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Detención y deportación de los jesuitas de las misiones

- La expulsión de los jesuitas

Esta medida de carácter extraordinario fue promulgada por Carlos III en Madrid, el 2 de Abril de 1767. La portada del documento decía: “Pragmática sanción de S. M. en fuerza de ley para el extrañamiento de estos reinos a los regulares de la Compañía, ocupación de sus temporalidades y prohibición de su restablecimiento en tiempo alguno, con las demás precauciones que expresa”.

En el cuerpo del documento, el rey hace saber de un modo impreciso, las razones que impulsaron esta medida, luego de haber tomado en cuenta el parecer del Consejo de Castilla, lo expuesto por personas calificadas y luego de haber considerado otras causas

“urgentes, justas y necesarias, que reservo en mi real ánimo, que el Todopoderoso ha depositado en mis manos para la protección de mis vasallos y respeto de mi Corona”.

A continuación indica que ha dado plena comisión al Conde de Aranda, Presidente del Consejo de Castilla, para ejecutar la medida, disponiendo en el articulado las condiciones en que quedaban los jesuitas expulsos e imponiendo absoluto silencio sobre esta cuestión, a fin de que

“nadie escriba, imprima ni expenda papel ni obras concernientes a la expulsión de los Padres de mis dominios”(1).

(1) Los artículos XVI, XVII y XVIII de la Real Pragmática del 2 de Abril de 1767 prohibían escribir, hablar o imprimir sobre este asunto a todos sus súbditos bajo severas sanciones. Dicha orden fue reiterada por real cédula dada en Aranjuez, el 25 de Abril de 1776, disponiendo que las autoridades “celen y cuiden que ninguna persona de cualquier estado, calidad o condición que sea, hable, escriba ni dispute de ningún modo sobre la extinción de la Compañía de Jesús, ni sobre las causas que la produjeron” (Real Academia de la Historia, Colección Mata Linares, t. LXXX, 357-359). // Citado por Ernesto J. A. Maeder. “Misiones del Paraguay (construcción jesuítica de una sociedad cristiano-guaraní. 1610-1768)” (2013), Instituto de Investigaciones Geohistóricas, Conicet, Resistencia. Ed. ConTexto.

Como es de imaginar, esta medida rodeada de tantos recaudos sorprendió por su contenido y también por el rápido trámite con que fue ejecutado el apresamiento y la expulsión de los jesuitas en todas partes. Esta cuestión, de considerable importancia, excede en buena medida a los propósitos de este libro, dedicado a las misiones de guaraníes.

No obstante, es indispensable exponer los sucesos y cuestiones principales que dieron lugar a esa medida, y analizarlos en el marco de la política eclesiástica que mantenía la monarquía española, a fin de advertir en qué medida la política misional seguida en la Provincia Jesuítica del Paraguay influyó en esa drástica determinación.

Todo parece indicar que cierta crisis de abastecimiento, sumada a demandas populares y el repudio al ministro Esquilache, provocó una serie de motines urbanos en España. El acaecido en Madrid, a fines de Marzo de 1766, provocó alarma y temor en el rey, que se refugió en el palacio de verano de Aranjuez.

Como consecuencia de ello, se encomendó al Fiscal del Consejo de Castilla, Pedro Rodríguez de Campomanes, la realización de una pesquisa secreta que permitiera individualizar a los promotores de esos tumultos, que no se creyeron espontáneos, sino atizados por sectores adversos a la política real.

Del resultado de esa averiguación, el Fiscal dedujo e intentó probar que sus autores fueron los jesuitas, que manipularon a la plebe de Madrid contra el ministro italiano y la persona del rey.

Incluso trató de demostrar la similitud de esta situación con lo acontecido en Portugal y Francia, procesos que concluyeron -en ambos casos-, con la expulsión de los jesuitas.

