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El programa inmediato de la Primera Junta

Inmediatamente después de constituida, la Junta de Mayo debió abocarse a la realización de su programa político. Pero antes que a sus miras mediatas -entrevistas con mayor o menor claridad- el Gobierno presidido por Cornelio Saavedra debía dar los pasos urgentes que consolidaran la revolución.

Esta debía ser expandida a las demás ciudades del virreinato para que pudiera ser realidad el mandato del 28 de Mayo: invitar a todos los pueblos a enviar sus representantes a la formación del Gobierno permanente.

Al mismo tiempo debía velar por la cohesión del movimiento, impidiendo que se diluyera entre voluntades menos dispuestas. Paralelamente, debía evitar la previsible reacción de las otras autoridades españolas partidarias del reconocimiento del Consejo de Regencia y que -sin duda- verían la destitución de Baltasar Hidalgo de Cisneros como un atentado a la autoridad real y a la dependencia de estas regiones de la metrópoli.

Por fin, debía evitarse cuidadosamente la intervención extranjera -inglesa o portuguesa- que podía adoptar la forma de una colaboración con España para mantener el orden en sus colonias sometiendo a los insurgentes.

Para lograr estos objetivos en el plano interno e internacional era indispensable que la revolución fuese dotada de fuerza material y, sobre todo, que lograse el consenso popular que la legitimaría.

Era evidente en los días siguientes a Mayo que mientras una parte de la población había recibido los hechos del 25 como una panacea, otra parte los consideraba como una manifestación de desorden capaz de atraer múltiples desgracias sobre la población y, un tercer grupo -sin duda muy numeroso- no tenía ideas claras sobre los propósitos del Gobierno y se mantenía a la expectativa.

El Gobierno debía ganarse la confianza de los gobernados. Todo movimiento revolucionario que propugna una ampliación de la libertad política tiene una natural dificultad en guardar el orden, escollo en el que han naufragado muchas buenas intenciones.

La Junta se propuso que su mando no fuese señalado por ningún desorden ni conmoción ni por el enfrentamiento violento de distintas tendencias.

Por eso al día siguiente expidió un Bando en el que establecía que “será castigado con igual rigor cualquiera que vierta especies contrarias a la estrecha unión que debe reinar entre todos los habitantes de estas provincias o que concurra a la división entre españoles europeos y americanos, tan contraria a la tranquilidad de los particulares y bien general del Estado”.

El objeto de la Junta era -al mismo tiempo- abrir las puertas del poder a los criollos y evitar un enfrentamiento entre metropolitanos y americanos, de consecuencias políticas y sociales imprevisibles.

Dentro de ese mismo espíritu, Pueyrredón, al asumir el Gobierno de Córdoba, lanzó una Proclama invitando a la unión de peninsulares y americanos.

Pero la revolución necesitaba algo más que declaraciones. Tenía, en primer lugar, dos mandatos que cumplir, vinculados entre sí: llamar a los pueblos del virreinato a enviar diputados a un Congreso General que estableciera el Gobierno definitivo, y enviar una “expedición auxiliadora” al Interior con el objeto de ayudar a los pueblos a librarse de la previsible presión de los grupos reaccionarios y de las camarillas lugareñas que pudieran pronunciarse contra la deposición de Cisneros.

En cumplimiento del primero de estos mandatos se notificó a todas las autoridades subordinadas del virreinato los sucesos de Mayo y se les invitó a reconocer a la Junta como autoridad superior provisoria y a enviar diputados para el Congreso General.

Al mismo tiempo se aceleró la formación de una división militar fuerte de mil hombres, al mando del coronel Ortiz de Ocampo, que salió de Buenos Aires a fines de Junio. A su lado y como delegado de la Junta iba Hipólito Vieytes. La sombra de los comisarios políticos de los ejércitos de la Revolución Francesa, parecía proyectarse sobre la decisión de la Junta.

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