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Alcaldes de Hermandad y Jueces Comisionados

Las dimensiones de la jurisdicción y el poblamiento de la campaña plantearon -en el siglo XVIII- la necesidad de extender la Administración de la Justicia y ciertas funciones de Policía a los Partidos rurales.

Esta última institución nació de esa necesidad de llevar a los Partidos de la campaña en expansión las formas elementales de la Administración de Justicia y ciertas funciones de Policía.

Al principio dichas tareas estaban asignadas a los Alcaldes de la Santa Hermandad nombrados por el Cabildo pero, con el correr del tiempo y ensanche del territorio, esta institución evolucionó -en algunos lugares- hacia la multiplicación de los Alcaldes de Hermandad, como en Buenos Aires o Tucumán, a razón de uno por cada Partido.

En otras regiones, en cambio, se mantuvo su número inicial, creándose en su lugar los Jueces Comisionados de la campaña, que compartieron su jurisdicción con los Alcaldes de Hermandad. Este fue, precisamente, el caso de Corrientes(1).

(1) Esta institución -que posee mucha importancia en la organización de la campaña- no es todavía conocida de un modo completo. Las mejores descripciones de la institución en Ricardo Zorraquín Becú, “La organización judicial argentina en el período hispánico”, Buenos Aires (1952), pp. 59-67; y, del mismo autor, “La organización política argentina en el período hispano”, pp. 342-343. En Buenos Aires, los Alcaldes de Hermandad, en cada Partido, fueron creados en 1766 ante los requerimientos de una campaña cada vez más poblada. Dejados sin efecto en 1767, el virrey Pedro de Cevallos los autorizó nuevamente en 1777, elevándose su número a 21 en 1784, y a 24, en 1810. Santa Fe alcanzó a 3 Alcaldes de Hermandad, en 1733; y Tucumán a 6, en 1796. En cambio: Corrientes, Asunción, San Luis y Entre Ríos tuvieron y multiplicaron los Jueces Comisionados. César B. Pérez Colman, “Historia de Entre Ríos. Epoca Colonial. (1520-1810), Paraná (1936), t. I, pp. 224-229; 304-306; Oscar Luis Ensinck, “El Alcalde de Santa Hermandad: Primera Autoridad de la Capilla del Rosario”, en “Investigaciones y Ensayos” - Academia Nacional de la Historia (Buenos Aires), Nro. 2 (I-VI, 1967), pp. 233-249. // Citado por Ernesto J. A. Maeder en “Historia Económica de Corrientes en el Período Virreinal. 1776-1810”.

Aquí la necesidad se hizo sentir tempranamente y coincidió con la expansión de la frontera interior. Las primeras designaciones de Jueces Comisionados -o Comisionados- fueron efectuadas por el Cabildo el 1 de Marzo de 1756 para el pago de Las Ensenadas; más tarde, el 9 de Enero de 1758 para el Riachuelo; y, posteriormente, el 25 de Octubre de 1759 para los Partidos de Empedrado y San Lorenzo.

Pero ya en 1758 comenzó a precisarse el marco de la institución. En esa oportunidad, el Cabildo indicó que “respecto a ser la jurisdicción tan dilatada, y por esto no pueden los Alcaldes de la Hermandad con exactitud y prontitud cumplir con tal obligación de su cargo, se haga una regular asignación de pagos de mediana distancia y se pongan los Comisionarios necesarios en corta distancia...”.

En la misma oportunidad se estableció -de modo elemental- la esfera de competencia de ambas instituciones para que “sin usurparle su jurisdicción a los dichos Alcaldes de la Hermandad, administren Justicia en sus respectivos pagos que se le asignare en los casos que ocurran y necesiten pronto remedio”(2).

(2) Las primeras designaciones, y el texto citado, en el Archivo General de la Provincia de Corrientes, Actas Capitulares 21-22 (1750-1759). // Citado por Ernesto J. A. Maeder en “Historia Económica de Corrientes en el Período Virreinal. 1776-1810”.

En 1767, el Cabildo tuvo ocasión de exponer -con mayor detalle- los fundamentos de su creación, distinguiendo con claridad las funciones de los Alcaldes de Hermandad y de los Jueces Comisionados.

A los primeros se les señalaba que “para la mexor y más oportuna Administración de la Justicia en la campaña de la jurisdicción, se les amplíe a los señores Alcaldes de la Santa Hermandad la jurisdicción que por tales por derecho les corresponde, para que puedan oír demandas hasta en cantidad de 200 pesos, con tal que admitan las apelaciones que en ellos se interpusiere legítimamente y para que puedan otorgar poderes para testar y los testamentos que ocurran en los casos urgentes...”.

