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Los Gastos del período 1851-1861

De acuerdo con el Reglamento Provincial de 1825 para un mejor ordenamiento de las cuentas públicas, las erogaciones del Estado correntino se agrupaban en cuatro rubros fundamentales: Gobierno, Hacienda, Guerra y Extraordinarios.

El primero reunía los sueldos y Gastos del P.E., el Congreso Provincial y el Poder Judicial; el ramo de Hacienda, los Gastos de la Tesorería y los de la Enseñanza Pública; en tanto que el ramo de Guerra agrupaba los desembolsos efectuados por sueldos, alimentación y equipamiento de la fuerza veterana y la milicia.

El rubro de Gastos Extraordinarios reunía los pagos “públicos y reservados del Gobierno, lo invertido en todas las obras públicas de la provincia, Gastos de fiestas cívicas y ordinarias y extraordinarias, compra de armamentos y útiles de guerra de toda clase, compra de caballos para el servicio público, raciones de carne ... pago a los maestros de postas... y Gastos menores...”.

De los tres rubros de Gastos regulares sin duda siempre el más importante fue el de Guerra. Por otra parte, los Gastos Extraordinarios -de composición más variada- frecuentemente igualaban y hasta superaban al ramo de Guerra pero, como se ha visto, también gran parte de los mismos estaban directamente relacionados con el sostenimiento de las tropas.

Así, aún en tiempos de paz los Gastos militares representaban más de la mitad de las inversiones del Estado; en 1851 representaron el 63 % del total, mientras que en 1853 eran cerca del 59 %.

A partir de la vigencia de la Constitución de 1853 la Nación asumía la defensa territorial y la representación exterior. De esta forma, las provincias quedarían liberadas de su carga financiera más importante, el mantenimiento de fuerzas militares, y les permitiría orientar sus Gastos hacia un mejoramiento de la Administración civil, la difusión de la enseñanza y la realización de obras públicas.

Cuadro Nro. 1
Gastos del Estado Provincial (en pesos plata)

1851 1853 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861
P. E. 14.483 11.532 17.934 24.793 20.218 31.124 18.194
P. L. 8.345 13.393 361 1.682 7.304 3.930 8.739 6.094 4.960
P. J. 4.767 10.563 15.390 12.413 13.648 12.726 10.110
Policía 461 2.609 4.623 9.076 20.995 17.202 21.040 18.956 12.961
Colecturía
General
5.150 13.393 4.925 2.385 2.850 2.592 3.562 9.270 4.623
 Casa de
Moneda
1.680  2.514  12.194  3.136  3.606   23.561  6.470
 Instrucc.
Pública
- -  6.769 12.558  14.562  14.106  9.610  12.140  10.679 
 Gastos
Militares
56.253  83.913  -  105  - - -   2.188 18.440 
Agrimensor  -  -   373 684  -   - 2.536  -  1.632 
Jubilaciones
/ Auxilios 
5.400   7.643 767  834  351   508 879   994 1.399 
 Obras
Públicas
2.049   6.103 3.809  841   227   - 12.586   27.531 21.006 
Colonización  -  -  2.268  -  5.950  -  -  -  - 

Correos /
Soc. de Beneficencia

- -  159  766   2.241 2.873  942  1.504 
 Préstamos -   - 4.158  6.987  74  86  -  7.811  - 
Extraord.   11.500 15.450  15.469  4.414  1.738  2.700   17.123 3.103  24.841 

Fuentes: Archivo Histórico de la Provincia de Corrientes. Libros de Caja, Nros. 91 a 100. Periódicos: “El Comercio”, “La Opinión” y “La Unión Argentina”.

En la práctica este esquema inicialmente funcionó en Corrientes de manera imperfecta agravando el problema de la escasez de recursos. Durante los años 1854 y 1855 sin duda se produjo una notable disminución de las erogaciones atribuible a la desaparición del rubro Gastos de Guerra. Pero esta reducción no alcanzó a compensar la pérdida de recursos producida por la transferencia de las Aduanas fluviales.

Asimismo, en este lapso, el número de empleados de las reparticiones provinciales tendió a aumentar y los dependientes del Gobierno Nacional con frecuencia recibieron auxilios de las autoridades locales.

Finalmente hay que tener en cuenta que en algunos años -sobre todo en 1859 y 1861- tuvieron lugar movilizaciones excepcionales en gran parte costeadas por la provincia.

De todas formas, a partir de 1855 la estructura de los Gastos revela importantes cambios en relación con épocas anteriores. Desde el punto de vista formal se abandonó definitivamente el antiguo agrupamiento por ramos y se efectuó una enumeración más detallada de las diferentes partidas.

Debe señalarse que el nuevo orden institucional exigió reformas en la organización de la provincia las cuales se vieron consagradas en la nueva Constitución correntina del año 1856.

