuestión y elaboraría un proyecto de código La misma estuvo compuesta por Juan E. Torrent y Juan Lagraña(45).

(45) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes”, p. 120, año 1869, segundo semestre. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

La década de 1870 en la provincia de Corrientes estuvo marcada por constantes turbulencias políticas, inestabilidades institucionales y revoluciones. Se produjeron relevantes batallas de notable repercusión local y nacional: Ñaembe (1871), Tabaco (1872), Ifrán (1878), las que decidieron el curso de los sucesos políticos.

Esta década, de notable hegemonía liberal, generó dentro del marco de la organización judicial algunos aspectos que sirvieron medianamente para consolidar el precario estado de derecho, que muchas veces dependía de revoluciones o de luchas ideológicas y doctrinarias. En este marco continuó evolucionando la Judicatura local y la legislación de forma.

La economía correntina, sustentada básicamente en la producción agropecuaria, necesitaba una legislación organizada sistemáticamente para garantizar seguridad jurídica en este amplio e importante sector; por tal razón el 7 de Enero de l87l se sancionó el Código Rural de la Provincia de Corrientes(46).

(46) El movimiento codificador argentino había comenzado en los primeros años de la organización constitucional pero su concreción se fue dilatando varios años. En 1854, el Congreso de Paraná facultó al Ejecutivo a conformar una “Comisión Codificadora” encargada de redactar los Códigos de fondo nacionales, pero la iniciativa no tuvo continuidad. El Estado de Buenos Aires aprueba -en 1857- su primer Código de Comercio basado en el proyecto de Eduardo Acevedo y, en 1862, el Congreso Nacional lo adopta para todo el país. Al año siguiente, el Poder Ejecutivo encomienda a Carlos Tejedor un proyecto de Código Penal y a Dalmacio Vélez Sársfield otro en materia Civil. Respecto al Código Civil será aprobado el proyecto de Vélez Sársfield durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Pero será otro proyecto de Código Penal el que se aprobará en 1887 durante la presidencia de Miguel Juárez Celman. Los distintos Códigos de forma argentinos y de los demás países de América del Sur no fueron una simple copia de los Códigos europeos; tuvieron parte de creación americana pero fueron influenciados por las doctrinas jurídicas dominantes a nivel mundial. El gran predominio creativo del brasileño Augusto Teixeira de Freitas sobre metodología de los Códigos alcanzó niveles revolucionarios en la materia. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

El proyecto original perteneció a Agustín P. Justo (padre), quien se basó en el Código respectivo de la Provincia de Buenos Aires, al que fue adaptado a las circunstancias y condiciones correntinas, introduciendo algunas modificaciones(47).

(47) Carlos Mario Storni. “Las disposiciones de los Códigos Rurales en materia laboral y sus raíces históricas” (1973), p. 202, Buenos Aires. En Revista de Historia del Derecho, Nro. 1 - Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

El Código Rural correntino constaba de 264 artículos. Los aspectos procedimentales judiciales estaban focalizados en la cuestión referida a los delitos de abigeato, hurto de caballos y las penas generales que la Judicatura podía aplicar en la materia.

Respecto al abigeato, cuando la causa no excedía de doscientos pesos fuertes, entendía en primera instancia el Juez de Paz del Departamento, quien podía detener al sospechoso y devolver los animales robados a su dueño (Art. 160).

Si la causa era apelada, el Juez de Paz remitía las actuaciones y al reo al Juez de primera instancia, pero retenía los animales hasta la sentencia definitiva (Art. 16l). Se recomendaba en lo posible reducir sólo a días el proceso por abigeato (Art. 162). Si los animales incautados no eran reclamados por dueño alguno o pertenecian a marcas desconocidas, se disponía su empleo para uso público o se los vendía.

Las penas aplicadas generalmente eran las de multa en favor del Departamento, de trabajos públicos en el mismo, indemnización por daño civil en caso que el animal haya sido carneado y, en algunas oportunidades, la detención y prisión del o los sospechosos(48).

