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Las fronteras y la organización de una fuerza militar centralizada

La cuestión militar constituyó sin duda un elemento fundamental en la conformación del nuevo Estado Federal. Las primeras medidas tendientes a efectivizar la organización de un Ejército Nacional se esbozaron poco tiempo después de Caseros, al otorgarse a Urquiza, en el Acuerdo de San Nicolás, el mando de las fuerzas militares con que contaban las distintas provincias.

Sin embargo fue recién en 1854 que el proceso de creación de una fuerza militar de dimensiones nacionales tomó impulso. En esta perspectiva, es importante recalcar que el texto constitucional sancionado en 1853 contemplaba la existencia de diferentes niveles de organización militar.

Por un lado, preveía la implantación de un Ejército regular o de Línea bajo el control directo del Gobierno Nacional y, por otro, de la llamada Guardia Nacional, cuyos jefes y bases de reclutamiento dependían de los Gobiernos provinciales. Esta última debía constituirse en fuerza auxiliar del Gobierno Nacional en condición de disponibilidad.

Por otra parte, los Gobiernos Provinciales conservaron una porción de sus antiguas milicias dependientes, en todos los aspectos, del Estado local. Se preveía que estas fuerzas actuasen como complementarias del Ejército de Línea y se comprometiesen en tareas de policía en ciudades y medios rurales.

En 1854 se creó la Inspección General del Ejército y Guardias Nacionales y comenzó la estructuración de los primeros cuerpos del Ejército de Línea. Simultáneamente, las provincias organizaron las fuerzas que componían la Guardia Nacional. La conformación de las fuerzas del Ejército de Línea bajo supervisión directa del Gobierno Nacional, provocó diferentes tipos de fricciones con las autoridades provinciales.

En gran medida la organización de aquéllas y su distribución en el conjunto del territorio se efectuó procurando superar los conceptos de Ejército local, que habían inspirado el desarrollo de las milicias provinciales desde la década de 1820. Con ese objetivo, en Febrero de 1854 el territorio fue dividido en cinco divisiones militares al mando de jefes cercanos a Urquiza, designados por el Gobierno Nacional(1).

(1) Néstor Tomás Auza. “El Ejército en la Epoca de la Confederación” (1971). Ed. Círculo Militar, Buenos Aires. // Citado por Pablo Buchbinder. “Caudillos de Pluma y Hombres de Acción (Estado y Política en Corrientes en Tiempos de la Organización Nacional)” (2004), Ed. Prometeo Libros, Buenos Aires.

Estas designaciones que recayeron, en varios casos, en antiguos líderes provinciales, fueron fuente de disputa entre autoridades locales y el Gobierno Nacional. En algunos casos estos desacuerdos se volvieron públicos.

Así, en Julio de 1855, el ministro de Defensa de la provincia de Córdoba envió una Circular a varios gobernadores provinciales manifestando su oposición a la división del territorio confederal en Circunscripciones Militares. Dicha medida -sostenía- atentaba contra el sistema federal, al arrebatar a los gobernadores de provincia el título y las atribuciones de Capitán General(2).

(2) De Fenelón Zuviría, ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba a Juan Pujol, en Córdoba, 18 de Julio de 1855. Zuviría manifestaba su desacuerdo con la medida y subrayaba el carácter inconstitucional de ésta: “Por la Carta jurada, el territorio de la Confederación no puede ser fraccionado sin consentimiento de las Cámaras. Y ahora, sin consentimiento de las Cámaras ese territorio ha sido fraccionado en cinco Divisiones Militares a las que se han puesto los cinco jefes que mejor cuadran en los consejos de ciertos hombres de miras tan fatales como sabidas. Este sistema es federal por la Constitución y se trata de contrariarlo, falseando ésta, glosándola malamente, centralizando el poder y maniatando a las provincias por medio de los nuevos jefes que se les impone”, en “Corrientes en la Organización Nacional” (1911), tomo V, pp. 258-260, Buenos Aires. // Citado por Pablo Buchbinder. “Caudillos de Pluma y Hombres de Acción (Estado y Política en Corrientes en Tiempos de la Organización Nacional)” (2004), Ed. Prometeo Libros, Buenos Aires.

Los jefes de estas Circunscripciones Militares se convirtieron en respaldos efectivos del Gobierno Nacional en gran medida por encima de quienes eran teóricamente los agentes naturales de éste: los gobernadores de provincia.

Algunos de estos nuevos jefes conservaban una notable cuota de influencia en las localidades provinciales, producto de su trayectoria anterior en las mismas.

Ahora esta influencia se renovaba a partir del ejercicio de la representación del nuevo Estado Central. En este sentido, es particularmente ilustrativo el papel que jugaron en algunas de las Intervenciones Federales dispuestas por el Estado Nacional durante este período.

La Intervención Federal, incorporada en un sentido fuertemente centralista en la primera versión de la Constitución Nacional, permitía a las autoridades nacionales asumir uno, dos o los tres Poderes del Estado local ante la presunción de peligro del sistema republicano de gobierno o conmoción interior.

Los jefes militares dependientes del Estado Nacional asumieron el rol de interventores durante aquellos años en varias oportunidades y se convirtieron, en forma temporaria, en jefes de fuerzas militares de carácter provincial.

La reunión de atribuciones políticas y militares cumplía un rol fundamental a los efectos de asegurar el éxito de dichas intervenciones, ya que permitía a funcionarios nacionales adquirir un efectivo control sobre los recursos materiales y las milicias de las distintas localidades.

Por otra parte, la misma delegación de fuerzas militares en viejos dirigentes locales generó fuertes tensiones en el interior de cada región. Probablemente, el ejemplo más claro de los conflictos que provocaron estos primeros cambios de la organización militar en los equilibrios políticos interprovinciales sea el de la provincia de San Juan.

