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La Justicia en tiempos de Benjamín Virasoro

El Gobierno de Benjamín Virasoro no fue indiferente a la consolidación de la Justicia, un tema que reclamaba permanente atención ante la necesidad de emprender una política que perfilara su voluntad de depurar las viejas formas estructurales de la provincia.

Los hechos delictivos fueron severamente castigados, desde las ínfimas raterías hasta crímenes aberrantes. Sin duda, compleja y ardua fue la tarea pero no imposible, ya que la escasez de letrados limitaba el eficaz cumplimiento de las normas vigentes pero, no obstante, los historiadores -por sobre posiciones encontradas y con espíritu de objetividad- reconocen la tranquilidad que reinó en la provincia durante su Gobierno.

“La campaña, con la aplicación de medidas tan extremas, se vio libre de gente ociosa, maleante y dañina”.

Estas palabras de Valerio Bonastre coinciden con el texto de una carta de Benjamín Virasoro a Antonio Crespo, gobernador delegado de Entre Ríos, del 29 de Diciembre de 1847:

“... asombroso es ver el orden y tranquilidad que reina en esta capital y toda la campaña de la provincia de lo que cada día recibo pruebas exactas ... Hoy no encierran las cárceles un solo criminal ni siquiera una persona que hubiese cometido una falta de consideración, de lo que deducirá Ud. fácilmente la moral y obediencia de los habitantes de este país que no han podido relajarlo la doctrina y procedimiento de los salvajes unitarios en nueve años de una guerra depredadora como la que han sostenido.
“Me presagio pues un porvenir de felicidad para esta provincia y que no volverá a dar disgustos a la Confederación”.

- Reforma del Reglamento de Administración de Justicia

Así como durante su mandato mantuvo Virasoro un continuo equilibrio con las facultades inherentes al Honorable Congreso General Constituyente, cuerpo al que respetaba y ante el cual, en pormenorizados Mensajes, registraba las diversas y complejas tareas emprendidas tanto en cuestiones internas como externas, priorizó la necesidad de reordenar la aplicación de la Justicia, mediante un nuevo y renovado Reglamento con imprescindibles fórmulas para preservar la seguridad de la sociedad.

Corresponde al Congreso de 1849 el mérito de la reforma inteligente del Reglamento de Administración de Justicia(1).

(1) Ley del 31 de Mayo de 1849. // Citado por Hernán Félix Gómez. “Vida Pública del Dr. Juan Pujol (Historia de la provincia de Corrientes de Marzo 1843 a Diciembre 1859)” (1920). Ed. por J. Lajouane & Cia.

En su Mensaje al H. C. G. -de Enero 24 de 1849- el gobernador Virasoro expresaba:

“La Administración de Justicia se expide con más regularidad que lo que era de esperarse, atendida la escasez de letrados en la provincia. Sin embargo, el Gobierno conoce que el Reglamento -que se halla en vigencia- puede ser mejorado y recomienda a V. H. su reconsideración”.

El H. C. G. sancionó, el 31 de Mayo de 1849, el nuevo Reglamento de Administración de Justicia, haciendo resaltar en su Nota de comunicación al gobernador, de Junio 20 de 1849, que:

“El Congreso General ha tocado la invencible dificultad de la carencia de letrados en la provincia, para propender a una mejora más perfecta de aquel Departamento vital del Estado”.

Fue promulgado el 23 de Junio de 1849.

- El texto

El nuevo texto constaba de 400 artículos, divididos en cuatro Secciones:

* la primera, “De la Organización y Orden de los Magistrados y Tribunales de Justicia”;

* la segunda, “Del Orden y Forma en que se han de ventilar las Contiendas ante los Jueces Pedáneos, de Paz y primera instancia”;

* la tercera, “De la Forma y Orden de los Juicios en segunda y demás instancias y del Recurso Extraordinario”, y

* la cuarta, “Del Ministerio Fiscal”.

La ley del 23 de Junio de 1849 -que reglamentó la Administración de la Justicia- era una loable contribución para erradicar deficiencias y mecanismos inoperantes que permanecían empotrados en los esquemas del poder, afectando la solución efectiva de trámites judiciales.

El perfil coherente del Reglamento se completó con el más absoluto respeto a la propiedad mueble e inmueble y la fijación de indemnizaciones, al reintegrar posesiones a sus legítimos propietarios, requisadas durante la guerra civil.

Disposiciones tan amplias no pudieron eludir excepciones referidas todas ellas a bienes de los Madariaga y sus adeptos, que siguieron embargadas y con notables perjuicios debido a continuas depredaciones.

Por ley del 12 de Diciembre de 1851 se estableció el arancel para los escribanos públicos, quedando en vigencia el sancionado por el Congreso Provincial el 13 de Diciembre de 1821; las costas se determinarían con arreglo al cambio legal.

La Administración de Justicia quedó organizada en la forma siguiente:

* un Superior Tribunal de Justicia;
* Juzgados de primera instancia en lo Civil, Criminal y Mercantil;
* se legisla sobre Jueces Pedáneos y de Paz;
* sobre el Fiscal, Defensor de Pobres y Menores y Escribanos;
* sobre el procedimiento ante todos estos funcionarios: ordinario, ejecutivo, de despojo, quitas, esperas, concurso de acreedores, etc.

Esta Ley, interesante y relativamente buena, volvía a poner en vigencia las disposiciones sobre Justicia de Paz que se habían dictado, como experimentación, en 1825 y 1827.

- Juzgados Pedáneos: uno en cada Sección de campaña;
- Juzgados de Paz: cuatro en la capital y uno en cada pueblo cabeza de Departamento;
- Juzgado de primera instancia en lo Civil: uno en la capital y otro en la Villa de Goya;
- Juzgado de primera instancia en lo Criminal: uno en la capital;
- Juzgado de primera instancia en lo Mercantil: uno en la capital;
- Juez de Alzada; Superior Tribunal de Justicia; Ministerio Fiscal; Defensor General de Pobres y Menores; Escribanos.

Determinó sus atribuciones y competencias respectivas y reglamentó los procedimientos en cada magistratura e instancia y en las diversas clases de juicios.

El Superior Tribunal de Justicia, de tres miembros permanentes por un año, para unos casos y, de éstos, tres miembros permanentes y cuatro más eventuales, para otros casos.

Los cargos de la Magistratura eran anuales por nombramiento del gobernador aprobado por la Sala Permanente.

Por decreto del 21 de Marzo de 1850 se nombraron camaristas del Superior Tribunal de Justicia a José Garrido, Presidente; Juan Felipe Gramajo y Blas Barria, vocales; Juez Mercantil, a Francisco Meabe; y los ciudadanos clasificados insaculables(2).

(2) Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Crónica Histórica de la provincia de Corrientes” (1928), tomo II, capítulo XIII: “Guerra contra la tiranía de Rosas. (1846-1850)”, parágrafo 218. Notas biográficas por Angel Acuña, Buenos Aires. Ed. Juan Ramón y Rafael Mantilla.

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