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EL PARAGUAY Y LA DICTADURA DE RODRIGUEZ DE FRANCIA

Iniciado el proceso de independencia, las rivalidades faccionales fueron de corta duración al imponerse la autoridad, indiscutible y legitimada, del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, quien se erigió en portavoz del “pueblo soberano” al asumir como dictador(1).

(1) Citado por Nidia R. Areces. Extracto del capítulo “De la Independencia a la Guerra de la Triple Alianza (1811-1870)” en “Historia del Paraguay” (2010). Ed. Taurus Historia, Asunción.

La legitimidad que -en el Antiguo Régimen- personificaba el soberano, fue reemplazada por la de la nación cuya representatividad residía en el dictador de la República. Este eliminó la competencia entre poderes ofreciendo protección a cambio de obediencia: la simple copresencia -jurídicamente no jerarquizada- de muchos grupos políticos en el interior de un conglomerado social, comportó -de hecho- el riesgo de conflictos de lealtad y, en definitiva, de guerras civiles, que no se dieron en Paraguay.

El monopolio político estuvo definido por la coerción, en estrecha conexión con el fiscal, y fue ejercido en el interior, por medio de un férreo control político y social. Y frente a otros Estados a través de la implementación de medidas de clausura de las fronteras y de refuerzo de los cuerpos militares a quienes la dictadura privilegió.

La intención y la finalidad en este ejercicio del poder por parte del dictador se pueden sintetizar en el concepto de “soberanía atributo”, que convierte a un determinado poder político en supremo, añadiendo a su capacidad de dirección la de obrar como instancia final de decisión, acción y sanción.

El poder determinado como soberano, dentro del ámbito de su actividad, no se encuentra subordinado a ningún otro. Como cualidad del poder es comprendida como soberanía interior y determina aquel poder en el Estado que no reconoce a ningún otro por encima de él.

Como atributo del Estado, afirma su individualidad, autodeterminación e independencia respecto de los otros particulares. Se comprende como soberanía exterior y no tiene sentido de superioridad sino de igualdad.

- Las relaciones exteriores bajo Rodríguez de Francia

La defensa de la soberanía exterior paraguaya fue objetivo prioritario de la dictadura francista, al tratar de preservar el territorio heredado de la colonia, de lograr la libre navegación de los ríos y de sostener la independencia paraguaya en un plano de igualdad tanto frente a la poderosa Inglaterra como al convulsionado Río de la Plata o al inquietante vecino brasileño.

En condiciones de amenaza exterior permanente, el Paraguay cerró y protegió sus fronteras de acuerdo con las condiciones externas, de tal manera que ese aislamiento fue un elemento condicionante de la política de la dictadura que proclamó sus derechos al dominio de los territorios heredados de la colonia.

Las relaciones establecidas con el Imperio del Brasil venían marcadas desde los tiempos coloniales, cuando incursiones portuguesas entraban en territorio paraguayo, en especial en la región ocupada por las misiones jesuíticas. Esta política expansiva fue seguida con constancia y capacidad por los estadistas del Brasil independiente.

En los primeros años del Gobierno del doctor Rodríguez de Francia, el comercio con los portugueses no sufrió interrupción. La dictadura no desconocía las ventajas de establecer un tráfico fluido pero, por encima de ellas, primó la defensa de la soberanía paraguaya. Hacia 1818, los portugueses acrecentaron sus fuerzas en el Mato Grosso y el dictador ordenó cortar cualquier tipo de relación y prohibió al año siguiente todo intercambio. A partir de este momento, la frontera Norte se mantuvo cerrada hasta la muerte de Francia, a pesar de distintos intentos de los portugueses para reabrirla.

El Imperio brasileño buscó la neutralidad paraguaya en la inminente Guerra Cisplatina contra las Provincias Unidas del Río de la Plata y para ello designó, en 1824, a Antonio Manuel Correa de Cámara como cónsul comercial con residencia en Asunción. Al llegar, a mediados de 1825, el doctor Rodríguez de Francia presentó sus reclamos y presionó para terminar con las incursiones brasileñas en la frontera Norte así como con el auxilio y apoyo que daban a los indios.

