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Los jueces

¿Como se aplicaba en Indias la Ley a los casos particulares?. La función de juzgar no se atribuyó generalmente a profe­sionales letrados, lo que se explica porque lo más importante no era en aquel entonces el conocimiento técnico del Derecho, sino la rectitud y sabiduría del juzgador. Las Audiencias fueron una excepción a este criterio, pues sus miembros debían ser expertos en Derecho, y con el correr del tiempo los jueces no versados en la ciencia jurídica tuvieron a su lado asesores letrados que suplían sus carencias técnicas.

Los primeros jueces con quienes tuvo contacto el poblador americano y que incidieron más frecuentemente en su vida, fueron los jueces de Cabildo, o jueces capitulares, especialmente los Alcaldes Ordinarios. Ellos fueron sus jueces inmediatos, con jurisdicción en todo el ámbito urbano y circunvecino, en materia civil y criminal y frecuentemente en materia comercial. El alcalde fue el juez por antonomasia de América. Sus fallos, según el monto del pleito, podían ser apelados ante el Cabildo o ante la Audiencia. A su vez, los Alcaldes de la Santa Hermandad, subordinados al Cabildo, entendían en los delitos cometidos en la zona rural dependiente de la ciudad.

Cuando en la ciudad residía un gobernador o virrey, estos, por su condición anexa de Justicia mayor, podían entender en las mismas causas que los alcaldes, y quien primero se abocara a ellas resultaba el juez competente. Los virreyes y gobernadores tenían otras funciones judiciales exclusivas: Los pleitos sobre materias de Derecho público y lo que hoy llamaríamos asuntos contencioso-administrativos. Comprendían casos de protección a los indios, asuntos marítimos, represión del contrabando, comercio de esclavos y asuntos relativos al Real Patronato. Pero las causas en que se debatían cuestiones fiscales, de interés de la Real Hacienda, correspondían a los oficiales reales.

También existían los jueces eclesiásticos, que intervenían en todos los pleitos en que eran parte sacerdotes y religiosos. Además -y esto acrecienta su importancia-, eran los jueces de todas las causas sobre matrimonio: impedimentos, nulidades, oposiciones, divorcios, tenencia de hijos, etc. Los juicios sobre adulterio, concubinato, duelos y ataques a religiosos podían ser llevados indistintamente ante los alcaldes o los jueces eclesiásticos. Dentro de estos últimos y con una competencia especial en asuntos de doctrina y moral, estaba el Tribunal del Santo Oficio, con sede en Lima y que tenía delegados en las principales ciudades.

Todos estos jueces conocían los asuntos en primera instancia y a veces en segunda (v. gr. apelación al Cabildo). Pero, salvo los asuntos de menor cuantía, no terminaba en ellos la contienda judicial, pues las sentencias eran susceptibles de nuevas apelaciones. El tribunal que conocía en ellas y que constituía la máxima instancia judicial en Indias era la Audiencia.

Estaba integrada por un número variable de oidores, que tenían la función de jueces, un fiscal para asuntos civiles, otro para asuntos criminales, un secretario, un escribano, un alguacil y varios empleados menores. Los oidores debían ser licenciados o doctores en Derecho, eran nombrados por el Rey y los hubo de alto vuelo jurídico. La Audiencia que correspondía a las provincias de Tucumán, Paraguay y Río de la Plata era la de Charcas, y la lejanía del Tribunal hacía costosas las apelaciones y muy dilatados los pleitos. Por un breve tiempo, desde 1661, la Audiencia de Buenos Aires ahorró estos inconvenientes a los litigantes ribereños, pero su pronta desaparición llevó las cosas al estado anterior y así quedaron hasta fines del siglo XVIII.

Producido el fallo de la Audiencia, si ya había recaído en el pleito tres sentencias coincidentes, este último era definitivo.

Si la sentencia era la segunda o si los jueces habían discrepado en las distintas instancias, podía recurrirse ante la propia Audiencia para que examinara el caso en “segunda vista”. Si el valor del pleito no excedía de diez mil pesos, o si se trataba de un asunto criminal, esta “segunda vista” era definitiva. En caso contrario podía apelarse aún al Consejo de Indias, con lo que las causas civiles podían tener hasta cinco instancias, con la consiguiente demora. Para llevar el juicio al Consejo, el litigante debía trasladarse a España o nombrar un apoderado allí que tramitara el recurso. Los gastos que esto implicaba hicieron que estos recursos ante el Consejo no fueran frecuentes.

Además de su competencia por apelación, la Audiencia tenía competencia originaria -en primera instancia-, en ciertos asuntos que se denominaban “casos de Corte”. Estos eran los pleitos en que fueran parte magistrados de la Corona, los asuntos criminales producidos a cinco leguas a la redonda de la sede del Tribunal, los asuntos sobre encomiendas de indios, y las cuestiones de competencia entre los diversos magistrados judiciales.

Estos jueces aplicaron la compleja legislación indiana a la vida diaria de los habitantes americanos. Afirmaron en ellos la idea de Justicia y reglaron sus derechos personales. El hombre americano era un hombre libre, aunque los límites de su libertad eran distintos de los actuales; podía circular, expresar su opinión, residir y poseer, pero no podía blasfemar ni expresar doctrinas heréticas; su residencia estaba condicionada si era extranjero, y su derecho de poseer tenía limitaciones varias en razón de la función social de la propiedad.

Bibliografía:

Carlos Alberto Floria / César A. García Belsunce - “Historia de los argentinos” - Tomo 1 - Capítulo 6.

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