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Esencia del unitarismo rivadaviano y posición de Corrientes

El procedimiento de la minoría selecta era el despotismo ilustrado y la negación de la democracia. Y así era en efecto y ello no es de extrañar, pues era la escuela venida del coloniaje, prolongación de las formas oligárquicas en que se desarrolló la institución de los Cabildos(1).

(1) Citado por Justo Díaz de Vivar. “Las Luchas por el Federalismo (Pedro Ferré, Don Juan Manuel...)” (1935). Ed. Viau y Zona, Buenos Aires.

Cierto es que hablaban de “soberanía del pueblo”, pero “el pueblo” era para ellos una entidad abstracta, algo que podría ser deidad o símbolo, pero sin existencia material o que en todo caso se limitaba a “la parte más sana y principal del vecindario” la que, a su juicio íntimo, era la depositaria de sus derechos y soberanía.

La masa, “el común de la nación”, como decía el proyecto de Constitución del trío monarquista Rivadavia-Belgrano-Sarratea, éso, no debía pesar en la balanza según los rivadavianos.

Los sucesos desarrollados desde José Gervasio Artigas, algo habían llamado su atención sobre la existencia, real y objetiva, de la masa anónima e instintivamente la sentían hostil hacia ellos y por eso desarrollaban su acción a sus espaldas.

Cuando el negociado de la monarquía, todo se desenvolvía en el misterio; o en las logias, o en sesiones secretas del Congreso de Tucumán, y las notas de los comisionados buscadores del ansiado príncipe tenían siempre el acápite de: reservadas, reservadísimas, etc.

Y tenían razón en temer al pueblo; éste y las “minorías selectas” se repelían recíprocamente.

El pueblo había hecho su aparición después del Año X como masa de las tropas y luego, en las futuras provincias, en defensa de sus libertades locales, rodeando a sus jefes naturales. El pueblo no se “veía” en los directoriales ni en los rivadavianos, y sí se veía a sí mismo en sus caudillos.

Puesto que ya no obedecía al rey por mandato de Dios, sólo obedecería en adelante a los que cristalizaran su anhelo instintivo igualitario y a los que -por ser sus “paisanos”- sentían y comprendían sus necesidades, su modo de ser, sus vagas aspiraciones.

Pero la “minoría selecta” no captaba la índole interna del fenómeno; apercibía sólo su aspecto externo, pero no lo interpretaba, de ahí la serie sucesiva de sus errores y de sus fracasos.

Sin que alcanzaran a explicarse el por qué o atribuyéndolo a banalidades, iban de derrota en derrota desde la Junta Grande.

Poseían por Buenos Aires el único puerto del país y, por consiguiente, eran dueños de su economía. Por ello tenían: la moneda, los pertrechos y lo demás que dá la riqueza.

Por su monarquismo tenían muchos puntos de contacto espiritual con las burguesías del Interior y, sobre todo, del Norte; lo único que no tenían era “pueblo”.

Sí, eso, la masa anónima, que para ellos no existía como no existe hasta ahora para algunos, pero que vive y pesa aún cuando sus manifestaciones no sean tangibles, objetivas y sólo vagas, oscuras; eso es lo que no tuvieron los directoriales antes, ni tenían los unitarios ahora.

Desde el Año XI, todo lo habían intentado para sostenerse en el poder: dictadura, monarquismo, ahora República unitaria, y siempre habían fracasado.

Apelaron al extranjero, pues no eran los escrúpulos los que los embarazaban; dejaron abandonada la defensa del país para emplear la fuerza en el sostén de sus ambiciones; pero los ejércitos, tan fieles, tan desinteresados, tan abnegados cuando servían a su idea-bandera, se les sublevaban o las tropas se disolvían por la deserción.

El pueblo respondía con la huelga de los brazos cruzados a los que no se apercibían de la existencia de la opinión pública.

Y no era “pueblo’’ ni “opinión pública” lo que los gacetilleros o politicastros invocaban a cada rato, enrolándola a voluntad en sus intereses personales o de grupo. Era la que se manifestaba sin necesidad de órganos papeleros o verbales, por la acción directa.