(48) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes” (1874), pp. 11 a 53, año 187l, Buenos Aires. Imprenta Especial para Obras de Pablo E. Coni. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

El Código Rural comprendía las siguientes materias y cuestiones relacionadas al quehacer del campo:

Título Primero - Ganadería

Sección 1ra..- Disposiciones Generales
Sección 2da..- Marcas, Contramarcas y Señales
Sección 3ra..- Apartes y Apartadores
Sección 4ta..- Yeguadas
Sección 5ta..- Tránsito de Animales
Sección 6ta..- Acopiadores de Frutos
Sección 7ma..- Hierras
Sección 8va..- Pastoreos
Sección 9na..- Señales de Ovejas
Sección 10ma..- Mezclas
Sección 11ma..- Guías
Sección 12da..- Aguadas
Sección 13ra..- Acarreadores
Sección 14ta..- Abastecedores
Sección 15ta..- Del Comercio de Corrales
Sección 16ta..- Tabaladas
Sección 17ma..- Saladeros y graserías

Título Segundo - Labranza

Sección 1ra..- Disposiciones Generales
Sección 2da..- Encierro, Pastoreo y Ronda
Sección 3ra..- Servidumbre
Sección 4ta..- Caminos en las Chacras
Sección 5ta..- Animales Invasores
Sección 6ta..- Cercas
Sección 7ma..- Embargos
Sección 8va..- Cerdos
Sección 9na..- Aves Domésticas

Título Tercero
Disposiciones Comunes a Ganadería y Labranza

Sección 1ra..- Aplicaciones Eventuales
Sección 2da..- Abigeato
Sección 3ra..- Patrones y Peones
Sección 4ta..- Caminos Generales y Vecinales
Sección 5ta..- Cazas
Sección 6ta..- Montes y Productos Espontáneos del Suelo
Sección 7ma..- Quemazones de Campos
Sección 8va..- Epizootias o Enfermedades Contagiosas

Título Cuarto - Policía Rural

Sección 1ra..- Sus Objetos
Sección 2da..- Armas Blancas y de Fuego
Sección 3ra..- Vagancia
Sección 4ta..- Juegos de Azar - Bebidas
Sección 5ta..- Buhoneros
Sección 6ta..- Otras Altas y Delitos Rurales
Sección 7ma..- Penas

Título Quinto

Sección 1ra..- Funciones Especiales de las Autoridades Locales
Sección 2da..- Declaraciones Finales

En materia rural sólo antecedieron al correntino dos Códigos provinciales: el de la provincia de Buenos Aires en 1866 y el de la provincia de Santa Fe en 1868.

Las modificaciones en el ámbito de la Justicia Provincial no sólo se desarrollaban en materia legislativa, sino que también se establecieron distintos Juzgados en diversos puntos del territorio.

Ampliando la estructura judicial en aquel año, se crea en Paso de los Libres un Tribunal de primera instancia en lo Civil, Comercial y Criminal, teniendo jurisdicción en los Departamentos de Santo Tomé, La Cruz, Paso de los Libres, Monte Caseros, Curuzú Cuatiá y Mercedes, los que estaban conformados por un Juez, un Procurador Fiscal, un Defensor de Pobres y Menores, un Escribano y un Escribiente(49).

(49) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes” (1874), p. 266, año 187l, Buenos Aires. Imprenta Especial para Obras de Pablo E. Coni. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

En 1877, por ley de la Legislatura, se creó un Juzgado de Comercio y del Crimen en Goya, comprendiendo la jurisdicción del nuevo Juzgado a Paso de los Libres; se suprimió el Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial en la segunda nominación de la Capital, quedando el de primera como Juzgado puramente en lo Civil. A la vez se creó en la Capital un Juzgado con competencia sólo en lo Comercial(50).

(50) Archivo General de la Provincia de Corrientes, Boletín Oficial Nro. 184, 21 de Septiembre de 1877, Corrientes. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

El Superior Tribunal, máximo órgano de la Justicia Provincial, estaba facultado por ley a tomar los exámenes correspondientes a los que pretendían ejercer la abogacía en la provincia. El interesado debía inscribirse con sus antecedentes académicos y de práctica. El examen duraba una hora como mínimo y al aspirante se lo interrogaba sobre las leyes procesales de la Provincia o la Nación. Los que aprobaban, obtenían el diploma de Abogado matriculado(51).

