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Constitución

Carta fundamental, de acuerdo a la cual se organizan los Estados modernos.

A partir del siglo XVII, y sobre todo durante el siglo XVIII, se produjo en el mundo occidental una gran transformación política, que consistió básicamente en un cambio en las formas de concebir las relaciones entre los hombres y el poder estatal.

En este aspecto, se fue desarrollando un conjunto de ideas que se conocen con el nombre de constitucionalismo: la necesidad de la declaración de una Ley Suprema (constitución) y de garantías de los derechos de los ciudadanos, la separación de los poderes del Estado, la legitimación del poder en la soberanía popular y la distinción entre poder constituyente y poder constituido.

El pensamiento de filósofos como John Locke, Jean-Jacques Rousseau y, sobre todo, Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu (con su obra El espíritu de las leyes, en la que enuncia la división de los poderes estatales), fue el fundamento de hechos políticos, como la Constitución de los Estados Unidos de América. en 1787 y, pocos años después, en 1789, en Francia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

En esta Declaración se promulgaba:

Toda sociedad donde la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene verdadera Constitución.

Los principios del constitucionalismo quedaron como pilares inmutables durante el siglo XIX y se manifestaron en las Constituciones francesas de 1791, 1793 y 1795 y en la de Cádiz de 1812, y también en las de los actuales países de América Latina, como Brasil (1824), Bolivia (1826), Uruguay (1830), Chile (1833) y la Argentina (1853).

En el Río de la Plata, hasta 1813 inclusive, la normativa fue incompleta y breve. En 1815, bajo el directorio de Ignacio Alvarez Thomas, una Junta de Observación (que actuaba como Organismo de control) aprobó un Estatuto Provisional, que tenía las características de una verdadera Constitución (declaración de derechos y organización de gobierno con división de poderes). Sin embargo, las provincias no lo aceptaron, porque emanaba de un Poder Ejecutivo provisional.

La Constitución de 1819 -sancionada por el Congreso de Tucumán, que funcionaba en Buenos Aires- fue largamente elaborada. Más concisa que las anteriores, tenía como objetivo proveer una organización que fuera válida tanto para un régimen republicano como para uno monárquico, dada la incertidumbre que, por esos tiempos, reinaba al respecto.

En la génesis de la Constitución de 1819 se reconocen influencias de la Constitución norteamericana, de la francesa de 1791 y de la de Cádiz. Se establecía un Poder Ejecutivo unipersonal, un Senado que combinaba miembros electivos con senadores militares designados por el Poder Ejecutivo y el director supremo saliente, y una Cámara de Representantes.

No obstante, en un clima político en el cual las provincias se resistían a la autoridad central, esta Constitución estaba condenada al fracaso. Era una obra de teorizadores, que estaban poco atentos a las condiciones políticas reales del Río de la Plata. Se trataba de un complicado aparato institucional que, según sus autores, reunía las ventajas de la democracia, la aristocracia y la monarquía. combinadas en un gobierno mixto.

Mientras funcionó, lo hizo en el vacío, dado que la crisis del régimen ya era inocultable y la disidencia federal fustigaba, a través de su propaganda, a Juan Martín de Pueyrredón (director supremo, en ese entonces) y al Congreso, que querían introducir de contrabando la monarquía e imponerla a un país ya republicano.

La Constitución de 1819 fue jurada por todas las provincias, excepto las del Litoral, pero su vigencia fue efímera pues, antes de ocho meses, habrían desaparecido Directorio, Congreso y Constitución.

El 5 de Febrero de 1820, Estanislao López, después de destrozar al ejército directorial en los campos de Cepeda, se dirigió al Cabildo de Buenos Aires en estos términos:

En vano será que se hagan reformas por la Administración, que se anuncien constituciones, que se admita un sistema federal: todo es inútil, si no es la obra del pueblo en completa libertad.

En 1826 se inició nuevamente el debate sobre la forma de organización del Estado. Los partidarios de la unidad de régimen resultaron mejores teóricos en la discusión constitucional que los partidarios de una organización federal. El presidente Bernardino Rivadavia era visto por los provincianos como un presidente espurio, que les era impuesto al margen de una Constitución aún no dictada.