Era la que quería “democracia”, aunque académicamente no supiera definirla, y por eso abandonaba a los monarquistas; la que, obedeciendo a sus viejas prácticas de gobierno comunal propugnaba por el federalismo; porque la naturaleza por una parte y la forma de la vida política desde los primeros tiempos habían hecho “regional” al país argentino; la que luchaba por su autonomía porque quería mandar en su propia casa, porque nadie sino ella sabía de sus necesidades y de su interés, pero que también sabía de argentinismo integral, ya que sin que nadie la estimulara se ponía en pie cuando la llamada sonaba en su nombre, y porque después de cada triunfo de los “agrestes”, la primera palabra que se escribía en el tratado era la de la aspiración a una Constitución: sólo que la quería que ligara sin oprimir.

Para sostener al Directorio y su grupo monarquista se llamó al Ejército de los Andes y al del Norte, creados a costa del esfuerzo popular en nombre de la patria para asegurar la defensa de su territorio y su independencia.

Algunas fuerzas del primero llegaron hasta San Juan, y bajó el segundo de los páramos salteños y jujeños, pero fue para sublevarse ambos; pues si bien habían sufrido penurias y privaciones, hecho el sacrificio de su bienestar hogareño y ofrendado su vida, lo era por la patria y no para sostener a los secuaces del señor Lucas, como se llamaba en los fogones de campamento al principillo que don Valentín Gómez había ido a negociar en Europa.

Pero todos estos hechos resbalaban por sobre los impermeables cerebros de los rivadavianos que parecían envueltos en una costra libresca y preconceptista, su incapacidad de percepción, su miopía, sólo encontraba una explicación simplista: los caudillos.

¿Pero de dónde sacaban su fuerza estos mismos, pobres, ígnaros, sin ningún medio de acción ni de propaganda, que actuaban en regiones desoladas o agotadas por la guerra y por el largo esfuerzo? ¿No valía la pena de meditar sobre esto?

¿Por qué se sublevaban las tropas de línea? ¿No eran los directoriales los que tenían todo lo que puede halagar la sensualidad y la ambición personal, dinero, pensiones, grados suculentos que otorgar? ¿Qué podían dar los caudillos, que no fuera miseria física, pobreza, estrechez? ¿Tampoco valía la pena meditar sobre esto?

Lavalle después objetivó el criterio de los directoriales monárquicos, convertidos ya en “unitarios”.

Planteado el problema, tal como ellos lo concebían, la solución era fácil. Era cuestión de ir a los adwares y fusilar a los caudillos. Así lo cuenta Sarmiento y por mentiroso que sea don Domingo, esta vez habrá que creerle, pues los hechos son coincidentes.

Lavalle tenía todos los elementos necesarios: tropas frescas, adictas, disciplinadas, de línea, bien armadas. Con quinientos coraceros los he de deshacer, decía.

En efecto; dentro de la teoría unitaria, ¿qué podían hacer los montoneros? ¿qué resistencia ofrecerle a él, de la escuela de San Martín (aunque la escuela poco lo penetró), esos bárbaros, cuyas fuerzas eran un informe agrupamiento de gauchos sin organización ni disciplina?

El tenía fuerzas “hechas”, a la europea, probadas, maniobreras.

Y empezó la serie fusilando a Dorrego, el menos caudillo de ellos, para luego proseguir con los otros y “limpiar” así el país.

Pero ¿qué le pasó a Lavalle con sus brillantes tropas? ¿Fueron acaso menos valerosas que ante el invasor brasileño? ¿Habían perdido su "técnica”? ¡No! Pero le ocurrió lo que a Liniers cuando en 1810 quiso levantar la bandera españolista pura, en Córdoba. A los escuadrones los comía la deserción. Sus tropas se iban convirtiendo en puros “cuadros”.

El terrible enemigo, más que los caudillos, “la huelga de los brazos cruzados”, lo llevaba a la derrota(2).

(2) Ya un hombre de la época, el más dotado del sentido de las realidades, Don Juan Manuel de Rosas había captado el fenómeno: “Ni V. E. ni yo debemos admitir batalla, en la seguridad de que a la larga, las tropas de línea que componen el Ejército enemigo (las de Lavalle), quedarán reducidas a nada”, decía Rosas a Dorrego, antes del combate de Navarro, en A. Saldías. “Historia de la Confederación Argentina”. El subrayado va por mi cuenta. // Citado por Justo Díaz de Vivar. “Las Luchas por el Federalismo (Pedro Ferré, Don Juan Manuel...)” (1935). Ed. Viau y Zona, Buenos Aires.

No podía remontar sus tropas ni en hombres ni en caballos.