A partir de allí el alegato tiende a demostrar que la Compañía de Jesús es una Institución incompatible con la monarquía española, por ser una Orden manejada despóticamente, con ciega obediencia interna, un verdadero Estado dentro del Estado, que se opone a los Gobiernos ilustrados y que por su obediencia expresa al Papa es, de hecho, un partido extranjero.

A ello añade una enumeración de las riquezas acumuladas por la Compañía en América y, en particular, en el Paraguay.

A continuación, el alegato acumula imputaciones a doctrinas “perniciosas” de los jesuitas, como el probabilismo y el tiranicidio; critica los medios de que se valen sus miembros para imponerse tanto en el ámbito civil como en el eclesiástico; apela a las lecciones “provechosas” que dejaron las medidas tomadas por los reyes de Portugal y Francia, al disponer su expulsión en 1759 y 1764.

Luego de otras consideraciones, el Fiscal redacta la síntesis y petición final proponiendo, para la seguridad de la real persona de S. M. las medidas que, más tarde, integraron el texto del Decreto de expulsión. El dictamen está firmado por Campomanes, el 31 de Diciembre de 1766.

Al margen de la inocultable antipatía que el fiscal sentía hacia los jesuitas, ha de apreciarse que el extenso dictamen de 746 parágrafos es un documento elocuente, bien elaborado por un jurista competente.

En su argumentación, como como en la selección acrítica de toda clase de testimonios, exhibe con maestría todas las implicaciones de orden teológico, histórico y moral de las Constituciones de la Orden, confrontadas con los hechos que, a su criterio, las contradicen.

Sus argumentos fueron creidos por los miembros del Consejo e, indudablemente, aprobados por el rey. Los jesuitas no fueron llamados a un descargo de tan graves acusaciones y fueron condenados en base a esas imputaciones.

Ante tal decisión es evidente que esta medida halló su cauce en un marco de referencia apropiado. No fue un hecho insólito, sino extraordinario, pero coherente con las líneas maestras de la política eclesiástica que impulsaba la monarquía.

El regalismo en España era de vieja data y fue aplicado con distintas alternativas, tanto por los Austria como por los Borbones. Implicaba una preeminencia, una prerrogativa particular y privativa del rey, en virtud de la suprema potestad que ejercía en sus dominios, incluso en materia eclesiástica.

Salvo la secularización de las doctrinas dispuesta por Fernando VI, con relativa eficacia, esa política eclesial se acentuó con Carlos III (1759-1788). Durante su reinado y, sobre todo, por impulso de sus ministros, consejeros y fiscales, se acentuó el sesgo regalista de esa política reformista en España como en América.

Entre las medidas más importantes se cuentan el establecimiento del Exequátur en 1762-1768, para el pase de las Bulas pontificias; la suspensión de los jueces conservadores de los religiosos, en 1763; alguna afirmación oficial, en la cual el rey se declaraba vicario y delegado del Pontífice, en 1765; desde luego, la expulsión de los jesuitas, en 1767; y, poco más tarde, entre 1769 y 1777, una serie de medidas de corte acentuadamente regalista, entre ellas, la promulgación del tomo regio, la celebración de Concilios provinciales en América, ajustados a un marco rígido establecido de antemano por el Estado y, simultáneamente, la visita general de reforma de las Ordenes religiosas en América, en 1769, dos medidas que también se deben a Rodríguez de Campomanes.

En 1770 se restringen para América las visitas ad limina y se ordena reemplazarlas por Informes remitidos por correspondencia. En 1773 se recortan los alcances del asilo eclesiástico y se obtiene del Papa Clemente XIV la extinción de la Compañía de Jesús para, finalmente, imponer, en 1777, que los obispos de América, además de la obediencia al Papa, incluyeran en ese juramento una fórmula de fidelidad al rey.

Al margen de que la realidad eclesiástica demandara en América eventuales reformas, el regalismo acentuado que caracterizó esta política tendió a colocar en manos del rey decisiones que correspondían a la Iglesia y que, eventualmente, condicionaron la libertad de sus instituciones y de sus pastores.

