El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Aduanas, política de navegación y sistema fiscal

La construcción del Estado Nacional exigía una base material y financiera que hiciera posible, entre otras cuestiones, la conformación de una fuerza militar centralizada.

En Mayo de 1852 se estableció, por acuerdo de los gobernadores reunidos en la Ciudad de San Nicolás, que los recursos aduaneros debían constituir el fundamento del sistema financiero nacional. Entre las medidas incluidas en dicho Acuerdo se encontraba también la supresión de los derechos de tránsito entre las provincias.

Los recursos aduaneros constituían las fuentes principales sobre las que se preveía construir el sistema financiero de la Nación. Sin embargo, no eran las únicas. A ellas debían sumarse, entre otros, las provenientes de las Oficinas de Correos y Mensajerías.

Estrechamente relacionadas con las medidas aduaneras estaban las relativas a la navegación fluvial. En ambos casos la política del Gobierno Nacional se caracterizó por permanentes marchas y contramarchas que implicaron -entre otras cuestiones- la asignación de distintos estatus a los diferentes puertos.

Los puertos fluviales fueron clasificados en tres grandes categorías: a algunos se los habilitó como lugares de introducción de mercaderías y se autorizó en ellos el depósito en almacenes estatales por un plazo de hasta doce meses; otros, fueron autorizados sólo para la introducción de mercaderías.

Finalmente, se prohibió la realización de operaciones de comercio exterior a través de algunos puertos desde los que sólo se permitió la práctica de ciertas transacciones bajo la supervisión y el control de autoridades de los puertos habilitados.

Los permisos para participar del comercio exterior y para operar como puerto de depósito fueron extendiéndose a distintas localidades o restringiéndose siendo objeto de una disputa permanente entre autoridades nacionales y provinciales a lo largo de la década del cincuenta.

El control de las Oficinas Aduaneras -por otra parte- quedó bajo supervisión del Ministerio de Hacienda que organizó una Inspección General de Aduanas subdividida, a su vez, en una sección de Aduanas terrestres y otra de Aduanas fluviales. Un conjunto de funcionarios fue designado para el manejo y control de estas Oficinas.

Las autoridades centraron sus esfuerzos entonces en tratar de uniformar el sistema de percepción de aranceles, establecer un sistema de contabilidad único y garantizar que las Aduanas quedasen efectivamente bajo el control de los Administradores de Rentas Nacionales.

De esta forma procuraban evitar que las autoridades provinciales interviniesen en la administración y utilizasen los fondos generados por aquéllas, operación en la que tuvieron un éxito sólo relativo.

A los intentos por impedir que las autoridades provinciales limitasen el proceso de centralización de la recaudación aduanera, se sumaron otras medidas tendientes tanto a evitar la baja permanente en los Ingresos como a reprimir el contrabando.

Con ese propósito se concedió a los Administradores de Aduanas y Rentas Nacionales facultades para juzgar en primera instancia en causas de este tipo; se ordenó la apertura de Registros de Exportación e Importación y se nombraron y destituyeron en forma permanente a empleados que -se presumía- efectuaban actividades ilícitas.

Así, fueron desplazados de sus cargos varios Comandantes de los Resguardos Militares, encargados de vigilar el movimiento de los puertos. Se sancionó, además, una severa ley de represión del contrabando en Octubre de 1857 y se reforzaron permanentemente las medidas tendientes a controlar la circulación en las costas de los ríos, particularmente en las del Uruguay.

A pesar de todas estas medidas, el Gobierno de Paraná no logró resolver -durante su corta existencia- sus graves problemas fiscales que jugaron, además, un papel central en su caída producida a finales de 1861.

El Estado centralizado en Paraná experimentó notables dificultades financieras que incidieron en forma decisiva en su disolución. La imposibilidad de sostener un sistema monetario propio constituye una de las tantas expresiones de aquéllas.

Si bien el Congreso Constituyente había aprobado una Ley de Hacienda y Crédito Público y organizado una compleja y sofisticada estructura para emitir moneda, esta última no fue aceptada en la mayor parte de las provincias, circulando básicamente en el ámbito entrerriano(1).

(1) Al respecto, James Scobie. “La Lucha por la Consolidación de la Nacionalidad Argentina. 1852-1862” (1964), pp. 154 y sigtes. Ed. Librería Hachette S.A, Buenos Aires. // Citado por Pablo Buchbinder. “Caudillos de Pluma y Hombres de Acción (Estado y Política en Corrientes en Tiempos de la Organización Nacional)” (2004), Ed. Prometeo Libros, Buenos Aires.

Los recursos de la federalizada provincia de Entre Ríos no fueron suficientes para hacer viable la estructura estatal y lograr el respaldo necesario para sostener al crédito público.

El contraste entre la situación financiera del Estado Federal y Buenos Aires ha sido subrayada en diversos trabajos. Para mencionar un solo ejemplo, puede advertirse cómo la moneda emitida por esta última era habitualmente aceptada por los comerciantes locales. El respaldo que representaba para el Fisco local los recursos de su Aduana constituía, en este caso, un factor fundamental.

Pero no era el único. Sin duda aquí, la capacidad de sus agentes estatales para controlar los movimientos de la economía y la sociedad local cumplió un papel fundamental.

La llamada Confederación Argentina no logró generar los recursos que permitieran pagar los sueldos a sus empleados civiles o a las tropas del Ejército de Línea. Esto conspiró -a la vez- contra los proyectos que, desde el Gobierno de Paraná trataron de ponerse en práctica.

Particularmente los de infraestructura fueron postergados. El proyecto del ferrocarril de Rosario a Córdoba -elaborado durante aquellos años- se efectivizó recién en la década de 1860. El sistema de correos oficial prácticamente no fue utilizado por los particulares. Finalmente, la misma autoridad del Gobierno Nacional comenzó a ser cuestionada fuertemente.

A medida que avanzaba la década de 1850 las dificultades se fueron agudizando. Para resolver sus problemas de Ingresos, la Administración de Paraná impulsó nuevas medidas fiscales a partir de 1856 y 1857, como las implementadas a través de las leyes de Derechos Diferenciales.

Estas disposiciones procuraban centralizar el comercio en los puertos de las provincias, evitando la intermediación de Buenos Aires. Sin embargo, desde la perspectiva de diferentes élites locales, fueron interpretadas como perjudiciales para el desarrollo mercantil de sus propias regiones.

Además, constituyeron un elemento de fricción y conflicto entre las autoridades federales y distintos sectores dirigentes provinciales, contribuyendo al progresivo deterioro del vínculo entre ambas entidades estatales.

Todas estas circunstancias forzarían una resolución militar del conflicto con Buenos Aires que tuvo lugar en 1859.

Información adicional