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Interinato de Juan Manuel de Lavardén

La misión que llevaban Carlos Morphy y Juan Manuel de Lavardén había sido determinada por Pedro de Cevallos en carta dirigida al primero, desde Buenos Aires, el 15 de Enero de 1766, y por nombramiento recaído en el segundo, con sus correspondientes Instrucciones, el 20 de Diciembre de 1764.

Deberían de inmediato poner en libertad a Manuel José de Ribera y Miranda, de Itatí al campamento militar que se estableciera, donde sería citado el Cabildo de Corrientes a fin de comunicarle que el objeto principal de la expedición era el de restablecer la autoridad real “tan Indignamente axada en la persona de el The. de Govr.”, pero ello no importaba prácticamente la reposición del mencionado funcionario, que se dispuso por los comisionados quedase viviendo en el campamento hasta que llegase la oportunidad de hacerlo.

Además, correspondía a Lavardén, por su condición de letrado, el instruir la Sumaria Información pertinente para averiguar “el origen y cabezas del tumulto, a los quales, como a los demás qe. resultasen culpados se procuraría prender antes que rreselosos se ausenten”, y cumplido con ello, y una vez concluida la causa, se remitiría todo al gobernador.

Recomendaba Cevallos a Morphy y Lavardén que trabajasen siempre de acuerdo, evitando rozamientos, y expresaba su decisión de “hazer un ejemplar castigo en los cavezas del motín y en los que más gravemente delinquieron”(1).

(1) Raúl de Labougle, “Historia de los Comuneros”, capítulo VII, de la segunda parte. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

El 14 de Abril de 1766 llegó Ribera Miranda al Real de San Carlos pero, hasta el 17, los enviados del gobernador no comunicaron al Cabildo el motivo de su viaje e instrucciones que traían, anunciándole que ese mismo día, por la tarde, harían su entrada en la ciudad.

Los capitulares -en corporación- salieron a recibirles, produciéndose el encuentro de unos y otros frente al santuario de La Cruz del Milagro. Allí, Morphy y Lavardén manifestaron verbalmente su propósito de reponer a Ribera Miranda en su cargo, restableciendo así la autoridad real, “tan inicuamente vilipendiada en la persona de dho. Sr. Theniente”, y “dieron a todos los Individuos las grazias por la constancia y sufrimiento con que se han mantenido resistiendo qto. han podido el tumulto de los sediciosos”.

Los cabildantes, en cuyo nombre habló el Alcalde de primer voto, León Pérez, reafirmaron su lealtad al rey, agradeciendo al “Exmo. Señor de que compadecido de los Insultos y tropelías que ha padecido esta República remitiese la presente tropa”(2).

(2) Archivo General de la Provincia, Corrientes, Actas Capitulares, Libro LXI. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

Morphy y Lavardén, y sus oficiales, fueron obsequiados con una comida y fiesta en el Colegio de la Compañía de Jesús a la que asistieron, aparte de ellos y los jesuitas, únicamente Ribera Miranda y Ziprián de Lagraña, excusándose de hacerlo Juan García de Cossio, porque “no tiene decencia”(3).

(3) Archivo de la Curia eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires, Legajo 38, expediente Nro. 121, fs. 206 vta. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

Cabe agregar que en 1766, Juan Manuel de Lavardén ascenderá a Juan García de Cossio a Capitán de Caballería. Fiel a la Corona, éste no tuvo participación pública en lo que se llamó la "revolución comunera", lo cual es lógico: iba contra sus principios; pero su accionar fue evidente en forma secreta.

Cossio pertenecía al bando de los hispanos, grupo fortalecido en el poder y estimulado por los jesuitas. Una vez calmados los ánimos comuneros, en 1767, García de Cossio será electo Alcalde de primer voto, lo que será su primer puesto en la Ciudad de Vera.

Al producirse la expulsión de los jesuitas en ese año es designado, junto a Eusebio Maydana y José Fernández Blanco, Administrador de los bienes de la Compañía.

Por otra parte, y mediante nombramiento del gobernador del Tucumán, Jerónimo de Matorras, el 6 de Junio de 1769, Juan García de Cossio será designado Juez de Residencia, demostrando siempre clara y destacada idoneidad.

Como se ve, desde su llegada Morphy mantuvo relación con los jesuitas, especialmente con el Padre Roque Ballester, a quien escribía el 22 de Mayo:

“Como soy gringo, me falta la pureza del estilo; la sabe V. R. qe. todo soy suyo y que mi voluntad se complacerá siempre en su obsequio”(4).

(4) Archivo de la Curia eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires, Legajo 38, expediente Nro. 121, fs. 201. El Padre Ballester había sido Procurador de las misiones en tiempos de la guerra guaranítica y, más tarde, Rector del Colegio de la Compañía en Corrientes. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

- Morphy y Labarden juzgan a los amotinados del Común

Evidente aparecía que el comisionado real sería inexorable con los rebeldes y que se guiaría por los Informes que le diera el bando de los leales o peninsulares. Era lógico y no podía haber sido de otra manera.

Empero, con el propósito de evitar represalias, no se repuso a Ribera Miranda en su cargo, cuyas funciones ejerció de hecho Morphy, continuando el Cabildo con el de las suyas.

El 5 de Mayo de 1766 resolvió Morphy que la cosecha de miel y granos de maíz, mandioca y batatas, se recogiera y almacenara, dejándose a las familias tan sólo lo suficiente para su alimentación, encargando de discriminar lo que correspondía a cada una de éstas a los Alcaldes Ordinarios. En cuanto al consumo de leche y vacas, no se le puso traba alguna.

El 16 de Mayo recibió el Cabildo un pliego del gobernador, con honrosas expresiones para sus miembros, resolviendo éstos darle las gracias por Oficio e insertar el original de aquél en el Libro de Acuerdos.

En dicha fecha y reunión se designó al capitán Ziprián de Lagraña, Tesorero de la Santa Cruzada, cargo que aceptó el referido el 21 de Mayo de 1766, recibiéndose de un mil veinticinco bulas de varias clases, siendo su fiador José Bonifacio Barrenechea, y se le asignó el cuatro por ciento por la administración de ellas(5).

(5) Archivo General de la Provincia, Corrientes, Actas Capitulares, Libro LXI. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

Poco a poco se iba normalizando la vida de la ciudad. En Junio de 1766, aunque reiterando la prohibición existente de sacar más de cuatro mil cabezas, concedió el Cabildo autorización para vender ganado vacuno a las misiones.

En el mismo mes, Morphy dispuso que con los vecinos leales se formasen dos Compañías, cuyo capitán se designaría por sorteo, para contribuir al mantenimiento del orden, pero tropezó con la dificultad de que algunos se resistieron a servir de soldados y cargar fusil, entre ellos Ziprián de Lagraña, quien fue eximido de hacerlo en razón de los privilegios de que gozaba como Familiar del Santo Oficio(6).

