El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

La Constitución de 1826. Las tendencias unitaria y federal

Mientras se trabajaba en la provincia de Corrientes en diversas áreas, el Congreso Nacional debatía el problema de la organización del país. A pesar de todas las resoluciones tomadas, el Congreso tenía que expedirse sobre la más importante, el dictado de la Constitución, por cuanto había proclamado su carácter de “constituyente”.

Las dos tendencias que predominaban en el Congreso necesariamente debían enfrentarse con motivo de la sanción de dicha Carta Orgánica.

Los unitarios, que habían hecho fracasar el Congreso federativo de Córdoba, insistían en organizar el país bajo un régimen centralizado. El principio no era malo, pero sí impracticable en el medio(1) donde el aislamiento y la autonomía eran características fundamentales.

(1) Así lo afirmó Juan Bautista Alberdi. Véase ‘‘Obras Completas”, tomo III (1886-1887). // Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Crónica Histórica de la provincia de Corrientes” (1928), tomo I, capítulo VII: “Organización Provincial. (1821-1830)”. Notas biográficas por Angel Acuña, Buenos Aires. Ed. Juan Ramón y Rafael Mantilla.

Teóricos más que prácticos, los unitarios trataron de organizar la Nación de acuerdo con preceptos legislativos, sin tener en cuenta ni la conveniencia ni la oportunidad de su aplicación.

Por su parte, los federales, inspirados en un tradicional ordenamiento político y social, se opusieron a sancionar una Constitución que -si bien teóricamente perfecta- no conciliaba los intereses de todo el país.

Con respecto al Gobierno a adoptarse, el sistema representativo y republicano no ofrecía problemas y era apoyado por todos los diputados, pero había que fijar la forma: unitaria o federal.

- Análisis de la Constitución

Después de largas discusiones, la Constitución fue sancionada el 24 de Diciembre de 1826, con la aprobación de setenta y dos diputados de todo el país. La Comisión redactora había tenido muy en cuenta la Constitución del año 1819, la cual poseía -según dicha Comisión- “títulos respetables que es justo reconocer”.

La Constitución de 1826 se dividía en diez Secciones (la última fijaba normas para su “examen y libre aceptación” por la capital y las provincias).

La Sección Primera proclamaba la independencia de la Nación, desechaba la forma monárquica y establecía el catolicismo como religión oficial.

La Sección Segunda se ocupaba de la ciudadanía.

La Sección Tercera disponía: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, consolidada en la unidad de régimen”.

La Sección Cuarta organizaba el Poder Legislativo en dos Cámaras: una de Representantes (Diputados) y otra de Senadores; los primeros serían elegidos por sufragio directo y permanecerían cuatro años en sus funciones, renovándose por mitades cada bienio. Los senadores -dos por provincia- eran designados por Juntas Electorales, ocuparían el cargo por nueve años y se renovaban por tercios cada tres años.

La Sección Quinta confiaba el Poder Ejecutivo a una sola persona, con el título de Presidente de la Nación; sería elegido en forma indirecta, de igual manera que los senadores. Ambas Cámaras realizarían el escrutinio.

El Primer Magistrado -con funciones análogas al actual- permanecería cinco años en el cargo e integraría su Consejo de Gobierno, con cinco Ministros-Secretarios.

La Sección Sexta organizaba el Poder Judicial en una Alta Corte de Justicia -constituida por nueve jueces y dos fiscales-, Tribunales superiores y juzgados.

La Sección Séptima disponía que el Ejecutivo de las provincias sería ejercido por los gobernadores, pero elegidos por el presidente de la Nación, con acuerdo del Senado; permanecerían tres años en sus funciones.

En la capital de cada provincia se creaban Consejos de Administración, con miembros elegidos por el pueblo, destinados a la vigilancia de los intereses generales. En algunas capitales también se erigirían Tribunales Superiores de Justicia.

La Sección Octava enumeraba los derechos civiles y, la Sección Novena, establecía los procedimientos a seguir en caso de una futura reforma de la Constitución.

El Congreso había dado fin a su teórica tarea constituyente -escribe el historiador Emilio Ravignani- mediante una obra llena de sabias disposiciones, pero que contenía una falla capital: el sistema unitario de gobierno republicano, en contra de la opinión de los pueblos”.

No es posible aquí seguir y comentar la amplia discusión que produjo el despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales. En la sesión del 19 de Julio fue aprobado por 42 votos contra 11.

Los debates de aquellos días son de los más brillantes que se registran en los anales parlamentarios del país.

Las primeras figuras de la política y del foro cruzaron sus armas con eficacia, por la pujanza de su dialéctica, por el tono elevado de su lenguaje, por la profundidad del pensamiento y del patriotismo que las animaba, y entre esa pléyade ilustre de oradores la verdad histórica descubre las personalidades magnificas de Manuel Moreno y del coronel Manuel Dorrego, patrocinando la causa del federalismo y defendiéndola de las tergiversaciones con que intentaban desprestigiarla los de la mayoría oficialista.

El régimen federal apareció en el debate parlamentario preconizado por hombres de una civilidad indiscutible, como Moreno, Dorrego, Cavia, Galisteo, Ugarteche. No podía ser mirado ya como el lábaro del caudillaje y, más que todo, el Congreso debía conformarse -argüía Galisteo- “a lo que importan las circunstancias actuales y el estado en que se encuentran los pueblos”.

Sin embargo, el Congreso sancionó la Constitución unitaria. Se ha dicho, repitiendo la inconsistente afirmación de Andrés Lamas, en su estudio sobre Rivadavia, que no fue unitaria, sino una transacción de última hora, sugerida por Rivadavia, ante las exigencias de los federalistas.

No puede haber duda al respecto. La Constitución de 1826 fue en todo sentido “unitaria” y de ningún modo encuéntrase en ella transacción alguna con los principios del federalismo.

Para comprobarlo, basta observar que las provincias eran despojadas de su autonomía política organizándoselas como simples Administraciones locales. En vez de gobernadores elegidos por sus pueblos -sin intervención del Gobierno Central- la Constitución de 1826 les daba gobernadores nombrados por el presidente de la República según ternas formadas por los “Consejos de Administración”.

Estos eran los Cuerpos deliberantes de ellas, en lugar de las Legislaturas que tenían y tienen ahora. Los gobernadores quedaban “bajo la dependencia inmediata” del presidente, de lo cual se desprendía la facultad de removerlos ad libitum pues, de lo contrario, ya no estarían en aquella subordinación.

El Senado Nacional no representaba las autonomías provinciales(2).

(2) “La renuncia de Rivadavia” - J. A. González Calderón, “La Prensa”, del 26 de Junio de 1927. // Citado por Hernán Félix Gómez. “Historia de la provincia de Corrientes (desde la Revolución de Mayo hasta el Tratado del Cuadrilátero)” (1929). Edición del Estado

Información adicional