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Seis de Septiembre

En 1930, Corrientes, como toda la República, vivía un régimen de usurpación y personalismo(1).

La reacción no podía iniciarse dentro de la Ley y en el orden normal de las instituciones, desde que el momento era de fuerza, y es la fuerza la que obstaculiza el camino de la Ley.

Los representantes de los partidos políticos nacionales, no afectos al presidente Hipólito Yrigoyen, en las Cámaras de la Nación, unieron sus esfuerzos en un programa simple: volver al país al orden de la Constitución, usando de la Ley electoral Saenz Peña.

Cuarenta y cuatro legisladores no radicales y de representación del radicalismo antipersonalista, sumaron sus esfuerzos, y el general José Félix Uriburu fue el jefe del movimiento militar.

Fue como en Mayo de 1810. El pueblo se lanzó a la calle. Al frente estaban los hombres de acción y pensamiento, sus jefes militares y sus soldados predilectos.

En reemplazo de los viejos patricios que acaudillara Cornelio de Saavedra, los cadetes del Colegio Militar, con fuego en los ojos y la misma marcialidad de sus desfiles memorables.

A su frente, como un símbolo de cultura y de la fuerza, por sus virtudes de ilustración y de valor, un general, que la voz del pueblo venía señalando como el jefe armado de la democracia.

Y el general Uriburu, a quien venimos aludiendo, en nombre de la argentinidad, apoyado en miles de ciudadanos que hacían horizonte desde la Casa Rosada a la perspectiva del Congreso, recogió del despacho presidencial los atributos del mando, los invistió para bien de la Patria y tradujo su lealtad encumbrando a las dignidades del Estado a quienes eran pares de su lealtad y su civismo.

El personalismo fue barrido de las plataformas del poder. La ola amorfa que sus caudillos endicaban con el sentido de sus pasiones y apetitos, corrió a sus embalses naturales.

No fue tras ella ni el odio ni el castigo, sino el sentimiento de ver a la patria retrasada en su marcha progresiva por la inexperiencia, la maldad y el espíritu del lucro, con el propósito de reconquistar los días estériles en acción vitalizada por los ideales indestructibles de la estirpe del Plata.

En nombre de esos ideales, levantaron en todo el territorio del país las banderas que la epopeya había hecho famosas en el continente y en el mundo.

Los mercaderes que llenaban los templos fueron arrojados por la mano poderosa de la ciudadanía, y el programa de Mayo, que escribieron los patriotas de 1810, fue el programa exaltado por los libertadores de 1930.

En vez de unicato y patrioterismo, el respeto de las provincias y la valorización de la voluntad del pueblo; en vez del propósito de círculo, la consulta de los intereses generales; y en reemplazo de la política cerrada que hacía de la Argentina un reducto, la gestión amplia, en cuyo seno pudieron fundirse los más grandes intereses del continente.

Tal el significado espiritual de la revolución del 6 de Septiembre de 1930, que reabre el proceso institucional de los argentinos.

Nota

(1) Material extraído del libro "La Ciudad de Corrientes", de Hernán Félix Gómez, editado en 1944.

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José Félix Uriburu nació en Salta, el 20 . VII . 1868. Ejerció la Presidencia de la República desde el 08 . IX . 1930 hasta el 20 . II . 1932. Falleció en París el 29 . IV . 1932(1).

Uriburu fue el primer presidente de facto, entre 1930 y 1932. De todos los presidentes argentinos, 12 serán de facto.

El 06  . IX .  1930 se produce un golpe militar contra el Presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, encabezado por José Félix Uriburu, quien pasa a ser Jefe de Gobierno de facto.

Yrigoyen, de 77 años, es conducido a la isla Martín García. No hay resistencia popular contra el movimiento castrense que, por lo demás, no fue un modelo de organización.

Yrigoyen delegó el mando el día anterior en el vicepresidente Enrique Martínez; éste, luego de 16 horas, entregó la renuncia a Uriburu (se dijo que Martínez, quien estaba al tanto del golpe, creyó que podía aspirar a ser su principal beneficiario, o sea que los militares derrocarían al anciano presidente para dejarle asumir a él la Primera Magistratura; como es notorio, ése no era el propósito de los revolucionarios).

Tras ser detenidos H. Yrigoyen y E. Martínez, J. F. Uriburu es Presidente de facto produciéndose la disolución del P. E. y el P. L. constitucionales.

Enrique Santamarina asumió la vicepresidencia cuando Uriburu tomó el poder. Santamarina, un estanciero, presentó su renuncia al mes de asumir y no fue reemplazado.

Es la segunda suspensión parcial de la Constitución Nacional de 1853. Hay consentimiento de la Corte Suprema de Justicia. La estructura del poder bajo control de las Fuerzas Armadas. El Gobierno es autoproclamado provisional y el Presidente militar asume el P. E. y el P. L. Se produce la intervención de las provincias y suspensión de los derechos políticos, registrándose proscripciones y detenciones a cargo del P. E.

Uriburu intentó adoptar un programa de “regeneración nacional”. Sus objetivos eran reemplazar la Constitución de 1853 por otra de tipo corporativo y la instauración del “sufragio calificado”.

Para ellos, debía eliminarse el peligro del sufragio universal y reemplazarse el sistema de representación vigente, basado en los partidos políticos, por otro de tipo corporativo, según el cual cada sector de la sociedad -obreros, sacerdotes, militares, empresarios, comerciantes- tuviera su representación directa, sin la mediación de los partidos.

Asesorado por su ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, convocó a elecciones para designar gobernadores y legisladores. La Provincia de Buenos Aires, donde los conservadores dominaban, parecía el lugar ideal para “plebiscitar” a Uriburu.

Para sorpresa de los “reformadores”, el resultado de los comicios favoreció una vez más a los radicales. Abandonados los proyectos corporativos, una gradual apertura política era la única opción del régimen militar.

Fracasó con la del radicalismo en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires de Abril de 1931. Debilitado políticamente, Uriburu buscó subsistir mediante la creación de aparatosas milicias de tipo fascista, como la Legión Cívica.

Pero debió acelerar aún más la única salida posible: consagrar como Presidente a su enemigo, el general Agustín P. Justo, y restaurar a los políticos.

Finalmente, cabe decir que a raíz de golpes militares de Estado que derrocaron a los Gobiernos constitucionales, hubo presidentes militares de facto en 1930-1932, 1943-1946, 1955-1958, 1966-1973 y 1976-1983 que ejercieron, además de las facultades propias del Presidente, también las que correspondían al Congreso.

El análisis sobre la validez posterior de sus actos, llevó a la formulación posterior de la doctrina de los Gobiernos de facto. Esa doctrina fue dejada sin efecto por la reforma constitucional de 1994 (artículo 36), la que declaró “usurpadores” a quienes hayan interrumpido la observancia de la Constitución por actos de fuerza.

El artículo 29 de la Constitución de 1853 tenía un artículo que consideraba la suma del poder público como “traición a la Patria”, pero estaba referida a los gobernantes de jure. Por ese motivo, en la reforma constitucional de 1994, se incluyó el artículo 36 que dice:

Artículo 36. Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo. Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función".

En síntesis, este artículo establece:
* Nulidad absoluta de los actos dictados por Gobiernos instalados por la fuerza;
* Los autores serán penados como “infames traidores a la Patria”;
* Estos delitos son imprescriptibles y sus autores no pueden recibir el beneficio del indulto;
* Todo ciudadano tiene derecho a la resistencia contra estos actos de fuerza.

Nota

(1) Extraído del libro "Los hombres que gobernaron Corrientes", de Gabriel Enrique del Valle, editado en 2005.

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