(6) Con este motivo, Morphy escribió a Ribera Miranda la siguiente carta:
“Muy Sr. mío: Veo por los pies de Lista el arreglo de las dos Compas. mucho de mi aprobación y siento mucho el disentimto., délos que repugnaron la dispondría, pues el llevar el fusil es exercicio propio de los nobles, y hombres amantes del bien verdadero de la Patria, mayormente en un caso tan urgente como el presente, en que devieran los fieles honrados vasallos esmerarse en contribuir con su trabajo personal a quanto se offreciere en el servicio de las Armas, si lo pudiera eximirme de este Mando pasaría con gusto a ser el primero en plantarme el fusil al hombro y hacer la sentinela con la vigilancia y decoro que es menester.
“Enfin diga Vm. al Sor De Lagraña y al Sor de Barrenechea que espero que sean los primeros a dar el buen Exemplo. Nro. Señor gue a Vm. ms. as. R1. Su. Carlos a 14 de Junio de 1766. B. L. M. de Vm. su Mayor y Seguo. Seror. Carlos Morphy” (rubricado). Cf. Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División Colonias, Criminales, Legajo 5, Expediente Nro. 6. El que portar fusil fuera ejercicio propio de nobles no pasaba de ser una afirmación antojadiza de Morphy, y nunca se lo consideró así, y en el siglo XVI hasta se creía agraviante el hacerlo. Ver: Garcilaso de la Vega, “Obras” (1924), 2da. edición corregida, Nota al verso 1.386. La Lectura, Madrid. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

De conformidad con las averiguaciones realizadas fueron presos casi todos los sublevados, embargándose sus bienes, y esas diligencias, la instalación de la tropa y frecuentes y copiosas lluvias demoraron la instalación de la Sumaria Información hasta el 14 de Mayo de 1766, fecha en que Lavardén dio comienzo a su tarea, durando la recepción de la prueba hasta el 12 de Julio de ese mismo año de 1766; en Buenos Aires y en Arroyo de las Víboras, Lavardén había tomado declaración sobre sucesos de Corrientes a los dragones de Sancho(7).

(7) Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División Colonia, Justicia, Legajo 2, Expediente Nro. 19. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

Hecha la pertinente comunicación a los capitulares -de la terminación de la Sumaria- decidieron éstos en su conocimiento celebrar cabildo abierto el 13 de Julio de 1766, con asistencia de los “Padres de la República” y “Oficiales Mayores”, para satisfacer el deseo de Cevallos de que contribuyera la autoridad municipal al esclarecimiento de lo sucedido.

El acto fue presidido por Manuel José de Ribera Miranda, que en esa fecha reasumió sus funciones de Teniente de Gobernador, Justicia Mayor y Capitán a Guerra, y concurrieron al mismo únicamente los vecinos del bando de los leales(8).

(8) Archivo General de la Provincia, Actas Capitulares, Libro LXI, Corrientes. // Archivo Histórico Nacional, Legajo 410, Expediente caratulado: “Residencia del Capitán General Dn. Pedro Zevallos del tiempo que fue Governador de la Ciudad de Buenos Ayres”, Madrid. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

Como a Ribera Miranda le había sido robado su nombramiento por los comuneros, solicitó del Cabildo -el 18 de Agosto- se le expidiera nueva copia del Título(9).

(9) Archivo General de la Provincia, Actas Capitulares, Libro LXI, Corrientes. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

- Se aleja Carlos Morphy de Corrientes

El 1 de Diciembre Morphy fue reemplazado en el mando militar por el Sargento Mayor de Caballería, Francisco González, y se alejó de Corrientes, dejando un recuerdo poco grato, pues se condujo con demasiada rigidez y sus relaciones con el Auditor Lavardén no fueron siempre cordiales, no obstante la deferencia con que éste le trataba.

El 9 de Septiembre de 1766 se tuvo la noticia en Corrientes de que Cevallos sería reemplazado en el Gobierno de la provincia por Francisco de Paula Bucareli y Ursúa, cuya antipatía a la Compañía de Jesús era notoria.

Ello llenó de júbilo a los comuneros, que mucho temían de la energía e inflexibilidad de aquél. Años después, el doctor Martínez de Ibarra diría de Bucareli: “Hombre mandado por Dios pa. socorrer y cortar el ilo de las insolencias y tiranías con que perseguían, y tenían oprimidos a muchos Innocentes”(10).

(10) Archivo de la Curia eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires, Legajo 38, Expediente Nro. 121, citados. Francisco de Paula Bucareli y Ursúa era natural de Sevilla, hijo del marqués de Valle Hermoso, Francisco Bucareli, y Ana María de Ursúa Lasso de la Vega y Córdova. Pertenecía a una de las familias más importantes y acaudaladas de aquella ciudad. “Los Bucareli eran patricios florentinos que gobernaron la República diversas veces, en 1398 y 1433; avecindados en Sevilla en el siglo XVI, donde ejercieron el comercio con singular provecho y demostraron sus grandes dotes. Creados por Carlos II, en 1679, Marqueses de Valle Hermoso, enlazados con los Villoús, Henestrosas, Ursúas, conde de la Villa de Cereña, y Baezas de Castromonte, llenaron el siglo XVIII del renombre de sus hechos. Hermanos fueron el tercer marqués, Francisco, Teniente General y Gobernador de Buenos Aires; Antonio, el famoso Virrey de Nueva España; el Capitán General, Nicolás, que fue cuarto marqués consorte de Valle Hermoso, creado por Carlos IV Grande de España; el deán, Miguel Bucareli y Ursúa; los coroneles Dn. Luis y Dn. Cristóbal; y el Teniente General, Lorenzo, muerto gloriosamente en la batalla de Plasencia. La fachada de su mansión señorial es una de las más características de la ciudad por la labor de ladrillos que encuadra su puerta principal con adornos y volutas que rematan en su signo heráldico: La banda cargada de tres martes de oro (Archivo Histórico Nacional de Madrid, Orden de Calatrava, Expediente número 366; Orden de Carlos III, Expediente número 774”. Ver: “Discurso leído ante la Real Academia Sevillana de Buenas Letras por los señores Dn. Miguel Lasso de la Vega y López de Tejada, marqués del Saltillo, y don Antonio Muñoz Torrados, presbítero, y en la recepción solemne del primero, el día 25 de Junio de 1922”. Como tantos otros aristócratas de su tiempo -el duque de Alba, el conde de Aranda, el marqués de Mora- Bucareli y Ursúa era volteriano y masón. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

La ciudad permanecía en tranquilidad, si bien la prolongada sequía que se había sufrido causaba malestar en la población por la escasez de alimentos.

Para impetrar el auxilio Divino, el Cabildo acordó se rezasen dos Novenarios: uno, a Nuestra Señora del Rosario; y, otro, al Patrono San Juan, pues se atribuía la falta de lluvias -experimentada anteriormente- a castigo de Dios por los sucesos pasados.

El 6 de Octubre de 1766 los capitulares comprobaron que, durante los dieciocho meses de Gobierno del Común se habían sacado de la jurisdicción cuarenta mil cabezas de ganado vacuno contra la Ordenanza prohibitiva vigente y con notable perjuicio de los intereses locales.

El 13 de Octubre, el Cabildo acordó hacer merced de la Isla Cabral a la Compañía de Jesús, “atendiendo a los notorios méritos y servicios a S. M. y a esta República con que siempre se distinguieron los RR. PP.”(11).