En el caso de los jesuitas, la medida cayó sobre una Orden de rasgos independientes y de mucho peso político, pero sobre la cual había caído la sospecha de deslealtad al soberano.

El regalismo vigente aceptó sin crítica esa imputación y obró en consecuencia, disponiendo la inmediata expulsión de la Orden y la confiscación de sus temporalidades.

- Las misiones de guaraníes en el alegato del Fiscal

Ante la cantidad de aspectos que investiga el fiscal en su incriminación de la Compañía de Jesús, cabe preguntarse si la cuestión de las misiones de guaraníes aportó argumentos de peso en ese expediente.

A juzgar por las dimensiones del capítulo dedicado a “las misiones famosas de los guaranís o del Paraguay y Uruguay, divididas en treinta crecidos pueblos”, el tema estuvo presente y ocupó un buen espacio, algo más del 16 % del escrito: es decir, desde el parágrafo 445 al 520.

Era de esperarse, ya que los acontecimientos de las misiones habían causado bastante ruido en el pasado y los sucesos más recientes, como el alzamiento de los guaraníes, aún estaban presentes en la memoria colectiva de las autoridades.

Pero lo más novedoso es que el Fiscal, además de acudir a aquellos tópicos, apele a presentar información interna proveniente de las mismas misiones, extraída de algunas cartas y, especialmente, del testimonio de un jesuita, que en el parágrafo 702 es identificado como Bernardo Ibáñez de Echavarri. Las cartas citadas son seis y, salvo una, de 1761, el resto corresponde al bienio 1765-1766.

Probablemente hayan sido documentos interceptados por las autoridades. En cuanto a la información proveniente de Ibáñez, sin duda está tomada de su obra, entonces inédita, y que al parecer había redactado entre 1757 y 1761, durante su estadía en las misiones, como capellán de una de las secciones demarcadoras de límites y bajo la protección de ministro Ricardo Wall.

Ibáñez regresó a España en 1761 y, poco después, falleció en Madrid el 16 de Abril de 1762. Sus manuscritos fueron recogidos por Pedro Rodríguez de Campomanes por orden ministerial, e indudablemente utilizados en este alegato.

En el inicio de este apartado, el fiscal trae a colación los antiguos cargos hechos a los jesuitas por el obispo fray Bernardino de Cárdenas y por José de Antequera y Castro; reprocha la militarización de los indios; el empleo de extranjeros en los pueblos; la usurpación de la autoridad real; y la defraudación en diezmos y tributos. Nada nuevo pero, a partir de allí, la argumentación cambia, tratando de demostrar que

“no hay país en el mundo en que los súbditos sean tratados con una esclavitud igual a la que sufren estos indios de parte de los jesuitas a título de curas de sus pueblos”(2).

(2) Pedro Rodríguez de Campomanes -1977-. “Dictamen Fiscal de Expulsión de los Jesuitas de España. (1766-1767)”, Madrid // FUA, parágrafo 465. // Citado por Ernesto J. A. Maeder. “Misiones del Paraguay (construcción jesuítica de una sociedad cristiano-guaraní. 1610-1768)” (2013), Instituto de Investigaciones Geohistóricas, Conicet, Resistencia. Ed. ConTexto.

Este es el planteo novedoso del que ahora se sirve el Fiscal, con el cual intentará describir los rasgos ocultos y negativos de la vida interna de las misiones. Para ello enumera once supuestos axiomas o principios que, comenta, como ejemplo del desprecio que los jesuitas sienten por los guaraníes y la explotación a que los someten.

Al concluir con su extensa demostración, dice:

“Esta es la pintura o anatomía al vivo de la apostólica iglesia del Paraguay, que por medio de Luis A. Muratori publican los jesuitas como modelo de cristiandad primitiva. Hace horror que cristianos, aunque no fueran sacerdotes ni religiosos, traten de este modo las almas, las haciendas y la libertad de los indios”(3).

