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El “Caos” del Año XX (disgresión)

Este es el nombre oficial en la historia argentina -hasta ahora corriente- de los sucesos que tuvieron lugar en Buenos Aires, cuando Francisco Ramírez obligó al Cabildo porteño a que se “provincializara” exigiendo, el 2 de Febrero de 1820, tratar sólo “con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires(1).

(1) Citado por Justo Díaz de Vivar. “Las Luchas por el Federalismo (Pedro Ferré, Don Juan Manuel...)” (1935). Ed. Viau y Zona, Buenos Aires.

El Cabildo de ésta, cediendo a la conminación, convocó al pueblo de la ciudad para que eligiera gobernador.

Así nació la provincia de Buenos Aires, con Francisco Ramírez -un símbolo- como padrino, y su Municipio se apeó de las viejas pretensiones de sustituir al rey de España como amo de los pueblos del ex Virreinato.

No es que ella -la pretensión- desapareciera, pero se disfrazó en lo sucesivo de partido político, por consiguiente con base menos irritante para la dignidad de los otros Estados componentes de la futura República.

Pero ya que se habla de “caos”, veamos cuál fue la índole de los sucesos del año XX o que terminaron en él; qué es lo que se deshizo o lo que se exaltó con los acontecimientos de ese año; y si ellos llevaron, o no, a un estado caótico al país argentino.

Si se observan los hechos con serenidad e imparcialidad, tiene que empezarse por convenir que la gran derrotada del año XX fue la burguesía porteña, que pretendía por sí sola gobernar el país.

Era ella, esa “minoría selecta”, la de las confabulaciones lautarianas o no, la que con el tremendo golpe quedaba desorientada, sin programa de acción inmediato, estuporosa a su turno.

Examinemos su caso a la luz de la historia real, que no es la corriente, y veremos que lo que hizo crisis en ese año era un concepto de gobierno, un criterio; la lógica manera de sentir y de pensar que ese grupo de hombres tenía cristalizado en su espíritu; la vieja tradición de la colonia, que había moldeado sus disciplinas, sus concepciones y a las que naturalmente habían ajustado sus procedimientos.

Una sola excepción hubo en él: Mariano Moreno.

Las prácticas del Gobierno propio -en lo municipal por lo menos- con las extensiones en lo administrativo y en lo político donde las hubo, de que eran expresiones los Cabildos, no se ejercitaban en los tiempos coloniales sino dentro de un grupo determinado de los habitantes de la ciudad: “la parte más sana y principal del vecindario”, y eso en los casos de cabildo abierto, porque lo común era que sólo llegaran a los honores de cabildante -y por consiguiente a ser electores de los mismos después- los miembros de una minoría de familias más restringido todavía; la flor y nata de la burguesía.

Así, con tal tradición, no podían esos hombres ser demócratas. Estaba demasiado impregnada su subconciencia por el concepto de que la sociedad, jerarquizada como era, debía ser dirigida por derecho propio -que algo participaba de lo divino- por el grupo selecto que formaba su cabeza; oligarquía que, basada en una supuesta limpieza de sangre, sólo tenía sus puertas entreabiertas por los estrados de la riqueza o de la Universidad.

Tampoco concebían otra forma de gobierno que la monárquica. Refiriéndose a esto dice Saldías:

Los actos y las manifestaciones de los hombres que hicieron la revolución del año 1810, y que la dirigían desde la Junta Provisional y desde la Logia de los Amigos, que después tuvo organización permanente y formas más amplias, atestiguan el propósito franco de establecer la monarquía, para asegurar en los tiempos la Independencia de las provincias del Río de la Plata.
A este respecto no había discrepancia en las reuniones iniciales que se sucedieron en casa de Nicolás Rodríguez Peña o en la de José Darragueira, y a las que asistían Manuel Belgrano, Juan Martín de Pueyrredón, Bernardino Rivadavia, Agustín José Donado, Juan José Paso, Juan Hipólito Vieytes, Juan José Castelli, Florencio Terrada, Feliciano Antonio Chiclana, Irigoyen, Manuel Alberti, Juan José Viamonte, Tomás Guido, Antonio Luis Beruti, Domingo French, etc., etc.
Muchos de ellos habían sido discípulos de dos clérigos embutidos en el absolutismo peninsular: el doctor Luis José de Chorroarín, rector del Colegio de San Carlos; y el doctor Mariano José Andrade Díaz, comisario de la Inquisición; y fuere porque cediesen al temor de los más influyentes de comprometer el resultado de la revolución en aventuras inconsistentes o porque no atribuyesen al pueblo el poder eficiente de que ya había dado pruebas en las jornadas de la Reconquista y en la del 1ro. de Enero de 1809, el hecho es que ninguno de ellos pensaba en la República”.

