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La autoridad y la legitimidad

En Mayo de 1810, en Buenos Aires, se estaba viviendo, en rigor, el trámite de un proceso de descolonización con todos sus avatares, imprecisiones y conflictos. La crisis internacional abrió camino a factores internos que pugnaban por avanzar sin precisar el rumbo.

Entre el conjunto de perspectivas posibles desde donde pueden apreciarse los prolegómenos, los hechos y las consecuencias de 1810, es preciso destacar el tema de la autoridad y de la legitimidad.

Se trata de encararlo desde un punto de vista socio-político, más bien que jurídico. Este es parte de aquél, pero no nos parece el definitorio ni el decisivo en el proceso revolucionario de 1810, pese al lugar predominante que ocupa en las interpretaciones tradicionales.

Cuando se alude a la autoridad se tiene presente un fenómeno político sustancial, que supone el consenso de los gobernados respecto de quien manda. Relación bilateral -como surge del excelente análisis de Natalio Botana- puede referirse tanto a la función en sí misma como a su ocupante: al virrey, pero también a Cisneros mismo. Y cuando se dice legitimidad se alude a la cualidad que puede revestir un régimen político en cuanto:

“a) existe una creencia compartida por gobernantes y gobernados respecto de la traducción institucional de un principio de legitimidad -el principio de legitimidad, como lo entiende Botana, se referirá a la ideología política específica del régimen-

“b) existe un acuerdo entre gobernantes y gobernados respecto de las reglas que rigen la solución de los conflictos nacidos con ocasión de la transferencia de gobierno”(1).

(1) “La légitimité, próbleme politique”, de Natalio Botana. // Ed. del Centre d’Etudes Politiques (I.R.E.S.P.), Lovaina, Bélgica, y de C. L. Broiusse. // Impreso en Buenos Aires, en 1968, pp. 201-202. En adelante tendremos presente en el uso de los términos autoridad y legitimidad el sentido y los conceptos elaborados por Botana en su excelente tesis. No obstante, debe aclararse que se seguirán de cerca -sin forzarlos- por cuanto Botana apunta al problema político en las sociedades desarrolladas contemporáneas. // Citado en “Historia de los Argentinos”, de Carlos Alberto Floria y Césa A. García Belsunce.

La crisis del sistema político español afectó tanto la autoridad del virrey -que procedía de la vigencia orgánica y firme de aquél- como al acuerdo entre gobernantes y gobernados respecto de las reglas de juego que debían presidir la sucesión del monarca y la representación de la monarquía en el Virreinato.

La crisis puso en evidencia que la mayoría de la gente no cuestionaba aún la ideología monarquista -principio de legitimidad vigente en la época- al punto que durante muchos años se elaborarían fórmulas apropiadas a una potencial monarquía constitucional.

Pero la mayoría quería participar en la designación de esa autoridad y quería expresar su desacuerdo respecto de un régimen político que fuese una mera continuidad del anterior.

La fórmula de la “junta”, la gran cuestión, del “gobierno” y la del empleo deliberado del principio de la soberanía popular -expresado, entre otros, por Castelli- no hizo sino poner en movimiento a las oposiciones que cuestionaban la traducción institucional que el Imperio español americano había concebido durante siglos para sus posesiones americanas.

- El Cabildo del 22 de Mayo de 1810

El desarrollo del cabido abierto del 22 de Mayo de 1810 ejemplifica lo expuesto(2).

(2) El Cabildo proyectó 600 invitaciones para el acto pero luego, temiendo tal vez por el resultado de la reunión, redujo por la vía de selección a 450 los invitados. Los revolucionarios no fueron menos heterodoxos. El 22 bloquearon los accesos a la Plaza y los hombres de Beruti amedrentaron a vecinos, enemigos de complicaciones. Por todo esto, los concurrentes no pasaron de 251. Al margen de la reunión, numeroso público ocupó la galería del Cabildo y se distribuyó por las inmediaciones y, con sus voces y presencia, dio marco agitado a la misma. // Citado en “Historia de los Argentinos”, de Carlos Alberto Floria y Césa A. García Belsunce.

El obispo Benito Lué y Riega fue el primero en opinar, y dijo que aunque quedase un solo vocal de la Junta Central y llegase a América, debía ser recibido como la Soberanía. Según otros habría dicho que la existencia de un solo español peninsular libre de la dominación francesa constituía la Nación.

Sea cuál fuere la expresión del prelado, la verdad es que su discurso fue recibido con muestras de franca desaprobación. Varios se atreopellaron a contestarle y, por fin, se concedió la palabra a Juan José Castelli.