(3) Pedro Rodríguez de Campomanes -1977-. “Dictamen Fiscal de Expulsión de los Jesuitas de España. (1766-1767)”. Madrid // FUA, parágrafo 498. // Citado por Ernesto J. A. Maeder. “Misiones del Paraguay (construcción jesuítica de una sociedad cristiano-guaraní. 1610-1768)” (2013), Instituto de Investigaciones Geohistóricas, Conicet, Resistencia. Ed. ConTexto.

El segundo aspecto novedoso de esta demostración consiste en destacar que esos presuntos abusos no son culpa de individuos en particular, sino del mismo sistema que rige la Compañía, pues

“este reino del Paraguay pertenece a la Compañía entera (...) el General está en posesión de dictar a estos pueblos leyes civiles, las cuales se hallan escritas en los Libros de las parroquias del Paraná y Uruguay para la inteligencia de los misioneros y su inviolable ejecución / Y concluye / Está la relajación de la Compañía en los tuétanos y es el régimen el corrompido. El celante será siempre la víctima de este gobierno, en el cual el superior lo puede todo (...) y el súbdito no puede defenderse”(4).

(4) Pedro Rodríguez de Campomanes -1977-. “Dictamen Fiscal de Expulsión de los Jesuitas de España. (1766-1767)”. Madrid // FUA, parágrafo 504. // Citado por Ernesto J. A. Maeder. “Misiones del Paraguay (construcción jesuítica de una sociedad cristiano-guaraní. 1610-1768)” (2013), Instituto de Investigaciones Geohistóricas, Conicet, Resistencia. Ed. ConTexto.

Por si hiciera falta, el Fiscal, al ponderar los merecimientos del autor de estas apreciaciones, lo exhibe como una víctima del despotismo de la Compañía ya que él es

“la prueba más clara de que la relajación de los jesuitas está en el gobierno, siendo los particulares meros instrumentos e incapaces por sí de resistir el torrente de sus ideas generales”(5).

(5) Pedro Rodríguez de Campomanes -1977-. “Dictamen Fiscal de Expulsión de los Jesuitas de España. (1766-1767)”, Madrid // FUA, parágrafo 702. // Citado por Ernesto J. A. Maeder. “Misiones del Paraguay (construcción jesuítica de una sociedad cristiano-guaraní. 1610-1768)” (2013), Instituto de Investigaciones Geohistóricas, Conicet, Resistencia. Ed. ConTexto.

De ese modo, el Fiscal añade, a los antiguos tópicos, nuevos cargos sobre las misiones, tomados desde el interior de las mismas, lo que le permite vestir a sus argumentos con un manto de verosimilitud que impresiona y refuerza la culpabilidad, no ya de eventuales infractores, sino de la misma Compañía como Institución opresiva.

La importancia concedida por el Fiscal al testimonio de Ibáñez se verá corroborada poco después, con la publicación, por cuenta del Estado, de los cuatro volúmenes de la “Colección General de Documentos” que, entre 1768 y 1770 incluyeron tanto las cuestiones de Cárdenas y de Antequera como también el libro de Ibáñez, titulado: “El Reyno jesuítico del Paraguay, por siglo y medio negado y oculto, hoy demostrado y descubierto”, Madrid, Imprenta Real de la Gazeta, 1770.

Ese tomo también incluyó la “Efemérides de la Guerra de los Guaraníes”, del Padre Tadeo Enis. El libro de Ibáñez se difundió en varias ediciones italianas, alemana y francesa.

La pesquisa reservada y el alegato que la acompañó, lejos de ser una investigación imparcial, fue una pieza política orientada a inculpar a la Compañía de Jesús de todo lo ocurrido y aconsejar su expulsión del reino, por ser “el centro de disensión y del desafecto a la quietud”.

En cuanto a las misiones de guaraníes, el fiscal las describe como un dominio exclusivo de la Orden, donde prevalece sólo la explotación y la servidumbre de los indios sometidos a los intereses de la Compañía de Jesús.

Esta visión negativa y hasta perversa de las misiones, pero útil a los fines del fiscal, se fundó en un escrito tendencioso, redactado por un hombre despechado y dos veces despedido de la Compañía.