Respecto de los Jueces Comisionados “igualmente se acordó que, en atención a que los Alcaldes de la Hermandad no podían asistir ni permanecer en los Partidos a probeerlos de justicia, se nombren en todos los dichos partidos Jueces Comisionarios que suplan la falta de dichos Alcaldes, dándoles jurisdicción igual para en dichos casos urgentes, y no en otra manera”(3).

(3) Acta del 5 de Enero de 1767 en el Archivo General de la Provincia de Corrientes, Actas Capitulares 23 (1760-1769). Las facultades de los Alcaldes de Hermandad ya habían sido consideradas en Acuerdos del 9 de Enero de 1755 y 23 de Enero de 1758. En el primero, se les acordó facultades para oír demandas hasta por 100 pesos. En el segundo, se dispuso que “para que tenga más amplitud en la jurisdicción de su cargo para las cosas o casos que se ofrezcan de pronto remedio, fuera de los cinco casos de la Hermandad, se les confiera comisión correspondiente para entender demandas de 200 pesos”. Archivo General de la Provincia de Corrientes, Actas Capitulares 21-22 (1750-1759). // Citado por Ernesto J. A. Maeder en “Historia Económica de Corrientes en el Período Virreinal. 1776-1810”.

La delimitación del ámbito de jurisdicción entre Alcaldes de Hermandad y Jueces Comisionados se hacía indispensable porque en los primeros tiempos la competencia de ambos funcionarios chocaba -además- con el Alcalde Provincial de la Santa Hermandad, cargo que posteriormente desapareció(4).

(4) Los Alcaldes Provinciales de Santa Hermandad constituían un cargo venal y renunciable. A mediados del siglo XVIII lo ejerció -en Corrientes- Jorge Martínez de Ibarra; a su fallecimiento lo compró Francisco Moreno en $ 350, y lo juró el 20 de Julio de 1746. El 11 de Febrero de 1755 lo hizo su sucesor, José de Acosta. Cabe mencionar que el 19 de Noviembre de 1759 este último designó Teniente de Alcalde Provincial a Juan Solís, con lo cual la confusión de las magistraturas de la campaña alcanzó su límite máximo. El tiempo se encargó de decantar las instituciones a favor de los Jueces Comisionados, en el caso correntino. Archivo General de la Provincia de Corrientes, Actas Capitulares 20 (1737-1749) y 21-22 (1750-1759). Además, Ricardo Zorraquín Becú en “La organización judicial argentina durante el período hispánico”, Buenos Aires (1952), pp. 65-67. // Citado por Ernesto J. A. Maeder en “Historia Económica de Corrientes en el Período Virreinal. 1776-1810”.

Los Jueces Comisionados funcionaron -sobre todo- en los Partidos más alejados. Desde 1767 hasta 1769 hay designaciones de jueces en Caa Catí y Zapallos, Mburucuyá, Saladas y “la otra banda del río Santa Lucía”(5).

(5) Actas del 12 de Enero de 1767; 13 de Febrero de 1769; y 18 de Septiembre de 1769, en el Archivo General de la Provincia de Corrientes, Actas Capitulares 23 (1700-1709). // Citado por Ernesto J. A. Maeder en “Historia Económica de Corrientes en el Período Virreinal. 1776-1810”.

El carácter supletorio de los Jueces -con relación a los Alcaldes- fue ratificado en la designación de jueces que se hizo en 1769 para los Partidos de Lomas y Riachuelo -próximos a la ciudad- al mencionarse que se los nombraba para acudir a las ausencias del Alcalde de Hermandad o, como se expresó pocos meses después, “por la tibieza con que cumplen su obligación los Alcaldes de Hermandad ... se acordó se nombren los Jueces Comisionados que fuesen necesarios en esos Partidos, que suplan la falta de dichos Alcaldes de la Hermandad”(6).

(6) Actas del 20 de Febrero de 1769 y 18 de Septiembre de 1769, en el Archivo General de la Provincia de Corrientes, Actas Capitulares 23 (1760-1769). // Citado por Ernesto J. A. Maeder en “Historia Económica de Corrientes en el Período Virreinal. 1776-1810”.