Juan Bautista Bustos, caudillo de Córdoba, denominaba a esta presidencia "nombramiento nulo. Sin embargo, las críticas de los caudillos apuntaban más a la persona del presidente que a una cuestión legal. Tanto las aspiraciones no ocultas de Rivadavia de dominar las provincias, como su política anticlerical, creaban resistencias insalvables.

La situación de Tucumán empeoró las cosas, pues Gregorio Aráoz de Lamadrid, enviado por Rivadavia para reclutar tropas para la guerra con Brasil, se apoderó del Gobierno provincial y atrajo a su órbita al gobernador de Catamarca. Los federales supusieron que los unitarios -nombre con el que empezaba a designarse a los rivadavianos- procuraban crear un centro de poder en el Norte del país, para tomar a las provincias federales entre dos fuegos.

En ese contexto, una Constitución unitaria, aunque atenuada, como la que dictó el Congreso, también estaba muerta antes de nacer. Rivadavia renunció, acosado por la ola de protestas que se levantó en ocasión del Tratado de paz con Brasil, firmado por su ministro y enviado, Manuel García.

Vicente López y Planes, el nuevo presidente provisional, reconstituyó la Provincia de Buenos Aires y llamó a elecciones de gobernador, que consagraron al jefe del partido federal, Manuel Dorrego.

El 18 de Agosto cesó el presidente provisional, se disolvió el Congreso y desapareció de escena la Constitución de 1826.

La unidad nacional se quebró en 1827 por largo tiempo: Los ideales federalistas se afirmaron de manera que pareció definitiva. Pero en el seno de esta sociedad disgregada fue desarrollándose la autoridad del caudillo de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, llegado al poder en 1829 por primera vez y reelecto en 1835. Sólo después de su derrocamiento, en 1852, se abrió nuevamente el debate en torno a la organización nacional y la necesidad de la Ley Fundamental.

Después de la victoria de Caseros, en el seno de la coalición opositora -particularmente en la relación entre Justo José de Urquiza y la provincia de Buenos Aires-, existió acuerdo general sobre dos cuestiones: La necesidad de llevar a cabo la reorganización institucional y el mecanismo de convocar a un Congreso Constituyente con tal objeto.

Urquiza eligió la acción rápida, pues el precario equilibrio en las relaciones con la Provincia de Buenos Aires podía romperse en cualquier momento. Se cursó a los gobernadores una invitación a reunirse en San Nicolás, con la recomendación de recabar autorización de sus Legislaturas para pasar del plano de la discusión al de la toma de decisiones.

El 20 de Mayo de 1852 se llevó a cabo la primera sesión. Este proceso concluyó con la firma del Acuerdo de San Nicolás, antecedente inmediato de la Constitución de 1853. Los gobernadores reunidos en San Nicolás -con la sola excepción de la Provincia de Buenos Aires, que se había desvinculado de la Confederación a raíz de la revolución del 11 de Septiembre de 1852-, aprobaron la convocatoria del Congreso Constituyente, que se reuniría en la ciudad de Santa Fe.

Urquiza, al inaugurar el Congreso Constituyente el 20 de Noviembre de 1852, definió su actitud sosteniendo que de allí en más no cabía hablar de doctrinas extremas e incompatibles, sino de soluciones conciliatorias, estructuradas en una

Constitución que haga imposible en adelante la anarquía y el despotismo. Ambos monstruos nos han devorado: uno nos ha llenado de sangre; el otro, de sangre y de vergüenza.

Sin embargo, la realización de este programa estaba llena de dificultades. Subsistían los odios antiguos, las desconfianzas recíprocas, los intereses difíciles de conjugar. Urquiza necesitaba mantener la autoridad nacional, razón por la cual el Acuerdo de San Nicolás le había conferido el título de Director Provisional, con extensos poderes.