Saldías apoya esta afirmación en pruebas irrecusables(2).

(2) Adolfo Saldías. “La Evolución Republicana durante la Revolución Argentina”. // Citado por Justo Díaz de Vivar. “Las Luchas por el Federalismo (Pedro Ferré, Don Juan Manuel...)” (1935). Ed. Viau y Zona, Buenos Aires.

Junto con el antidemocratismo y con el monarquismo, la gran burguesía porteña estaba impregnada de sus prejuicios de representantes de la ciudad-capital y de la ciudad-riqueza lo que -junto con lo otro ya dicho- les hacía considerar como un absurdo que otros que ellos pretendieran inmiscuirse en la dirección de los destinos del país, siquiera en el provisoriato que ellos consideraban como preludio de la creación del futuro Reino.

Hemos dicho que la excepción fue Mariano Moreno, y agregaremos a algunos convertidos por la prédica de éste.

Moreno, espíritu inquieto y por consiguiente curioso, con otras ventanas abiertas sobre la cultura general por el francés que poseía era, en la teoría, un verdadero revolucionario: demócrata, republicano, federalista. Pero si divergía en ideas fundamentales y conceptos de ética política con la mayoría de la burguesía directriz monárquico-conservadora, se sumaba a ella en sus prejuicios de “porteñismo”.

Esta fue la posición espiritual de los iniciadores de la Revolución de Mayo y en la que persistieron hasta Cepeda.

Pero ya vimos cómo los sucesos que fueron desarrollándose en contra de sus designios hicieron escapar de sus manos el contralor de la vida política de los pueblos del antiguo Virreinato, mucho antes de este “cúmplase” que puso Francisco Ramírez a la sentencia de muerte de sus pretensiones, el año XX.

Así, pues, el “caos” de este año es más el caos de Buenos Aires o, mejor dicho, de su burguesía directriz, y sólo la coronación de un proceso que empezó el Año XIII se fue desarrollando paulatinamente hasta la culminación en el año XX.

Bueno es examinar el punto con alguna detención para fundamentar esta afirmación tan contraria a la rutinaria historia corriente.

Si por “caos” político queremos significar la desarticulación de un mecanismo de Gobierno conocido y practicado sin violencias materiales ni morales, que llevara aparejado consigo la tácita aquiescencia de tantas generaciones que nacieran y se desenvolvieran bajo él, con las ambiciones personales condicionadas a las posibilidades que el mismo ofreciera, el caos fue el del año X, producido como consecuencia del derrumbe del poder español, aunque el acontecimiento careciera de aspectos estruendosos e impresionantes.

Hasta entonces, la única autoridad positiva, indiscutida, la que vinculaba, la que hacía reinar la paz en las conciencias y en los hechos, era la del rey. La deposesión de su representante trajo como inmediata consecuencia la indecisión para determinar una conducta en lo personal y en lo público; y en partes del Paraguay y Charcas, la disolución del vínculo.

Era el caos espiritual para los que no acertaban a distinguir hasta dónde esta libertad adquirida no estaba reñida con el deber de fidelidad al monarca legítimo y jurado como tal, de derecho divino; era el caos material también, porque no había una conciencia clara sobre con qué se reemplazaría a la autoridad desplazada.

No había habido la previa modelación de la conciencia colectiva, hija de una prédica doctrinaria de largo tiempo ejercitada sobre formas de gobierno, para cuando el derecho de autodeterminación se retrovertiera a los pueblos. La campaña que en tal sentido hizo después Moreno en “La Gaceta...”, vino tarde, y ya fuera de oportunidad inmediata para actuar como factor determinante sobre el espíritu público; y tampoco la prensa de entonces tenía la importancia que después adquirió cuando tuvo facilidades de difusión.