El gobernador Pujol, por su parte, pese a las dificultades financieras, se preocupó en mejorar el funcionamiento de las reparticiones oficiales y en dotar convenientemente a sus empleados, ya que veía en ello el mejor instrumento para consolidar la autoridad local. Tal como lo señaló en su Mensaje de 1858:

“La Administración actual, celosa de la dignidad y prerrogativas que legítimamente competen al Gobierno de la provincia y sin participar de las doctrinas centralistas y de las ideas de los unitarios de reciente data, que quisieran ver al Gobierno convertido en un simple municipio, a la provincia en mero distrito departamental y suprimidos y nulificados los Poderes provinciales, a fuerza de escatimarles recursos, atribuciones y personal necesario para el ejercicio regular de las altas funciones que les están confiadas, se ha empeñado en conservarle todos los caracteres de una verdadera autoridad pública, de verdadero Gobierno, dotando las reparticiones y servicios de la Administración...”(1).

(1) Comunicación del P. E. a la Legislatura (21 de Septiembre de 1858), en “La Opinión”, (Corrientes), del 29 de Septiembre de 1858, p. 2. // Referenciado por Enrique César Schaller, Profesor Adjunto de “Historia Económica” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste e Investigador Adjunto del CONICET. // Citado en eco.unne.edu.ar/economia/revista/48/03 (fuente electrónica).

De esta forma aumentó la importancia proporcional de los Gastos relacionados con el funcionamiento de los tres poderes (el antiguo ramo de Gobierno), que representó entre el 30 % y el 35 % de las inversiones totales. En lo referente al P. E., se amplió el personal de la Secretaría de Gobierno (que cumplía las funciones de un Ministerio General) y se invirtieron importantes sumas para la Imprenta del Estado y el periódico oficial.

Cuadro Nro. 2
Gastos del Estado Provincial. Porcentaje de los diferentes rubros

1851 1853 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861
P. E. 22,5 17,9 17,9 23,5 17,4 19,9 13,3
P. L. 9,3 9,4 0,6 2,6 7,3 4,5 7,5 3,9 3,6
P. J. 7,4 16,4 15,3 14,3 11,7 8,1 7,4
Policía  0,5 1,8  7,2   14,1 20,9  28,0  18,0  12,1  9,5
Colecturía
General
    7,6  3,7  2,8  3,0  3,0  5,9  3,4
 Casa de
Moneda
5,8 9,4 2,6   3,9 12,2  3,6  3,1  15  4,7
 Instrucc.
Pública
-  -  10,5  19,5  14,5  16,2  8,2  7,8  7,8
 Gastos
Militares
 63,0 58,7  -  0,2  -
- - 1,4  13,5
Agrimensor  0,6  1,1  - - 2,2 - 1,2
Jubilaciones
/ Auxilios 
6,0  5,3  1,2  1,3   0,8  0,6 0,7  0,6 1,0
 Obras
Públicas
2,3  4,3  5,9  1,3  0,2 - 10,8   17,6 15,3
Colonización  - -  3,5  - 5,9 - - -  -

Correos /
Soc. de Beneficencia

- -  -  0,2  0,8 2,8   2,4  0,6 1,1 
 Préstamos - -  6,4 10,8  0,1 - -  5 -
Extraord.  12,9  10,8  24,0  6,9  1,8   3,1  14,7 2,0  18,1 

Fuentes: Archivo Histórico de la Provincia de Corrientes. Libros de Caja, Nros. 91 a 100. Periódicos: “El Comercio”, “La Opinión” y “La Unión Argentina”.

Los desembolsos destinados a la Legislatura local se incrementaron a partir de la vigencia de la Constitución de 1856 que significó una ampliación de este cuerpo(2).

(2) Por razones presupuestarias, la Constitución de 1824 había establecido que cada tres años debía reunirse un Congreso General, integrado por un representante de cada Departamento y de la Capital con el fin de designar el gobernador y dictar algunas leyes fundamentales. Una vez concluida su labor, el Congreso se “concentraba” en un Cuerpo permanente de cinco miembros que acompañaba al Ejecutivo durante su gestión. La Constitución de 1856 suprimió este sistema y determinó que el Poder Legislativo estaría formado por una Cámara de Diputados formada por tres representantes de la Capital, dos de Goya y uno por cada Departamento del Interior. La Cámara tendría dos períodos de Sesiones regulares de tres meses (desde el 1 de Diciembre hasta fin de Febrero y desde 1 de Junio hasta fin de Agosto) y podía ser convocada a Sesiones Extraordinarias por el P. E. Los diputados recibirían honorarios en esos lapsos. // Referenciado por Enrique César Schaller, Profesor Adjunto de “Historia Económica” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste e Investigador Adjunto del CONICET. // Citado en eco.unne.edu.ar/economia/revista/48/03 (fuente electrónica).

Con respecto al Poder Judicial, su organización seguía los lineamientos establecidos por la ley del 23 de Junio de 1849. No obstante, el presupuesto correspondiente a este poder aumentó con la incorporación a la nómina de salarios de los Jueces de Paz de los Departamentos, cuyo ingreso anteriormente dependía del cobro de aranceles.

Esta modificación se produjo cuando los Comandantes Militares pasaron a la jurisdicción nacional y dejaron de tener injerencia en la Administración de los Departamentos. A partir de ese momento los jueces -además de su función específica- se convirtieron también en los agentes del P. E.(3).

(3) Enrique C. Schaller. “El Gobierno de los Centros Urbanos y los Distritos Rurales en la Provincia de Corrientes en la Primera Mitad del siglo XIX”, en: “Nordeste”, segunda época. Serie: “Investigación y Ensayos: Historia” (1998), Nro. 9, p. 60, Resistencia. // Referenciado por Enrique César Schaller, Profesor Adjunto de “Historia Económica” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste e Investigador Adjunto del CONICET. // Citado en eco.unne.edu.ar/economia/revista/48/03 (fuente electrónica).