Entre 1769 y 1772 la institución va adquiriendo regularidad y mayor definición en sus objetivos. El Acta del Cabildo del 18 de Septiembre de 1769 estableció que sólo en ausencia de los Alcaldes de Hermandad administrarán Justicia -con audiencia de las partes- en asuntos cuyo monto no supere los 100 pesos, con la obligación de admitir las apelaciones que se les interpongan; en lo Criminal se limitarán a solicitar y apresar a los reos y remitirlos a los Juzgados ordinarios con el sumario correspondiente.

Además, se los facultaba para ejercer una policía de moralidad “celando el servicio de Dios, castigando los pecados y escándalos públicos con la prudencia y cordura que corresponde, sin que proceda a depositar mujer alguna sin el recato, causa formal y dar cuenta de ella...”(7).

(7) Acta del 21 de Enero de 1772, en el Archivo General de la Provincia de Corrientes, Actas Capitulares 24 (1770-1775). // Citado por Ernesto J. A. Maeder en “Historia Económica de Corrientes en el Período Virreinal. 1776-1810”.

Esta comisión debía realizarse con el cura párroco y de común acuerdo. El juez estaba encargado, además, de promover la instrucción pública, estableciendo escuelas en las capillas, y se hallaban dotados, además, de autoridad suficiente para compeler a los padres remisos a enviar allí sus niños.

En otro orden de cosas debían velar por la prohibición de sacar ganado en pie cuando el Cabildo lo determinase, beneficiándose con un tercio de los animales decomisados en esa circunstancia(8).

(8) Actas del 21 de Junio de 1769; 15 de Abril de 1776; y 16 de Septiembre de 1778; en el Archivo General de la Provincia de Corrientes, Actas Capitulares 24 (1770-1775) y 25 (1776-1782). // Citado por Ernesto J. A. Maeder en “Historia Económica de Corrientes en el Período Virreinal. 1776-1810”.

La designación suponía, en el plano formal, la notificación del designado por parte del Alcalde de segundo voto, el juramento de leal desempeño ante el Cabildo y la comunicación a los Comandantes de las milicias para que presten reconocimiento y auxilio en los casos de necesidad.

A pesar de todo esto hay que admitir que la institución de los Jueces Comisionados era incipiente y no se hallaba suficientemente consolidada.

Entre 1769 y 1772 los nombramientos fueron efectuados generalmente por el Cabildo, lo cual no fue óbice para que los Tenientes de Gobernador -al menos hasta 1786- efectuaran otras designaciones simultáneas.

Incluso en una oportunidad se agregó a esta concurrencia de designaciones la que realizó el propio Alcalde Provincial que, en 1777, creyó oportuno nombrar un Teniente suyo en la campaña, con el objeto de “desterrar de ella los gauderíos y gente vagamunda, cuyos latrocinios y desórdenes vocifera el público”(9).

(9) Acta del 30 de Septiembre de 1777. Referencias a las designaciones hechas por los Tenientes de Gobernador en Actas del 21 de Enero de 1773; y 1786, en el Archivo General de la Provincia de Corrientes, Actas Capitulares 24 (1770-1775) y 26 (1783-1789). // Citado por Ernesto J. A. Maeder en “Historia Económica de Corrientes en el Período Virreinal. 1776-1810”.

Como era de esperar, estos procedimientos trajeron conflictos y querellas de jurisdicción que llevaron gradualmente a uniformar los procedimientos de designación.

Los Comandantes Militares fueron, al principio, remisos en auxiliar con sus milicias a los jueces(10).

(10) Acta del 7 de Noviembre de 1769, en el Archivo General de la Provincia de Corrientes, Actas Capitulares 23 (1760-1769). // Citado por Ernesto J. A. Maeder en “Historia Económica de Corrientes en el Período Virreinal. 1776-1810”.

La necesidad de reprimir el aumento de “malévolos y vagos en las campañas” llevó, en dos ocasiones, a centralizar esta actividad de vigilancia en Comisionados especiales que -al poco tiempo- rozaron las atribuciones de los Jueces locales(11).

(11) Actas del 30 de Septiembre de 1777; 11 de Enero de 1779; 22 de Octubre de 1781; 22 de Mayo de 1782; 24 de Noviembre de 1790; y Septiembre de 1791; todas ellas en el Archivo General de la Provincia de Corrientes, Actas Capitulares 25 (1776-1782), 26 (1783-1789) y 27 (1790-1799). // Citado por Ernesto J. A. Maeder en “Historia Económica de Corrientes en el Período Virreinal. 1776-1810”.

Las designaciones recaían en vecinos radicados en los Partidos que poseyeran “arreglada conducta y mediana instrucción”. Al principio -al menos hasta 1792- no parece haberse fijado un plazo a la designación. Mediaron renuncias y no pocas fueron las separaciones del cargo por faltas cometidas en su desempeño(12).