(11) Archivo General de la Provincia, Actas Capitulares, Libro LXI, Corrientes. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

- El gobernador nombra nuevo Teniente de Gobernador

Ribera Miranda había pretendido tomar venganza de sus enemigos y recomenzar sus negociados y aprovechamientos y por eso fue separado de su cargo, el 17 de Octubre de 1766 por el gobernador Bucarelli y Ursúa(12).

(12) Archivo General de la Nación, División Colonia, Sección Gobierno, Legajo Corrientes II, Buenos Aires. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

Designado Juan Manuel de Lavardén, asumió sus funciones el 4 de Noviembre de 1766, prestando el juramento de práctica en cabildo abierto ante el Regidor más antiguo, que lo era Sebastián de Casajús, y con la concurrencia de los principales vecinos, tanto de uno como de otro bando.

- Dictan duras sentencias para los insubordinados de 1764

Al día siguiente puso preso a José Bonifacio Barrenechea, cuyos bienes se embargaron. Componíanse éstos de una casa en la ciudad -con su ajuar correspondiente- y una estancia en el Partido de Mburucuyá, poblada con ganado vacuno, caballar y mular(13).

(13) Archivo General de la Nación, División Colonia, Criminales, Legajo 4, Expediente Nro. 14; y, Tribunales, Legajo 169, Expediente Nro. 12. Barrenechea era natural de Santa Fe de la Vera Cruz donde nació en 1729. Se avecindó en Corrientes en 1755, contrayendo matrimonio allí con María de Basualdo, descendiente de conquistadores. Atribuíase ser el causante de todos los enredos y discordias que había en la ciudad; era, indudablemente, individuo hábil e intrigante, y quien sugirió a Bernardo López de Luján denunciara al Vicario, doctor Martínez de Ibarra, de haberse apropiado de la suma de catorce mil pesos dejados a su muerte por Francisco Gonzales de Macedo, portugués, casado con María Blasia de Quevedo, sobrina carnal del mencionado sacerdote, los que -según Barrenechea- correspondía ingresar al Erario Real por no tener Macedo hijos y ser extranjero, en virtud de la Ley 12, Título 8, Libro V de la Recopilación de Indias; pero se comprobó que los bienes referidos eran dotales, quedando desairado López de Luján (sobre esta Ley escribió una erudita disertación el doctor Juan Francisco Seguí, uno de los Constituyentes del 53). Tenía gran predicamento con los Padres jesuitas y aconsejaba y dirigía a los vecinos de su bando, tanto que hasta de su puño y letra se redactaron muchas Actas Capitulares del año 1766. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

La Sumaria Información incoada por Morphy y Lavardén fue tachada de parcial. En ella, Gaspar de Ayala, José Correa y Diego Cardozo habían acusado a los presbíteros Martínez de Ibarra y Casajús; a Sebastián de Casajús; a Carlos José de Añasco; a José González de Alderete y su hijo Francisco; a Alonso Hidalgo; a Francisco Solano Cabral; a Pedro Nolasco Pabón; a Juan de Almirón; a Bartolomé y Marcos Fernández; y a Juan Esteban Martínez, como promotores de la sublevación y sindicando al obispo De la Torre como su protector.

En vista de las pruebas que entonces se aportaron y de las que resultaba comprobada la intervención que en los sucesos tuvieron los precitados vecinos de Corrientes, así como la benevolencia del obispo para con ellos, Lavardén expidióse contra los acusados en términos de gran acritud, implicando también al obispo, y el doctor Rocha y Rodríguez -a su vez- produjo un severo dictamen, el 11 de Agosto de 1766, pidiendo pena de muerte para Diego Cardozo y Ramón Paredes por haber sido quienes apresaron y sacaron de la cama a Ribera Miranda la noche del 29 de Octubre de 1764 y lo maniataron; para José Tellería, por su crueldad; para José González de Alderete, Pedro Nolasco Pabón y Gaspar de Ayala, por haber sido los tres Maestre de Campo del Común; y también para Marcos Núñez y Pedro Núñez, Pedro de la Quintana Gamboa, Fernando de Córdova, Bartolomé Quiroga y Juan Hilario Osuna.

Además, contra los otros procesados pidió ejemplares castigos. El doctor Rocha y Rodríguez decía que todos “procuraron encubrir con mañas la parte que cada uno yuvo en la rebelión y señalaba que estaban poseídos de que la loca Señoría de su Común es la que manda sobre todos”(14).

(14) Archivo General de la Nación, División Colonia, Criminales, Legajo 5, Expediente Nro. 5, en la “Revista del Río de la Plata”, tomo I, estudio: “Los Comuneros de Corrientes”, por Andrés Lamas. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

Esta frase comprueba que los rebeldes correntinos sustentaban idéntica doctrina que los comuneros paraguayos, doctrina que a éstos les inculcara Fernando Mampó de Zayas.

Posteriormente, Ayala, Cardozo y Correa se retractaron de sus dichos -el 16 y el 17 de Septiembre de 1766- ante el Sargento Mayor Francisco González y el Auditor Juan Manuel de Lavardén, quienes recibieron juntos sus declaraciones, de las que resultaba que se habían prestado a afirmar como cierto cuánto les indicara Morphy que estaba -según ellos- empeñado en echar la culpa de todo sobre el obispo y los dos curas: Martínez de Ibarra y Casajús(15).

(15) Archivo General de la Nación, División Colonia, Criminales, Legajo 5, Expediente Nro. 9. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

- Bucareli y Ursúa ordena nuevo sumario de los revoltosos

Estas manifestaciones fueron corroboradas por Sebastián de Casajús, Carlos José de Añasco, Juan Esteban Martínez y Pedro Nolasco Pabón, notorios comuneros, lo que hacía sospechosos sus dichos no obstante lo cual, estimando serias las denuncias que dichas nuevas declaraciones importaban, el gobernador Bucareli y Ursúa encomendó a Labardén practicase otra Información.

Las diligencias que se realizaron con tal motivo se prolongaron desde el 15 de Noviembre de 1766 hasta el 20 de Enero de 1767, deponiendo los testigos en forma que desmentía los resultados a que se llegara en la primera Sumaria. “Entonces, se mudó el Theatro de las cosas de Corrientes”.

Puestos en libertad los principales comuneros, quedaron detenidos solamente ocho, de quienes se nombró defensores a Antonio Luis Poyson, Sebastián de Casajús y Carlos José de Añasco, “hombres diestros en el pedantismo y chicanería de las leyes”, según Morphy, pero que eran, en realidad, honrados y valientes vecinos de la ciudad, apasionados por el bien público(16).

(16) “Recurso Defensorio que a Vuestra Majestad hace el Theniente Coronel Carlos Morphy, vuestro Gobernador del Paraguay”, en la “Revista de Buenos Aires”, tomo XX. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

Los Escritos presentados por Casajús y Añasco se dirigieron sobre todo a demostrar que los correntinos siempre habían servido al rey, con elogio de sus superiores, y que en los casos particulares del levantamiento de Arenguá y de la insubordinación del 29 de Octubre de 1764 fueron precisados a sublevarse por falta de alimentos, en el primero, y por la tiranía de Ribera Miranda, en el segundo.

