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La economía paraguaya durante la dictadura francista

Desde 1830, el Gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia buscó dar salida a los productos paraguayos y descongestionar la producción acumulada. Para ello, compraba yerba mate, tabaco y madera a los particulares a precio corriente del país para, posteriormente, venderlos a precios onerosos en las provincias vecinas(1).

(1) Citado por Nidia R. Areces. Extracto del capítulo “De la Independencia a la Guerra de la Triple Alianza (1811-1870)” en “Historia del Paraguay” (2010). Ed. Taurus Historia, Asunción.

Con esta medida pretendió apoyar a los productores y, en cambio, gravar con una “contribución” a los comerciantes que realizaban el tráfico Asunción-Itapúa, que se había incrementado a partir de 1834, lo que provocó el retiro a la campaña de muchos de esos negociantes, donde podían vivir sin mayores exigencias económicas.

Ese apoyo al campesinado estuvo acompañado, en la última década del Gobierno de Rodríguez de Francia, por una reducción de la alcabala y la abolición del diezmo, reemplazado por la Contribución Fructuaria de verano e invierno, un impuesto del 5 % sobre las cosechas de esas temporadas.

En cuanto a los impuestos, durante la Administración de la dictadura, estos disminuyeron drásticamente. Así, de 222.131 pesos en 1816 (el 84 % del ingreso total) se pasó a 31.084 pesos en 1840 (el 16,5 % de las recaudaciones). El objetivo no era sólo su reducción, sino la búsqueda de muevas fuentes de rentas en el marco de una economía más equilibrada y diversificada, siendo ésta regulada por el Estado.

A pesar de su estructura productiva y del restringido mercado interno, la economía paraguaya no podía mantenerse en una autarquía total. Necesitaba utensilios para el artesano, herramientas diversas para los trabajos rurales, tejidos de buena fabricación, etc. El Estado ejerció un estricto control del comercio, tanto externo como interno; participó directamente de las transacciones al comprar efectos y vender mercaderías de sus propiedades.

Contó con las denominadas Tiendas o Almacenes del Estado, depósitos donde se guardaban los bienes estatales. Igualmente, el Gobierno realizó actividades mercantiles que correspondían, la mayoría de las veces, a simples pagos in natura a causa de la escasez de numerario; por eso, la yerba y el tabaco costearon la parte esencial de las importaciones. Esto significó una compensación para un buen número de comerciantes paraguayos frente a la pérdida de los mercados externos de esos productos a causa del control estatal.

El comercio experimentó un mayor impulso en la década de 1830, “la década dorada” de la dictadura, en la expresión de José A. Vázquez. A pesar de las marcadas dificultades en las relaciones comerciales entre Corrientes y Pilar, éstas se mantuvieron incluso después que se estableciera la ruta entre San Borja e Itapúa a través del río Uruguay. El comercio se caracterizó por la regularidad, sin alzas espectaculares ni bajas calamitosas, lo que le permitió asegurar al Tesoro Público apreciables rentas, provenientes principalmente de los impuestos sobre ventas.

Toda mercadería introducida en el país debía aforar, es decir, tasarse, a los efectos de conocerse el monto sobre el cual recaerían los impuestos. Después del aforo, operación que se cumplía en Asunción con la personal asistencia del dictador, se hacía el ofrecimiento de frutos del país por parte de la Tesorería, a cambio de las facturas que interesaban al Estado o a la tierra pública.

Al no fijar el comercio en valores o precios preestablecidos -sino en la utilidad o valor de uso de las importaciones en relación con la cantidad de trabajo requerido para producir el artículo de exportación- el Paraguay adquirió sus importaciones en trueques por sus exportaciones, sin incurrir en déficit en la Balanza Comercial. Mientras la idea de la absoluta autarquía paraguaya es históricamente incorrecta, bien es cierto que la economía controlada por el Estado paraguayo excluyó el establecimiento del clásico mercado libre capitalista.