(51) Registro Oficial de la Provincia de Corrientes, pp. 205 y 206, año 1876, Corrientes. Imprenta y Tip. de “El Autonomista”. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Seis años antes la Legislatura Provincial había aprobado una ley en la que establecía los requisitos de quiénes podían ser abogados y tener la matrícula correspondiente, previo examen ante el Superior Tribunal, a saber:

1.- Los doctores y licenciados en Derecho que antes de la promulgación de la ley hubiesen practicado la abogacía en la Provincia durante dos años o un cargo en la Magistratura provincial; y
2.- Los reconocidos como abogados y que presenten diploma expedido por autoridad competente de alguna provincia argentina.

Se establecía además que los escritos podían ser presentados en los estrados judiciales por sí o por apoderados sin necesidad de firma de letrado(52).

(52) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes” (1870), pp. 58 y 59, primer semestre, año 1870. Imprenta “La Esperanza”. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Algunos años después una nueva ley que dictaba normas sobre la actividad de los abogados en Corrientes, daba la posibilidad de rendir el examen correspondiente ante el Superior Tribunal de Justicia a aquéllos que presentaban diplomas expedidos en otros países(53).

(53) Boletín Oficial, Nro. 197, Fs. 798, ley del 18 de Octubre de 1876, Corrientes. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Los hombres de Derecho y juristas que tuvieron en sus manos los distintos proyectos y reformas de la Judicatura correntina, generalmente eran políticos y funcionarios. Respecto a las ideas jurídicas de estos, estaban enmarcadas a las que se profesaban en la República Argentina.

No eran ideas originales, ya que procedían de Europa. La divulgación doctrinaria se generaba a través de libros, en su mayoría de autores franceses y españoles. Localmente, en este período, sobresalió la figura de Lisandro Segovia que se constituyó en el jurista correntino de mayor relevancia de la época, por sus estudios doctrinarios y su participación en la Judicatura correntina.

No debemos dejar de mencionar que, con la generación de 1880, se fortaleció la filosofía positivista, la que tuvo directa influencia en la ciencia jurídica, en particular en la aplicación del Derecho Penal.

A partir de la aplicación del último Reglamento de Administración de Justicia en la Provincia de Corrientes (1862), deberán transcurrir dos décadas para que el procedimiento judicial local tuviese otra considerable reforma. En materia Civil se aprobará un nuevo Reglamento en 1882 y, en materia Penal, en 1883.

Los sectores políticos creyeron conveniente y necesario efectuar reformas en las estructuras y en el procedimiento judicial de la provincia. Muestra de ello es el surgimiento del tema en los espacios de discusión y en los periódicos correntinos “La Verdad” y “El Autonomista” cuyas páginas reflejaron la actualizacion de las nuevas ideas y de la situación.

Puntualmente, “El Autonomista” sostenía que era necesario considerar el proyecto de Código de Procedimiento Civil elaborado por el doctor Lisandro Segovia y fustigaba que se considere a nivel gubernamental al respectivo Código de la Provincia de Buenos Aires como modelo, ya que consideraba no era adaptable al procedimiento en segunda instancia en vigencia en Corrientes, donde funcionaba sólo una Cámara de Justicia para las tres jurisdicciones: Civil, Comercial y Criminal(54).

(54) Archivo General de la Provincia de Corrientes, Hemeroteca, periódico “El Autonomista” del 22 de Julio de 1882. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Las páginas del citado periódico sostenían que el proyecto del jurista correntino contaba con la ventaja de las anotaciones de las fuentes, y consideraba

... que el proyecto del doctor Segovia, abogado antiguo de Corrientes, cuya contracción a las leyes sustantivas del país son bien, sea más adecuado para Corrientes, que no leyes hechas para otras provincias: tenemos el prurito de buscar en otra parte lo mismo que tenemos en casa(55).

(55) Archivo General de la Provincia de Corrientes, Hemeroteca, periódico “El Autonomista” del 22 de Julio de 1882. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Finalmente, en el transcurso del año 1882, se gestaron iniciativas oficiales para actualizar la legislación de forma, encomendándose a Segovia elabore un proyecto final de Código de Procedimiento Civil el que, una vez concluído, dio lugar a que la Cámara de Representantes autorizara al Poder Ejecutivo nombre una Comisión de tres letrados del foro local para que evaluase el citado proyecto(56).