(12) Remociones efectuadas el 19 de Febrero de 1776 por negligencia en el control de las sacas de ganado; 16 de Noviembre de 1778; 1 de Febrero de 1779; 11 de Marzo de 1782; y 18 de Septiembre de 1786, por quejas del Subdelegado. Todas en las Actas Capitulares citadas. // Citado por Ernesto J. A. Maeder en “Historia Económica de Corrientes en el Período Virreinal. 1776-1810”.

En 1770 y 1777 los cargos recayeron en el Sargento Mayor de las plazas rurales, lo que parece haber ocurrido también en otras oportunidades.

El número de los Partidos cubiertos con esta judicatura se extendió -en 1777- al pago de Yaguareté Corá y, en 1781, a la costa del Paraná, al Sur del río Corriente, y a la otra banda del mismo río.

Desde 1786, la facultad de designar a los Jueces -que el Cabildo compartió con los Tenientes de Gobernador y Justicia Mayor- quedó radicada exclusivamente en el Cuerpo municipal(13).

(13) La razón obedece a que la Ordenanza de Intendentes sustituyó a los Tenientes por Subdelegados que no poseían, entre sus facultades, la causa de Justicia. // Citado por Ernesto J. A. Maeder en “Historia Económica de Corrientes en el Período Virreinal. 1776-1810”.

El Cabildo la ejerció con regularidad extendiendo ahora nombramientos que alcanzarán, incluso, a Partidos cercanos a la ciudad, como Lomas, Ensenadas, Curupaity, Riachuelo, San Lorenzo y Ambrosio, Empedrado, y los ya mencionados(14).

(14) Actas de elección de 1768 y 1769, en Libros capitulares de esos años. En el Archivo General de la Provincia de Corrientes, Actas Capitulares 23 (1760-1769). // Citado por Ernesto J. A. Maeder en “Historia Económica de Corrientes en el Período Virreinal. 1776-1810”.

A raíz de un conflicto suscitado con el Juez Comisionado de Galarzas -que llegó hasta el despacho del virrey- se puso de manifiesto que ciertas designaciones habían recaido en parientes de los Alcaldes, por lo cual se dispuso la periodicidad formal de estos jueces(15).

(15) Acta del 6 de Diciembre de 1790. Con todo, el Cabildo, en sesión del 1ro. de Enero de 1791, hizo notar la dificultad que hallaba para nombrar sujetos idóneos en cada Partido. En el Archivo General de la Provincia de Corrientes, Actas Capitulares 27 (1790-1799). // Citado por Ernesto J. A. Maeder en “Historia Económica de Corrientes en el Período Virreinal. 1776-1810”.

Desde 1792 en adelante, el Cabildo realizó designaciones anuales que, al igual que los restantes miembros del Cuerpo, quedaban sujetas a la aprobación virreinal.

A pesar de este ordenamiento gradual, la periodicidad tuvo algunas excepciones, como la que en 1801 denunció el Comandante de Armas Manuel de Basabe, señalando que los Jueces se perpetuaban en sus cargos y que algunos desempeñaban esa tarea desde cinco años atrás(16).

(16) La denuncia mencionaba los casos de los Jueces de Curupayty, José Céspedes; de Ensenada Grande, José Ignacio Añasco; y de Cebollas, Manuel Silva. Es indudable que la información de Basabe era incompleta, ya que Silva sólo ese año fue elegido Juez. En el caso de Añasco, ya había sido designado entre 1797 y 1799. En 1800 le tocó sustituir a otro Juez -por fallecimiento- y quedó en esa situación hasta 1801. En el caso de Céspedes, su desempeño había sido discontinuo: 1795, 1796, 1798, 1799 y 1801. Es menester recordar que Añasco era una figura de señalados méritos, que acreditaba muchos años de servicio en funciones públicas. // Citado por Ernesto J. A. Maeder en “Historia Económica de Corrientes en el Período Virreinal. 1776-1810”.

En 1804, el virrey Sobre Monte dispuso que “las propuestas de los Comisionados de los Partidos de esas campañas las execute en la forma en que lo hacen los demás pueblos, proponiendo 3 sugetos idóneos para cada partido, a fin que esta Superioridad elija a los que considere más a propósito para el desempeño del cargo”(17).