La dictadura impulsó la actividad artesanal y manufacturera. El taller de cureñas funcionó sin interrupción, trabajando en él operarios libres y algunos esclavos del Estado, a quienes se pagaba semanalmente su sustento como “oficiales carpinteros”. Mayor amplitud tuvo el ramo de la armería, dedicado a la fabricación de fusiles. En 1816, existían dos talleres, uno en Asunción y otro en Pilar, que era el centro de acantonamiento de tropas con un número importante de oficiales y operarios, a quienes se abonaban sueldos mensualmente.

De igual modo, los trabajos de herrería crecieron desde mediados de 1827. Anexo a estos talleres -que eran como un embrión del futuro arsenal instalado en la época de Carlos Antonio López- funcionó otro de platería de bastante importancia. También se desarrolló la fabricación de cables para embarcaciones, producción ya iniciada en la época colonial, así como las curtiembres, en las que trabajaban esclavos del Estado a cargo de los Jueces de Paz suplentes.

Aspectos sumamente positivos de la dictadura, que ni siquiera sus detractores pudieron ignorar, fueron el ordenado sistema contable y el logro de un excepcional estado financiero. Al morir el Rodríguez de Francia eran cuantiosos los bienes dejados por su honesta Administración y eficaz política económica.

Las rentas del Estado provenían de los diezmos, de un impuesto sobre las tiendas, de otro sobre las casas de piedra de la capital, de los derechos de importación y exportación; de la alcabala, del papel sellado, del ramo de correos, de las multas y confiscaciones; de la herencia de los extranjeros, del producto de los bienes nacionales.

La mayoría de estos habían sido implementados en época colonial, pero lo que modificó fundamentalmente el régimen fueron la puntualidad, la regularidad y el rigor con que el Fisco realizó la percepción de impuestos.

- El Ejército y la Administración durante el Estado francista

El tipo de política económica reseñada implicó, por parte de la dictadura, la necesidad de contar con otros aparatos del Estado que le fueran acordes. La milicia colonial llegó a la revolución controlada por las clases propietarias, y fue esta milicia de linaje proveniente de las encumbradas familias terratenientes la que resultó depurada por el doctor Rodríguez de Francia.

Su gravitación política también terminó por ser severamente limitada, aunque sólo tras el complejo proceso que se dio entre 1810 y 1816. El dictador aumentó el número de efectivos básicamente con la idea de dotar al aparato administrativo del Estado de un apoyo armado, pero sin conceder a los jefes militares un poderío político.

Si bien el militarismo se relaciona con el problema de la formación del Estado en América Latina, uno de los objetivos de la dictadura fue que los militares constituyeran un sector profesionalizado del aparato estatal.

De todas maneras, las Fuerzas Armadas fueron el espejo de la sociedad en que nacieron, por lo que el desarrollo de la sociedad, la formación del Estado y la situación geopolítica tuvieron incidencia directa sobre su organización.

Para Rodríguez de Francia, la organización y el poder del Ejército constituían un símbolo de la soberanía, porque no tenían que convertirse en un ente apartado de los intereses propiamente nacionales, sino que debían responder y servir al Estado, por lo que las Fuerzas Armadas se erigieron en el sector más importante y costoso de la defensa nacional.

El reclutamiento militar se realizaba entre los hombres más fuertes de cada localidad, excluyéndose los de familias distinguidas, no por privilegio, sino para evitar su inclusión en las filas del Ejército y, desde esos cuadros, tener la posibilidad de organizar y fomentar alguna fuerza de oposición a la dictadura.

No existían rangos mayores a tenientes y capitanes y entre los mismos se realizaba una rotación periódica de sus destinos. Además, desconocían la cantidad exacta de efectivos, dato que sólo sabían el dictador y el tesorero. Los ascensos eran minuciosamente estudiados, teniendo en cuenta, principalmente, la aptitud y la adhesión a la causa de la República, y se aplicaban severos castigos y reprimendas a los contraventores.

Los sueldos de los militares eran superiores a los de cualquier categoría burocrática, aunque se retenía una parte de ellos para alimentación y vestuario, cuyas remesas provenían de las Estancias de la Patria.