El brusco cambio, no sólo en formas de gobierno sino en las rutinarias ideas políticas que formaban el sustrato mental colectivo de los pueblos del Virreinato, tenía pues que producir un efecto desconcertante y caótico.

Cuando la variación que afecta la forma política del Estado es hija de un proceso definido de lento desarrollo, que encuentra ya hecha una suerte de conciencia que ha ido siendo modelada por los hechos o por las doctrinas, en que la comunidad está preparada para recibirla por un largo trabajo paulatino anterior que recién entonces se concreta y adquiere forma objetiva, ningún transtorno material ni espiritual se produce en la vida colectiva.

No es un fenómeno de crisis sino de litis, que pone largo tiempo en realizarse; una evolución lenta, que se ve venir a la que se han acomodado insensiblemente las leyes y las costumbres y que, sin violencia, opera la superación de una etapa; así pasó Roma de la República al Imperio.

Otras veces, el cambio es brusco e inesperado, y ese era el caso del Virreinato del Río de la Plata. Entonces se produce una crisis, en el sentido de la desaparición de la base sobre la que se desarrollaba la vida de la comunidad, que puede tener aspectos tranquilos o violentos pero que siempre produce la desorientación y el estupor por su marcha hacia lo desconocido, sin un ideario cuya consecución se persiga, sin un propósito que sirva de norma para las nuevas formas de convivencia.

No hay pues que dejarse engañar por el aspecto externo de los sucesos aparentemente conexos y que muestran a la Junta de Mayo recogiendo tranquilamente la autoridad del virrey, aunque fuera en forma provisoria. Eso parece así porque nadie -o muy pocos- se han cuidado de averiguar lo que ocurría en las demás ciudades del Virreinato y sólo han mirado a Buenos Aires.

La Junta de Mayo nacía de una Corporación municipal de uno de los tantos “pueblos” en los que -según su propia doctrina- se retrovertían los derechos de soberanía inmanente que hasta entonces detentara el rey por tácita delegación. ¿Cuál sería el pensamiento de esos otros, cuál su doctrina política, cuál su actitud de hecho, en presencia del insólito acontecimiento?

La Junta de Mayo, exclusivamente bonaerense, se apoderó del poder político del virrey por el imperio de perentorias circunstancias pero, para ejercitarlo en la forma eficiente que era indispensable hacerlo, necesitaba del reconocimiento y de la consiguiente obediencia de los demás “pueblos”, que también tenían ahora su soberanía y que podían usarla en la forma que más les acomodara o estimaran más prudente. Tal era la situación de hecho y de derecho que creaban los sucesos de Mayo con la deposición del virrey.

Para lograr su reconocimiento como autoridad, la Junta bonaerense tuvo que ofrecer la paridad a sus hermanos -los otros Cabildos- obteniendo a ese precio su aquiescencia. La resistencia iniciada por Mariano Moreno a la intervención de los representantes de los otros Cabildos en el Gobierno General, exteriorizó desde el comienzo la pretensión porteña a la hegemonía, pero tal propósito encontró -como era lógico- la resistencia de las ciudades del resto del país.

La actitud estuporosa de los Cabildos del Interior en los primeros tiempos, en que reinó en ellos la indecisión propia de Organismos sacados de su esfera de acción habitual, produjo al principio una aparente sumisión a las pretensiones de Buenos Aires; pero, en esas Corporaciones regionales, que aún no sabían concretar sus aspiraciones o propósitos orgánicos sobre formas de gobierno que reemplazaran al del rey, había ya una idea central indestructible: no dejarse absorber por otro Cabildo -más pobre o más rico en rentas- pero que no tenía más autoridad legítima que los otros de su parigual.

Algo de esto apuntaba ya en las pretensiones fundamentadas por el deán Gregorio Funes, representante del de Córdoba, y que obligó a la Primera Junta a incorporar a su seno a los diputados de los otros Cabildos.

El golpe de estado de Rivadavia en 1811, que interrumpió una situación jurídicamente legítima, retornó en los hechos la hegemonía al Municipio de Buenos Aires, que organizó en lo sucesivo Gobiernos no fundados ya en el derecho sino en la fuerza, y que hasta 1820 disfrazó su absorción autoritaria con la serie de provisoriatos o mandatarios de aparente consenso “nacional”.