(56) Registro Oficial de la Provincia de Corrientes, Ley del 31 de Octubre de 1882. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

El Gobierno conformó la Comisión con el presidente de la Cámara de Justicia, doctor José Benjamín Romero, y los vocales de la misma con los doctores Juan B. Aguirre Silva y Heliodoro González(57).

(57) Registro Oficial de la Provincia de Corrientes, Decreto del 31 de Octubre de 1882. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Esta Comisión estudió el proyecto de Segovia pero alegó el escaso tiempo con el que contaba. Pese a ello y dada la necesidad inmediata de poseer con un proyecto para que lo evaluase el Poder Ejecutivo, resolvió tomar como base de su trabajo el Código de Procedimientos en lo Civil de la provincia de Buenos Aires de 1880, realizándole algunas supresiones, adiciones y reformas diversas(58).

(58) Correspondencia de la Comisión de Abogados para la Reforma del Código de Procedimientos al ministro de Gobierno Manuel Derqui, del día 29 de Noviembre de 1882. Publicada en el introito de la primera edición de 1882 del Código de Procedimientos en materia Civil y Comercial de la provincia de Corrientes, pp. 2 y 3, Corrientes. Editor: Mauricio C. Garay - Imp. y Tip de “El Autonomista”, año 1882. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Así, por ley del 7 de Diciembre de 1882 empezó a regir en toda la provincia el nuevo Código de Procedimiento Civil, de acuerdo al proyecto propuesto por la Comisión designada ad hoc por el Poder Ejecutivo.

El Código estuvo estructurado de la siguiente manera:

 

Título I: Disposiciones Generales
Título II: Del Juicio Ordinario
Título III: De los Recursos
Título IV: Del Procedimiento Ordinario en Segunda Instancia
Título V: De los del Recurso de Queja por Denegación o Retardo de Justicia
Título VI: Del Procedimiento de la Instancia de Súplica
Título VII: De las Recusaciones
Título VIII: De los Incidentes
Título IX: De las Cuestiones de Competencia
Título X: Del Juicio de Jactancia
Título XI: Del Juicio Ordinario en Rebeldía
Título XII: De los Embargos Preventivos
Título XIII: De los Juicios de los Jueces de Paz y Pedáneos
Título XIV: De las Ejecuciones
Título XV: De la Ejecución de las Sentencias
Título XVI: De la Ejecución de las Sentencias Dictadas en Países Extranjeros
Título XVII: De los Interdictos
Título XVIII: Del Juicio de Desalojo
Título XIX: Declaratoria de Pobreza
Título XX: Del Juicio de Alimentos Provisorios y Litis Expensas
Título XXI: Del Juicio de Mensura, Deslinde y Amojonamiento
Título XXII: Reposición de Títulos de Propiedad
Título XXIII: Del Suplemento del Consentimiento para los Matrimonios de Menores
Título XXIV: De las Testamentarias
Título XXV: Del Juicio de ab intestato y de Herencia Vacante
Título XXVI: De la Apertura de Testamentos Cerrados
Título XXVII: De la Protocolización de Algunos Testamentos
Título XXVIII: Del Concurso Civil de Acreedores
Título XXIX: Del Juicio de Arbitros
Título XXX: Del Juicio de Amigables Componedores

 

En el articulado del nuevo Código se consideraban pormenorizadamente las disposiciones del Código Civil aprobadas por el Congreso de la Nación en el año 1869.

Respecto al Código de Procedimiento Criminal se puede decir que también se había designado una Comisión redactora por el Poder Ejecutivo, la que quedó conformada por los doctores Rodolfo Rivarola, Domingo S. Susviela y Fidel F. Cavia(59).

(59) Abelardo Levaggi afirma que aquel proyecto fue presentado por Susviela y Rivarola, ya que Cavia -trasladado a Buenos Aires- redacta otro. “La Codificación del Procedimiento Criminal en la Argentina en la Segunda Mitad del siglo XIX” (1983), p. 174, Buenos Aires. En: "Revista de Historia del Derecho", Nro. 11 - Instituto de Investigaciones Históricas del Derecho. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

El nuevo Código se promulgó el 4 de Septiembre de 1883 quedando vigente tres meses después. Contaba de 706 artículos incluyendo sus disposiciones transitorias. Su organización y método fue el siguiente:

Título Preliminar

Capítulo I: Principios Generales
Capítulo II: De las acciones que nacen de los delitos.