La Administración de la dictadura también se centralizó en la persona del propio Rodríguez de Francia, de quien dependían directamente todos los funcionarios, desde los residentes en Asunción (como el Secretario de Gobierno o Fiel de Fechos) hasta el más insignificante escribiente de pueblo.

Se mantuvo la antigua división del país en Comandancias, cuyo funcionamiento estaba dirigido desde Asunción. El dictador, en el vértice de la pirámide administrativa, ejerció el papel de contralor pero, al mismo tiempo, no dejó de enseñar, recriminar y, si era preciso, castigar con el objeto de formar una Administración eficiente, integrada por ciudadanos celosos de sus deberes y responsabilidades.

La Administración la integró un personal nuevo, partidario del régimen, extraído no ya de los sectores privilegiados, sino de aquellos que habían gozado de una instrucción que los capacitara para ejercer las tareas de gobierno. En Asunción, bajo las órdenes directas del dictador, funcionaban la Secretaría de Estado -sin ningún poder de decisión ministerial- y el Ministerio de Hacienda y Tesorería.

El secretario o fiel de fechos era el responsable de la autenticidad de los documentos y de su remisión, pero no pasaba de ser un amanuense que recibía toda la documentación dirigida a Rodríguez de Francia, quien durante todo este período realizó una labor gigantesca, metódica y continuada.

En el Ministerio de Hacienda y Tesorería ninguna operación se realizaba sin la licencia del dictador, quien consideraba las finanzas públicas una de las claves del mantenimiento de su política, por lo que no permitía la deshonestidad ni el fraude.

Dentro del sistema de las finanzas públicas, en las villas y partidos se encontraban los receptores de impuestos y, en los pueblos de indios, los administradores de temporalidades, funcionarios similares a los existentes durante la colonia. Los efectos y el metálico recibidos en nombre del Estado eran transportados por tropas del Ejército a Asunción, donde pasaban a la Tesorería y a los almacenes o tiendas del Estado, con administradores que completaban el cuadro del personal mencionado.

El Cabildo, la particular institución del régimen español en América, llegó a la dictadura como un engranaje más de la maquinaria administrativa y tampoco escapó al proceso centralizador. El Cabildo -como bastión del españolismo- experimentó modificaciones a partir de 1811, al estar sus cargos ocupados por adeptos al doctor Rodríguez de Francia.

El Libro Capitular sólo registró los dictados del dictador, que le llegaban por escrito, en forma de notas, decretos o “autos supremos”, o de manera verbal. En cuanto a las funciones tradicionales de esta institución local en materia tributaria, el dictador las fue limitando y desplazando a la Administración Central de gobierno.

Finalmente, el 30 de Diciembre de 1824, suprimió los cabildos, tanto de la capital como de algunas de las villas del Interior.

El poder centralizado se mostró claramente en el sector agrario con la constitución de bienes del Estado, las llamadas “estancias de la patria” o “de la república”, cuya producción respondió en gran medida a las necesidades estratégicas de la defensa militar. La Estancia de la Patria de Suribi-í, situada en Villeta, era el establecimiento modelo del dictador, organizado en los inicios de su Gobierno.

Hay que tener en cuenta un poco menos de la mitad de la superficie del territorio de la Región Oriental y la totalidad del territorio del Chaco, desde el río Bermejo hasta el Jaurú, pertenecían al Estado al finalizar el Gobierno francista.

Estos bienes territoriales del Estado se habían formado con las tierras de propiedad de la Corona española, con las que fueron del dominio de la Iglesia Católica y de sus instituciones (adjudicadas al Estado por la Ley de Reforma de Regulares del 20 de Septiembre de 1824) y con los bienes de adversarios políticos y de algunos españoles, confiscados por orden de la dictadura.

Paraguayos desposeídos y emigrantes recibieron tierras del Estado, que las arrendaba a muy moderados alquileres por períodos indefinidos, bajo la sola condición de que debían ser cultivadas o convertidas en pasturas. Esas tierras mantuvieron, por lo menos, a 49.000 personas, es decir, el 13 % de la población del país. En otras palabras, aproximadamente uno de cada ocho paraguayos vivió en su propia granja o estancia arrendada al Gobierno.