Correa reconoció las quejas como legítimas y le aseguró que las violaciones serían detenidas. Sin embargo, en 1827, cuando regresaba de nuevo, nada se había modificado y, conscuentemente, Rodríguez de Francia prohibió su arribo a Asunción y lo retuvo en Itapúa (donde permaneció hasta 1829).

En la década de 1830, las relaciones entre Paraguay y Brasil se mantuvieron estables en la medida en quedó habilitada la ruta comercial, a lo que se sumó el cese de toda actividad hostil en las misiones por parte del Imperio.

Un “intruso” famoso fue Aimé Jacques Bonpland, naturalista francés, que contó con el apoyo del caudillo entrerriano Francisco Ramírez y recibió una concesión de su Gobierno para poner en marcha en Santa Ana una empresa yerbatera. Esta instalación fue considerada por el dictador como una amenaza para los intereses paraguayos por su cercanía a Itapúa.

Sospechaba que allí iba a establecerse una base de operaciones que facilitaría la invasión de los ejércitos de Ramírez, por lo ordenó desmantelar Santa Ana y las patrullas paraguayas capturaron a Bonpland. Este hecho tuvo gran repercusión internacional y fueron varios los políticos y científicos que pidieron su liberación. Bonpland fue obligado a permanecer en Paraguay durante nueve años, en los que recibió, como él lo manifestó, un trato cordial.

El incremento del comercio hizo que Rodríguez de Francia se decidiera a ocupar Candelaria por la fuerza. Para ello, comenzaran las trabajos de construcción del Fuerte San José, sobre el río Paraná, y se apresó, en 1823, a todos los posibles sospechosos. Estas acciones fueron consideradas por los correntinos como una invasión a su territorio, como una “guerra no declarada entre Paraguay y Corrientes”, según expresión del historiador John Hoyt Williams.

Aún así, la dictadura, a través de distintas medidas, mantuvo el control sobre Candelaria. Entre 1832 y 1834 se produjeron continuos enfrentamientos y el gobernador de Corrientes, Pedro Juan Ferré, logró un Acuerdo con las provincias de Entre Ríos y Santa Fe para establecer una alianza defensiva y ofensiva.

Los correntinos comenzaron a trabajar nuevamente los yerbales de Candelaria e intentaron interrumpir el comercio paraguayo. En respuesta, el Dictador aseguró nuevamente el área e hizo escoltar a los comerciantes brasileños. Su vigilante política le permitió mantener el control del territorio hasta el fin de la dictadura, sin emprender abiertas hostilidades y con la intención de defender los principios soberanos de la República en ese territorio.

Las relaciones con Buenos Aires fueron complejas y pasaron por grandes turbulencias. Cuando Rodríguez de Francia estaba librando, a través de escritos y de manejos diplomáticos, la contienda con la ex cabecera virreinal, ésta prevenía a sus compatriotas

pues, de otra suerte, con todos sus títulos de República Soberana e Independiente, no será bien considerada sino a manera de una República de (indios) Guanás con cuya sustancia y sudor engordan otros”,

haciendo referencia a la dependencia tributaria que el pueblo guaná tenía respecto al mbayá y al guaycurú, y copiando el significado profundo de un Estado-Nación que se considerara libre y soberano frente a otros.

Las relaciones con Buenos Aires tuvieron un importante hito en el Decreto Supremo de 1814, dirigido contra los comerciantes vinculados con esa plaza comercial, que regulaba el comercio exterior, imponía un sistema de licencias comerciales y establecía la obligación de obtener una autorización del Gobierno para exportar los productos locales, cuyo precio mínimo fijaba por decreto el Estado.