LIBRO PRIMERO
Disposiciones Generales sobre la Justicia en lo Criminal

Título Primero
De la Jurisdicción y Competencia en lo Criminal

Capítulo I: De la jurisdicción en lo criminal
Capítulo II: De las Cuestiones de Competencia

Título Segundo
De las recusaciones

Capítulo I: Disposiciones Generales
Capítulo II: Recusación de los Jueces del Crimen
Capítulo III: De la Recusación de los Miembros del Superior Tribunal y de la Cámara de Apelación
Capítulo IV: De la Recusación de los Secretarios y Ugieres
Capítulo V: De la Recusación de los Jueces de Paz
Capítulo VI: Del Modo de Reemplazar a los Jueces y Demás Funcionarios Recusados o Impedidos

Título Tercero
Ministerio Fiscal

Título Cuarto
De las notificaciones, citaciones, emplazamientos, términos judiciales, costas procesales

Título Quinto
De la rebeldía o contumacia del procesado

LIBRO SEGUNDO - Del Sumario

Título Primero
Objeto del Sumario. Autoridades que Pueden Instruirlo

Título Segundo
De la Denuncia y la Querella

Capítulo I: De la Denuncia
Capítulo II: De la Querella

Título Tercero
De la Instrucción

Título Cuarto
Del Cuerpo del Delito

Título Quinto
De la Declaración Indagatoria

Título Sexto
Incomunicación de los Procesados

Título Séptimo
De las Circunstancias Personales del Procesado y de su Identidad

Título Octavo
De los Testigos

Capítulo I: Reglas Generales
Capítulo III: Citación de Testigos
Capítulo III: Del Examen de los Testigos

Título Noveno
De los Careos

Título Décimo
De la Confesión

Título Undécimo
Del Examen Pericial

Título Duodécimo
De la Prueba Documental

Título Decimotercero
De las Presunciones o Indicios

Título Décimocuarto
De la Interceptación de la Correspondencia Escrita y telegráfica

Título Décimoquinto
De la Detención y Prisión Preventiva

Título Décimosexto
De la Libertad Provisoria

Título Decimoséptimo
De las Visitas Domiciliarias y Pesquisas en Lugares Cerrados

Título Decimoctavo
De los Embargos

Título Decimonoveno
De la Responsabilidad de Terceras Personas

Título Vigésimo

Capítulo I: De la Conclusión del Sumario
Capítulo II: Del Sobreseimiento

LIBRO TERCERO - Del Plenario

Título Primero
De la Elevación de la Causa a Plenario

Título Segundo
De la Prueba

Título Tercero
De la Ratificación de las Declaraciones de los Testigos del Sumario

Título Cuarto
De las Tachas

Título Quinto
De la Discusión de la Causa

Título Sexto
De la Sentencia

Título Séptimo
De los Recursos en General

Capítulo I: Del Recurso de Reposición
Capítulo II: Del Recurso de Apelación
Capítulo III: Del Recurso de Nulidad
Capítulo IV: Del Recurso de Queja

Título Octavo
Del Modo de Proceder en Segunda Instancia ante
la Cámara de Apelaciones o Superior Tribunal

Título Noveno
Del Recurso de Revisión o de Apelación Extraordinaria

Título Décimo
De la Ejecución de las Sentencias

LIBRO CUARTO
De los Juicios Correccionales y de Algunos Procedimientos Especiales

Título Primero
De los Juicios Correccionales

Capítulo I: Procedimiento Verbal
Capítulo II: Procedimiento Escrito
Procedimiento ante los Jueces de Paz y Pedáneos