- La política social, religiosa y educativa

Rodríguez de Francia se guió por el principio “el bien particular debe ceder al bien común y general”, teniendo como objetivo la defensa de la soberanía. Buscó, para ello, el apoyo del campesinado, al que respaldó realizando una distribución más equitativa de la posesión de la tierra y una defensa de la economía popular con medidas que evitaron las fallas de abastecimiento y los abusos de precios.

Igualmente controló a los sectores privilegiados, despojándolos de su poder político y limitándoles el control económico. Actuó como un Estado benefactor que socorría a los pobladores de menos recursos, repartiéndoles reses de las estancias de la patria o entregándoles bienes de las tiendas del Estado.

A partir de 1830, el Gobierno francista implementó medidas para disminuir los impuestos que incidían en la economía de la población: reducción de la alcabala y abolición del diezmo, reemplazado por la contribución fructuaria de verano e invierno. Pero tanto la alcabala como la contribución fructuaria experimentaron progresivas reducciones en los siguientes años.

Al mismo tiempo que se redujeron los impuestos que más presionaban a la población, se generaron y desarrollaron nuevas fuentes de rentas para el Estado, con el objetivo de alcanzar una economía más equilibrada y diversificada, tratando de romper con el monocultivo y los efectos que acarreaba.

La política social de corte popular que siguió la dictadura favoreció el crecimiento de la población. El total de habitantes en 1846 era de 233.394 y el promedio de personas por familia de 9,80; lo que significa que Paraguay, en un lapso de cuarenta y siete años, había experimentado un crecimiento en cifras absolutas de 125.324 habitantes y del 101,5 % en cifras relativas.

La mayor parte de la población se concentraba en torno a un semicírculo de aproximadamente doscientos kilómetros, cuyos extremos eran Asunción y Villa Rica. Dentro de dicha área, Asunción sumaba el 4,09 % de habitantes y los actuales Departamentos Central, el 19,92 %; Cordillera, el 17,18 %; y Guairá, el 7,59 % de habitantes. Las tres cuartas partes de la población total del país residían en esta región, que ocupaba un área de 11.002 km2.

Las implicancias de este tipo de política fueron ventajosas para el conjunto de la población. El régimen sostuvo que se debía beneficiar a una mayoría, por lo que se propuso minar los privilegios de los grupos de poder tradicionales, eliminando cualquier tipo de oposición contestataria. Para conseguirlo, Rodríguez de Francia, en muy corto plazo, ocupó un lugar indiscutible en la toma de decisiones y de medidas públicas, legitimando y sosteniendo su derecho a mandar y, en consecuencia, a ser obedecido, en una República soberana e independiente.

En Paraguay, la modernidad tardó en expresarse y configurarse porque no se dieron transformaciones en las pautas sociales y culturales e incorporaciones de prácticas modeladoras de cambios en la sociedad civil y en el Estado acordes con una política moderna.

Esto también se visualizó en el cuerpo doctrinario jurídico, cuya base fundamental durante el francismo y en los primeros tiempos del lopismo siguieron siendo, básicamente, las leyes y los códigos que rigieron durante la colonia, excepto que el Ejecutivo estableciera lo contrario al hacer uso de esa concentración de poder de la cual gozaba.

Con respecto a la influencia de la Iglesia, se puede pensar que en la política religiosa implementada por Rodríguez de Francia se entrelazaron de una manera compleja los principios de la Ilustración y una razón de Estado revolucionario-pragmática. El dictador se mostró como un gobernante sin ataduras religiosas pero, a su vez, convencido de la necesidad de la religión para la estabilización del orden social.

No dudó, por consiguiente, en ordenar la expropiación económica como condición para un sometimiento riguroso de toda oposición clerical, así como el pago oficial al clero y la subordinación del culto a los intereses estatales. Se puede pensar en una Iglesia subordinada al Estado mediante un proceso de nacionalización de la Iglesia. Contradictoriamente, se mantuvo la influencia de los pa’i, cimentada en las creencias populares.

