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Corrientes se levanta con pleno derecho contra el Congreso Nacional

Corrientes tenía pleno derecho para alzarse, como se alzó, contra las resoluciones del Congreso Nacional cuando éste sancionó la Constitución unitaria en Octubre de 1826.

Lo hacía legalmente pues, al concurrir a su formación, se reservó el derecho de aprobar o rechazar la Constitución que se dictara; lo hacía también porque la votada, al anular su autonomía, contrariaba el más íntimo anhelo de sus ciudadanos e iba contra el expreso dictamen de su Legislatura.

Para rechazar la Constitución unitaria, el Gobierno de Corrientes no se basó simplemente en su derecho de asistencia condicional; quiso que el acto tuviera la trascendencia necesaria dada la gravedad del paso a dar y que éste no pareciera el resultado traído por una mayoría accidental en posesión del Gobierno de la provincia, sino que fuera el trasunto de la opinión real en ésta.

A tal objeto, la Sala dictó una ley disponiendo, en Noviembre de 1826, la realización de un plebiscito para que la voluntad ciudadana se manifestara libremente por una u otra forma de gobierno.

Dice dicha ley, con sus considerandos:

La Sala de Representantes de la provincia, habiendo tomado en consideración el estado actual de los negocios políticos con concernencia a la marcha adoptada y seguida por el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas, desde la célebre ley de un Poder Ejecutivo Permanente, de la capitalización de Buenos Aires y muerte violenta de la provincia contra la Ley Fundamental del 23 de Enero de 1825, que garantizó a las provincias el derecho de regirse por sus Instituciones particulares hasta la aceptación del Código Constitucional y cuya violación escandalosa del Pacto General de Asociación presentó a los pueblos desde su principio la terrible lección de que una política entronizada en tales términos no dejaría de continuar ulteriormente, en consonancia con ella misma, haciendo valer la fuerza contra los demás pueblos, como se hizo con el benemérito de Buenos Aires; sin embargo, y porque la buena fe de este Honorable Congreso Provincial defirió su opinión en cuanto a la forma de gobierno a las sabias deliberaciones de aquélla Augusta Asamblea, no creyendo aún que llegase enteramente a discordar de sus principios, contra el voto general y uniforme de los pueblos, cuya soberanía había respetado y garantizado en los momentos de su inauguración; no habiendo resultado hasta ahora, de sus ulteriores procedimientos, sino el descontento casi universal de las provincias, que sucesivamente van sustrayéndose a aquella obediencia, la Honorable Representación de Corrientes, en precaución de sus más sagrados derechos y consultando su mejor garantía y seguridad, ha venido a acordar y decretar lo siguiente:

Artículo 1.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para que proceda a explorar la voluntad general de la provincia en cuanto a la forma de gobierno; lo que deberá verificarse por votación directa de todos los actuales empleados civiles y militares y de todos los que anteriormente hubiesen ejercido iguales cargos en la forma que el mismo Poder Ejecutivo estime más conveniente.
Artículo 2.- Expresada la voluntad general de la provincia, en conformidad al artículo anterior, se escribirá el Acta solemne de referencia y se pasará inmediatamente al conocimiento de esta Honorable Representación para dirigirse con las respectivas copias al mismo Congreso General Constituyente.
Artículo 3.- Si la forma de gobierno que resultase por la votación general de la provincia no fuese de la aprobación del Congreso General, removerá ésta sus diputados del seno de aquella Asamblea.

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Esta ley no sólo tenía la importancia de aclarar la expresión de la voluntad de la provincia, sino que demostraba el deseo de extremar la tolerancia para con el Congreso Constituyente, en su aspiración de ver organizado al país.

No se deseaba cortar los puentes, sino tratar de llevar el convencimiento de un estado de hecho a los que tenían tan gran responsabilidad.

Realizóse el plesbieito con toda lealtad y con toda libertad; hubo funcionarios de gobierno hasta con mando de tropa que votaron por el unitarismo y no fueron molestados en sus personas ni destituidos de sus cargos; el gobernador Ferré no era un “caudillo prepotente”.

La votación dio una enorme mayoría federal y en consecuencia de ello la provincia se pronunció oficialmente por esa forma de gobierno por medio de la siguiente ley:

