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Francisco de Vitoria

Cuando se buscó dar una respuesta auténtica a la pregunta implícita en la recriminación de Montesinos (¡con qué derecho los colonos tenían en cruel servidumbre a los indios!), pocos fueron los que negaron la autoridad pontificia para disponer de las tierras transatlánticas(1).

(1) Carlos Alberto Floria/César A. García Belsunce. “Historia de los Argentinos”, tomo 1, capítulo 3.

Sin embargo, fray Francisco de Vitoria -y también fray Domingo de Soto-, sostuvo que debía distinguirse cuidadosamente el orden natural y el sobrenatural.

Señaló que los indios eran, antes de la llegada de los españoles, verdaderos dueños de sus tierras y cosas, pública y privadamente; luego, el Papa no era señor temporal de todo el orbe y, por lo tanto, no tenía poder temporal sobre los bárbaros, y si estos no querían reconocerle dominio alguno, no se les podía hacer la guerra ni ocupar sus bienes.

Como resultado de esta distinción, el Papa sólo tenía potestad espiritual y podía intervenir en lo temporal en tanto y cuanto tuviera relación con lo espiritual.

De ahí, era consecuencia implícita -pero clara-, en la obra de Vitoria, que la Bula de Donación carecía de valor jurídico como disposición de bienes temporales y debía entenderse sólo como un derecho para propagar la fe cristiana y proteger su difusión.

Esta tesis se abrió camino en España y llegó a ser predominante desde mediados del siglo XVI. Representa una evolución de la teoría tomista y señala además un momento de crisis de la autoridad papal en el orden temporal.

Por ella se puso en cuestión el derecho de España a la dominación de las tierras y por ende su derecho a someter a los indios.

Esta corriente fundaba el derecho de los españoles en la sociabilidad universal, de la que derivaba el derecho a viajar, comerciar y radicarse.

Como cristianos también tenían el derecho de difundir el Evangelio. Sólo si los aborígenes obstaculizaban estos derechos, podían los españoles hacerles la guerra.

Por fin, si una buena parte de los bárbaros se convertían al cristianismo, el Papa podía liberarles de la obediencia a sus jefes infieles y darles un príncipe cristiano. Subsidiariamente se aceptaba que si los indios no eran aptos para gobernarse, podría el Rey de Castilla encargarse de ese Gobierno para bien de los naturales, que quedarían así sometidos a una especie de tutela político-jurídica.

Por supuesto que esta tesis despertó contradictores, el más notorio de las cuales tal vez haya sido Ginés de Sepúlveda, quien sostuvo, basándose en la barbarie en que vivían los indígenas y su paganismo, que estaban naturalmente destinados a servir a los mejor dotados y a ello podría obligárseles por las armas.

Afirmaba también que el derecho a la evangelización sólo podría materializarse por medio de la conquista.

Esta drástica afirmación de la superioridad del hombre europeo estaba en oposición a una Bula del Papa Pablo III, de 1537, en la que se afirmaba que los indios eran seres racionales, por lo tanto cristianizables, y que no podían ser privados de su libertad y propiedades, aún cuando se mantuvieran en el paganismo, y que en ningún caso podían ser sometidos a esclavitud.

La consecuencia práctica de este debate puede observarse en varios planos. Movió a la Corona a recoger pragmáticamente todos los argumentos favorables a su dominación de las Indias, sin descuidar invocar también la posesión efectiva de las regiones ya ocupadas.

Cuidadosa de asegurar la legitimidad de su dominio, creó también, por la mano de Juan López de Palacios Rubio, el famoso Requerimiento por el que se invitaba a los indios a someterse al Emperador y a la Iglesia y a aceptar la predicación cristiana bajo apercibimiento de severos castigos y aún de la guerra.

Por supuesto, la concepción jurídica y hasta el lenguaje del Requerimiento resultó incomprensible para los nativos y la utilidad del documento fue nula.

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