El lenguaje de los defensores era violento, pero gobernaba ya Bucareli y Ursúa y, dadas las nuevas circunstancias, no corrían riesgo alguno en expresarse así, pues cuánto se dijera o hiciera contra los jesuitas y sus partidarios halagaba al gobernador.

Es notable -como documento de época que refleja el estado de descomposición en que entraba por esos años el régimen imperante- el segundo dictamen producido por Lavardén. Este funcionario se expidió un Corrientes -sobre las constancias de la nueva Información- el 21 de Abril de 1767.

- Expulsión de los jesuitas y desaparición de la reducción de San Fernando

En 1767 los jesuitas fueron expulsados de territorio americano por Real Cédula del monarca Carlos III, siendo reemplazados por franciscanos.

El indio abipón Ñaré -quien estaba al frente del pueblo de San Fernando del Río Negro- no pudo soportar el alejamiento de quienes habían sido sus amigos. Fue así que un día arreó toda la caballada, incendió las casas que habían sido de su gente y se internó para siempre en la selva, no retornando jamás.

Así terminaron dieciocho años -desde 1750- de feliz acuerdo con el cacique abipón Ñaré, Jefe del pueblo asentado en el lugar que, con el tiempo, sería la Ciudad de Resistencia.

En cuanto a los jesuitas, la operación militar de expulsión de los mismos de los pueblos de las misiones de guaraníes fue cuidadosamente planificada por temor a un levantamiento de los naturales, como había ocurrido poco tiempo antes en la Guerra Guaranítica, resultado del Tratado de Madrid de 1750 entre España y Portugal.

Con un importante contingente militar, el gobernador Bucarelli y Ursúa -después de trasladarse por agua hasta el puerto de Salto Chico (en la actual Ciudad de Concordia) se dirigió hasta Yapeyú, que se constituyó en la primera reducción de la que tomó posesión, el 8 de Julio de 1768.

En un proceso que se repitiría en cada uno de los pueblos de guaraníes, se les notificó a los Padres de la decisión de Carlos III, se verificaron los Inventarios, que debían estar preparados de acuerdo a previas solicitudes y se colocó a los nuevos religiosos, así como al Administrador designado para cada comunidad.

Para reemplazar a los jesuitas, Bucarelli y Ursúa apeló a dominicos, franciscanos y mercedarios, designados por sus propias Ordenes, de acuerdo a la condición básica que debían tener para el cumplimiento de su nueva función misional: el conocimiento de la lengua nativa.

La mayoría de ellos eran paraguayos o correntinos, cuya lengua madre era el guaraní. La escasez de religiosos que cumplieran con el requisito del conocimiento del guaraní hizo que apenas se pudiesen cubrir los lugares dejados por los sacerdotes expulsados.

El regreso de algunos a sus conventos, como la muerte de otros, sin reemplazos en la mayoría de los casos, hizo que hacia principios del siglo XIX, prácticamente, los pueblos ya no tuviesen dirección espiritual.

- Juicios por las sublevaciones de correntinos

Estudiaba Lavardén, prolijamente, las dos sublevaciones: de Abril de 1763 y Octubre de 1764, llegando a la conclusión de que ambos sucesos no eran iguales en circunstancias ni tampoco en cuanto a sus promotores, que no fueron los mismos.

Sostenía que la de 1763 -que califica de “motín”- se redujo a impedir la marcha al río Pardo que ordenara Cevallos, y le atribuía como causa los padecimientos sufridos por los correntinos en su anterior expedición al mismo lugar, al mando de Bernardo López de Luján, que representaron un verdadero martirio por la falta continuada de alimentos.

Analizada la última campaña en que intervinieron los correntinos, señalando que en la primera expedición a Misiones -1754- desertaron sólo veinticinco hombres, sirviendo muy bien el resto, en la segunda no hubo deserción y el servicio fue muy del agrado de los Superiores y que, en la efectuada al Chaco por Bernardo López de Luján, habiendo desertado la tercera parte de la gente -no obstante que el Justicia Mayor interino Cabral, la quiso hacer volver- aquél decidió regresar a Corrientes y castigar a los culpables (1759).

Referíase luego a las deserciones ocurridas en el río Pardo en 1762, que fueron principalmente “de gente distinguida”, y las excusaba en razón del trato que recibieron en el campamento de Antonio Catani.

Tenía Pedro de Cevallos muy mala opinión de los correntinos, a quienes consideraba de índole rebelde, juicio que no compartía Lavardén, pues estimaba que, si bien era lógico que aquéllos defendieran a su costa su propio país, no lo era el que en tales condiciones fueran a combatir en parajes remotos, como Santa Fe, el Paraguay o el río Pardo.

- Giro copernicano en las sentencias de los amotinados

Creíales “dignos de trato más afable y más benigno” del que recibieron, y reconocíales derechos a reclamar sueldo y alimentos, de donde deducía que su desobediencia fue justificada, expresando que a incurrir en ella les llamó, además, la antipatía con que era visto Barrenechea, protegido de Cevallos y de los Padres jesuitas -según era notorio- siendo sabido por ende que “había de ser aprobado quanto hiciese”.

Respecto a la rebelión del 29 de Octubre de 1764, aunque juzgaba inhumano e inexcusable el proceder contra Ribera Miranda, no encontraba censurable el que González de Alderete tomara el mando, arguyendo que así lo exigía la necesidad del difícil momento, pues el Cabildo se limitó a ponerse a cubierto y Juan de Almirón, que era a quien le correspondía asumirlo, no lo aceptó.

Para Labardén no había sido en ello delito de usurpación de la autoridad real porque, decía, “en el supuesto de no restituir el mando a Ribera, ni tomar providencia el Cabildo, están persuadidos a que la facultad es de la Comunidad”; empero, entendía que los sublevados necesitaban ejemplar castigo, sin que el creerlo así importara encontrar que estuvo en el ánimo de ellos el ofender al rey.

Luego de una serie de consideraciones opinaba que los que depusieron al Teniente de Gobernador Manuel José de Ribera Miranda, representante en Corrientes de la autoridad real, merecían pena de muerte y así lo solicitaba.

Eran ellos: Román Paredes, Diego Cardozo, Gaspar de Ayala y José Obregón, si bien estimaba que podían ser pasados por las armas colgándose después sus cuerpos en la horca por un tiempo, como ejemplo y escarmiento para los correntinos agregando, a guisa de consejo, que sería conveniente “se les cortaren las manos a los dos prisioneros, para que se fixen en medio de la plaza y en camino real inmediato a la Capilla de La Cruz del Milagro, que es el sitio donde hacían sus Juntas y conferencias, y adonde desde la primera noche se convocaron”, y como accesorio pedía se les condenase en el perdimiento de todos sus bienes, aplicados a los Gastos de la expedición.

Para el resto de los complicados en la rebelión las penas que solicitaba Lavardén eran más benignas: tres años de servicio personal en Montevideo y destierro perpetuo de la jurisdicción de Corrientes y el Paraguay, a José Correa, Bartolomé Núñez, Gregorio Sánchez, Pedro Ojeda, Gregorio Esquivel Sena, Sebastián Sena, Felipe Garay, José Mesa, Esteban Enrique Pintos, Julián Bravo, José Martínez y Juan del Carmen Martínez; con iguales accesorias pecuniarias que en los casos anteriores y apercibimiento de pena de muerte en el caso de que no cumplieran la principal.