Y llamo aparente, porque en el hecho esta autoridad era tal: no reconocida en muchas partes y sólo obedecida condicionalmente en otras, como lo demostrarán los hechos que voy a analizar.

Para ello examinemos cómo estaba la situación material al producirse el movimiento de Mayo. En el Virreinato había las Intendencias y, en éstas, los Cabildos, unidades de gobierno hasta cierto punto autónomas unas de otras. Los intendentes no eran nombrados por el virrey, sino por la Corona directamente; los Cabildos, ya sabemos cómo se elegían en lo más representativo del vecindario, por la designación de la misma corporación de los reemplazantes de los que cesaban.

Puntualizo estos conocidos detalles porque ello tiene su importancia. A pesar de no ser electiva -en el sentido verdaderamente democrático de la palabra- la función de cabildante (que entre otras tenía, y esto era de grandísima importancia en los pueblos que no eran residencia de Audiencia ni Administración de Justicia) revestía un concepto de positiva representación popular.

Y ello era así por cuanto a más de no ser la función de nombramiento real, la desempeñaban por uso y costumbre los más conspicuos vecinos de las ciudades y, por tanto, el Cabildo era una verdadera expresión de la opinión local.

A la Junta de Mayo le fue fácil captar la autoridad política de los intendentes, por cuanto éstos eran dependientes y renpesentantes directos del rey cautivo, como lo fue el virrey, y la Junta obraba en nombre y representación de aquél y, además, porque estos funcionarios no tenían arraigo en el alma popular; pero no le fue posible hacer lo mismo con los Cabildos, porque éstos, sí, eran representativos de la opinión de sus respectivos vecindarios, y porque no siendo ella -la Junta- sino hija de un Cabildo (el de Buenos Aires), carecía de esa autoridad moral sin la cual no hay Gobierno posible.

Y no podía tenerla sin el concurso de sus pariguales, porque su autoridad provisoria se fundamentaba en la teoría de una voluntad popular de que el rey fuera depositario, y que volvía a sus comitentes desaparecido el monarca, y tan comitentes eran los que representaba el Cabildo de Buenos Aires como los que personificaban los otros Cabildos.

Veamos en qué progresión se desencadenaron y siguieron los sucesos. Un fenómeno económico produjo una aspiración de autonomía con relación al poder central: el rey, todavía indiscutido como señor espiritual y material de sus dominios

La aspereza de la lucha con los que se decían sus legítimos representantes (los peninsulares), condujo al separatismo, pronto en el hecho, luego en el derecho, pero sin que este torbellino de acontecimientos -que a todos sorprendió- hallara preparada a la colectividad para el Gobierno propio.

Sin pensarlo ni proponérselo al principio, se encontraba ésta súbitamente dueña de sus destinos, cortado el nexo espiritual con un poder aceptado hasta entonces sin resistencia de conciencia.

Los sucesos tomaron a los pueblos desprovistos no sólo de formas estaduales de conjunto, una vez desaparecida la autoridad central, sino hasta de un ideario en qué basarlo. La corriente violenta de aquéllos sobrepasó el pensamiento orgánico de los hombres.

Es entonces que vino, para todo el país, el “caos”, la delicuescencia, llevando a todo el antiguo Virreinato a una suerte de estado ninfal. Lo único que quedó en pie en la tormenta fue lo que tenía verdadero arraigo, la gran Institución paterna de los pueblos: el Cabildo. Estaban éstos habilitados para el ejercicio de los tres poderes que fundamentan la organización política de la sociedad actual, pero ello sólo dentro de sus respectivas jurisdicciones.

En efecto; de su seno salían los reemplazantes del Teniente de Gobernador -en caso de acefalía-; sus bandos y disposiciones eran verdaderas leyes locales y ejercitaban normalmente la Administración de Justicia. Por eso la crisis no afectó la vida de los pueblos -células de la colonia- que se bastaban a sí mismos como organización.

Lo que faltó a todos fue un criterio claro de cómo se establecería la contingüidad entre los grupos hermanos, para formar un todo “nacional” (porque esta fraternidad la sentían), roto como estaba el nexo de unión que hasta entonces los ligara. De ahí la indecisión y la desorientación de los Cabildos, la falta de firmeza en sus actos, la necesidad de la “prudencia” que siempre invocaba el deán Funes.