(17) Acta del 17 de Diciembre de 1804. El virrey devolvió la propuesta e indicó una nueva elección, conforme a otra terna que se le remitió el 24 de Enero de 1805. En el Archivo General de la Provincia de Corrientes, Actas Capitulares 28 (1800-1806). // Citado por Ernesto J. A. Maeder en “Historia Económica de Corrientes en el Período Virreinal. 1776-1810”.

La índole centralista del régimen virreinal condujo también a que el virrey atendiera excusaciones y reemplazos en estas judicaturas y en los litigios que a veces sobrevenían.

Al referirse a los desórdenes de la campaña, los abusos cometidos por los acopiadores de cueros y las ventas subrepticias hechas por peones y capataces de las estancias, Juan José López -diputado del Comercio de Corrientes ante el Consulado- juzgó la labor de los Jueces Comisionados en forma crítica, deplorando que se hallen “en distancias considerables de leguas ... (para) acudir por los excesos que en ellos se cometen, y éstos tan poco atentos a los deberes del ministerio que exercen, que parece influyen con su silencio e inacción a los mayores perjuicios”.

Y añade más adelante: “la mayor parte son hombres de cortas luces y se les debiera dar un extracto de las obligaciones que contrahen cuando son recibidos en el empleo”.

Las medidas propuestas por López iban dirigidas a ampliar las facultades de dichos Jueces para que pudieran controlar las de cueros y la correspondiente remuneración por ello, a fin de cortar fraudes y celar adecuadamente los contrabandos(18).

(18) Informe al Consulado del 3 de Junio de 1803, en el Archivo General de la Nación, IX.34.6.4, Consulado, Correspondencia Corrientes, 1794-1810. // Citado por Ernesto J. A. Maeder en “Historia Económica de Corrientes en el Período Virreinal. 1776-1810”.

Pero, a pesar de estas limitaciones anotadas, los Jueces Comisionados o Pedáneos -como empezó a llamárselos a principios del siglo XIX- fueron cubriendo gradualmente la totalidad de la jurisdicción correntina.

Aunque carecieron de formación jurídica y poseyeron limitadas atribuciones, contribuyeron a la atención regular de la Justicia en la campaña conforme a los requerimientos de aquella sociedad pastoril.

La nómina de Jueces nombrados entre 1792 y 1810 indica un considerable aumento de los Partidos cubiertos y una saludable subdivisión de aquéllos, cuya densidad de población requería una vigilancia más atenta.

En 1760 se designaron 2 jueces; 6, en 1781; y 8, en 1786. Desde 1792, en que constan elecciones anuales, su número creció de 15 -en aquel mismo año- a 30 en 1797, para descender y estabilizarse en 25 jueces desde 1806 a 1810.

Esta misma fluctuación respecto de su número indica que las áreas de los respectivos Partidos no se hallaban todavía definidas con claridad, sino en etapa de formación.

La nomenclatura de las mismas, sobre todo en los pagos situados al sur del río Corriente, refleja claramente este estado de cosas. Tomando como referencia la nómina de 1806, que es una de las estables y decantadas, la lista de distritos era la siguiente: Lomas abajo y Lomas arriba; Riachuelo abajo y Riachuelo arriba; Ensenada grande y Ensenadita; Curupayty; Galarzas (al Sur de Itatí); y Palmar. Todas ellas se hallaban en el radio próximo a la ciudad.

Más al Sur seguían los Partidos de Empedrado arriba y Empedrado abajo; Saladas; Mburucuyá; Cebollas e Isla Alta (Bella Vista); Zapallos y Caa Catí, Partidos todos que alcanzaban las costas del río Santa Lucía.

Entre éste y el río Corriente se hallaban: San Roque, Yaguareté Corá, Batel, Mojones y Puerto de Goya; y Maruchas.

Del río Corriente al Sur se extendían la Esquina, Tigre, Macieguitas, Sauce, Avalos y María; y, por fin, Paiubre, todos con neta toponimia hidrográfica.

La institución subsistió, sin modificaciones, después de 1810, y el Cabildo continuó con las designaciones anuales hasta 1824, en que el número de los Jueces Pedáneos era, para entonces, de 37.

La Constitución provincial de ese año suprimió el Cabildo y determinó que los Jueces fueran designados por el Gobierno Provincial. La reorganización que inmediatamente se hizo del sistema judicial permitió crear -sobre esta base- las Judicaturas de Paz en 1825 y 1827(19).

(19) Registro Oficial de la Provincia de Corrientes. 1821-1823, Corrientes, 1929, t. I, passim; y t. II, pp. 105-106. Hernán Félix Gómez, “Instituciones de la provincia de Corrientes”, Buenos Aires (1922), p. 389.

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