Cabe señalar que de todos estos últimos, sólo se hallaban presos Correa y Núñez, pues los demás estaban prófugos.

Para Pablo Núñez, Juan Hilario Osuna, Miguel Segovia y Rafael Cardozo pidió dos años de destierro y servicio personal en el pueblo de San Fernando. Para José González de Alderete, destierro perpetuo de la jurisdicción de Corrientes y, para su hijo Francisco, un año de destierro; para Pedro de la Quintana Gamboa y José Chaves -que había actuado como Sargento Mayor y Comandante de Saladas durante el Gobierno del Común- dos años de destierro; para José de Inzaurralde, un año de destierro; y para Francisco Xavier de Toledo, destierro por varios meses.

No se pronunciaba sobre Pedro Nolasco Pabón, por cuanto éste había ya muerto en la prisión.

Respecto a los demás procesados, Lavardén no encontraba mérito para que fueran condenados y pedía su absolución y libertad pero, en cambio, consideraba que existían también culpables por omisión -a los precedentemente mencionados llamaba “reos por comisión”- e incluía en dicha categoría a los siguientes:

1.- Los oficiales de milicias, por inacción y abandono de sus obligaciones;
2.- Los cabildantes;
3.- Juan de Almirón.

Calificaba de vergonzoso el hecho de que los oficiales, pasado el primer tiempo de la rebelión, no se juntasen e impusieran su autoridad, exceptuando de ese cargo únicamente a Carlos José de Añasco -que estuvo ausente- y a José Bonifacio Barrenechea, José Ponciano Rolón y Antonio Suárez, que tuvieron fundados motivos para huir y ocultarse, por su situación diferente a la de los otros.

Pedía, como castigo, se les multase en veinticinco pesos plata a los capitanes; en veinte pesos plata, a los tenientes; y en quince pesos plata, a los alféreces, sumas que serían aplicadas para ayuda a los Gastos de la expedición.

No creía Lavardén hubieran sido guiados y aconsejados los comuneros, en su mayoría plebe ignorante, por gente principal, llevándole a ese convencimiento la cantidad de desaciertos que cometieron; a su juicio, fue sobrado motivo para el levantamiento, el despotismo de Ribera Miranda del que -dice- nada parece lo que escribe en comparación de lo que se oye, habiendo sido los Curas de Saladas y los frailes de San Francisco quienes le aportaron las mayores pruebas de su pésimo gobierno, en el que todo fue “amenazas, castigos, prisiones, rigores, aparatos militares”.

Terminaba Lavardén su dictamen, exaltando el Real Estandarte, del que tan mal uso hiciera Ribera Miranda: “El representa la Magestad, que por la Misericordia de Dios ha plantado en este nuebo Mundo sus Catholicas Vanderas, desterrando las del Paganismo”.

El 27 y 29 de Abril de 1767 envió Lavardén dos cartas ampliatorias, en las cuales descubría cómo se había prestado y de qué manera a ser instrumento de Pedro de Cevallos.

Retractábase de cuánto escribiera contra el obispo De la Torre, al cual confesaba no conocer sino por referencias malévolas de fray Pedro José de Parras, acusándose de haberle calumniado injustamente, siguiendo sus inspiraciones, que decía del obispo que, aunque lo disimulaba en lo exterior, era opuestísimo a los jesuitas en su interior.

Reconocía que su primer dictamen no fue redactado por él, sino por el gobernador Cevallos, que se lo mandó ya escrito, limitándose a firmarlo sin formular observancia alguna.

Agregaba Lavardén -paladinamente- que de las declaraciones del cabo de dragones Ortiz, y de Antonio Nazarre, le dio las minutas Cevallos, y que los referidos las firmaron después de oír su lectura, sin verificarlas.

Indicaba como autor de los borradores al Padre Parras, que lo fue también de las declaraciones de Juan Sancho y de José de Acosta, reduciendo Lavardén su intervención, como en los casos anteriores, a la lectura previa de los mismos.

Según Lavardén, por orden de Cevallos, el Cabildo de Buenos Aires dejó de asistir a las funciones de la Catedral, para ir a las de San Francisco, a lo que él también se adhirió.

En cuanto a la Información que se practicara en Buenos Aires contra el obispo, decía Lavardén que Cevallos fue quien obligó a firmar declaraciones falsas a los Alcaldes Lerdo de Tejada y Rocha, que accedieron por temor, no obstante constarles no reflejaba la verdad.

En la dicha Información se llegaba a la conclusión de que el prelado menospreciaba la autoridad real y tramaba una sublevación. Lavardén no se atrevió a negar su concurso al gobernador para que no sospechara de él y, en su descargo, decía que la consideración de que tenía mujer e hijos le llevó a prestarse a las maquinaciones de Cevallos, porque no contaba con otros recursos que su sueldo de setecientos cincuenta pesos anuales, habiendo salido con deudas de la expedición a La Colonia, “de donde muchos, si no todos, sacaron algunas utilidades”. Afirmaba que si perdía el empleo se vería precisado a mendigar.

Continuaba luego su “mea culpa” el Auditor, con las siguientes frases:

“Permítame V. E. en caridad el que haga una breve disgresión a favor de mi buena fama, ya que no de mi honor, por haverlo asi perdido ... quando considero señor Exmo. como he venido a caer en estas desdichas, que no se pueden referir sin mucho rubor, y lágrimas, y sin ofender gravemente los piadosos religiosísimos oidos de Su Magestad, y todo hombre de probidad”.

Y ya puesto en esa pendiente, Lavardén se desdijo por completo de su anterior dictamen. Expresaba ahora su convicción de que Diego Fernández, al asumir el mando en 1763, no lo había hecho como “intruso en el Gobierno”, y se quejaba de que mientras estuvo Morphy en Corrientes vivió cercado de espías y enemigos, que no le dejaron actuar con libertad.

En esas cartas confesaba, además, al gobernador Bucareli y Ursúa, que fue tan sólo después de terminadas sus tareas, en Julio de 1766, y de elevar su primer dictamen a Cevallos, que se dedicó a “satisfacer su curiosidad” y averiguó que “don Bonifacio Barrenechea governaba una cuadrilla de hombres principales qe. le seguían ciegamente”, siendo todos ellos enemigos del doctor Martínez de Ibarra, comprobando además que Ribera Miranda, era el “hombre más falso, más ingrato, y más sin caridad”, y que no había motivo alguno para culpar a los sacerdotes Martínez de Ibarra y Casajús.

Lavardén desahogaba su rencor contra Morphy, insinuando que se benefició durante la expedición y, reuniendo todo lo averiguado en su segunda Información, expresaba al gobernador que las acusaciones de que hizo mérito en su primer dictamen no tenían consistencia por no haber sido los testigos categóricos en ninguno de los casos planteados, sino que se referían siempre al “dizen dizen en que todos han afianzado cuanto han querido”.

