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NECESIDAD DEL ESTADO NACIONAL

El 16 de Diciembre de 1824 se había instalado, en Buenos Aires, el Congreso Nacional a que Corrientes adhirió cuando la misión a cargo del doctor Juan García de Cossio. En esta época, la provincia entraría a tallar de lleno en la política nacional. 

El 9 de Enero de 1825, a los pocos días de su designación como gobernador, delegaba Pedro Ferré el P. E. en el teniente coronel Manuel Antonio Ferré, marchando a Entre Ríos a vincularse con sus dirigentes políticos (en esos momentos era gobernador de la vecina provincia, Juan León Solá).

Vuelto Ferré a la capital, plantea la cuestión política, buscando solidarizar a la mayoría en la ejecución de sus actos de gobierno.

Ante la consulta de Ferré(1), de si debía obedecerse a esa Asamblea, el Congreso Provincial la reconoce como Congreso General Constituyente de la Nación, ordenando acatar sus resoluciones(2), ley que no es inflexible para Ferré.

(1) Mensaje del 25 de Febrero de 1825.
(2) Ley del 26 de Febrero de 1825, en el Registro Oficial de la Provincia de Corrientes, p. 36. // Todo citado por Hernán Félix Gómez. “Historia de la provincia de Corrientes (desde la Revolución de Mayo hasta el Tratado del Cuadrilátero)” (1929). Edición del Estado.

Por el contrario; hábil como ninguno encontrará -en toda medida de la Asamblea Nacional que pudiera rozar los derechos de la provincia y el orden de sus instituciones- un pretexto para debatir el asunto, caracterizando los elementos de individualidad local.

- Necesidad del Estado Nacional

Destruido por la anarquía el Gobierno Nacional creado por el Congreso de Tucumán, las provincias argentinas se manejaron con absoluta independencia las unas de las otras, sin renunciar, empero, a la patria común y sin resistir ninguna, en principio, a la conveniencia de constituir un Poder General.

La Convención del Pilar, firmada por los Gobiernos de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, el 23 de Febrero de 1820, estableció que representantes de las tres provincias se reunieran en el Convento de San Lorenzo para acordar, en unión con los diputados de las otras, “cuanto pudiere convenirles y conviniese al bien general”.

Dicho Pacto, resultado del triunfo militar de Estanislao López y Francisco Ramírez, daba a este último -que era el más fuerte- ventajas extraordinarias para convertir en beneficio de su poderío personal la obra del proyectado Congreso.

La agresión del mencionado caudillo contra sus aliados pasó a otras manos los resortes de que él se valiera porque Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba se ligaron para combatirlo y, en la nueva evolución, ocupó el general Juan Bautista Bustos el lugar de Ramírez.

Bustos había sublevado el Ejército Auxiliar del Perú, en Arequito, con propósitos tan menguados como los de todos los “montoneros”; se apoderó del Gobierno de Córdoba y el poder público y las tropas veteranas arrebatadas a la Nación dieron fuerte base a sus ambiciones de predominio general.

El Congreso que hubo de reunirse en San Lorenzo fue convocado por Bustos en Córdoba; pocas provincias concurrieron a él. Buenos Aires había rehuido todo intento de organización nacional en la hora de su postración cuando la propuesta emanaba de Córdoba e iba a conducir necesariamente a arrebatarle una hegemonía cuya pérdida era considerada transitoria por la mayoría de los porteños.

En ese estado de cosas surgió el Tratado del Cuadrilátero, cuya influencia moral destruyó los planes de aquél. Bajo los auspicios de este Pacto se alcanzó un grado de tranquilidad y orden que permitía iniciar la reorganización del país y, en conformidad a una de sus cláusulas, el Gobierno de Buenos Aires -autorizado por ley del 27 de Febrero de 1824- invitó a las provincias “para reunir lo más pronto posible la Representación Nacional, en el lugar designado por la mayoría de los pueblos”.

La ley fue dictada hacia finales del Gobierno bonaerense de Martín Rodríguez, por iniciativa de su secretario de Gobierno, Bernardino Rivadavia. Se enviaron misiones a las provincias que habían formado parte del ex Virreinato del Río de la Plata con el objeto de invitarlas a reunirse en “cuerpo de nación” bajo el sistema representativo y republicano.

Circunstancias internas y externas hacían posible un nuevo intento de organización nacional:

* las provincias habían organizado sus instituciones, entrando en una etapa de convivencia pacífica;
* Buenos Aires, recuperada luego de la “gran experiencia” de 1820 había demostrado su importancia política y económica para costear los Gastos Generales del Congreso;
* Gran Bretaña, decidida a reconocer la independencia argentina, exigía tratar con autoridades nacionales;
* el Imperio del Brasil -proclamado en 1822- había incorporado la Banda Oriental y amenazaba con invadir el Litoral argentino.

Después de lograr el consenso de las provincias, y con la excepción de San Luis, Buenos Aires fue elegida sede del Congreso General, que se reunirá en Diciembre de 1824. Estaba integrado por representantes de las provincias elegidos en proporción al número de habitantes, uno cada 15.000 habitantes o fracción mayor de 7.500. Todas nombraron sus diputados.

El Congreso de Corrientes confiará la representación de la provincia a los doctores José Francisco Acosta y José Antonio Ocantos, reservándose el derecho de aprobar o rechazar la Constitución que dictase la Asamblea Nacional.

Tres años de paz y orden habían convencido a todos de la conveniencia de restablecer el Estado Nacional y los hombres de Buenos Aires no eran los menos convencidos. La cuestión se planteaba sobre cuál sería la forma de dicho Estado.

La mayoría de las provincias sostenían el principio de la federación, que mantendría a los Gobiernos Provinciales al margen de las intromisiones del Poder Central y permitiría que las provincias gozaran de igualdad de derechos.

No obstante las buenas disposiciones manifestadas por los Gobiernos y los pueblos sobre la conveniencia y necesidad de reorganizar los poderes de la República, ni el régimen más general de los primeros ni la condición de dudosa libertad -consciente, de los segundos- presagiaba una fácil y prudente solución del problema, varias veces tratado y nunca satisfactoriamente despejado, por manera que la provincia de Corrientes tenía, en su experiencia cruel, causas poderosas para no contraer anticipados compromisos que le impusiesen el sacrificio de su situación bonancible o de derechos territoriales.

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