Aceptaron la doctrina de la libertad política, que estaba en el ambiente pero que no sabían darle forma orgánica una vez traspasados los límites de sus jurisdicciones.

Sintiéndose iguales entre sí en el derecho, como unidad-pueblo que cada uno era, ensayaron para seguir su marcha armónica de conjunto, lo que en idéntico caso al suyo hicieron las colonias inglesas de América del Norte: la confederación entre ellas, por lo menos en forma provisoria (la Junta Grande), lo que permitía esperar con calma el momento de la constitución definitiva.

En eso se estaba cuando el Cabildo más audaz, más engreído y más violento entre sus iguales en derecho, el de Buenos Aires, con el golpe de fuerza de Rivadavia en el año XI, se arrogó por prepotencia el mando y, por el silencio, la resignación y la obediencia momentánea de los demás, creyó haber resuelto la situación en forma definitiva.

Ya el rey de España tenía sucesor; mientras se buscaba el definitivo, Buenos Aires reinaría sobre los demás pueblos, los que con la revolución sólo habrían logrado un cambio de amo. Pero este criterio simplista de los bonaerenses era tan ingenuo como engañoso, aunque muy propio de aldeanos infatuados e imbuidos de su propia importancia, como el sapo de la fábula que se conceptuaba el centro de la Creación.

Los otros Cabildos parecieron al principio resignarse a la fatalidad, pero la resignación en el hecho no es la renunciación de un derecho, como no lo fue el de los Cabildos regionales, a pesar de su silencio y de su pasividad momentánea. Podían estos soportar la prepotencia o por impotencia para afirmar su derecho o por espíritu patriótico, en que conveniencias del conjunto superasen a la de cada una de las partes.

Esta fue la situación de los Cabildos regionales en los comienzos de la lucha; había que resolver -en primer término- el asunto con España; había que crear luego fuerzas materiales para sostener sus derechos políticos, pues las morales ya no bastaban; y había también que saber cómo hacerlo para que su reivindicación no afectara los intereses permanentes del todo: el de las Provincias Unidas en conjunto.

La gran cuestión no se había pues resuelto, como se lo figuraban un poco optimistamente los de Buenos Aires; sólo se había postergado. Este fue el período caótico para los Cabildos regionales y, por consiguiente, para el país argentino.

Pero lo era solamente en cuanto a la relación de coherencia entre ellos para rehacer la unidad nacional. En lo demás de la vida colectiva no se había producido trastornos: seguía incólume la Administración de Justicia; las disposiciones de los Cabildos afectaban ya el carácter de legislativas; seguían sin perturbaciones otras que las consiguientes al estado de guerra, el comercio y la precaria economía.

Pero ya el año 13 una de las provincias, la Oriental, dio la norma de cómo debían ser las correlaciones de los Estados entre sí y con un Gobierno Central a establecerse con el consenso unánime de todos; y, sobre este ejemplo, se amoldó la conducta de casi todas las demás.

Ya en otro lugar hemos mostrado el crecimiento y difusión del “veneno” artiguista.

Paulatinamente se fue concretando en las provincias la forma de cómo se realizaría la coherencia; había que sacudirse -en primer término- del yugo que les imponía Buenos Aires; conservar cada una de ellas su individualidad, de acuerdo con la fatalidad geográfica del país y con la tradición regional que representaban desde antaño sus Cabildos; y tratar en un Congreso -todas, de igual a igual- de organizar el Gobierno General de la Nación, conservando en el ínter, cada una de ellas, la totalidad de su soberanía.

Y ese programa lo fueron realizando como podían: o por la sublevación directa contra el pretendido Poder Central, o por la oposición pasiva.

Desde ese año, el poder del Cabildo avasallador y sus sucesores fue siendo cada día más desmedrado y más precario. La provincia Oriental, Entre Ríos y Corrientes salieron virtualmente de su dominio desde el 14; Salta y lo que fue después Jujuy, el 16.

En éstas, todos los atributos del poder dejaron de pertenecer a los Gobiernos establecidos en Buenos Aires: ellas nombraban sus tenientes-gobernadores, recaudaban los impuestos, sus Cabildos eran Legislaturas soberanas.