La lucha estalló de inmediato entre quienes confiaban en el vencedor de Caseros y quienes desconfiaban de sus intenciones. Buenos Aires se levantó contra Urquiza y se separó del resto de las provincias que, entretanto, lograron efectivamente reunir al Congreso Constituyente. Como señala José Luis Romero:

Acaso había en el fondo de esta secesión el temor, por parte de los hombres de Buenos Aires, de que sus intereses fueran subestimados en una asamblea, donde la provincia más poblada del país sólo tenía dos representantes, en igualdad de condiciones con las que eran casi desiertas, y donde la influencia preponderante sería la del antiguo gobernador de Entre Ríos, dueño del poder e investido ahora con la más alta autoridad. Pero, analizados los puntos de vista de los hombres que, en la Legislatura de Buenos Aires, discutieron el Acuerdo de San Nicolás -Bartolomé Mitre y Dalmacio Vélez Sársfield, en contra; Vicente Fidel López y Juan María Gutiérrez a favor-, se advierte que sólo estaban en discusión problemas secundarios, y que la orientación política general era casi la misma.
Así, la escisión de la provincia de Buenos Aires no comprometió nunca del todo la unidad del país, y ni la Constitución Nacional de 1853 ni la de la provincia de Buenos Aires de 1854 cerraron las puertas para el entendimiento futuro.

En general, el anteproyecto de Constitución -redactado en gran parte por el diputado Benjamín Gorostiaga- correspondía al esquema formulado por Juan Bautista Alberdi en su libro Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Las antiguas Constituciones de 1819 y 1826 y la Constitución de los Estados Unidos, también tuvieron influencia en la concepción general.

La parte primera de la Constitución se titulaba Declaraciones, Derechos y Garantías. Se trataba de un conjunto de prescripciones que establecían la orientación general de la estructura política.

Estas formulaciones respondían a las ideas fundamentales de la generación de 1837: La forma de gobierno republicana, representativa y federal, el sistema rentístico, las relaciones entre el poder federal y los poderes provinciales, los derechos civiles y políticos de los habitantes y ciudadanos, el régimen de las personas y de la propiedad, la política inmigratoria, el libre tránsito de los ríos interiores, y otras cuestiones que habían sido debatidas con extensión en libros y artículos periodísticos.

En la segunda parte, se especificaban los caracteres y atribuciones de las distintas autoridades nacionales, provinciales y municipales, organizados también dentro de las ideas tradicionales de la revolución y ajustados según las lecciones de la experiencia histórica.

La idea de un Poder Ejecutivo fuerte, de cuño alberdiano, presidía la concepción política general; el principio de las elecciones indirectas traía el recuerdo de las prevenciones contra la dictadura de las masas, que tanto preocupaba a los hombres de 1837.

La Constitución fue sancionada el 1 de Mayo de 1853 y promulgada por Urquiza el día 25 de ese mes. Pero Buenos Aires estaba separada de la Confederación y no había intervenido en su sanción, de modo que no estaba comprometida en su obediencia.

Tras algunas fricciones, los Gobiernos de Buenos Aires y de la Confederación hallaron una fórmula conciliatoria. Buenos Aires presentó las objeciones que le merecía el texto constitucional y una convención reunida en Santa Fe en 1860 las consideró satisfactoriamente. La Constitución Nacional fue jurada en Buenos Aires bajo el Gobierno de Bartolomé Mitre.

La reforma de 1860, planteada para permitir la incorporación de Buenos Aires a la Nación, fue la primera de una serie de reformas que, a lo largo de casi un siglo y medio, fueron modificando el texto original. Cabe señalar aquí que la Constitución Argentina es rígida, en el sentido de que no se reforma por el procedimiento de las leyes comunes, sino por una convención convocada al efecto, cuyos miembros, los convencionales constituyentes, deben ser elegidos por el pueblo.

Pero es el Congreso el que declara la necesidad de la reforma, convocando a la convención, para lo cual se precisa contar con la aprobación de los dos tercios de la totalidad de los miembros de ambas Cámaras. Con todo, el artículo 30 establece el procedimiento de la reforma y dispone que la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Quiere decir que la Constitución no contiene cláusulas pétreas, inmodificables.

La segunda reforma se llevó a cabo en 1866, para nacionalizar las aduanas en forma definitiva. En 1898 se sancionó la tercera reforma, con el objeto de elevar a ocho el número de ministros del Poder Ejecutivo Nacional y para permitir que, después de cada censo, el Congreso ajustara la representación del pueblo en la Cámara de Diputados.

En el año 1949, bajo la primera presidencia de Juan Domingo Perón, se sancionó una nueva Constitución. Este texto tenía carácter social, a tono con las tendencias del constitucionalismo del mundo occidental de la época. Se incorporaron los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación, además de insertarse los conceptos de justicia social y la función social de la propiedad. Asimismo, la Constitución establecía el control ideológico de los partidos políticos y la reelección presidencial.