Otras reparticiones dependientes del P. E. eran la Colecturía General, encargada del Tesoro Provincial y la Casa de Moneda, responsable de la administración del papel moneda. Los fondos destinados a estas Oficinas no variaron sustancialmente, pero la Casa de Moneda recibió aportes sustanciales en 1857 y 1860.

Los mismos provenían de la venta de tierras autorizadas por las leyes del 6 de Octubre de 1856 y 5 de Febrero de 1859 ya que, de acuerdo con estas resoluciones, los fondos recaudados se destinarían en gran medida a brindar un respaldo metálico al papel moneda.

Otra innovación que también implicó mayores erogaciones fue la reorganización de la Policía de la provincia. Hasta ese momento, el Departamento de Policía sólo había tenido jurisdicción en la Ciudad de Corrientes ya que la seguridad de las comarcas del Interior correspondía a la fuerza veterana o a las milicias de la provincia.

Con la reforma militar fue necesario ampliar la fuerza policial a todo el ámbito de la provincia dotándola de un cuerpo más o menos estable de celadores. A partir de 1856 cada Departamento contó con un pequeño escuadrón policial bajo el mando inmediato del Juez de Paz. El número de gendarmes variaba constantemente de acuerdo con las posibilidades presupuestarias.

También deben tenerse en cuenta los Gastos realizados para instaurar el régimen municipal según lo determinaba la Constitución Nacional en su artículo 5to.. Con ese objeto, el gobernador había formado comisiones ad hoc en las localidades del Interior y presentó una Ley de Municipios que fue aprobada el 25 de Abril de 1855.

Por diversos motivos, este intento inicial fracasó y pronto se ordenó la disolución de las Juntas. No obstante, Pujol, en su Mensaje de 1856 declaró que había distribuido entre ellas seiscientas onzas oro (10.200 pesos plata) para atender a las necesidades locales(4).

(4) Mensaje del P. E. a la Legislatura (25 de Diciembre de 1856), en el “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes. Años 1853-1856” (1936), tomo VII, p. 457. // Referenciado por Enrique César Schaller, Profesor Adjunto de “Historia Económica” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste e Investigador Adjunto del CONICET. // Citado en eco.unne.edu.ar/economia/revista/48/03 (fuente electrónica).

Tanto Pujol como su sucesor Rolón no se limitaron a la reorganización institucional sino que, al mismo tiempo, encararon un plan de realizaciones que sorprende por su amplitud y variedad si se tiene en cuenta la aguda escasez de recursos.

Uno de los hechos más característicos de esta etapa es el mayor compromiso del Estado Provincial en la difusión la enseñanza (convertida en una obligación constitucional) que se concretó en una ampliación significativa de las partidas destinadas a este rubro.

Durante el mandato de Pujol se aprobó una ley sobre la enseñanza primaria gratuita del 8 de Abril de 1853 para varones y niñas y se incrementó el número de escuelas, las cuales se instalaron en la capital, los pueblos cabecera y algunas secciones de la campaña.

Igualmente se continuó la atención del Colegio Argentino -que funcionaba desde el Gobierno de Virasoro, para enseñanza secundaria- y se becó a jóvenes para que realizaran estudios en Córdoba.

Se realizaron también numerosas obras públicas: el mejoramiento edilicio de la ciudad capital, ampliación y reparación de edificios públicos, la construcción de templos, de un teatro, etc.(5).

(5) En el Mensaje del año 1859 se detallan las siguientes realizaciones en la Ciudad de Corrientes: un edificio propio para el Departamento de Policía; regularización del trazado urbano; ampliación del cementerio; instalación de un reloj en el Cabildo; ampliación de este edificio; refacción de los Cuarteles; arreglo del templo de La Merced; construcción del templo de Nuestra Señora del Rosario; edificación de un teatro; construcción del Puente de la Batería; mejoramiento del alumbrado público. En cuanto al Interior, se indica la delineación de Goya, Empedrado y otros pueblos; la fundación de Monte Caseros; los trabajos para liberar de obstáculos el riacho de Goya; la reedificación del templo de Itatí; la refacción de templos y cuarteles en los pueblos de la campaña. Igualmente el número de escuelas, que funcionaban en edificios propios o alquilados, creció notablemente. “Mensaje del Gobierno de la provincia a la segunda Legislatura Constitucional” (1859), en el periódico “La Unión Argentina, (Corrientes) , pp. 6-10. // Referenciado por Enrique César Schaller, Profesor Adjunto de “Historia Económica” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste e Investigador Adjunto del CONICET. // Citado en eco.unne.edu.ar/economia/revista/48/03 (fuente electrónica).

Estos trabajos, luego de un fuerte impulso inicial, se vieron perjudicados por la caída de los ingresos. No obstante, a partir de 1859 la venta de tierras permitió aportar nuevos recursos y encarar nuevas obras.