Título Segundo
Procedimiento de los Delitos de Calumnia e Injuria

Título Tercero
De la Falsificación de Documentos Públicos y Privados

Título Cuarto
Del Procedimiento en caso de Fuga de Presos

Título Quinto
Procedimientos en los casos de Habeas Habeas

Título Sexto
Procedimiento para la Extradición de Criminales

Título Séptimo
De las Prisiones y de las Visitas a los Presos

Título Octavo
De la Rehabilitación de los Condenados

Título Final
Disposiciones Complementarias
Disposiciones Transitorias

En 1885, el gobernador Manuel Derqui describía los beneficios de las nuevas leyes de procedimientos:

La Administración de Justicia ha mejorado notablemente con la sanción de los Códigos de Procedimientos que se hallan en vigencia; esos Códigos han removido algunas de las principales causas que, a pesar de la dedicación y competencia de los jueces, hacían retardar la terminación de los juicios con perjuicio de los litigantes que ocurren a controvertir sus derechos(60).

(60) Mensaje del Poder Ejecutivo a la Honorable Cámara Legislativa de la Provincia de Corrientes al abrir sus Sesiones Ordinarias. Año 1885. Corrientes. Imprenta de “La Verdad”. A. Bértoli. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

La creación poco antes de un nuevo Juzgado de primera instancia en Paso de los Libres tendrá corta vida ya que, en Octubre de 1883, será suprimido quedando los Departamentos de esta jurisdicción bajo la autoridad del Juzgado de primera instancia de Goya.

En cuanto a la competencia jurisdiccional de los Jueces de primera instancia de la provincia, la situación era la siguente: bajo la jurisdicción del Juzgado de Goya quedaron los Departamentos de Paso de los Libres, Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Esquina, Sauce, Goya y Lavalle, mientras que bajo la jurisdicción del Juzgado de la Capital los demás Departamentos de la provincia(61).

(61) Registro Oficial de la Provincia de Corrientes, p.130. Ley del 30 de Octubre de 1883. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Tres años más tarde, por ley se creará un nuevo Juzgado de primera instancia en Monte Caseros, con jurisdicción Civil y Comercial en los Departamentos de Curuzú Cuatiá, Monte Caseros, Paso de los Libres, La Cruz y Santo Tomé.

También se creará un Juzgado de Comercio y del Crimen en Goya, con jurisdicción en los Departamentos de Curuzú Cuatiá, Monte Caseros, Paso de los Libres, La Cruz, Esquina, Mercedes, Sauce, Lavalle, Goya, Bella Vista, San Roque, Saladas y Concepción(62).

(62) Registro Oficial de la Provincia de Corrientes, pp. 259 y 160, año 1886. Ley del 2 de Septiembre de 1886. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

La Constitución de 1889 -en su parte dogmática- ratificó los postulados del artículo 18 de la Constitución de 1853, en lo referente a la seguridad individual, protección del domicilio, etc.

La Sección Judicial estará compuesta por tres Capítulos: el primero estará referido a la organización del Poder Judicial en general; el segundo, a las atribuciones del Superior Tribunal de Justicia; y, el tercero, a la Justicia de Paz.

El Poder Judicial quedó compuesto de un Superior Tribunal de Justicia de cinco miembros, Tribunales inferiores y el Jurado, institución que había que establecer. Esta fue la primera vez que el Superior Tribunal de Justicia quedó conformado por cinco miembros incorporando el juicio por jurado para los delitos criminales, previa aprobación de una ley especial que lo debía poner en vigencia y que nunca pudo concretarse.

Respecto a la Justicia de paz, ésta prosiguió siendo de vital consideración por las disposiciones constitucionales. Por su autoridad seguía pasando gran parte del poder local.

Existía un Juzgado de Paz por cada Departamento y su número (uno o dos) depenía de la densidad de la población. Los Jueces de Paz eran elegidos directamente por el Poder Ejecutivo a propuesta de una terna proporcionada por la Municipalidad o Comisión Municipal, reafirmándose la firme relación que existía entre el poder político y la Administración de Justicia.

Estos funcionarios duraban un año en el cargo y su accionar judicial se resolvía vía procedimiento verbal. De acuerdo a la Ley de Procedimiento en lo Civil y Comercial, la litis era llevada adelante oralmente por el Juez de Paz, sin recepcionar escrito alguno de ninguna naturaleza. El procedimiento se iniciaba con la denuncia de la parte acusadora (Art. 404). Cuando las dos partes eran legalmente citadas, cada una de ellas debía exponer verbalmente sus pretendidos derechos al juez (Art. 411).