Y escribía, al final de su ampliatoria del 29 de Julio de 1767:

“La tengo dicho en mi dictamen que tengo la esperanza en Dios, de que no ha de aver uno que me culpe, y por su misericordia, no tengo la cosa más mínima que inquiete mi conciencia. He expuesto Señor Exmo. todo lo que siento y entiendo, sin otro objeto, que el que resplandezca la verdad, y cada uno mantenga aquel honor y estimación que le dio el Criador, y ha savido adquirirse”(17).

(17) Archivo de la Curia eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires, Legajo 33, Expediente Nro. 39, fs. 184 vta. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

¡Así era el lamentable personaje de quien dependió la suerte de los vecinos de Corrientes! Ello no fue obstáculo para que continuase en su elevado cargo de Auditor de Guerra y colaborase después con los gobernantes -que sucedieron a Bucareli y Ursúa- en misiones de confianza.

El asesor, doctor Aldao, hizo suyo el Dictamen de Lavardén, el 27 de Junio de 1767, pero sosteniendo que lo referente a la pena de muerte se defiriese al rey, pues todo “vino del incomparable despotismo y opresión” de Ribera Miranda.

Sin inconveniente alguno este otro funcionario se retractaba también de sus anteriores opiniones y proponía, además, que se trajesen los presos a Buenos Aires, a la Fortaleza, para eximir al vecindario de Corrientes, ya sosegado, de los Gastos de manutención de la tropa.

Todavía debieron esperar algunos meses los procesados la resolución del gobernador. Esta se dictó el 27 de Abril de 1768, conformándose Bucareli y Ursúa con los dictámenes de ambos asesores, cuyo contenido tuvo por sentencia.

Mandó en ella, además, se vendieran los bienes de aquellos reos condenados a su perdimiento, y dispuso que las actuaciones originales se elevasen al rey, sacándose previamente de ellas testimonio que quedaría en Buenos Aires.

Al día siguiente, 28 de Abril, teniendo en cuenta real cédula del 9 de Septiembre de 1767, que mansaba suspender la ejecución de la sentencia que recayese en el proceso hasta informar debidamente con los Autos a S. M. e interpretándola benévolamente, Lavardén ordenó quedasen presos nada más que Ayala y Cardozo -condenados a muerte- y José Correa y Bartolomé Núñez, que lo estaban a su vez, a tres años de servicio personal en Montevideo y que, en lo demás, se cumpliese la sentencia.

De ésta, se notificaron los presos en su cárcel de la Fortaleza de Buenos Aires y, los prófugos, en los estrados del Tribunal. El 25 de Mayo de 1768, José González de Alderete apeló en un extenso Memorial, concediéndosele el recurso. Fue la última actuación en el proceso, que muy pronto olvidarían tanto los implicados como las autoridades(18), hasta que ¡al fin! llegó a Buenos Aires la sentencia definitiva dictada por el rey y que el gobernador, a la sazón Juan José de Vértiz y Salcedo comunicó de Oficio el 20 de Octubre de 1776, al Teniente de Gobernador de Corrientes, Juan García de Cossio.

(18) Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División Colonia, Criminales, Legajo 4, Expediente Nro. 5. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

Se impuso cinco años de servicio personal con destierro perpetuo de la jurisdicción de Corrientes y apercibimiento de que, si a ella vuelven, se les impondría la pena capital, a Gaspar de Ayala, Diego Cardozo, José Obregón y Ramón Paredes, reduciéndose asimismo las penas a los otros procesados, a tres años de servicio penal y destierro perpetuo de la jurisdicción.

A José González de Alderete se le declaró libre y autorizó para regresar a Corrientes. El 14 de Noviembre de 1776 esta noticia llegó a la ciudad mencionada.

Ni la sentencia de Bucareli y Ursúa ni la de S. M. reflejaban la realidad y no se cumplieron, disfrutando los implicados de su libertad -sin inconvenientes- en Corrientes(19).

(19) Raúl de Labougle. “La Sentencia del Rey en el Proceso de los Comuneros. 1776” (1976), en “Historia”, Nro. 38, p. 96, edición de Buenos Aires. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

- Investigan a sacerdotes  que consideran implicados en las revueltas

En cuanto a los dos sacerdotes implicados en los sucesos de 1763 y rebelión de 1764, doctor Martínez de Ibarra y maestro José de Casajús, correspondió su juzgamiento a la autoridad eclesiástica, o sea, a obispo de Buenos Aires Manuel Antonio de la Torre.

A fines de Septiembre de 1765 había llegado a Corrientes el Cura de naturales de la Ciudad de Santa Fe, doctor Pedro José de Crespo, comisionado por obispo De la Torre para inquirir la participación que tuvieron los referidos sacerdotes en la rebelión comunera, ya que éstos habían sido categóricamente sindicados por el gobernador Pedro de Cevallos como instigadores de ella(20).

(20) Raúl de Labougle. “La Historia de los Comuneros” (1953), Nota 1 de la p. 223, Buenos Aires. Ed. Coni. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

Crespo inició sus diligencias el 3 de Octubre, ordenando a los dos sacerdotes salir de la ciudad y su jurisdicción dentro del tercer día, a fin de presentarse en Buenos Aires a dar cuenta de sus actos y, el 8, empezó la recepción de la prueba testimonial.

Fueron interrogadas treinta y seis personas, y en hacerlo se demoró hasta el 27 de Noviembre, fecha en que elevó las actuaciones al obispo, no tomando éste determinación alguna hasta el 29 de Abril de 1767 en que resolvió someter el conocimiento de la causa al Provisor y Vicario General del Obispado, doctor Juan Baltazar Maciel.

De las declaraciones se desprendía la intervención más o menos disimulada de ambos curas en los sucesos(21).

(21) Raúl de Labougle. “La Historia de los Comuneros” (1953), pp. 231 a 241, Buenos Aires. Ed. Coni. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

El doctor Martínez de Ibarra y el maestro Casajús no habían esperado ser notificados de la Orden del comisionado para emprender viaje. Sufrieron -durante éste- penurias y vejaciones sin cuento. Al pasar por Santa Fe se les embargaron, por disposición del Teniente de Gobernador Francisco Antonio de Vera y Mujica, el 16 de Noviembre, casi todas sus carretas, caballos, bueyes y documentos, atropello de su inmunidad eclesiástica que costó una excomunión a su ejecutor, sanción severísima que se dejó sin efecto dos años más tarde, previa demostración que de su arrepentimiento hizo Vera Mujica(22).

(22) Raúl de Labougle. “La Historia de los Comuneros” (1953), pp. 223 y sigtes. Buenos Aires. Ed. Coni. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

Este se había extralimitado pues, de conformidad con la legislación vigente, los Jueces laicos no podían intervenir en asuntos eclesiásticos sino en el caso de que, requeridos los Jueces eclesiásticos no se prestaran a ello y previo allanamiento de la inmunidad correspondiente(23).

(23) Raúl de Labougle. “La Historia de los Comuneros” (1953), pp. 223 y sigtes. Buenos Aires. Ed. Coni. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

Llegados los Curas a Buenos Aires el 13 de Diciembre, el mismo día fue ordenada su reclusión en el Convento de La Recoleta por el obispo, siendo conducidos allí por el notario, Antonio de Herrera, quien los entregó al Vicario, fray Francisco Calvo pero, informado de todo Pedro de Cevallos, dispuso se les llevara a la Fortaleza, en calidad de detenidos, concediéndoseles autorización para instalarse con sus criados.