Entre los hechos más conocidos de la Administración de Pujol se encuentra, sin duda, la formación de la primera colonia agrícola poblada con inmigrantes extranjeros. Su instalación fue propiciada por la provincia pero, por ley del 6 de Diciembre de 1854, las autoridades de la Confederación se hicieron cargo de los Gastos correspondientes. No obstante la atención de los contingentes arribados y su ubicación, también demandaron importantes erogaciones a la provincia que, al parecer, no fueron reintegradas por la Nación.

La realización de obras públicas, la delineación de la Ciudad de Corrientes, la mensura de nuevos pueblos (Monte Caseros en 1855 y San Martín en 1860) estuvo a cargo de agrimensores con contratos especiales. Sin embargo, con la multiplicación de las denuncias de campos fiscales a partir de 1856, se hizo necesario crear una Oficina especial encargada de expedirse sobre los proyectos de obras y adjudicación de terrenos, separando esta responsabilidad de la Secretaría General. La repartición comenzó a organizarse a raíz del decreto del 11 de Abril de 1861 que establecía la creación de una Mesa Topográfica(6).

(6) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes. Año 1861” (1886), pp. 69-70. Ed. Sánchez Negrete, Corrientes. // Referenciado por Enrique César Schaller, Profesor Adjunto de “Historia Económica” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste e Investigador Adjunto del CONICET. // Citado en eco.unne.edu.ar/economia/revista/48/03 (fuente electrónica).

Además de los rubros mencionados anteriormente, una considerable proporción de las rentas se invertía en Gastos que, por su naturaleza, eran extraordinarios o eventuales. Consecuente con el propósito de regularizar la administración de las finanzas en esta etapa se trató de limitar el rubro de Gastos Extraordinarios o discrecionales, que en otras épocas llegó a constituir una considerable proporción de las inversiones y daba amplio margen al P. E. para la utilización de los fondos.

Un paso en este sentido fue la obligación constitucional, vigente a partir de 1856, de elaborar un Presupuesto Anual de Recursos y Gastos. Sin embargo, la realización de este cálculo y su ejecución escrupulosa era muy difícil para Administraciones que prácticamente vivían al día, estaban amenazadas por rebeliones internas y carecían de apoyo del Gobierno Nacional. Costaba mucho -además- desarraigar antiguas prácticas.

Dentro de esta categoría de Gastos Excepcionales se encuentran los préstamos, pagos e indemnizaciones especiales, los Gastos militares y otros no especificados pero que en gran parte se hallaban directamente ligados al esfuerzo militar.

La responsabilidad del sostenimiento de tropas locales cesó a partir de Junio de 1854 cuando los jefes militares -así como el Hospital y la Comisaría de Guerra- pasaron a estar a cargo del Presupuesto Nacional. Sin embargo, como puede comprobarse en el Cuadro Nro. 1, en 1855, 1859 y 1861 los Gastos Extraordinarios crecieron significativamente.

En el primero de estos años el aumento está relacionado con la movilización provocada por la invasión de Nicanor Cáceres en los meses de Febrero y de Marzo. Como se ha visto, las erogaciones para sofocar este movimiento fueron en gran medida cubiertas con fondos extraídos de las Receptorías nacionales.

En 1859 se produjo una nueva convocatoria de las milicias correntinas para participar en la campaña contra Buenos Aires; en esta oportunidad, si bien se acudió nuevamente a los caudales nacionales, la organización y equipamiento se realizaron principalmente con recursos de la provincia(7).

(7) Pujol, en su Mensaje de 1859 afirmó que los aprestos de guerra ordenados por el Gobierno de la Nación significaron una inversión de 30.000 pesos plata que fueron extraidos de lo recaudado por la venta de tierras. Sin embargo, la suma de los Gastos relacionados con esta movilización -que figura en los Libros de contabilidad- es aproximadamente la mitad a la indicada por el gobernador. // Referenciado por Enrique César Schaller, Profesor Adjunto de “Historia Económica” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste e Investigador Adjunto del CONICET. // Citado en eco.unne.edu.ar/economia/revista/48/03 (fuente electrónica).

Por último, en Noviembre de 1861 tuvo lugar el levantamiento de fuerzas militares promovido por el partido liberal al conocerse la victoria de Buenos Aires en Pavón. El gobernador Rolón reunió tropas en tanto que sus opositores levantaron un empréstito de 17.000 pesos y asumieron compromisos para el suministro de sus milicias. Estas últimas obligaciones fueron reconocidas luego como Deuda del Estado al triunfar el movimiento.

Por unos meses, en el lapso comprendido entre la disolución de las autoridades de la Confederación y la designación del nuevo Gobierno Nacional, la provincia asumió el control de las Aduanas fluviales y con sus rentas se abonaron los Gastos de la rebelión(8).

(8) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes. Año 1862” (1863), periódico “El Progreso”, p. 54, Corrientes. // Referenciado por Enrique César Schaller, Profesor Adjunto de “Historia Económica” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste e Investigador Adjunto del CONICET. // Citado en eco.unne.edu.ar/economia/revista/48/03 (fuente electrónica).

Pero además de estas circunstancias especiales, aún en tiempos de mayor tranquilidad, se realizaron Gastos militares. En varias oportunidades el Gobierno local efectuó adelantos a los jefes y asumió las erogaciones que demandaban el abastecimiento y la Comisaría de Guerra.