El año 16 se libertó Santa Fe, cortando las comunicaciones de Buenos Aires con el Interior; en las demás provincias -aún sujetas- corrían vientos de fronda que obligaban a capitular al poder de Buenos Aires. Cuando se quizo reemplazar en Cuyo al teniente-gobernador San Martin, el Cabildo de Mendoza intimó al Director Carlos María de Alvear que revocase el nombramiento del sucesor y restableciese al reemplazado, y el Director obedeció.

El año 16 media República estaba fuera del dominio del poder bonaerense, y en el resto su autoridad era puramente nominal, teniendo que obrar en él como en país conquistado. No hay sino leer las Memorias de la época y las comunicaciones de los funcionarios civiles y militares, para confirmar este acerto.

Sus mismos ejércitos ya no le obedecían sino condicionalmente; aceptaban o no, según su voluntad, los jefes que el Directorio designaba, y esto los revocaba o confirmaba al grado de aquéllos. ¿Era esto, o no, un caos?

Y si lo era, que bien tiene caracteres de ello, forzoso es convenir en que él estaba establecido mucho antes del derrumbe oficial del Directorio el año XX.

Pero el caos era sólo para el pretendido Gobierno “nacional” de Buenos Aires. En las provincias, consideradas cada una individualmente, no existía. No había en ellas anarquía, en el sentido de desorden o falta de autoridad que mantuviera las reglas de la existencia de la célula social.

Los gobernadores, o caudillos, como ya empezaba a llamárseles en la literatura oficial, eran prepotentes, tanto como sus antecesores, los antiguos tenientes-gobernadores porteñistas, o los Directores de los inventos institucionales bonaerenses y tan irresponsables como ellos.

Y tenían que serlo así, porque las necesidades de la lucha requerían esa concentración de poderes; pero lo eran sólo en lo político, respetando en lo demás la estructura jurídica heredada de la colonia, y lo consuetudinario en los otros aspectos de la vida.

Algunas provincias estaban ya organizadas de hecho, pronto lo estarían de derecho; ya “el Estado” vivía en ellas aunque no tuviera todavía forma constitucional. Sólo el Cabildo avasallador no se apercibía de esto; era el único que seguía en caos, en confusión mental.

Cierto es que el Directorio conservaba una sombra de autoridad en algunas provincias cuyas sublevaciones habían abortado por la presión del Ejército, y también mantenía “las relaciones exteriores”; pero esto último era puramente una ficción.

Fuera de lo que podía gravitar como acción externa a causa de la expedición libertadora de José de San Martín a Chile, y de los roces con el Brasil, la República, cuya independencia no había sido aún reconocida por nadie, no tenía relaciones exteriores.

Los hombres del Directorio, cuya vanidad estaba hipertrofiada, se arrogaban una representación de que carecían, en su gestión monárquica en Europa y en el Brasil, tanto que hablaban hasta en nombre de Chile y del Perú.

En el proyecto de Constitución monárquica presentado a Carlos IV -redactado por Bernardino Rivadavia, Manuel Belgrano y Manuel de Sarratea- se incluía a estas dos naciones, haciendo entender, aunque no se lo decía claramente, que también representaban a éstas.

Es curioso saber y cabe preguntarse: ¿a quién o a quiénes representaba el Gobierno directorial que cayó el año XX?

La verdad es que sólo era expresión de la burguesía de Buenos Aires, pues ni siquiera representaba al pueblo de ésta, a eso que el trío monarquista llamaba ‘‘el común de la nación”. Nada tenía que ver con el pueblo ese grupo acomodaticio y sin patriotismo, que estaba divorciado de él.

Esta calificación de la burguesía porteña, aunque dura, es exacta. De todos los directivos de la época (comprendiendo entre éstos desde los elegantes porteños -que vestidos a la Teófile chapaleaban por el barrizal y cuerpeaban los “terceros” de su ciudad- hasta los toscos caudillos de provincia), los únicos en quienes se nota la ausencia del sentimiento de nacionalismo es los de la burguesía bonaerense.

Y no digo esto por lo que fueran monarquistas, circunstancia que tan celosamente quieren ocultar los que escriben la historia corriente. Se podía ser monarquista sin dejar de ser patriota, porque una preferencia por determinada forma de gobierno -cosa que puede deberse a alguna razón o prejuicio, como en el caso lo era- no significa la negación de lo primero.