“Ilmo. Señor: Aunque los dos curas de Corrientes Dn. Antonio Martínez y Dn. Joseph Casajús, por su irregular modo de proceder, se han hecho indignos de los respetos debidos al sacerdocio, con todo no ha sido ni es mi ánimo que se tengan presos sino con la posible decencia”, escribía con ese motivo Pedro de Cevallos al obispo.

El traslado se efectuó el 18 de Diciembre y fueron recibidos en su nueva cárcel por el Capitán de Guardia, Domingo Ortiz de Rozas(24), quedando allí hasta Marzo del año 1766, en que se les condujo de nuevo a La Recoleta, siempre como reclusos, mientras se sustanciaba la causa.

(24) Domingo Ortiz de Rozas y Brizuela, natural del Valle de Soba, en las montañas de Santander. Cadete de Guardia de Corps en 1730, pasó al Río de la Plata con su tío, el gobernador de Buenos Aires, Domingo Ortiz de Rozas y Villasuso, que fue luego conde de Poblaciones. Se radicó, desde 1742, año de su llegada, en esta ciudad, donde casó -en 1760- con Catalina de la Cuadra, descendiente del conquistador Domingo Martínez de Irala y del primer historiador criollo, Ruy Díaz de Guzmán. Después de honrosos servicios se retiró como Capitán de Granaderos del Regimiento Fijo. Abuelo paterno del brigadier general Juan Manuel de Rozas, gobernador de Buenos Aires y Jefe supremo de la Confederación Argentina. Ver: Adolfo Saldias. “Historia de la Confederación Argentina”, tomo I, capítulo I. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

El 21 de Diciembre de 1765 por el gobernador, el Auditor Juan Manuel de Lavardén, aconsejaba el envío de los dos Curas a España. En su Dictamen decía que era frecuente que los clérigos se mezclaran en motines y siempre en favor del pueblo, “como ocurrió con el obispo Arregui” y, en 1747, en Asunción, con el Padre José de Vargas, cuyos cuatro cómplices fueron ahorcados y él, luego de fugarse a Santa Fe, fue preso y remitido a la Península.

“Demanera qualquiera que procure instruirse enlas rebeliones de estas Provs. spre. hallará que las han fomentadoy dirigido, varias Personas Eclesiásticas”, conclusión Labardén que, más tarde, confirmaría la revolución de Mayo(25).

(25) Adolfo P. Carranza. “El Clero Argentino de 1810 a 1830” (1910), edición del Museo Histórico Nacional, Buenos Aires. // Rómulo D. Carbiá. “El Clero Argentino y la Revolución de Mayo”. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

El mismo día 21 de Diciembre, el gobernador exigió del obispo la remisión a España de ambos sacerdotes, “con el primer navío” que saliese, en bien del sosiego público, a lo que se negó con energía Su Ilustrísima, manifestando que no le constaba fueran culpables y llamando a Pedro de Cevallos a la mesura, en carta llena de dignidad y con ejemplos tomados de las Sagradas Escrituras.

El 22 de Mayo de 1767 murió en La Recoleta el maestro José Francisco de Casajús, después de larga enfermedad(26). Al año siguiente, su compañero de cautiverio fue encargado por el gobernador Bucareli y Ursúa de poner en posesión de los pueblos de indios de las misiones a los Curas designados en sustitución de los jesuitas expulsos, comisión en cuyo desempeño demoró más de un año, regresando a fines de 1769 a Buenos Aires.

(26) Raúl de Labougle. “La Historia de los Comuneros” (1953), p. 228, Buenos Aires. Ed. Coni. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

Nacido en Corrientes, en 1722, el doctor Antonio de la Trinidad Martínez de Ibarra fue hijo legítimo del capitán Jorge Martínez de Ibarra -uno de los fundadores de Saladas- y de Margarita de Acosta y Flores, ambos descendientes de los primeros conquistadores del Río de la Plata.

Estudió en la Universidad de Córdoba del Tucumán donde se graduó de Doctor en Sagrada Teología y ordenado de presbítero a título de Patrimonio; era Cura Rector, Vicario Juez Eclesiástico de Rentas Decimales y Comisario Apostólico Subdelegado particular de la Santa Cruzada, en la ciudad de su nacimiento.

Poseía la más notable biblioteca del lugar, constituida por cuarenta y un volúmenes, y era considerado el “primer hombre de la República”, tanto por su carácter de Vicario y su ilustración, cuanto por su ascendiente sobre el vecindario, sabiéndose en éste que miraba como enemigo a quien no fuese su partidario.

Se le atribuía intimidad con el obispo De la Torre. Era sumamente altanero y decía de él en una carta el maestro Miguel Pérez, capellán de las tropas de Morphy, que estaba tan pagado de su importancia que creía “no tenía con quién hombrearse ni con quién tratar”(27).

(27) Raúl de Labougle. “La Historia de los Comuneros” (1953), p. 229, Buenos Aires. Ed. Coni. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

La casa de su morada en la ciudad era una de las mejor alhajadas. Al realizarse, en Abril de 1766, el embargo de sus bienes en virtud de orden de Morphy, se hizo un detalle de ella, que es interesante consignar porque refleja cómo vivía la gente principal de la ciudad, o sea, la nobleza.

Formábanla sala, aposento y cinco cuartos más; dieciocho taburetes nuevos, dos mesas, una redonda con cajones y, otra, cuadrada; una mesa pequeña; catorce cuadros de varias efigies con su marcos y seis países; un cajón de reloj; un calorín con cajón y cuatro mesas(28); una caja de guardar ropa, con cerradura; un Señor de la Paciencia; diez libros de materias eclesiásticas y cuatro pertenecientes al Oficio divino; un escritorio con nueve gavetas; veintisiete libros impresos, de otras materias; seis esclavos y dos esclavas.

(28) Raúl de Labougle. “La Historia de los Comuneros” (1953), p. 230, Buenos Aires. Ed. Coni. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

Además, poseía cerca de la ciudad -en el paraje del Riachuelo- una chacra en explotación, llamada “El Desaguadero”, en la que se le embargaron en la misma oportunidad: 1.927 arrobas 12 libras de yerba, que se componían de 222 tercios; un barco con sus aperos; un galpón con dos hornos de tejas; una partida de lienzo de Misiones; tres sacos de tabaco(29); dos cajas grandes con candelabros de iglesia; seis pernos de navío; un serrucho; una romana; dos azadones y dos palas.

(29) Raúl de Labougle. “La Historia de los Comuneros” (1953), p. 230, Buenos Aires. Ed. Coni. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

En la chacra se producía también miel, cosechándose netas, en el año 1766, 120 arrobas 11 libras de ella “en pelotas” de 5, 6 y 7 arrobas y, por el trabajo de recogerla, cobraron ochenta y cuatro pesos los nueve peones que se emplearon.

Fue nombrado depositario de todo Ziprián de Lagraña, hasta el 7 de Octubre de 1767, en que el gobernador Bucareli y Ursúa dispuso el desembargo de dichos bienes y su entrega a un Juez eclesiástico, lo que se cumplió el 26 de dicho mes y año(30).