¿Qué se habían hecho los caballos tan abundantes en la extensa campaña de Buenos Aires? Los gauchos los arrearon lejos del paso de su Ejército. Pero, ¿por qué? ¿Quién los movía, quién les pagaba para que le hicieran esa terrible guerra de recursos? Era el tesoro de López y demás caudillos el que estaba en acción? Pobre tesoro, ¡tal vez no tenía cien bolivianas!

¿Quién incitaba a sus tropas a la deserción? ¿Dónde estaban estos agentes provocadores para fusilarlos?

¡Pobre Lavalle! No sabía el sugestionable y limitado Lavalle lo que eso significaba. No lo sabían los brillantes unitarios; ni lo han sabido ni saben hasta ahora sus descendientes intelectuales.

Era esa fuerza oscura y vaga, que tomaba contacto a la distancia entre sí por una especie de contigüidad impalpable, porque nacía de una misma concepción, también vaga, imprecisa, pero que hermanaba y hacía mover al unísono y con sinergia al pueblo en todas las provincias, incluso en la de Buenos Aires.

La misma que movía a los gauchos de Güemes, de Aldao, de Quiroga, de López, de Ibarra, de Ferré; desde Jujuy a Corrientes, venía la fuerza imantada.

Era ese pueblo anónimo que no sabía aún hablar pero que sabía accionar, oscuramente consciente, que así servía a su interés permanente, como podía y como sus pobres medios le daban; que no “sentía” las cosas artificiales que inventaban los unitarios, sino las que debían ir por sus cauces naturales.

Quería sin poder definir lo que era: democracia y federalismo, dos formas de libertad política humana, personal la una, el derecho de disponer de su yo; y colectiva la otra, y espontánea, en países como el nuestro, de fatalidad geográfica y de conformación política: regionales.

Eso es lo que personificaban, lo que representaban, lo que encarnaban los caudillos, violentos o benévolos, pobres todos; que no tenían plata que dar ni grados suculentos que repartir, pero que eran servidos al pensamiento en sus menesteres políticos porque representaban la causa colectiva.

Cuando Solá avanza sobre Santiago del Estero, no ve un alma; todos los ranchos están abandonados, pero Ibarra sabía su trayecto por minutos, sin servicio de espionaje técnico, sin radiocomunicaciones; eran los mil ojos del “pueblo” que le informaban.

Los caudillos no accionaban por el mecanismo del interés personal ni del terror, sino por la comprensión del sentir popular.

Pedro Ferré vivía esa atmósfera, y como la sentía sinceramente no por conveniencia deliberada, obraba conforme a sus directivas.

*******

Es conveniente, antes de pasar más adelante, ver lo que eran las provincias al iniciarse el Congreso.

La situación de éstas, ya jurídicamente constituidas, cada una como entidad orgánicamente delimitada, era distinta de la de sus esbozos, los Cabildos, que habían venido actuando desde 1810.

Eran ya una unidad hecha; tenían de ello un concepto firme y tenían también -y eso era muy importante en los tiempos que corrían- fuerzas materiales. El Año XI se pudo disolver la Junta Grande por un simple movimiento municipal de Buenos Aires, sin que este acto de hostilidad hacia los demás pueblos del virreinato tuviera otras consecuencias que las morales, porque los Cabildos carecían -hasta cierto punto- de una orientación clara, pero sobre todo porque estaban inermes.

En el presente, la situación era distinta. Buenos Aires, obligada por “Pancho” Ramírez y sus fuerzas federales a entrar por el aro del provincialismo, se había constituido como tal y, sin renunciar del todo a su hegemonía sobre las demás, se había aficionado a sus propios intereses bien delimitados y pretendía cuidarlos.

Había nacido en ella una agrupación de tinte democrático con Dorrego, Arana, Anchorena, que, sin desprenderse del todo de su colorido de Civis Romanus, comprendía y contemplaba la actitud federalista de las demás provincias.

Algún interés común vinculaba ya, en la teoría por lo menos, a Buenos Aires con los otros co-Estados.

Y un hecho nuevo había también ocurrido: las provincias sabían ya que para ser respetadas no les bastaba tener fuerzas morales y la razón de su parte; el ejemplo de Artigas había sido profundamente aleccionador. Si éste pudo cuadrarse ante los directoriales y después dictarles su ley era porque, además de razones, tenía soldados; las provincias lo comprendieron y, para entonces, 1824, no carecían ya de fuerzas materiales en qué apoyar sus derechos.