Estos anticipos, que debían ser reembolsados por el Tesoro Nacional, se fundaban en la necesidad de conservar la adhesión de los jefes militares al orden institucional. Así, en un artículo del periódico oficial “El Comercio”, se justificaba que el Gobierno de la provincia:

“... penetrado de la justicia y la conveniencia pública y nacional de sacrificar algunos pocos pesos del Tesoro para satisfacer las demandas de uno que otro jefe de la provincia cuya resolución podría ser decisiva en casos solemnes para el país, por el prestigio y la nombradía de que gozan, haya dispuesto -como debía hacerlo- de esos fondos, para mantener la buena voluntad de unos hombres de actualidad y con ella la paz y la tranquilidad públicas...”(9).

(9) Periódico “El Comercio”, (Corrientes), del 17 de Julio de 1857. // Referenciado por Enrique César Schaller, Profesor Adjunto de “Historia Económica” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste e Investigador Adjunto del CONICET. // Citado en eco.unne.edu.ar/economia/revista/48/03 (fuente electrónica).

También se realizaron adelantos a empleados de las Receptorías nacionales. Estos, durante todo el año 1853 y gran parte de 1854, continuaron recibiendo sueldos del Estado correntino y hasta mediados de 1855 estuvieron encargados de cobrar los impuestos provinciales y nacionales. Ello dio lugar a quejas por parte de las autoridades de la Nación que consideraban que estos empleados -en la práctica- permanecían bajo las órdenes de la provincia.

Una vez separadas las jurisdicciones, al igual que los jefes militares, en algunas ocasiones el Gobierno local acudió en su auxilio.

- El papel moneda y la Deuda Pública

Las penurias financieras por las que atravesó Corrientes no eran diferentes a las que experimentaron los otros Estados de la Confederación. Sin embargo, como se ha dicho, la provincia contaba con la ventaja de poder acudir a la utilización de papel moneda.

Su uso se inició en 1841 con una emisión inicial de $ 100.000. Posteriormente, a medida que se prolongaba la lucha contra Rosas, se autorizaron otras emisiones. Naturalmente, al crecer el número de billetes sin adecuado respaldo se produjo una paulatina desvalorización de los mismos.

Durante el Gobierno de Benjamín Virasoro una ley del 29 de Enero de 1848 determinó que la cantidad de papel moneda circulante reconocida era de $ 632.829 la cual debía cotizarse a razón de tres pesos papel por cada peso plata. Se intentaba crear un fondo de amortización destinando para ello parte de los Ingresos aduaneros.

Cuadro Nro. 3
Cotización Mensual del peso plata en moneda corriente (1852-1860)

1851 1853 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861
Enero 6,25 4,25 4,8 4,47 5,0 - 6,6 9,0 -
Febrero 5,87 4,5 - 4,47 5,0 - 7,11 9,9 -
Marzo 4,4 - 4,76 4,47 5,0 - 7,4 10,2 11,7
Abril   4,0 4,8  4,7  4,47  5,02   -  7,41 10,3  11,76 
Mayo
-   5,0  4,7 4,47  5,26   5,97 7,6  10,3  12,19
 Junio 4,25  5,0   4,7 4,47  5,4  6,0   7,7 10,47   12,42
 Julio 4,0  -   4,7 4,5  5,4   6,1 -  11,47   12,6
 Agosto 4,0  -  4,7  4,6  -
6,14  7,6  11,6   11,47
 Septiembre 3,6 -  4,6 4,65  - 6,23 8,15 11,76 11,47
Octubre  -  5,1  4,5  4,67 - 6,35  8,47  11,9  11,18 
 Noviembre 4,0  5,0  4,47 4,7  -
6,35  8,65   11,76 11,18 
Diciembre
4,12 5,0 
4,47
4,7
-
-
8,8
- 11,53

Fuentes: Archivo Histórico de la Provincia de Corrientes. Libros de Caja, Nros. 91 a 100. Periódicos: “El Comercio”, “La Opinión” y “La Unión Argentina”.

Esta idea fue pronto abandonada por el aumento de los Gastos militares en los años 1849 a 1851. El billete siguió depreciándose y en el último año mencionado se cotizaba 6,5 a 1.

En 1852 el cambio de la situación política y el subsidio especial aportado por Urquiza a la provincia contribuyeron a incrementar el valor de la moneda corriente y la relación con el peso fuerte fue de cuatro a uno.

Aprovechando esta coyuntura favorable, Pujol intentó nuevamente crear una reserva metálica (ley del 2 de Septiembre de 1852) pero, poco tiempo después, (el 15 de Febrero de 1853) la misma fue dejada sin efecto. En realidad, en 1853 comenzó a hacerse notar la reducción de los Ingresos aduaneros y el gobernador reanudó la emisión de billetes de tal forma que en 1855, cuando se produjo el traspaso definitivo de las Aduanas, la cantidad en circulación era de $ 704.425. En promedio durante ese año la relación del peso papel con el peso plata fue de 4,7 a uno.

Debe recordarse que con la vigencia de la Constitución de 1853 la emisión monetaria pasó a ser una atribución propia del Gobierno Nacional. Sin embargo, dado que el papel moneda de la provincia era anterior, se aceptó su existencia y podía ser utilizado para el pago de impuestos nacionales.