(30) Raúl de Labougle. “La Historia de los Comuneros” (1953), p. 231, Buenos Aires. Ed. Coni. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

El 5 de Octubre de 1769, al doctor Martínez de Ibarra se le tomó declaración en Buenos Aires, la que hizo de manera extensa, detallando prolijamente los sucesos de 1764, desde su punto de vista de integrante del bando de los patricios(31).

(31) Raúl de Labougle. “La Historia de los Comuneros” (1953), pp. 231 a 241, Buenos Aires. Ed. Coni. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

De la declaración se dio vista al Promotor Fiscal eclesiástico, doctor Vicente de Jáunzaras(32), el cual se expidió el 16 de Febrero de 1770 haciendo un detenido análisis de los dichos de los testigos, entre los que se destacaba, por su encono, el maestro José Verón, sustituto del Vicario en su parroquia y de lo manifestado por el propio doctor Martínez de Ibarra.

(32) Raúl de Labougle. “La Historia de los Comuneros” (1953), p. 241, Buenos Aires. Ed. Coni. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

Sostuvo Jáunzaras, que fue este último “la causa principal aquien se debe atribuir aquel Motín por aver sido el Director de sus Principales Cavezas en todos los desafueros que obraron y como a tal ocurrían a él siempre que trataban de Maquinar algun atentado; manteniendo estrecha amistad con los Rebeldes, tratando familiarmente con ellos, centandolos a su lado, y paseando en público no sin grave escándalo de todo el Pueblo; y aún de aquellos mismos a quienes dirigía”.

En opinión del Fiscal, el Vicario fomentó la sublevación, permitiendo se cantaran versos denigrativos para el Teniente de Gobernador por las calles y la celebración de una Misa con salvas de tiros en acción de gracias por el triunfo de la “tropa vandida” y los “tumultuarios”. Pidió como pena -para el Vicario- destierro perpetuo de Corrientes.

Las Ordenes religiosas, a solicitud del doctor Crespo, habían informado sobre el doctor Martínez de Ibarra de manera favorable para éste. El 15 de Noviembre de 1765 lo hicieron los dominicos del hospicio de San Pío Quinto; el 15 de Septiembre lo habían hecho los franciscanos; pero, los mercedarios del Convento de San Pedro Pascual se excusaron de emitir juicio alguno porque “como Sacerdotes Regulares qe. vivimos bajo la clausura es presiso estemos ágenos a lo qe. en el siglo pasa”, no podían decir nada ni a favor ni en contra suya.

Cabe dejar constancia de que en este Convento estuvieron refugiados -en los últimos meses del Gobierno del Común- algunos de los principales leales, como ser los Solís, José Bonifacio Barrenechea y Ziprián de Lagraña, cuya casa era contigua al mismo.

El doctor Maciel dio traslado de la Vista de Jáunzaras al doctor Martínez de Ibarra, quien lo evacuó el 7 de Junio de 1770, con un extenso alegato en el que reproducía y ampliaba los argumentos de su declaración para demostrar su inocencia, no obstante lo cual el fiscal insistió en su acusación sosteniendo que el Vicario demostraba en su propia defensa su culpabilidad pues reconocía haber tenido trato con los comuneros y tildaba de enemigos suyos a quienes no eran de éstos, confesando además que el maestro Casajús era su íntimo amigo.

Nuevamente replicó el vicario al fiscal con un escrito, en que designaba a los principales “ajesuitados”, y en el que decía de la Ciudad de Corrientes que era “tan corta, donde todos los días estamos viéndonos y tropezando unos con otros”(33).

(33) Raúl de Labougle. “La Historia de los Comuneros” (1953), pp. 243 a 245, Buenos Aires. Ed. Coni. // Archivo de la Curia eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires, Legajo 33, Expediente Nro. 29. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

Abierto el juicio a prueba, de ella desistieron tanto el fiscal como el doctor Martínez de Ibarra, reproduciendo aquél sus dictámenes anteriores.

Designóse entonces, el 10 de Octubre de 1770, asesor al doctor José Vicente Carrancio(34), quien se expidió usando términos de inusitada violencia contra los jesuitas, afirmando que pretendieron hacer de las misiones imperio independiente y dando mucha importancia al escrito de defensa de los procesados seglares, que hiciera el Regidor Sebastián de Casajús.

(34) Raúl de Labougle. “La Historia de los Comuneros” (1953), p. 246, Nota 2, Buenos Aires. Ed. Coni. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

Atribuyó las persecuciones que sufrió el obispo Cárdenas a que éste quiso visitar personalmente los pueblos del Paraná, Uruguay e Itatí como legítimo prelado de la Silla paraguaya, provocando con ello la indignación de los jesuitas.

Hacía culpables a éstos de la “tragedia de Antequera”; se refirió al caso de Juan de Palafox y Mendoza(35), y agregaba:

“La Deducción Chronológica y analítica de los memorables sucesos de la Compañía en la Portuguesa Monarquía, está respirando un abismo de iniquidades; y finalmente pudieron aducirse repetidos exemplares, acuia imitación no queda arbitrio para dudarse, que los regulares expulsos dieran primitivo mérito, y fueron la Causa de la Correntina Sublevazn”.

Pidió la absolución del doctor Martínez de Ibarra por ser, tanto él como el maestro Casajús, inocentes(36).

(35) y (36) Raúl de Labougle. “La Historia de los Comuneros” (1953), p. 247, Nota 2, Buenos Aires. Ed. Coni. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

El 24 de Noviembre de 1770, el obispo dictó sentencia, absolviendo al doctor Antonio de la Trinidad Martínez de Ibarra y al maestro José Francisco de Casajús de la “falsa calumniosa imputación”, y condenando al maestro José Verón, por cuatro años, a la privación de todas sus licencias, bajo pena de excomunión mayor, debiendo presentarse dentro del término de cuatro meses en Buenos Aires para hacer ejercicios religiosos en La Recoleta, perseverando en la clausura.

Mandó, asimismo, se publicara la sentencia en la Parroquia de la Matriz de Corrientes y en las demás iglesias de la ciudad, en un día festivo, al tiempo del ofertorio de la Misa conventual(37).

(37) Archivo de la Curia eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires, Legajo 33, Expediente Nro. 29, p. 305; y Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División Colonia, Culto, Legajo 1, Expediente Nro. 4. Se dio lectura de la Sentencia en la Iglesia Matriz de Corrientes, en presencia del Cabildo y principales vecinos, el 13 de Noviembre de 1771. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

Restituido a su Parroquia, el doctor Martínez de Ibarra continuó en el ejercicio de su piadoso ministerio hasta su fallecimiento, que ocurrió en su ciudad natal el 14 de Mayo de 1785, a las 12:00, según reza la Partida de Defunción que se conserva en el Archivo de la Santa Iglesia Catedral de Corrientes.

Había otorgado su testamento, en 1779, ante el Alcalde de segundo voto, Juan Benítez de Arriola, dejando por heredera de todos sus bienes a su alma(38).

(38) Raúl de Labougle. “La Historia de los Comuneros” (1953), p. 248, Buenos Aires. Ed. Coni. // Citado por Raúl de Labougle. “Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. (1588-1814)” (1978), Buenos Aires.

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