Ya la nueva Junta Grande o Congreso no estaría a merced de un golpe de mano de cualquier aventurero político, ni de un cuartelazo o una pueblada; y si esto ocurría, ya las consecuencias no serían las de 1811. En el Congreso se haría lo que conviniese al interés común, resuelto por la mayoría de los Estados allí representados, o no sería ley para el país.

Cada provincia se reservó el derecho de aceptar o rechazar la Constitución a dictarse y tal condición les fue reconocida por la Ley Fundamental.

En el caso particular de Corrientes, que de buena fe -como las demás- quería una Constitución que respetara su entidad, el primer acto del Congreso mereció su más plena conformidad. La Sala aprobó la Ley Fundamental sin reticencias ni reservas mentales.

Algo más amargo de tragar fue la ley del Poder Ejecutivo Permanente, prolegómeno de la presidencia de Rivadavia, pero la guerra con el Brasil tenía sus exigencias y Corrientes las sentía muy en carne viva, por lo que tuvo que aceptarla a pesar de lo flagrante de la violación de la Ley Fundamental que el hecho representaba. Lo mismo puede decirse de la elección de Rivadavia para presidente de la República.

A pesar de la antipatía que el agraciado tenía que despertar, se lo aceptó por disciplina patriótica, pero bien apercibidos ya para la defensa y llenos de escepticismo sobre la futura obra del Congreso, pues nada bueno podía esperarse de quien había comenzado por violar su propia obra y, nada menos, que en beneficio del político que lógicamente tenía que ser de los más resistidos en el Interior del país: el hombre del Triunvirato, el disolvedor de la Junta Grande, aquél cuyas gacetas, comentando el destierro perentorio de los diputados de la Junta, añadían a la burla el sarcasmo, diciendo que “así irían a las provincias a llevar las semillas de la libertad que sembraba Buenos Aires”.

Cualquier hombre medianamente equilibrado y no cegado por la pasión tenía que pensar que dicha elección era un bofetón a las provincias y un desafío al buen sentido.

El primer choque del señor Rivadavia con Corrientes tuvo lugar cuando el flamante presidente “aún no había calentado la silla” (Ferré).

Sabido es que los creadores del Poder Ejecutivo Permanente, procediendo con acabado jesuitismo -don Valentín Gómez, el adalid rivadaviano, era Doctor en Teología- no dieron a éste facultades explícitas sino vagas; el manejo de las Relaciones Exteriores, la conducción de la guerra y “las que ulteriormente se le acuerden”.

Como, por otra parte no había Constitución que demarcara las atribuciones del presidente y mucho menos las relaciones del Poder Central con las provincias, la sola ley para el señor Rivadavia era su soberana voluntad, única -por otra parte- a la que había obedecido siempre, hubiera o no que enfrentarse con formas o disposiciones proscriptas.

Estaba como el pez en el agua, en su elemento; no tenía por ahora necesidad de emplear el “golpe de estado”, su arma favorita. Pero, para que ella no se enmoheciera, la sacó a relucir contra la Ley Fundamental, único obstáculo institucional, pero muy serio, para su absolutismo; la sola cosa que arredraba la teología de don Valentín Gómez, que la declaraba “dificultad sólida” y contra la cual se embotaban sus “distingos”, sus “ergo” y sus “concedo”.

Pero Rivadavia no era hombre de detenerse ante un obstáculo de orden jurídico; carecía de escrúpulos en ese sentido y era también incapaz de medir las posibles consecuencias de un atropello, desprovisto como era del sentido de las realidades.

A esto llaman sus admiradores “la férrea voluntad”, pero el buen sentido pudiera calificarlo de torpeza, ya que ni siquiera podía tener el justificativo del éxito; Rivadavia atropelló siempre para dar con la cabeza en un muro.

Derribó con su primera carroñada la autonomía y las instituciones de la provincia de Buenos Aires; a Corrientes, muy insignificante, sólo quiso hacerle un amago; no valía un tiro de cañón.

Pero el señor Rivadavia no se daba cuenta de que ya no estaba en 1811, cuando disolvió la Junta Grande. Corrientes, la provincia exigua, se le cuadró. Ferré hizo lo que no pudo o no quiso hacer Las Heras.

El conflicto vino por un asunto de apariencia banal. La Ley Fundamental garantizaba a Corrientes la existencia de sus instituciones que, como Estado orgánico se había dado, y a ella apeló cuando el “presidente’’ pretendió sustituirse al gobernador en el mando de las fuerzas provinciales, que correspondían a éste en su carácter de Capitán General de ellas, por determinarlo así expresamente la Constitución Provincial.