Comenzó el joven abogado en forma insegura, pero luego alcanzó pleno dominio de sí y logró una elocuente fórmula revolucionaria cuyos tres argumentos básicos eran:

1) desde que el infante Don Antonio salió de Madrid, caducó el Gobierno soberano de España;
2) también y con mayor razón había caducado con la disolución de la Junta Central, porque sus poderes eran personales e indelegables; y
3) de aquí se deducía la ilegitimidad del Consejo de Regencia y la reversión de la soberanía al pueblo de Buenos Aires y su libre ejercicio en la instalación de un nuevo Gobierno.

El fiscal Villota procuró neutralizar la intención de Castelli:

1) sólo la Junta Central tenía votos de todas las provincias y facultad para elegir la regencia;
2) los defectos de esta elección habían quedado subsanados por el reconocimiento posterior de los pueblos; y
3) el pueblo de Buenos Aires -por sí solo- no tenía derecho alguno a decidir sobre la cuestión sin la participación de las demás ciudades y- menos aún- a elegir un Gobierno soberano, pues ello hubiera importado lo mismo que establecer tantas soberanías como pueblos.

La argumentación de Villota retomaba con precisión la doctrina insinuada en la Proclama de Cisneros, y el tercer argumento fue oportunamente empleado.

Un tercer abogado quebró la peligrosa vacilación de Castelli y sus partidarios, rebatiendo al fiscal: Juan José Paso comenzó por reconocer la razón de Villota en cuanto a la necesidad de una consulta general a los pueblos del Virreinato, pero la situación era suficientemente crítica como para que cualquier retardo la hiciera peligrosa.

Buenos Aires debía constituir un Gobierno provisorio a nombre del rey y, luego, invitar a los demás pueblos para que concurriesen a formar un Gobierno definitivo.

Las tres posiciones resumen bien la compleja discusión del 22 de Mayo(3).

(3) Terminado el debate se procedió a la votación, que los patriotas exigieron fuera pública. Las fórmulas variaban según las modalidades que los votantes añadían, pero en cuanto eran favorables al virrey recibían rechiflas dentro y fuera de la Sala, y cuando eran opuestas, aplausos. En resumen, 162 de los presentes votaron por la destitución del virrey y sólo 64 por la permanencia de Cisneros en el cargo. La fórmula más votada y en consecuencia la que representaba la resolución de la Asamblea fue que “se subrogue el mando Superior que tenía el virrey en el Exmo. Cabildo de la Capital, hasta que se forme la corporación o Junta que deba ejercerlo, cuya formación se hará en el modo y forma que estime el Cabildo”. Saavedra añadió esta fórmula: “... y que no quede duda que el pueblo es el que confiere la autoridad o mando”. // Citado en “Historia de los Argentinos”, de Carlos Alberto Floria y Césa A. García Belsunce.

- Legitimidad y plurimonarquía

Al mismo tiempo, el tema de la legitimidad se bifurca. Desde el punto de vista jurídico apunta -por un lado- a la legitimidad en orden a la representación del monarca; por otro lado, a la representación por Buenos Aires de los demás pueblos del Interior(4).

(4) “De la legitimidad revolucionaria a la legitimidad constitucional”, de Francisco Eduardo Trusso. // Ed. Eudeba, Buenos Aires (1968). El concepto de legitimidad que usa Trusso apenas se aproxima al que utilizamos en este análisis, por otra parte diferente del de dicho autor. // Citado en “Historia de los Argentinos”, de Carlos Alberto Floria y Césa A. García Belsunce.

Según la tesis de Demetrio Ramos, existía conciencia compartida en el mundo criollo de que la Corona encabezaba una plurimonarquía.

Mientras en España la dinastía borbónica había hecho un molde unitario y modernista, “en América, por decirlo así, continuaba en pie el edificio de los Austria, pues a pesar de las reformas introducidas, la osamenta fundamental de la Recopilación de las Leyes de Indias mantenía las líneas maestras y los cánones tradicionales y, fundamentalmente, la conciencia de formar parte de una monarquía plural”(5).

(5) “Formación de las ideas políticas que operan en el Movimiento de Mayo de Buenos Aires en 1810”, de Demetrio Ramos. // “Revista de Estudios Políticos”. // Ed. del Instituto, Madrid, Nro. 134 (1964), pp, 139-215. // Citado en “Historia de los Argentinos”, de Carlos Alberto Floria y Césa A. García Belsunce.

Esa conciencia había llegado incluso a la Península y el deseo de reformas se difundió en proyectos disímiles pero expresivos. Tal, por ejemplo, el proyecto de Manuel Godoy de “independencias solidarias” de los países de América, que la guerra con Inglaterra habría retrasado y que la invasión napoleónica frustró.