Este, una vez que evaluaba las pruebas, podía tomarse hasta quince días para dictar sentencia (Art. 417), única instancia procesal de la Justicia de Paz que resultaba escrita, siendo asentada en Actas en un Libro de Sentencias.

La Asamblea Constituyente que dio origen a la reforma de 1889 fue centro de debates entre sus miembros sobre temas fundamentales que hacían al Poder Judicial. Fueron temas de discusión excluyentes: el juicio por jurado para los delitos criminales y la inamovilidad de los jueces.

Respecto al primero, la Constitución Nacional lo sostenía en su artículo 24. Teniendo como base ese fundamento y los intentos de hacerlo efectivo por un ley especial durante la presidencia de Sarmiento, los constituyentes incorporaron la figura del Juicio por Jurado a la Constitución correntina.

Luego de un ardoroso debate se aprobó el artículo 162 que quedó redactado de la siguiente manera, en su parte pertinente:

El Poder Judicial será ejercido por un Superior Tribunal de Justicia compuesto de cinco miembros, por los demás Tribunales inferiores que la Legislatura estableciese, y por el Jurado (...)”.

Respecto al tema de la inamovilidad de los jueces, se registraron en el seno de la Asamblea dos posturas, opuestas entre sí, cada una de ellas fundamentadas en sus ventajas y desventajas(63).

(63) Este no ha sido un tema nuevo para la política judicial local, ya que la inamovilidad de los Jueces fue motivo de debate público entre los periódicos “La Verdad” y “El Autonomista” en Julio de 1882. El primero defendía la inamovilidad de los magistrados mientras que el segundo proponía la elección por períodos. Recordamos -además- que la inamovilidad de los jueces fue cuestión histórica de larga data en Europa, encontrando los antecedentes más sólidos en la Revolución Inglesa de 1688 donde se estableció, en forma y en práctica, la inamovilidad de los jueces con la formula quam diu se beneb gesserint (mientras se conduzcan honradamente). Este ha sido uno de los postulados más trascendentes para la limitación del poder real en Inglaterra. Para este último tema ver el libro de George M. Trevelyian “La Revolución Inglesa. 1688-1689” (1996). Fondo de Cultura Económica. México. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Quienes pretendían la inamovilidad de los jueces sostenían que éstos tenían como limite en la duración de sus cargos la honradez demostrada en el mismo. Sin embargo la postura opuesta señalaba que los jueces debían periódicamente renovar el apoyo politico y de la ciudadania para retener sus funciones.

Así, entre las propuestas escuchadas en la Asamblea constitucional de 1889 estuvo la de la elección de magistrados por un número determinado de años, tomando como antecedentes las provincias argentinas de Córdoba, Santa Fe y Catamarca, y otros países americanos como Estados Unidos de Norteamérica, Paraguay, Ecuador, Venezuela y México que aplicaban este sistema.

Otros convencionales sin embargo se opusieron a estas premisas, sustentándose en que la independencia de los Magistrados sólo está garantizada por el derecho de permanencia en el puesto por tiempo indeterminado(64).

(64) Hernán Félix Gómez. “Bases del Derecho Público Correntino” (1927), pp. 80 a 110, tomo III, Corrientes. Editorial Corrientes. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Luego de la jornada de debate se aprobó lo siguiente:

Los miembros del Superior Tribunal de Justicia serán nombrados por un periodo de seis años; y reelegibles con nuevo acuerdo; pero el Tribunal se renovará por tercera partes cada dos años, debiendo designarse por la suerte los salientes a fin del primero y segundo bienio.
En caso de ser reemplazado algún Camarista, durante el período de su nombramiento, por cualquier causa legal, el reemplazante durará en su empleo por el término que falte al reemplazarlo (...)
Los Jueces de primera instancia serán nombrados por cuatro años, desde el día de su nombramiento, aunque fuese en reemplazo de otro cuyo período hubiese transcurrido en parte, pudiendo igualmente ser reelegido con nuevo acuerdo” (...) (Art. 166, primera parte).

