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Buenos Aires y el contrabando

Cuando Buenos Aires fue elevada al rango de capital de provincia pasaba por un momento de expansión notable, hija de una intensa actividad comercial derivada del contrabando. Desde 1602 el puerto de Buenos Aires sólo había estado abierto a los navíos de permiso, movimiento harto escaso para las necesidades de la zona, pues se limitaba a uno o dos navíos al año. Las Ordenanzas dictadas por Alfaro en 1611, tendientes a poner fin al contrabando con el que se pretendía sustituir las limitaciones del régimen y con el que buscaban medrar fuertes intereses particulares, no lograron el objeto buscado.

Buenos Aires se había convertido por entonces en una ciudad de cambio, especie de feria internacional, donde a falta de una abundante producción propia, se introducían clandestinamente mercaderías del exterior que luego se revendían en el Tucumán y el Alto Perú a precios mucho más bajos que los productos pro­venientes de Lima. Como la producción local no alcanzaba valor suficiente para pagar tales introducciones, también se exportaban de contrabando productos traídos del Norte, y a falta de estos se pagaban las mercaderías con metálico del Perú cuya extracción estaba rigurosamente prohibida.

Cuando la eficaz organización de contrabandistas incorporó a sus filas al gobernador Mateo Leal de Ayala, encontró la fórmula ideal para legalizar el negocio. Los barcos extranjeros -portugueses, ingleses, holandeses y franceses-, fingían llegar, en arribada forzosa, o se les decomisaba aparentemente la mercadería que traían. Esta se vendía luego a precios preconvenidos, recibiendo una parte el introductor y otra, por vía de derechos, las Cajas Reales, que así se beneficiaban en algo del negociado. Los compradores, verdaderos o simples prestanombres, se encargaban de expedir las mercaderías al Interior, obteniendo en su venta grandes beneficios. Estas operaciones producían una abundancia de dinero circulante que beneficiaba a la población en general, por lo que el contrabando era visto con complacencia por la mayor parte de los pobladores. El gobernador halló el juego beneficioso no sólo para sí, sino para los intereses de la región.

Pero estas operaciones produjeron la airada reacción del comercio y de las autoridades de Lima. La competencia de Buenos Aires, además de ilegal, era ruinosa para el comercio limeño, que veía disminuir sus ventas de modo harto sensible. Tampoco faltaron denuncias locales contra la inmoralidad de tales manejos. En respuesta a todas esas quejas, el Rey designó gobernador a un hombre cuya capacidad y fama de intachable era bien firme: Hernandarias de Saavedra.

Veterano en las lides del gobierno y conocedor de los hombres implicados, Hernandarias se puso con ahínco a la tarea de destruir la organización contrabandista. Primero dictó varios decretos fijando nuevas condiciones a la introducción y extracción de productos, y luego arremetió con procesos judiciales contra los culpables. Los habitantes vieron azorados esta inesperada demostración de honestidad administrativa y virtud política. Unos se plegaron a la obra del gobernador, y otros, afectados en sus intereses o temerosos de que la actitud de Hernandarias reeditara los pasados momentos de privaciones para la ciudad, se pusieron de parte de los contrabandistas. Por primera vez en la historia porteña la ciudad se dividió en dos bandos: Los Beneméritos, partidarios de Hernandarias, y los Confederados, sus enemigos.

La acción de Hernandarias fue eficaz pero no definitiva. La trenza era dura de romper, los perseguidos hábiles en recursos y el tiempo del mandato del gobernador corto para su ardua tarea. Ni él ni el pesquisidor Delgado Flores pudieron vencer a la organización, y terminaron a su vez perseguidos y presos.

El nuevo gobernador, Diego de Góngora, se prestó aparentemente a los manejos del grupo permitiendo la persecución de su antecesor. Pero los abusos de los Confederados provocaron la reacción de Madrid, expresada en la Real Cédula de 1618 que volvía al sistema de los navíos de registro y establecía la Aduana Seca en Córdoba, encargada de gravar los productos que transitaban hacia el Norte, para disminuir la diferencia de precio entre estos y los introducidos desde Lima. Se nombró un nuevo juez pesquisidor y el gobernador Góngora, al ver el nuevo cariz de las cosas, rompió relaciones con los Confederados. Esto fue el fin de la organización, cuyos cabecillas fueron detenidos y procesados.

Bibliografía:

Carlos Alberto Floria / César A. García Belsunce - “Historia de los argentinos” - Tomo 1 - Capítulo 6.

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