El 20 de Mayo de 1820, la Sala sancionó una ley que aclaraba la posición de la provincia con relación al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo Permanente, vacío que, a designio o no, había dejado hasta entonces aquél.

Basándose en la Ley Fundamental que garantizaba a la provincia su subsistencia como Estado, conminaba al gobernador a hacer respetar la autonomía, notificando además a las autoridades nacionales de que se abstuvieran de disponer nada que pudiera menoscabarla.

Esta ley provincial fue precedida por una fundada declaración que elevó a la Legislatura el gobernador Ferré, en la cual éste hacía notar los impedimentos legales que le obligaban a desobedecer, en lo que afectaba a los derechos provinciales, las órdenes del presidente de la República.

Con estas actitudes, la guerra con el Poder Ejecutivo Permanente quedaba tácitamente declarada antes de cuatro meses de la consagración de don Bernardino, y el Congreso quedaba advertido en ello; el presidente de la República nada tenía que ver en los asuntos del dominio privativo de la provincia.

Al mismo tiempo, esta ley del 20 de Mayo definía netamente a Corrientes, dentro del sistema federal.

En uso de sus facultades de gobernador, Ferré llamó a las milicias correntinas que puso al mando de jefes correntinos, saliendo él mismo a campaña, a organizar las del sur. Parte de estas fuerzas eran destinadas a reforzar al Ejército en lucha con el Brasil y éstas, como era lógico, estaban bajo el Comando Nacional.

Anteriormente se había despachado ya un grueso contingente, que marchó a las órdenes del teniente Wenceslao Paunero (el con el tiempo, general mitrista).

El resto de las milicias formaría la guarnición provincial y el mando de dicha guarnición era lo que ordenaba Rivadavia se entregara a los jefes nacionales que él designaría.
Pero Ferré no estaba dispuesto a que se “unitarizara” a Corrientes, como La Madrid “unitarizó” a Tucumán.

Mandado a ella por Las Heras (gobernador de Buenos Aires y Encargado -por las demás provincias- de las Relaciones Exteriores y de la conducción de la guerra), a reunir los contingentes con que contribuirían las del Norte al sostén de la entablada con el Brasil. La Madrid pudo organizar tropas y, con toda infidencia, depuso con ellas al gobernador que lo había ayudado en la patriótica tarea y se nombró a sí mismo para el cargo, para responder a la política rivadaviana.

En este vergonzoso episodio no se puede sospechar de la buena fe de Las Heras, que era hombre sanmartiniano, recto, con gran sentido del honor; era una viveza de los teólogos de don Bernardino, de quienes La Madrid era instrumento.

Esta conducta, llena de perfidia, formaría parte del plan de hacer entrar la Constitución unitaria “a palos”, como decía el cura, don Julián Segundo de Agüero, táctica muy eficaz, sólo que no se sabe sino al final quién será el apaleado, y que no condice mucho con la postura de hombres de civilización, de liberalismo, de europeismo, con que pretenden pasar a la historia los secuaces del de la “férrea”.

Pero los hombres de las provincias estaban ahora muy precavidos; estaban notificados, y ya no eran los confiados e ingenuos cabildantes del Año X.

Ferré escribía a Estanislao López, el 31 de Agosto de 1825:

Resta sólo decir a Vd. que nuestro apóstol ha desplegado toda su elocuencia (el apóstol era el doctor Acosta) y energía para convencernos de la necesidad de adoptar el sistema de Gobierno Central o de unidad como único que pueda dar a los pueblos importancia y dignidad.
Felizmente éstos (los pueblos), conocen su verdadera posición y es una evidencia que los derechos que han adquirido a costa de tantos sacrificios, no los abandonarán”.

El 15 de Octubre de 1825, en carta otra vez a López, y también a Bustos, gobernador de Córdoba, decía Ferré:

La fuerza de Buenos Aires que ha pasado a esta banda debe traer Instrucciones y ella no desmentirá seguramente las ideas de quien las manda.
Aun en el estado de impotencia a que la reduce su pequeño número, ya amagan y amenazan la seguridad de esta provincia. Su jefe se ha dejado decir en el Paraná que la violencia obrará lo que no consiga de otro modo. Ignoro la parte que -en tal caso- tome el Entre Ríos, y esto aumenta mi cuidado.
No sé si las tropas de Vd., las de Córdoba y otros pueblos pasan o no pasan la línea del Paraná, sobre lo que estimaría me instruyera Vd. Si lo primero se verifica, nada tendríamos que temer, pues obraríamos de mancomún y formaríamos una barrera donde se estrellarían los proyectos”.