Sin duda el período comprendido entre los años 1855 y 1858 fue muy crítico para las finanzas públicas y el Gobierno debió apelar con frecuencia a la emisión para solventar los Gastos Ordinarios y Extraordinarios. En este lapso la circulación creció como en ninguna otra época anterior.

Para 1859 la cantidad emitida había alcanzado a $ 1.760.000 moneda corriente. El aumento del circulante motivó paralelamente la desvalorización del papel moneda. La relación de éste con el peso plata evolucionó de manera siguiente: 1856: 4,7; 1857: 6,1; 1858:7,9; 1859: 10,4; 1860: 11,4(10).

(10) Promedio anual de las cotizaciones semanales publicadas en los periódicos “El Comercio”, “La Opinión” y “La Unión Argentina”. // Referenciado por Enrique César Schaller, Profesor Adjunto de “Historia Económica” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste e Investigador Adjunto del CONICET. // Citado en eco.unne.edu.ar/economia/revista/48/03 (fuente electrónica).

Ante la depreciación de la moneda corriente, Pujol proyectó una reforma de la entidad encargada de administrar el papel moneda. Esta se denominaba inicialmente Comisión Signadora pero luego, por decreto del 13 de Febrero de 1854, pasó a llamarse Casa de Moneda. Estaba integrada por cinco miembros encargados de establecer la cantidad de billetes en circulación y su cotización semanal y debía supervisar la emisión de nuevos billetes(11).

(11) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes. Años 1853-1856” (1936), tomo VII, pp. 175-177. // Referenciado por Enrique César Schaller, Profesor Adjunto de “Historia Económica” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste e Investigador Adjunto del CONICET. // Citado en eco.unne.edu.ar/economia/revista/48/03 (fuente electrónica).

Como este Organismo dependía directamente del P. E., el gobernador pensó en convertirlo en una Administración autónoma integrada por comerciantes y propietarios. Se buscaba fortalecer la confianza del público hacia el papel moneda evitando una multiplicación arbitraria de este recurso y los rumores que corrían sobre emisiones clandestinas. Sin embargo, los requerimientos del Gobierno eran demasiado urgentes para privarse del control de las emisiones. Así, el proyecto no pasó de ser una mera intención(12).

(12) Mensaje del P. E. a la Legislatura Constitucional (25 de Diciembre de 1856), en “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes. Años 1853-1856” (1936), tomo VII, pp. 463-464; Periódico “El Comercio” del 26 de Febrero de 1858. // Todo referenciado por Enrique César Schaller, Profesor Adjunto de “Historia Económica” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste e Investigador Adjunto del CONICET. // Citado en eco.unne.edu.ar/economia/revista/48/03 (fuente electrónica).

Esta idea inicial fue, sin embargo, adoptada y perfeccionada durante la Administración de Rolón. Para ese entonces la venta de tierras permitió al Gobierno contar con recursos para crear un fondo de amortización. Por decreto del 20 de Enero de 1860 se destinó un tercio de los ingresos en metálico -provenientes de la enajenación de terrenos públicos- que se destinaría a este fin(13).

(13) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes. Año 1860” (1863), p. 3. Imprenta del Estado, Corrientes. // Referenciado por Enrique César Schaller, Profesor Adjunto de “Historia Económica” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste e Investigador Adjunto del CONICET. // Citado en eco.unne.edu.ar/economia/revista/48/03 (fuente electrónica).

Por ley del 28 de Febrero de 1860 se transformó la Casa de Moneda en un Banco de Depósito. Esta entidad podía recibir depósitos pagando un interés del 5 % anual. Estaba autorizado a otorgar préstamos bajo hipoteca por un plazo no mayor de seis meses, pero no se hallaba en la obligación de otorgar préstamos al Gobierno(14).

(14) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes. Año 1860” (1863), pp. 56-57. Imprenta del Estado, Corrientes. // Referenciado por Enrique César Schaller, Profesor Adjunto de “Historia Económica” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste e Investigador Adjunto del CONICET. // Citado en eco.unne.edu.ar/economia/revista/48/03 (fuente electrónica).

Los propósitos para crear esta institución eran sin duda ambiciosos, pues con las reservas del Banco se pensaba ampliar las emisiones para estimular las obras públicas y el desenvolvimiento de la economía provincial(15).

(15) “La amortización del papel moneda por los únicos medios que el Gobierno General podía efectuarlo en las circunstancias presentes a mi juicio no ofrecía ventaja de ningún género a la provincia, razón por la que ha rehusado aceptar las propuestas confidenciales que se habían ofrecido; tanto más que la nueva organización de la Casa de Moneda la colocó en aptitud de hacerse dueña -dentro de algunos años- de la insignificante suma de millón y medio de pesos que tenemos en circulación. Entonces no habría inconvenientes en obtener autorización del Congreso Federal para la emisión de dos o tres millones para obras públicas ... para favorecer el desenvolvimiento y prosperidad de la provincia”. “Mensaje del gobernador José María Rolón”, en el periódico “La Unión Argentina”, del 15 de Diciembre de 1860. // Referenciado por Enrique César Schaller, Profesor Adjunto de “Historia Económica” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste e Investigador Adjunto del CONICET. // Citado en eco.unne.edu.ar/economia/revista/48/03 (fuente electrónica).