Esta medida vino acompañada por la imposición a los comerciantes porteños de las correspondientes licencias, afirmando el control paraguayo sobre el ingreso de productos pero, al mismo tiempo, manteniendo la libre navegación de los ríos. Francia sostuvo con firmeza que las naciones independientes sólo comercian “con quien quieren, cuándo y cómo quieren y les acomoda, cesando cuando no (lo) consideran conveniente por cualquier motivo”.

A partir de su designación como dictador, Gaspar Rodríguez de Francia únicamente otorgó permisos especiales a los que deseaban exportar por vía fluvial los frutos del país y la madera, siempre que los dueños de las embarcaciones se comprometieran a regresar con armas y municiones, requerimiento indispensable para lograr no sólo la autarquía económica, sino la autonomía política.

En definitiva, logró imponer el control estatal sobre el comercio exterior que, hasta 1814, había estado principalmente en manos de españoles y porteños.

Después de la frustrada experiencia con los hermanos Robertson, la desconfianza de Rodríguez de Francia hacia los extranjeros fue total, pero más con los porteños quienes, con la aplicación del Reglamento de Septiembre de 1812, habían duplicado los gravámenes cobrados por Buenos Aires sobre los productos paraguayos.

Esta ciudad, formalmente había autorizado el libre comercio pero, en realidad, exigía el pago de impuestos superiores a lo pactado, represaba las cargas paraguayas y bloqueaba el río, presionando para que Paraguay aportara para la defensa común.

Fue en ese momento cuando Rodríguez de Francia privilegió el tabaco, alrededor del cual hizo girar los derechos soberanos de la provincia, expresando que ningún pueblo tenía el mismo derecho para “establecer ni perpetuar estancos en otro”, aludiendo a las restricciones que pesaban sobre Paraguay durante la colonia.

En 1814, los porteños utilizaron la reglamentación sobre la yerba mate como una de las tantas estrategias para no permitir la separación del Paraguay, presionándolo para que volviera a la órbita porteña.

Los asaltos combinados y los enfrentamientos entre federales y unitarios en el territorio rioplatense contribuyeron a devastar el comercio paraguayo: las exportaciones pasaron de los 391.233 pesos en 1816 a 157.498 en 1820, mientras que las importaciones se redujeron aún más drásticamente, de los 83.460 pesos en 1816 a los 4.824 en 1822.

Los comerciantes, cuyos depósitos se hallaban repletos de yerba y tabaco, vieron su capital no sólo improductivo, sino decreciendo día a día, como consecuencia del deterioro que sufrían sus productos y el incremento de los gastos generados por mantenerlos en depósito.

El control del Gobierno se fortaleció después del complot de 1820; un vasto movimiento conspirativo para derrocar al régimen, en el estuvo involucrada buena parte de la élite terrateniente en connivencia con Buenos Aires, y en el que participaron supuestamente Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero, Manuel Iturbe, Miguel A. Montiel, el doctor Juan Aristegui y los hermanos Acosta, entre otros.

Los dirigentes fueron apresados y sus bienes fueron confiscados. Pero en 1821 se descubrió otra conspiración vinculada al caudillo entrerriano Ramírez, por lo que los cabecillas fueron condenados a muerte y fusilados; otros quedaron confinados en prisiones del Interior del territorio y algunos implicados lograron escapar, refugiándose en Buenos Aires.

Así, en 1822, el doctor Rodríguez de Francia ordenó el cierre definitivo de los puertos paraguayos a través de los cuales se conectaban con el exterior -Pilar e Itapúa- y de las fronteras con el Imperio del Brasil y con las provincias del Río de la Plata.

Unicamente el puerto de Itapúa, en 1823, fue habilitado como una vía de comercio legal, una válvula, que el Gobierno controló. Los efectos deseados eran reducir el contrabando y obligar a los comerciantes particulares a no operar sin licencias, a pagar los derechos e impuestos y a respetar los precios que fijaba el Estado.

Posteriormente, a partir de 1829, se abrió el puerto de Pilar, aunque con una corriente de intercambio de menor cuantía que la que pasaba por Itapúa.

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