- Detención y deportación de los jesuitas de las misiones

Como consecuencia de lo dispuesto por la Real Orden del 27 de Febrero de 1767, el gobernador de Buenos Aires, Francisco de Paula Bucareli y Ursúa, procedió a detener a los jesuitas y a ocupar los colegios y residencias de su jurisdicción.

Con respecto a las misiones de guaraníes y conforme a Instrucciones posteriores, creyó oportuno dejar para más adelante esa operación. La misma fue concretada recién entre Julio y Septiembre de 1768 y acompañada de una fuerza militar numerosa, en previsión de una eventual resistencia por parte de los jesuitas o de los indios.

Y en cuanto al distrito de Chiquitos, Bucareli y Ursúa derivó la operación al presidente de la Audiencia de Charcas. Desde allí se encomendó esa tarea al teniente coronel Diego A. Martínez de la Torre.

Este, con las tropas necesarias, salió de Santa Cruz de la Sierra, el 1 de Septiembre de 1767, y concluyó la detención y remisión de los jesuitas de aquella parte de la Provincia Jesuítica del Paraguay, el 2 de Abril de 1768.

La operación prevista por Bucareli y Ursúa requería algunos pasos previos. Por una parte solicitó al Padre Superior de las misiones, Lorenzo Balda, la remisión a Buenos Aires de un corregidor y un cacique de cada uno de los treinta pueblos.

Esas sesenta personas llegaron a mediados de Septiembre y fueron vestidos y agasajados por el gobernador, que los retuvo como rehenes y con la esperanza de ganar su confianza.

Por otro lado, instó al obispo de Buenos Aires y al Cabildo en sede vacante de Asunción a proveer los clérigos necesarios para el reemplazo de los jesuitas, pero esta sustitución no fue posible, pues ambas diócesis carecían de personal.

En vista de ello, Bucareli optó por acudir a las Ordenes religiosas radicadas en dichas provincias. Así obtuvo un contingente de frailes franciscanos, dominicos y mercedarios en la cantidad requerida. De todos modos, ordenó que se los distribuyera intercalados unos con otros, para evitar que se formaran distritos con cada Orden.

La colación de los curas fue encomendada al Cura de Corrientes, Antonio de la Trinidad Martínez de Ibarra.

Otra gestión consistió en hallar administradores laicos para cada pueblo. En este caso se acudió a comerciantes y vecinos de Corrientes y del Paraguay, que se prestaron a ello.

Al mismo tiempo dispuso que la operación se llevara a cabo acompañado por milicias de Corrientes y Asunción, y por tropas de los regimientos de infantería voluntarios de Buenos Aires, granaderos del regimiento de Mallorca y dragones de Buenos Aires.

La expedición, así constituida, sumó, entre frailes, administradores, oficiales, soldados y el séquito del gobernador, unas 1.500 personas.

Con anticipación, y con la cooperación de los guaraníes de Yapeyú, se prepararon carretas y depósitos, así como la caballada y los bueyes necesarios en apoyo de la expedición.

Allí fue comisionado, a esos efectos, el capitán Francisco Bruno de Zavala, quien desde ese pueblo anticipó al gobernador que la situación estaba tranquila.

Considerando la dispersión geográfica de los pueblos y las distancias a recorrer, la operación debió ser encomendada a distintas comisiones. Bucareli y Ursúa salió de Buenos Aires el 24 de Mayo de 1768 y, con Zavala, recorrió los tres pueblos del Uruguay.

A partir de allí, Zavala se desprendió con sus fuerzas y ocupó los siete pueblos de Río Grande. A su vez, los siete pueblos del Sur del Paraguay fueron encomendados al capitán Francisco Riva Herrera, quien contó con el apoyo del gobernador de esa Provincia, Carlos Morphy.

Concluida esa parte de la operación todas las fuerzas convergieron sobre los restantes trece pueblos del Paraná, que fueron ocupados por distintos oficiales, como Francisco Pérez de Saravia, Juan de Berlanga y Nicolás Elorduy.