Pero los hechos de los burgueses porteños muestran que éstos no estaban poseidos de ese sentimiento de unión, de fraternidad, que era la característica del pueblo en todas partes, y que al fin hizo la República Argentina, dando forma definitiva a la delicuescencia de las Provincias Unidas.

Esa burguesía pretendió entregar -por intermedio de su Directorio- la Provincia Oriental al Brasil, como después pensaría cederla García por sugestión de Rivadavia, como también pretendían hacerlo sus herederos esperituales -los unitarios- con otros territorios, ofreciendo la venta de la Mesopotamia o propugnando como Sarmiento los derechos de Chile sobre la llamada Patagonia.

La burguesía porteña de esa época constituye uno de los grupos más torpes y de visión más limitada sobre el futuro argentino. Era monárquica por educación y por egoísmo.

Fue separatista con relación a España por esto último, pero carecía de patriotismo integral; no preveía la grandeza del país unido y ni siquiera se apercibía del peligro del fraccionamiento en las republiquetas que fomentaba en su ceguera, y que llevarían a la entrega del territorio por absorción paulatina de él, al engrandecimiento del Brasil o de los otros vecinos que se acrecentarían a su costa.

Lo que quería era lo inmediato: lo que satisfacía sus apetitos, del presente. Buscaba rey en Europa o en el Brasil para, a la sombra del trono, hinchar su vanidad de parvenus con títulos nobiliarios y digerir con comodidad sus “frutos del país”, halagados por las reverencias del “común de la nación”.

Para mantenerse en el poder y llegar a satisfacer este despreciable y egoísta pensamiento no vacilaron -cuando tuvieron mando- en abandonar las fronteras, dejándolas abiertas a la invasión española y portuguesa; trayendo el Ejército del Norte -que la defendía de los primeros- para sostener su vacilante poder, muerto ya, y que hubieran sido presa de los realistas sin los “anarquistas” de Güemes; y llamando para el mismo objeto al Ejército de los Andes, sin detenerse siquiera ante la grandiosidad del objetivo de José de San Martín.

A realizarse el pensamiento de los directoriales porteños y de sus herederos espirituales los unitarios, el panorama de esta parte de la América sería:

El Reino o la República de Buenos Aires hasta las cercanías de la Pampa pues, lo demás del sur, se lo hubiera tragado Chile porque los porteños no hubieran tenido fuerzas con qué defenderlo; y las minúsculas Republiquetas en el resto del país, las cuales no hubieran tardado en ser absorbidas por los países vecinos, más poderosos y más inteligentemente gobernados”.

¡Y esos hombres son los que ahora tienen estatuas y posan de patriotas!

Pero había algo que salvaría a la República de la desmembración y de la nueva esclavitud a que pretendían llevarla la inconsciencia y la torpeza egoísta de la burguesía porteña, y ese algo era el pueblo.

El pueblo, la muchedumbre ignara, el hombre-masa, que no ha pasado por las disciplinas de los clérigos Luis José de Chorroarín y Mariano José Andrade Díaz, ni por las aulas de fray José Cayetano Rodríguez, o que no sabe la teología del doctor Valentín Gómez, pero que siente oscuramente en sí un concepto de libertad política y de fraternidad argentina.

Porque ni el pueblo de Buenos Aires acompañaba a estos indignos mercaderes, los directoriales. Por eso, él, que destrozó 10.000 ingleses y salvó al país del zarpazo de Albión, dejó que Francisco Ramírez atara el cabestro de sus redomones en las verjas de la Plaza de la Victoria.

Ya se volverá a ver al pueblo porteño y de lo que era capaz, movido por la pasión del patriotismo, cuando la traición unitaria trajera la invasión anglo-francesa, cómo supo defender el honor y la integridad nacional, no le asustaban las cuarenta velas franco-inglesas, ni sus rubios soldados de desembarco a quienes ya había visto antes las espaldas.

El pueblo de Buenos Aires vibraba al mismo diapasón que los demás de la República, llevado por las mismas causas que en otras partes producían idénticos sentimientos.

Por eso el directorialismo estaba condenado a muerte y sólo faltaba el cumplimiento de la sentencia. Pero, ¿la desaparición del Directorio trajo el “caos”?

Si el año XX cesó esa sombra de autoridad nacional, hecho que no hizo sino consagrar en la realidad una situación que virtualmente existía ya, ello no produjo ni confusión ni caos.