Poco más adelante, la actitud de Entre Ríos estará ya aclarada. Su gobernador, en oficio dirigido a Ferré el 11 de Mayo de 1827 expresaba (sin saber que Rivadavia ya estaba “boqueando”):

Si Rivadavia y Alvear nos siguen hostilizando, en nosotros sólo encontrarán hombres que no piensan dejarse abatir por el capricho de déspotas”.

Como se ve, estamos lejos de 1811.

El presidente Rivadavia habrá bufado a pesar de su solemnidad, al conocer la desobediencia de Ferré y el bien fundado reclamo que la Sala de Corrientes dirigió al Congreso Nacional, de acuerdo con la ley provincial del 20 de Mayo de 1826.

Pero el Congreso Nacional no hacía caso de “nimiedades”; estaba demasiado enfrascado en sus trascendentalismos y, sobre todo, en fraguar una Constitución unitaria al gusto de su ídolo.

Por más que en la discusión sobre formas de gobierno oyó la Asamblea muy claras verdades sobre la realidad del país argentino; sensatas exposiciones de doctrina; y hasta ella llegara la neta exigencia de las provincias que reclamaban el federalismo que tácitamente les prometiera la Ley Fundamental; por más que de lejos vinieran ruidos de tormenta, significativos síntomas de un estado espiritual, denunciadores de una firme voluntad dispuesta a no dejarse arrollar, él seguía empecinado en su terquedad, pretendiendo que las cosas fueran como Rivadavia quería y no como la realidad las mostraba.

En esta grave cuestión, Corrientes tenía fijada, claramente, su posición federal.

Este es un hecho que hay que dejar bien sentado, y bien demostrado, para que se disipe la ambigüedad que aún hasta ahora hay sobre el punto mismo en los historiadores de espíritu crítico más agudo, por ignorancia de ciertos hechos fundamentales y a causa de la dual posición de los diputados correntinos en el Congreso.

En Junio 21 de 1825, el Congreso había dictado una ley disponiendo se consulte a las provincias sobre la forma de gobierno a adoptarse y la de Corrientes había manifestado que se atendría a la que se adoptara por la mayoría de la Asamblea.

Pero, posteriormente, los hechos ocurridos: la ley del Ejecutivo Permanente, la elección de Rivadavia, etc., determinaron a los dirigentes eorrentinos a salir de su ambigüedad.

Llevada la cuestión a la Sala de Representantes, ésta, a requisición del gobernador Ferré, presentó un dictamen pronunciándose por la forma de gobierno republicana federal en sesión del 31 de Marzo de 1826, es decir, siete meses antes de la sanción de la Constitución unitaria (Mantilla).

Y esta doctrina del 31 de Marzo fue vigorizada por la ley provincial del 20 de Mayo del mismo año pues, ésta, en su artículo 2do. dice, al referirse a la Ley Fundamental (de concepto netamente federal):

bajo cuya buena fe ha seguido, sigue y seguirá en la gloriosa senda nacional”; y, en su artículo 3ro., habla de “los derechos inviolables de que goza la provincia”.

No obstante esto, que era bien claro y que no podía pasar desapercibido del Congreso Nacional, su Comisión de Negocios Constitucionales no lo tuvo en cuenta y se atuvo a la primitiva declaración, ya invalidada, clasificando a Corrientes entre las provincias de criterio indeciso en cuanto a la forma de Gobierno General.

La circunstancia de existir en el Congreso, como representación de ella, de dos diputados unitarios y tres federales, bastaba a los rivadavianos para mantener ese criterio.

No querían ver la realidad, examinar las causas de esta dualidad aparente; les era más cómodo atenerse a una resolución caducada ya, y prescindir de las netas actitudes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la provincia de expresión reciente.

Esta misma disparidad entre el sentir de su provincia y la actitud de sus diputados, ocurría también en otras.

En respuesta a la ley-consulta, expresaron su federalismo: Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y San Juan; y, sin embargo, entre los más furiosos rivadavianos estaba Laprida con sus sanjuaninos y votaron la presidencia del de “la férrea” cinco cordobeses y uno de los dos santiagueños.

Con alguna razón pues, los rivadavianos llevaban adelante su plan: creían seguramente que, como dominaron a los diputados, dominarían después a los pueblos.

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