En 1957, sin intervención del Congreso, durante un gobierno de facto y con el peronismo proscripto, la Constitución Argentina volvió a ser reformada. En esta ocasión se incorporaron los derechos sociales del trabajador a través del artículo 14 bis.

Finalmente, llegamos a la última reforma de la Constitución Nacional, la del año 1994. Esta reforma fue viabilizada políticamente por el llamado Pacto de Olivos, celebrado en Noviembre de 1993, entre el presidente en ejercicio, Carlos Menem, jefe del Partido Justicialista, y el ex presidente Raúl Alfonsín, a cargo de la conducción de la Unión Cívica Radical, principal partido de la oposición.

El justicialismo iba en busca de la reelección presidencial, expresamente prohibida en la Constitución entonces vigente. El radicalismo exigía atenuar el poder presidencial, fortalecer el federalismo, incrementar la participación de la sociedad e incluir los Derechos Humanos de tercera generación. Antes de celebrar el pacto, el radicalismo se oponía a la reelección de Menem y cuestionaba la oportunidad de convocar a la reforma de la Constitución.

Como el justicialismo amenazaba con sancionar la declaración de necesidad de la reforma con sólo dos tercios de los presentes de cada Cámara (no disponía del respaldo de los dos tercios de la totalidad del Congreso, como lo establece el artículo 30) o forzar una consulta popular para presionar la voluntad de los diputados radicales, Alfonsín decidió negociar un acuerdo entre ambos partidos.

De allí nació la Ley 24.309, votada por los dos tercios de la totalidad de los miembros del Congreso.

En el acuerdo, Menem y Alfonsín colocaron, cada uno, sus cláusulas no negociables: el primero, la reelección; el segundo, el ballottage o segunda vuelta. Atendiendo a la democratización del poder público, la gobernabilidad del sistema y la atenuación del presidencialismo como principios básicos, la reforma de 1994 tuvo tres ejes fundamentales: la incorporación de nuevos derechos y garantías, el reequilibrio de los poderes del Estado y el fortalecimiento del federalismo.

La nueva Constitución fue aprobada el 22 de Agosto y entró en vigencia el 24 de ese mismo mes, al día siguiente de ser publicada en el Boletín Oficial. A partir de entonces, se implementaron varias de las normas allí sancionadas, como la creación de la jefatura de gabinete, el Consejo de la Magistratura y el ministerio público, y se organizó la autonomía de la ciudad de Buenos Aires.

Otras de las normas establecidas en la Constitución quedan todavía por reglamentarse.

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La primera Constitución, de carácter unitario, fue sancionada en Buenos Aires, el 22 de Abril de 1819, siendo rechazada por las provincias. La segunda, promulgada el 24 de Diciembre de 1826, quedó sin efecto.

Con la representación de trece provincias, un Congreso (1/V/1853), reunido en Santa Fe, promulgó la Constitución Federal de la Nación Argentina, que hoy nos rige.

Sufrió serias reformas en 1860, y luego modificaciones que no han destruido su fuerte unidad histórico-social.

Para las generaciones actuales, nacidas bajo la protección de una Constitución libre, esta Ley básica no tiene el sentido de una conquista imprescindible y de una condición que dignificaba el existir de la Nación.

Pero, para los argentinos, que actúan desde 1810 a 1853, en que ella fue lograda, que libraron batallas e hicieron cientos de sacrificios por llegar a su sanción, quebrando una guerra civil cruel como la sostenida en tiempos de Juan Manuel de Rosas, la Constitución significó el ideal más alto de la dignidad y la ciudadanía.

Su nombre evoca ese período épico y doloroso, base de la grandeza de la Nación.

- Bibliografía

* C. A. Floria y C. A. García Belsunce. Historia de los Argentinos. Buenos Aires, Larousse, 1992.
* H. G. de Torres. La Organización Nacional. Buenos Aires, Paidós, 1984.
* T. Halperín Donghi. Una Nación para el Desierto Argentino. Buenos Aires, CEAL S/F.
* H. Quiroga Lavié. Visita guiada a la Constitución Nacional. Buenos Aires, Zavalía, 1995.
* Hernán F. Gómez. La Ciudad de Corrientes. Edición de 1944.

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