Lo primero, porque el proceso había venido desarrollándose desde hacía tiempo, lo que dio lugar a que se adaptase a ello el país y a que crease sus órganos defensivos o vicariantes, supletorios de esa autoridad estatal que se esfumaba; lo segundo, porque la oficialización de este estado de hechos no afectó la vida de cada unidad regional y ni la del conjunto, ligados como estaban los pueblos por un profundo y positivo sentimiento de nacionalismo, y sintiéndose solidarios íntimamente unos con otros.

Hemos visto ya cómo las provincias se habían ido formando; y antes del famoso año XX, en vez de un Gobierno Central nominal, había ya en el país varias unidades regionales organizadas, en las que la autoridad del Estado Provincial no era una sombra, apoyada como estaba por la opinión pública, que cumplía con todas sus funciones, incluso con las obligaciones de orden internacional que estaban a su alcance, defendiendo por su cuenta el suelo de la patria, como lo defendió José Gervasio Artigas contra el invasor brasileño, solo y con los pobres recursos de su provincia, y hasta contra la hostilidad del “gobierno central”; como lo defendieron los salteños, solos también.

Así pues, la cesación de esta autoridad nacional ficticia, que obraba sin el consenso de los habitantes del país en el exterior, y sólo por la fuerza se sostenía en el Interior, no produjo una crisis; en todo caso, aclaró una situación turbia y demostró la necesidad de tratar de llegar a una forma seria de organización nacional basada en los derechos efectivos de cada Estado de las Provincias Unidas.

La ficción de la historia oficial es que el año XX desapareció la autoridad nacional, pero, ¿es que ésta existía hasta entonces en el hecho? ¿Quién la obedecía ya? ¿Eran sus ejércitos? Que lo digan San Martín y Arequito. ¿Eran sus funcionarios?

Sí, si residían en Buenos Aires, pero los documentos de la época están llenos de los relatos de las rebeldías civiles y militares a las que el Directorio tenía que hacer la vista gorda impotente -como estaba- para reprimirlas; y todo esto era antes del año XX y el hecho no era producido por ninguna razón extrínseca.

A veces, en circunstancias desgraciadas para un pueblo, no es la extensión territorial dominada ni el acatamiento inmediato de las disposiciones de un Gobierno lo que determina la existencia de una autoridad nacional; es el caso de España en las guerras napoleónicas; el del Paraguay, en las postrimerías de la del 65-70; y aun el de Bélgica, con residencia del Gobierno fuera del territorio nacional, en la europea de 1914-18.

Pero para que el dominio -por lo menos espiritual- sea una verdad, es necesario que dicha precaria autoridad represente el sentimiento nacional, ocasionalmente oprimido por un poder material extranjero, y éste no era el caso de los directoriales porteños ni de su burguesía cuyo último representante cayó el año XX.

Su pretendido poder se “ejercía” en un territorio libre de enemigos, precisamente de lo que carecía era de esa autoridad moral que sólo da un origen legítimo o la interpretación del sentir del alma colectiva del país.

El año XX sólo cayó un fantoche; fantoche usurpador y perjudicial, contrario a la tendencia política popular en lo Interior, renunciador de la acción libertadora de las Provincias Unidas en lo exterior, tramitador del desmembramiento del país, mendigo de Coronas extranjeras. Estaba muerto, bien muerto, este muñeco, antes de que lo voltearan con un pequeño soplo el año XX.

Este famoso año fue de “caos”, pero para la burguesía de Buenos Aires, caída de la rama de sus ilusiones y sin saber qué hacer ahora que su Cabildo sólo encabezaba una “provincia”, sino pelearse hasta carnavalescamente entre sí por el famoso bastón de Alcalde lugareño, como el día de los tres gobernadores.

Buenos Aires estaba ahora en la situación de desorientación e indecisión en que estuvieron los Cabildos de los pueblos del Interior después del año X, hasta que se organizaron. Estos habían concluido ya su crisis política, ella la empezaba ahora.

Felizmente, como estaba preparada para el caso, la resolvió pronto, sólo que -como para todos los historiadores oficiales- desde los grandes bonetes hasta los que lo son para el comercio de los colegios- Buenos Aires es el país, y su historia municipal la de la República Argentina, se sigue llamando al año XX: el del “Caos” nacional.

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