De todas formas, el proyecto fracasó por la falta de confianza del público. El papel moneda continuó depreciándose e, inclusive, en las zonas situadas al sur del río Corriente, más ligadas económicamente con Entre Ríos y Brasil, no era aceptado(16).

(16) Por ese motivo, por decreto del 13 de Enero de 1861, se establecía que el pago de los impuestos se haría exclusivamente en papel moneda así como también el abono de los sueldos. // Referenciado por Enrique César Schaller, Profesor Adjunto de “Historia Económica” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste e Investigador Adjunto del CONICET. // Citado en eco.unne.edu.ar/economia/revista/48/03 (fuente electrónica).

En definitiva, el rescate del papel moneda correntino se produjo luego de la caída de la Confederación y estuvo a cargo del Gobierno Nacional. Este, por ley del 26 de agosto de 1863 se comprometió a retirar de circulación los billetes amortizándolos a la cotización de 230 pesos la onza de oro, es decir, trece pesos y medio por cada peso plata.

Con respecto a la Deuda Pública -como se ha visto al iniciarse la etapa constitucional- el Estado tenía pendientes compromisos de varios años atrás por auxilios de todo tipo. Además se creía necesario resarcir a los pobladores por las pérdidas ocasionadas durante la guerra civil y las invasiones del Paraguay durante los años 1849 y 1850

El monto de esas obligaciones era desconocido. Por ese motivo, por ley del 1 de Febrero de 1853 el Gobierno organizó una Comisión Clasificadora de la Deuda Pública(17).

(17) Estaba integrada por Domingo Latorre, Manuel Antonio Ferré, Ramón de Galárraga, Fermín Félix Pampín y Francisco Meabe -como titulares- y en carácter de suplentes Juan Torrent, Roberto Billinghurst, Ladislao d’Aunbach, Sebastián Alegre y Martín Zelaya. En cada Departamento funcionaría una Comisión local para recibir los comprobantes de los acreedores del distrito. // Referenciado por Enrique César Schaller, Profesor Adjunto de “Historia Económica” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste e Investigador Adjunto del CONICET. // Citado en eco.unne.edu.ar/economia/revista/48/03 (fuente electrónica).

Esta entidad determinó que la Deuda ascendía a la suma de 3.394.29 pesos moneda metálica, monto que Pujol consideraba algo excesivo. De todas formas, el 23 de Abril de 1855 el gobernador elevó los resultados de los trabajos de la Comisión a la Legislatura local.

Entretanto, sin embargo, el Gobierno Nacional había dictado la ley del 2 de Diciembre de 1854 por la cual tomaba a su cargo la Deuda de las provincias contraídas en las luchas por la Organización Nacional. De esta forma se presentaba la posibilidad para Corrientes de transferir la carga si el Congreso de la Nación aprobaba los trabajos de la Comisión local.

La dificultad residía en que la clasificación realizada en la provincia no se ajustaba a la ley nacional. Por ese motivo la Legislatura de la provincia -en una comunicación del 15 de Mayo de 1855 al P. E.- aconsejaba se nombrase una nueva Comisión para que revise y completase la obra de la Comisión creada por la ley provincial. En definitiva, el problema de la Deuda durante la etapa de la lucha contra Rosas quedó sin una solución definitiva(18).

(18) Comunicación del Gobierno de la provincia al ministro de Relaciones Exteriores (4 de Junio de 1857), en el “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes. Años 1857-1859” (1936), tomo VIII, pp. 130-132. // Referenciado por Enrique César Schaller, Profesor Adjunto de “Historia Económica” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste e Investigador Adjunto del CONICET. // Citado en eco.unne.edu.ar/economia/revista/48/03 (fuente electrónica).

Pero mientras se trataba de encontrar una solución a los compromisos contraidos en años anteriores, las Administraciones del período 1852-1861 -pese a las medidas que arbitraron- contrajeron deudas, fundamentalmente con empleados y proveedores.

La cancelación de estos compromisos se fue difiriendo. Recién durante el Gobierno de Manuel Ignacio Lagraña (1863-1865) se inició un examen detenido de las reclamaciones y se estableció que la Deuda exigible de las Administraciones de Juan Gregorio Pujol y José María Rolón sumaba un total de $ 52.532 metálicos.

Por decreto del 19 de Agosto de 1863 se determinó que el Gobierno emitiría vales que devengarían un 9 % de interés y que podían ser utilizados para la compra de tierras fiscales hasta dos tercios del valor de las mismas(19).

(19) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes. Año 1863”, periódico “El Progreso”, (Corrientes, 1864), pp. 79-80. // Referenciado por Enrique César Schaller, Profesor Adjunto de “Historia Económica” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste e Investigador Adjunto del CONICET. // Citado en eco.unne.edu.ar/economia/revista/48/03 (fuente electrónica).

Posteriormente, por ley del 10 de Diciembre de 1864, en razón de que el Gobierno Nacional se hacía cargo de la amortización del papel moneda, se ordenó que el tercio del producto de la venta de tierras públicas que se destinaba a este fin, se aplicara al pago de la Deuda exigible de la provincia(20).