Una combinación entre creencia y racionalización que le permitió al Gobierno mantener determinados controles sobre la población. Fue el Estado dictatorial el que centralizó y representó mucho de lo que anteriormente se hallaba depositado en la Iglesia.

A partir del descubrimiento de la “Gran Conspiración” de 1820, el Gobierno obligó al clero a prestarle juramento de lealtad y abolió el fuero eclesiástico, lo que quebró el esquema corporativo heredado de la colonia. Profundizó estas medidas con el cierre del Real Seminario de San Carlos, en 1823, y con la confiscación de sus tierras (para tener una idea de su magnitud, 876 familias recibieron lotes cuando se hizo la división de las mismas).

Estas últimas medidas fueron las que le acarrearon las más punzantes críticas de los partidarios de mantener las relaciones entre Estado e Iglesia tal como se habían heredado de la colonia.

El aparato eclesiástico siguió cumpliendo con sus funciones, es decir, la institución eclesial se mantuvo transformada e inserta en el cuerpo de un Estado-Nación en formación y, por lo tanto, debía respetar los principios gubernamentales e inclinarse frente a los intereses de la Nación.

El Gobierno asumió el control financiero y el sostenimiento económico de la Iglesia, a pesar de que las tasas eclesiásticas de diezmo y cuatropea no siempre fueron utilizadas para sostenerla, sino que se destinaron para Gastos de la tropa. La relación Iglesia-Estado, problema que ocasionó largos y costosos enfrentamientos en otros países americanos, fue resuelta en corto tiempo por la dictadura al imponer el criterio acorde con las transformaciones del Estado y viendo a la Iglesia como una rémora que necesitaba remozarse al ritmo de los nuevos tiempos.

Sin embargo, hay que reconocer que a principios de la década de 1840, el clero católico estaba integrado por sólo 56 sacerdotes, la mayoría de ellos ancianos y enfermos, según informaron al Papa Gregorio XVI los cónsules Carlos A. López y Mariano Roque Alonso:

Puede pensarse que ninguna Iglesia del orbe cristiano Católico Romano se habrá visto en circunstancias tan tristes y afligentes como la Iglesia del Paraguay, siendo más punzante en su dolor la difícil comunicación con la Santa Sede y las demoras del trámite a tan enorme distancia”.

No se podía obviar tampoco el importante papel que la Iglesia había tenido en el ámbito educativo, por lo que correspondía ahora al Gobierno fomentar y apoyar la educación elemental básica. En parte se instruía con el “Catecismo Patrio Reformado”, preparado por Rodríguez de Francia y de lectura obligatoria en las escuelas públicas de primeras letras, donde se resumían los principios de su régimen.

El “Catecismo” era el régimen “regulado por principios sabios y justos, fundado en la naturaleza y necesidad de los hombres y en las condiciones de la sociedad”, aplicable al pueblo, porque “el hombre, por muy buenos sentimientos y educación que tenga, propende al despotismo”, siendo el actual Primer Magistrado que se ocupaba “de nuestra prosperidad y bienestar”.

El “Catecismo” también denotaba a los que declamaban contra su sistema que eran los “antiguos mandatarios que propendían a entregarnos a Bonaparte y los ambiciosos de mando”, aseverando que el sistema era “bueno” y que esto se probaba “con hechos positivos” como “haber abolido la esclavitud sin perjuicio de los propietarios y reputar como carga común los públicos, con la total supresión de los tributos”.

En cuanto rentas del Estado, planteaba que los tributos podían ser reducidos “de manera que nadie sintiese pagarlos”, lo que era posible “trabajando todos en comunidad. cultivando las posesiones municipales como destinadas al bien público y reduciendo nuestars necesidades, según la ley de nuestro divino maestro Jesucristo”.

El resultado del sistema era “ser felices”, lo que se conseguía si se mantenían “vigilantes contra las empresas de los malos”. Finalizaba invocando a Dios que “conservará (al sistema) en cuanto sea útil”.

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