En la Circunscripción Militar del Oeste -que incluía a esa provincia- fue designado Comandante uno de sus antiguos gobernadores, Nazario Benavídez. La resolución del Gobierno Nacional generó una serie de conflictos con el provincial -controlado entonces por grupos liberales- desencadenándose una serie de enfrentamientos en los que entró en discusión el uso de las facultades militares y el nombramiento de oficiales en la Guardia Nacional.

Benavídez fue encarcelado y asesinado por miembros de las milicias provinciales y el episodio culminó con la Intervención Federal de San Juan. En cierta medida, el conflicto que se desencadenó entonces involucraba en bandos distintos al nuevo Ejército dependiente del Estado Federal y a la Guardia Nacional dependiente de las autoridades locales.

El uso de la fuerza militar nacional parece haber constituido, en éste y en otros casos, un recurso habitual del Gobierno Federal para incidir en la vida política interna de las provincias. Sarmiento señalaba, precisamente en relación al caso de Benavídez, que el Gobierno Nacional usaba su fuerza militar para reinstalar en su puesto a los caudillos cuestionados luego de Caseros:

“Nada más claro que el poder que tiene el presidente para proveer a los empleos militares y formar las Circunscripciones de los diversos Cuerpos de Ejército; pero es hijo del espíritu de caudillaje dar al lado del gobernador elegido por la provincia el generalato del Departamento Militar al antiguo caudillo del lugar depuesto, resistido o sospechoso de alzarse si pudiera con el poder.
“Era fruto de esa necesidad de conciliar el caudillo con el Jefe constitucional, de encargar a un funcionario del más alto rango en la Confederación del mando militar de un departamento del país”.

Así -sostenía Sarmiento- el espíritu del caudillaje, rechazado en las provincias, era vuelto a imponer a través del pretexto de las “subdivisiones militares”(3).

(3) Domingo Faustino Sarmiento. “Nuevas Tentativas del Sistema de Caudillos”, en “El Nacional”, 27 de Octubre de 1855, en “Obras de Sarmiento” (1914), tomo XVI, pp. 326-327. Ed. Librería “La Facultad”-Juan Roldán, Buenos Aires.// Citado por Pablo Buchbinder. “Caudillos de Pluma y Hombres de Acción (Estado y Política en Corrientes en Tiempos de la Organización Nacional)” (2004), Ed. Prometeo Libros, Buenos Aires.

Para las autoridades federales, la posibilidad de actuar con independencia de los Gobiernos locales e, incluso, de estar en condiciones de subordinarlos en nombre de la autoridad nacional en formación, presuponía la existencia de fuerzas desvinculadas de la base de reclutamiento local.

El Ejército de la Confederación comenzó a construirse así esencialmente, como fuerza de frontera. En este sentido, el rol principal que se le asignó estaba vinculado no sólo al potencial conflicto bélico con el Estado de Buenos Aires sino, fundamentalmente, a la extensión y defensa de la frontera indígena.

Hasta 1852, cada provincia había organizado de manera independiente el control de su frontera. Desde mediados de la década, la coordinación de las luchas contra el indígena pasó a ser atributo de las autoridades nacionales. Los primeros Cuerpos militares nacionales fueron afectados a la custodia de las fronteras provinciales más expuestas a los ataques de aquéllos.

Durante estos años se organizaron así dos grandes líneas defensivas: una que comprendía un área que atravesaba la zona sur de las provincias de Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza; y otra que partía del norte de la provincia de Santa Fe abarcando Córdoba, Santiago del Estero y Salta, y llegando hasta las regiones limítrofes con la actual República de Bolivia(4).

(4) Néstor Tomás Auza. “El Ejército en la Epoca de la Confederación” (1971), p. 172. Ed. Círculo Militar, Buenos Aires. // Citado por Pablo Buchbinder. “Caudillos de Pluma y Hombres de Acción (Estado y Política en Corrientes en Tiempos de la Organización Nacional)” (2004), Ed. Prometeo Libros, Buenos Aires.

Como ya se ha señalado, un objetivo central del Gobierno Nacional consistió en tratar de desvincular a sus fuerzas militares de las bases de reclutamiento local que caracterizaban a las fuerzas provinciales. Por eso, se procuró proveerlas de caballadas que eran propiedad del Estado Nacional (la Guardia Nacional en cambio se presentaba con sus propios caballos) y se avanzó en la organización de un sistema para proveer a las tropas de alimentos por fuera de los circuitos locales, a través del llamado rancho del soldado. Finalmente, se trató de conformar colonias militares alrededor de estos Cuerpos.

Estas poblaciones nuevas debían cumplir un papel central en el abastecimiento y en la construcción de una base de reclutamiento para el Ejército. A través de ellas, se procuraba articular la defensa militar con un sistema de producción agrícola-ganadero que llevase, a su vez, a la instalación de nuevas poblaciones.

Todavía en Agosto de 1857 el ministro de Guerra del Gobierno Federal aseguraba que uno de los principales problemas que planteaba la construcción del Ejército se vinculaba con la necesidad de “desarraigar la localización de los Cuerpos”, paso indispensable para la conformación de un verdadero Cuerpo militar de carácter nacional(5).

(5) “Memoria del Ministro de Estado de la Confederación Arjentina en el Departamento de Guerra y Marina presentada al Congreso Lejislativo Federal en 1857”, reproducida en “La Opinión”, Corrientes, del 23 de Agosto de 1857. // Citado por Pablo Buchbinder. “Caudillos de Pluma y Hombres de Acción (Estado y Política en Corrientes en Tiempos de la Organización Nacional)” (2004), Ed. Prometeo Libros, Buenos Aires.

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