La Honorable Sala de Representantes de la provincia de Corrientes, considerando que la prosperidad de los pueblos que componen esta provincia debe ser el especial objeto de sus más profundas meditaciones, la norma constante de sus resoluciones, como también el móvil invariable de cuántas medidas le sugiera la prudencia con el fin de lograr tan noble intento, y que sólo en su independencia queda afianzada y garantida la libertad y de consiguiente la existencia política y felicidad de dicha provincia; convencida de que sería insoportable para sus habitantes todo yugo, toda dependencia, sea cuál fuere el individuo que intentase imponerlo; sean cuáles fueren las normas, el color y el pretexto bajo las cuales se tratase presentarlo, habiendo manifestado la provincia entera, con energía, firmeza y decisión, su aversión y aborrecimiento a cualquier sistema cuyo fin fuere el satisfacer aspiraciones tan reprensibles.
Por otra parte, la base moral y política de la verdadera libertad e independencia de los pueblos, descansando sobre que todo poder que no sea de su agrado y aprobación es inconstitucional, ilegal y por consiguiente arbitrario y tendiendo al absolutismo; que sólo a los pueblos pertenece el constituirse; que siendo desatendida su voluntad expresada ya por la generalidad, sea por sus representantes, cuya leal y benemérita conducta les haya merecido y merece su alta confianza, tienen aquellos pueblos un derecho incontestable para resistir a toda violencia y a toda falsa interpretación.
Por último, habiendo mandado diputados al Congreso Constituyente, con la esperanza de que se federasen las provincias en virtud de una Constitución tan liberal y sabia, que al mismo tiempo asegurase de un modo duradero la integridad del suelo americano y garantice especialmente a cada provincia su independencia, sus derechos, sus libertades e instituciones.
Conociendo que sólo en la actual circunstancia una Federación franca y sincera de todas las provincias es el único recurso que sea conveniente, tanto para salvarlas de toda invasión extranjera como para precaverlas contra aquella política, cuyas miras ambiciosas y demasiado criminales presagian tan funestas consecuencias; para oponer una barrera invencible al torrente invasor que las amenaza y evitarlas que se arrojen al precipicio, en que la intriga, el soborno y el egoismo han intentado abismarlas.
La Honorable Sala de Representantes, usando de la plenitud de sus sagrados derechos y cumpliendo con los deberes que le impone su consagración a la provincia, cuyos más caros intereses tiene depositados en sus manos, ha acordado y decretado lo siguiente:
Art. 1.- La provincia de Corrientes no admitirá forma alguna de Gobierno Nacional, sea cual fuere, sino la del gobierno republicano federal, en virtud de haberse pronunciado la provincia por esa forma.
Art. 2.- Se remitirá por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional copias autorizadas de la presente resolución y de las Actas en que consta el pronunciamiento de la provincia por la forma de gobierno republicano federal.
Art. 3.- En el caso de no admitir el Congreso Constituyente esta declaración que hace la provincia de su expresa voluntad, quedan en el acto mismo fuera del Congreso los diputados que la representaban en el seno de aquella Asamblea.
Art. 4.- Se pasará aviso a los dichos diputados, con el fin de exigir del Congreso su pronta contestación y, en el caso de eludir éste la cuestión, retirarse sin más explicación.
Art. 5.- La provincia está pronta a contribuir para la guerra con el Brasil con todos sus recursos y sostenerla a todo trance; ofreciendo a las demás provincias argentinas la expresión de su más afectuosa amistad y sincera consagración a la causa común de su independencia, libertad y felicidad”.

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Esta ley, que respira el más puro nacionalismo y la más grande fraternidad, al mismo tiempo que revela la más firme de las convicciones en el orden institucional, no fue tenida en cuenta por el Congreso Constituyente, como no fueron tenidas las de otras provincias.

Así resultaron las consecuencias de ese empecinamiento. Lástima que no lo pagaron sólo los culpables; las pagó con mucha sangre y lágrimas el país.

Finalizó el drama rivadaviano en Corrientes con un epílogo que encierra una profunda lección de moral política, que sería de gran eficacia si los Gobiernos posteriores o los partidos, tuvieran la energía moral de Ferré y los correntinos de su tiempo, que castigaron a los legisladores que traicionaron los intereses de la provincia.

Me refiero a la ley que destituía a los diputados Acosta y Ocantos que fueron “ejecutados” como debían serlo.

Dice la ley del 16 de Diciembre de 1826 en que se los declaraba cesantes en sus cargos:

Siendo el deber de todo buen ciudadano, buen patriota y sincero republicano, proteger a su país usando a este objeto de todos cuantos recursos le suministra su fortuna y sus luces; siendo más especialmente el deber de todo diputado defender el pueblo que representa con la energía, firmeza, carácter y, más que todo, con la integridad que requiere una comisión tan delicada y de tanto peso en la balanza de las determinaciones políticas, sobre que debe reposar la felicidad física y moral de los pueblos que le encargaron de sus más caros intereses.
Habiendo faltado a estos compromisos tan sagrados los señores don José Francisco Acosta y don José Antonio Ocantos, olvidándose de lo que deben a la provincia de Corrientes, su tierra natal, sofocando en sus corazones todo sentimiento de honor, patriotismo y lealtad, hollando bajo sus pies todo pudor, todo decoro y toda delicadeza; han tenido la osadía, en el seno mismo del Congreso Nacional, de comprometer escandalosamente los intereses de la provincia, desconocer sus derechos imprescriptibles e insultar con grosería a sus propios ciudadanos, por quienes fueron llamados a defenderla.
La verdad, la justicia, el respeto a la provincia exigiendo una pronta satisfacción cuanto más indispensable que los sufragios unánimes de sus habitantes han desmentido y desmienten manifiestamente las calumnias tan ultrajantes de don Francisco Acosta, la Honorable Sala de Representantes de la provincia ha acordado y decreta lo que sigue":

Y lo “que sigue” es la destitución clara y neta de los infieles representantes.

Así concluyó en Corrientes “la aventura presidencial del señor Rivadavia” y así se apagó por entonces la ilusión que había acariciado a sus hombres de gobierno, de llegar a una Constitución Nacional.

Pero la idea no había muerto, y tuvo en Ferré un campeón pertinaz, que trató de reavivarla a través de todos los obstáculos que a ello se oponían y cuya realización tuvo la satisfacción de ver al final de sus días.

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