(20) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes. Año 1864” (1874), p. 238. Ed. Coni, Buenos Aires. // Referenciado por Enrique César Schaller, Profesor Adjunto de “Historia Económica” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste e Investigador Adjunto del CONICET. // Citado en eco.unne.edu.ar/economia/revista/48/03 (fuente electrónica).

De esta manera se fueron reduciendo los compromisos del período de la Confederación y hacia 1869 el remanente por pagar era de sólo $ 3.914 fuertes.

Durante el levantamiento de fines de 1861 -que produjo la caída del Gobierno de Rolón- el grupo liberal que asumió el poder para solventar los Gastos del movimiento contrató un empréstito de $ 17.000 y asumió compromisos para el suministro de tropas.

Estos Gastos fueron, sin embargo, rápidamente sufragados con las rentas de la Aduana, que por unos meses -hasta la formación de un nuevo Gobierno Nacional- estuvieron bajo el control de la provincia(21).

(21) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes. Año 1862”, en el periódico “El Progreso”, (Corrientes, 1863), p. 54. // Referenciado por Enrique César Schaller, Profesor Adjunto de “Historia Económica” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste e Investigador Adjunto del CONICET. // Citado en eco.unne.edu.ar/economia/revista/48/03 (fuente electrónica).

- Conclusiones

Los problemas financieros que debieron afrontar los Gobiernos correntinos en los inicios de la etapa constitucional eran en gran medida inevitables puesto que el nuevo ordenamiento implicaba transformaciones considerables que sólo podían funcionar adecuadamente con el tiempo.

Era muy difícil que los impuestos directos reemplazaran rápidamente a los tradicionales gravámenes al comercio, teniendo en cuenta el estado rudimentario de la economía local y la aún incipiente organización burocrática.

Por otra parte, la reorganización de los poderes del Estado, la instauración del régimen municipal, la difusión de la enseñanza, etc., implicaban nuevas obligaciones que debían pesar sobre la Tesorería.

Es cierto también, que el Gobierno Nacional asumía responsabilidades que antes habían recaído en las provincias, como la defensa territorial y el sostenimiento del culto, pero esta transferencia de funciones se realizó de manera imperfecta y, en algunos casos, sólo podía concretarse tras largas tratativas y difíciles compromisos. Un caso muy evidente fue el de las milicias provinciales, cuya existencia era todavía objeto de discusión en la década de 1880.

Pero todas estas dificultades -propias de una reforma institucional y política de gran alcance- se vieron agravadas por la inestable situación política. La ruptura con Buenos Aires privó al Gobierno de Paraná de su principal fuente de renta y lo condenó a una constante penuria de recursos que limitaba toda posibilidad de acudir en ayuda de las provincias.

En Corrientes, por otra parte, tanto el Gobierno de Pujol como el de José María Rolón en repetidas oportunidades se vieron amenazados por rebeliones de jefes militares apoyados -en algunos casos- por la oposición política. Así, la disminución de los Ingresos, las dificultades del Gobierno Federal y la amenaza interna obstaculizaron las posibilidades de un manejo regular de las finanzas pese al propósito repetidamente expresado de los gobernadores.

Durante la mayor parte de esta etapa las Entradas corrientes no alcanzaron para solventar las erogaciones del Estado y debió acudirse con mucha frecuencia a diversos procedimientos de emergencia de los cuales el más frecuente fue la emisión de papel moneda.

Por otra parte, las movilizaciones provocadas por los enfrentamientos internos y otras situaciones extraordinarias representaron una importante desviación de los recursos e impedían todo cálculo fundado de Ingresos y Gastos.

Considerando estas difíciles circunstancias se puede apreciar el valor de la obra de gobierno realizada durante este período donde, pese a las limitaciones, se fomentó la enseñanza pública, se reorganizaron las diversas reparticiones del Gobierno y se emprendieron numerosas obras públicas.

De todas formas, al producirse el derrumbe del Gobierno de la Confederación a fines de 1861, la situación financiera de la provincia de Corrientes era aún bastante precaria. Si bien la venta de tierras se había convertido en un sustituto bastante oportuno para las rentas perdidas con la nacionalización de las Aduanas fluviales, era evidente que este recurso se agotaría con el tiempo.

Precisamente, una de las razones que se alegaron en su momento para la continuación de la enfiteusis fue la de preservar el patrimonio inmobiliario de la provincia hasta que el crecimiento de la población y de las actividades económicas permitieran su adjudicación en condiciones más adecuadas.

Mientras tanto era necesario perfeccionar la recaudación del impuesto de la contribución directa y encontrar nuevas fuentes de Ingresos permanentes. Igualmente, la Deuda Pública había crecido en el período y quedaba aún sin resolver la cuestión del papel moneda provincial.

Durante los primeros años de la década de 1860, los Ingresos provinciales aumentaron regularmente si bien la mayor proporción correspondía aún a la venta de tierras públicas. Por otra parte, el Gobierno Nacional se hizo cargo de la amortización del papel moneda y contribuyó con subsidios.

Esta situación favorable permitió que durante el Gobierno de José Ignacio Lagraña se iniciara el pago de la Deuda heredada de la etapa confederal.

No obstante, la estabilidad política que constituía un requisito indispensable del Gobierno regular concluyó con la invasión paraguaya -en Abril de 1865- e inició así una nueva etapa de conflictos que, con intervalos, se prolongaría hasta 1880.

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