Cabe señalar que en todos los pueblos de las misiones, además de la detención de los jesuitas, se procedió a inventariar los bienes, poner a cargo a los administradores y dar la colación a los Curas. Además, se instalaron retratos del rey y, por medio de intérpretes, se les hizo presente a los indios el propósito de estas medidas.

Ha de señalarse que en el caso de las misiones no correspondía la incautación de las temporalidades, como en los Colegios, ya que esos bienes, edificios, ganado, cultivos, etc., pertenecían a los pueblos y quedaban bajo la tutela de los nuevos administradores y curas, según correspondiera.

Todos los jesuitas aceptaron su detención y traslado sin ofrecer resistencia. En cuanto a la reacción de los guaraníes, ante la sustitución de sus curas, no parece que haya habido intenciones de contraponerse ante tal situación.

Sin embargo se conoce una carta del Cabildo de San Luis al gobernador, fechada el 28 de Febrero de 1768, en la que se le ruega el mantenimiento de sus curas jesuitas, el rechazo de los frailes y el temor de que esta sustitución produzca un desbande de la población.

Tal vez haya sido esa carta la que movió a Bucareli y Ursúa a solicitar de sus huéspedes guaraníes la redacción de otra misiva en guaraní, dirigida al Conde de Aranda, el 10 de Marzo, en la cual expresaban su satisfacción por las medidas tomadas y el trato recibido del gobernador.

Concluida la operación, y ya de regreso en Buenos Aires, Bucareli y Ursúa escribe

“queda concluida la grande, importante y necesaria empresa de sacar de su poderoso imperio los del Orden expulso (...) e igualmente puestos en su lugar curas que, sin duda, lo harán mejor que ellos (...) está también establecido el nuevo Gobierno en el modo que permiten las actuales circunstancias”.

Y añade:

“Lo más importante y digno de admiración es que quedan asimismo los indios llenos de gozo, de consuelo, de amor y reconocimiento a S. M. porque les ha liberado de la esclavitud de aquellos tiranos que por tales los conocen”(6).

(6) Julio César González -1942-. “Notas para la Historia de los Treinta Pueblos de las Misiones”, Anuario de la Sociedad de Historia Argentina IV, 343, Buenos Aires. // Citado por Ernesto J. A. Maeder. “Misiones del Paraguay (construcción jesuítica de una sociedad cristiano-guaraní. 1610-1768)” (2013), Instituto de Investigaciones Geohistóricas, Conicet, Resistencia. Ed. ConTexto.

Desde entonces comenzó para los guaraníes de las misiones otra etapa en su historia. No sabemos si la pasividad que demostraron ante el cambio fue fruto de la indiferencia o del temor.

En todo caso, la sustitución de sus curas, la introducción de Administradores ajenos a sus pueblos y la presencia de las tropas, constituían un cambio que era impuesto a los guaraníes con el propósito de beneficiarlos pero, como correspondía a la mentalidad del absolutismo, la medida había sido tomada sin tomar en cuenta la opinión de sus destinatarios a los cuales, ante el hecho consumado, sólo les correspondía obedecer.

En cuanto a los jesuitas expulsados de las misiones, estos fueron remitidos por diferentes medios a Buenos Aires y luego embarcados hacia Cádiz. Según la nómina de Francisco Javier Brabo, ese contingente estaba compuesto por 68 sacerdotes y 11 hermanos coadjutores.

Por otra vía fueron embarcados y deportados los jesuitas de los Colegios y residencias y de las misiones del Chaco y Chiquitos, que integraban la Provincia y, además, los que habían llegado recientemente desde España, integrando el refuerzo misionero solicitado.

Buena parte de las tribulaciones sufridas, así como el viaje de regreso y distribución en Italia, fueron referidas por el Padre José Manuel Peramás en su “Diario del Destierro”, que fechó en Turín, el 24 de Diciembre de 1768.

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