Una suerte de federación de reinos hispánicos con la que se hubieran ligado los dos lusitanos y que, al decir de Ramos, venía a coincidir con el deseo de una Europa federal atribuido a Napoleón. La conciencia de una estructura política plural era -sin embargo- punto de partida para consecuencias polivalentes.

Hacia 1808, cuando en España se movilizaba al pueblo contra Napoleón, se hacían llamados como el que trajo cierto bergantín que fondeó en Montevideo el 13 de Julio: “Reinos y Provincias: Enviad vuestros Diputados a la Corte para organizar el Gobierno, de forma que se eviten los desastres que ya vemos venir. Castigad a los traidores actuales e imprimidles el sello del oprobio”.

Al propio tiempo, la Suprema Junta de Sevilla no sólo trataba de convocar voluntades para evitar que pasase en España lo que en Europa, “la destrucción de la monarquía, el trastorno de su gobierno y de sus leyes, la licencia horrible de las costumbres, los robos, los asesinatos, la persecución de sacerdotes”, sino que en seguida procuraba contrastar tan negro retrato con un programa reformista que, sugestivamente, incluía “el comercio, volverá a florecer con la libertad de navegación y con los favores y gracias oportunas que le dispensará la Junta Suprema”. Más bien parece proselitismo demagógico y desesperado.

En 1808, la propia Junta sevillana afirma cosas que serían conocidas y repensadas en América. Por ejemplo, que estaban embarcados en una revolución, claro que a la española, porque la revolución española -añadía la Junta- tendría caracteres diversos de la francesa; que los propósitos reformistas no sólo alcanzarían a las leyes, sino a la propia estructura del Estado; que en el pasado España -y por lo tanto las colonias- habían padecido “una tiranía de veinte años ejercida por las manos más ineptas que jamás se conocieron”; que se vivía un período constituyente, por cuanto la situación era nueva y las viejas leyes no habrían podido preverla, etc.

- La Junta de Sevilla y la centralización del poder

Es decir que desde España procedía la crítica más amarga contra el régimen político, aunque no contra el rey, y en medio de promesas demagógicas o sinceras se mantenía, sin embargo, la intención y la tendencia hacia la centralización renovada del poder en la Junta de Sevilla.

Un célebre decreto -del 22 de Enero de 1809- por las consecuencias que tuvo, incluía entre sus considerandos lo siguiente: “Considerando que los vastos y preciosos dominios que la España posee en las Indias no son propiamente Colonias o Factorías como los de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española. Y deseando estrechar de un modo indisoluble los sagrados vínculos que unen unos y otros dominios ...”(6).

(6) Citado por Demetrio Ramos, “Formación de las ideas políticas que operan en el Movimiento de Mayo de Buenos Aires en 1810”. // “Revista de Estudios Políticos”. // Ed. del Instituto, Madrid, Nro. 134 (1964), p. 180. // Citado en “Historia de los Argentinos”, de Carlos Alberto Floria y Césa A. García Belsunce.

Frase que para algunos implicaba abolir las bases del régimen colonial -como se interpretó después- y que en los criollos habría de inspirar argumentos y comportamientos decisivos.

Dicho decreto, que comienza reconociendo que los dominios americanos no eran propiamente colonias o factorías, termina admitiendo que debían tener representación y “constituir parte de la Junta Central Gubernativa del Reino por medio de sus correspondientes diputados”.

No sería extraño que el voto de Castelli -en el cabildo del 22 de Mayo de 1810- además de incluir la célebre referencia a la reversión de la soberanía al pueblo a raíz del cautiverio del rey, adujera que dicha Junta Central no tenía facultades para traspasar la soberanía a una regencia, porque la propia Junta de Sevilla era ilegítima en cuanto en su formación había faltado la “concurrencia de los diputados de América en la elección y establecimiento”(7).

(7) Véase Demetrio Ramos, “Formación de las ideas políticas que operan en el Movimiento de Mayo de Buenos Aires en 1810”. // “Revista de Estudios Políticos”. // Ed. del Instituto, Madrid, Nro. 134 (1964), pp. 182-183. // Citado en “Historia de los Argentinos”, de Carlos Alberto Floria y Césa A. García Belsunce.

Las teorías se expresaban con naturalidad y sin esfuerzo. Eran rastreadas en la propia experiencia de la metrópoli: la soberanía reunida por el rey; a falta de éste, se reunía en los pueblos, sus verdaderos depositarios.

Puede decirse que la revolución española sería uno de los motores de la revolución de las colonias españolas, pero no ciertamente el único.

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