La movilidad de los jueces será sostenida por las reformas constitucionales de 1889 y 1913, tesis que recién será derogada con la reforma de 1960. Sin embargo será ya la reforma constitucional de 1949 la que subrayará el concepto de inamovilidad de la Magistratura.

En el Capítulo 1 (Naturaleza y Duración), Art. 109, la Constitución de 1949 decía: Los Magistrados del Superior Tribunal de Justicia, Jueces, Fiscales del Ministerio Público y Defensores son inamovibles en tanto dure su buena conducta”.

Pero esta Carta Magna será, en este aspecto, dual, ya que en el Capítulo 3 (Justicia de Paz), Art. 117 señalaba: “Los Jueces de Paz y Pedáneos serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo” mientras en el Art. 118 agregaba: Los Jueces de Paz y Pedáneos durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelectos”.

- Conclusiones

La evolución de la legislación correntina referente a la Administración de Justicia y los procedimientos judiciales no estuvieron ajenos a las turbulencias y cambios políticos de la singular historia provincial.

El análisis con criterio cronológico que concluimos nos muestra los perfiles de las instituciones que conformaron la Judicatura correntina en el siglo XIX, entre los que cabe resaltar la extinción de antiguas autoridades de la Justicia (como los Alcaldes de primero y segundo voto de la Justicia Capitular), o el intento -muchas veces frustrado-, de implantar un sistema republicano con independencia de los poderes del Estado, en particular el desligar al poder político del judicial, entre otras cuestiones.

Se puede observar que si bien el andamiaje fundamental de la estructura judiciaria estuvo sostenido por las distintas Constituciones y los Reglamentos de Administración de Justicia, ordinariamente la Cámara Legislativa sancionaba leyes y el Poder Ejecutivo dictaba decretos que completaban espacios o suplían vacíos de la práctica judicial, brindando de esta manera mayor dinamismo a los Tribunales.

Pero los problemas de la Judicatura se centralizaron en tres aspectos: a) falta de independencia ante el poder político; b) lentitud en resolver los litigios; y, c) pocos hombres formados en la ciencia del Derecho para ejercer la Magistratura.

Respecto a la vinculación de la Judicatura con el poder político se puede afirmar que ésta era notoria, ya que la independencia en las resoluciones judiciales prácticamente era inexistente.

Si bien formalmente se lo consideraba autónomo, en realidad el poder judicial no funcionaba así, y ello debido a varias razones pero, en particular, a que quien ejercía el poder político siguió con la costumbre –heredada de la colonia- de designar los magistrados extendiendo su influencia aún más.

La falta de hombres formados en las ciencias jurídicas fue una constante hasta fines de la década de 1860, por lo que se nombraban muchas veces jueces legos que improvisaban sentencias, sin compromiso con el Derecho y en ocasiones con parcialidad notoria.

Consecuencia de este último punto era también la lentitud para resolver los litigios, preocupación permanente de los distintos gobiernos y causa de los cambios frecuentes en las disposiciones del procedimiento judicial.

Esta lentitud de los Juzgados se daba además por la breve permanencia de los Magistrados en sus cargos ya que antes de la vigencia de la Constitución de 1856 duraban en sus funciones tan solo un año. Agravando la situación se observa comúnmente la renuncia de magistrados judiciales a sus cargos debido a razones políticas y, en otras oportunidades, por la escasa remuneración.

Estos vicios y defectos fueron corrigiéndose a medida que se consolidaban las instituciones republicanas, se perfeccionaban y evolucionaban las leyes locales y se adquiría mayor conciencia en la responsabilidad que competía al Magistrado en la Administración Judicial.

El Reglamento de Justicia de 1862 afianzó la organización judicial, dándole dos años después marco constitucional la reforma de la Carta Magna en 1864. El movimiento codificador se formalizó en la provincia con la aprobación del Código Rural mientras en materia de Procedimientos, Corrientes se consolida con los Códigos de Procedimiento Civil en 1882 y de Procedimiento Penal en 1883.

Por último, la Constitución de 1889 incorpora en su Sección Judicial, dos cuestiones novedosas: el juicio por jurado en causas criminales y la elección de jueces por períodos preestablecidos, elevando también el número de miembros del Superior Tribunal de Justicia a cinco.

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